San Esteban del Molar - Zamora

80 familias acaparan 100 millones de euros de la PAC en Andalucía.

Las 80 familias (entre ellas sólo algunas empresas) que acumulan más tierras cultivables en Andalucía percibieron en 2013 casi 100 millones de euros en concepto de ayudas europeas directas de la Política Agraria Común (PAC), sólo por ser propietarias (a los que hay que sumar otras ayudas de la PAC, a las que muchas de ellas pueden optar)...

Como esta realidad no se puede asumir y es inconcebible, la Reforma Agraria es necesaria y no se puede considerar utópica.

Si la realidad es incomprensible la utopía es posible.

La II República intentó llevar a cabo la Reforma Agraria de una manera reformista y nada revolucionaria.

Dentro de 22 años el Frente Popular será centenario, si no se produce una confluencia entre los movimientos sociales y las fuerzas políticas progresistas perderemos de 10 a 20 años más.

Yo temo que no pueda contarlo.

Marcelo

EL TTIP Y LA AGRICULTURA

Aunque el énfasis del TTIP se centra en la reducción de las trabas no arancelarias, también se propone una reducción de aranceles, aunque en la actualidad el tipo medio UE-EEU no sea muy alto (en torno al 4%). En todo caso, esta rebaja podría tener un impacto muy significativo en diferentes ámbitos, como por ejemplo en el muy estratégico de la agricultura], donde los aranceles sí son mayores que la media. De esta manera, si se abrieran los mercados europeos a los alimentos y materias primas de EEUU, si además se hiciera en un contexto de convergencia regulatoria a la baja (con lo que ello podría suponer para algunos aspectos de la política agraria común –PAC-, o para la regulación de las denominaciones de origen), y si encima las ETN pudieran denunciar a las instituciones públicas europeas que mantengan normativas que impidan su acceso a mercados, nos podríamos encontrar con una serie de consecuencias muy negativas no sólo para las economías campesinas sino también para ciertas empresas y productos actualmente consolidados.

Rafael Hernández (COAG): “Nuestro sector primario ya estaba inmerso en una crisis muy grave incluso desde antes de la crisis”


SB-Noticias.- En opinión de Rafael Hernández, portavoz de COAG Canarias, el problema tiene dos componentes: por una parte, el incumplimiento de las administraciones en el pago de las ayudas y por la otra, la deslocalización de las producciones, ya que, añade, “el sector primario no es ajeno a lo que ocurre en el resto del mundo, y mientras los gobiernos y las administraciones pelean por los intereses de algunas empresas, el sector primario casi siempre se usa como moneda de cambio”.

lacasademitia.opennemas.com | 15 de Diciembre de 2014

Rafael Hernández (COAG): “Nuestro sector primario ya estaba inmerso en una crisis muy grave incluso desde antes de la crisis”

Los intereses de las grandes empresas se defienden pero los del sector primario no, afirmó

SB-Noticias.- En opinión de Rafael Hernández, portavoz de COAG Canarias, el problema tiene dos componentes: por una parte, el incumplimiento de las administraciones en el pago de las ayudas y por la otra, la deslocalización de las producciones, ya que, añade, “el sector primario no es ajeno a lo que ocurre en el resto del mundo, y mientras los gobiernos y las administraciones pelean por los intereses de algunas empresas, el sector primario casi siempre se usa como moneda de cambio”.

Para Rafael Hernández el problema fundamental, por el que cada vez menos gente se dedica al sector primario, es que lo que se produce no cubre los costes de producción. Las condiciones de producción, explica, son ahora mucho más estrictas y los costes más elevados, debido, por ejemplo, a las regulaciones impuestas para mejorar la sanidad animal. Pero los precios con los que se compara la producción son los de aquellos países en los que no existen esos requisitos, y este exceso en el coste productivo es lo que, en teoría, compensarían las ayudas. Pero o bien no se pagan a tiempo o no se pagan en absoluto.

Hernández también ha explicado que en ocasiones, son las decisiones políticas, las que dañan de forma absoluta al sector primario, como la importación masiva de productos a precios mucho más bajos que los costes de producción en Canarias, y por los que no se cobran aranceles. Desde esta perspectiva, Rafael Hernández también se teme que el tratado de libre comercio, que se está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos con absoluto secretismo, tendrá consecuencias nefastas para el sector primario y los consumidores.

Rafael Hernández asegura que la razón para apoyar y mantener el sector primario en Canarias no es solamente la cuestión estratégica de mantener la soberanía alimentaria, que de por sí es muy importante, ni por una afirmación del nacionalismo, sino también por las implicaciones que los alimentos producidos en otras condiciones puedan tener para el estado de salud de la población.

Bruselas pagará ayudas de la PAC sin necesidad de producir

Las organizaciones agrarias creen que es una puerta abierta para empresarios absentistas y ‘cazaprimas’

Vidal Maté Madrid 21 DIC 2014

Los titulares de las explotaciones agrarias podrán cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) sin necesidad de que sus tierras produzcan. Bastará con que realicen solo tareas de mantenimiento de las tierras. El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas, organizaciones agrarias y cooperativas querían que para percibir el dinero comunitario fuera necesario que la finca estuviera produciendo. Pero la Comisión Europea no lo veía igual, advirtió a España de que no podía obligar a nadie a producir para cobrar, y ha forzado el cambio que vio la luz el pasado viernes en el Consejo de Ministros en cuatro disposiciones por las que se aplicará en España la reforma de la Política Agrícola Común.

Todas las organizaciones agrarias rechazan la imposición comunitaria por considerar que puede ser una puerta abierta para que reciban pagos los llamados cazaprimas frente a los profesionales, al margen de la dimensión de las explotaciones, lo que puede provocar la aparición de superficies abandonadas e improductivas. Desde el Ministerio de Agricultura, el director general de Producciones y Mercados, Fernando Miranda, estima que Bruselas debería haber considerado las especificidades, la mayor diversidad y la climatología que existe en el sector.

La reforma de la PAC contempla la necesidad de que las ayudas directas —más de 35.000 millones de euros para España entre 2014 y 2020— no sean percibidas por superficies de terrenos no dedicadas a la actividad agraria, como aeropuertos o campos de golf. Bruselas estableció la figura del agricultor activo como único beneficiario de los pagos, pero no la definió y dejó un amplio margen a cada país para determinar las condiciones que deberían reunir esas personas.

En España todos los protagonistas del sector definieron la figura de agricultor activo cuando los ingresos de la explotación, vía ayudas PAC, no superasen el 80% de los ingresos totales y que, como mínimo, un 20% de los ingresos correspondieran a ventas de sus productos en los mercados. En la agricultura, esto requería justificantes de una actividad real y, en el caso de las explotaciones ganaderas, además de figurar en el correspondiente registro, el mantenimiento de una carga mínima de 0,20 unidades de ganado mayor por hectárea, el equivalente a una vaca por cada cinco hectáreas.

Según los datos manejados por Agricultura, con estas exigencias unos 71.000 perceptores de 550 millones en ayudas, de los 900.000 beneficiarios que existen en España, se quedarían fuera. Sin embargo, la Comisión entendió que España no podía obligar a los perceptores de fondos a desarrollar una actividad real para acceder a los pagos directos y que sería suficiente que esos beneficiarios realizaran simplemente tareas de mantenimiento de las superficies agrícolas o de los pastos en el caso de las explotaciones ganaderas. Agricultura se vio obligada finalmente a modificar esta disposición.

De los 900.000 perceptores de ayudas, solamente unos 350.000 se hallan en el régimen de la Seguridad Social Agraria, aunque hay otros miles de agricultores a tiempo parcial dados de alta en otros regímenes.

Europa quiere un campo verde

La reforma de la PAC prevé abonar 1.450 millones de euros este año en ayudas a la agricultura sostenible.

Vidal Maté 4 ENE 2015

La Unión Europea quiere que los 252.000 millones de euros que va a invertir en el campo hasta 2020 a través de la Política Agraria Común (PAC) sirvan para algo más que para engordar los balances de los agricultores. Con la reforma que ha entrado en vigor con el nuevo año, el 30% de los fondos europeos están destinados a ayudar a los propietarios que apliquen el greening: medidas de agricultura sostenible que tengan un efecto positivo en el clima y el medio ambiente.

Aunque la reforma de 2014 ya incluía estas ayudas, con el nuevo reglamento europeo la sostenibilidad medioambiental se ha convertido en una parte mucho más importante de la PAC. No es solo que ahora un porcentaje mucho más importante de los pagos esté ligado al greening; además, los requisitos para acceder a esas subvenciones se han endurecido. Para poder acceder a una parte de esos 1.453 millones de euros que, este año, se dedicarán al greening en España, agricultores y ganaderos deberán cumplir, desde esta sementera, una serie de condiciones.

La primera exigencia es que el 5% de la extensión de las propiedades de más de 15 hectáreas deberá estar destinado a "superficies de interés ecológico". Este concepto incluye tierras en barbecho, reforestadas o con cultivos fijadores de nitrógeno, que pueden ser leguminosas en grano (como judías o garbanzos) o forrajeras, como la alfalfa.

El siguiente foco del greening es la diversificación de cultivos, con el fin de reducir su impacto ambiental. Los diferentes cereales cuentan como cultivos distintos, pero no las variedades del mismo grano (como pueden ser los trigos blandos o duros). Las exigencias son diferentes conforme el tamaño de la explotación: en los terrenos entre 10 y 30 hectáreas debe haber al menos dos cultivos, sin que el principal supere el 75% de la superficie total. Pero si la explotación supera las 30 hectáreas, son obligatorias tres variedades de cultivo; ninguna de ellas puede ocupar más de tres cuartas partes del terreno, y la suma de las dos más importantes no puede ser mayor a 95%.

Por último, la reforma obliga a fijar cuál es la superficie del territorio permanentemente dedicada a pastos, que son importantes en el control del dióxido de carbono en la atmósfera. España definirá esa cifra a lo largo de 2015, y es la Administración la que debe controlar que, en los años sucesivos, esa extensión no se reduzca más de un 5%. Si eso sucediera, el Estado está obligado a adoptar medidas para recuperar esos terrenos perdidos, lo que obligaría a restaurar superficies roturadas como pastos.

No todas las explotaciones están sujetas a estas exigencias medioambientales. Están exentos los pequeños agricultores, es decir, los que cobren ayudas directas por valor de menos de 1.250 euros al año.

Además, las nuevas reglas no se aplican a los agricultores dedicados a los cultivos ecólógicos ni los que exploten cultivos permanentes como olivar, viñedo, frutales o cítricos, por ser superficies que ya están contribuyendo a la mejora del medio ambiente. Por el mismo motivo, tampoco deben cumplir las dedicadas a la explotación forrajera y las de cultivos sumergidos como el arroz, así como explotaciones situadas total o parcialmente en zonas de conservación ambiental.

Pese al nuevo énfasis medioambiental, la mayoría de las ayudas europeas (un 56%) siguen siendo pagos de base, ayudas al agricultor sin más requisitos que la actividad. Otro 12% de los fondos se pagarán como ayudas asociadas a diferentes producciones agrícolas y ganaderas, mientras que el 2% restante tiene como destinatarios específicos los agricultores jóvenes.

Los ejes de la reforma.

Uno de los puntos de fricción entre la Comisión y el Gobierno español ha sido la definición de agricultor activo. En contra del criterio de España, tras la reforma un preceptor no tiene la obligación de producir; le basta con certificar que mantiene adecuadamente las tierras. El ejecutivo quería seguir definiendo como activo únicamente al titular de una explotación donde las ayudas representasen, como máximo, un 80% de los ingresos.

Igualmente, en el caso de la ganadería, bastará con mantener los pastos. España quería exigir el registro de las explotaciones y que hubiese al menos una unidad de ganado mayor(equivalente a una vaca adulta)cada cinco hectáreas.

Los peticionarios deben haber recibido ayudas de alguna clase en los últimos años. Las ayudas se calculan sobre el número de hectáreas declaradas en 2013, salvo que la superficie se haya reducido desde entonces.

Otra de las prioridades de Bruselas es que no haya grandes diferencias en los pagos por hectárea dentro de una misma región. Para facilitar esa convergencia se eleva el número de regiones agrícolas de 24 a más de 50. El Objetivo es que, para 2019, ningún agricultor reciba menos del 60% de la media de su región.

Para reducir costes en el papeleo, se sumará progresivamente el mínimo de los pagos directos. En 2015 se eliminarán los abonos de menos de 100 euros, los de menos de 200 en 2016 y los menores de 300 en 2017. Eso sí, varios agricultores podrán pedirlos de forma conjunta.

La comisión también podrá recortar los pagos de más de 2.000 euros para crear un fondo para emergencias. El recorte será del 5% en los pagos mayores de 150.000 euros.