La Muela - Zaragoza

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Sostiene que Rafecas "hizo uso" de su puesto para intentar que una empresa amiga lograra un convenio.Afirma que presionó a la alcaldesa cuando él dirigía un órgano de Urbanismo y ella necesitaba apoyos.

La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía considera que el exsubdirector provincial de Urbanismo de la DGA en Zaragoza, Carlos Martín Rafecas, "hizo uso de su cargo" para conseguir que el Ayuntamiento de La Muela beneficiara a una promotora inmobiliaria con la que "le unía un interés personal", según indica el último informe remitido al Juzgado número 1 de La Almunia dentro de la Operación Molinos, la causa sobre la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio zaragozano en la que ya hay más de 40 imputados.

Durante la investigación, Rafecas era el director de la ponencia técnica de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT), un órgano integrado por representantes de administraciones públicas y agentes sociales del que depende la autorización o el veto de la práctica totalidad de las operaciones urbanísticas promovidas en La Muela. Sus miembros suelen refrendar los informes que elaboran los expertos, coordinados en aquellas fechas por Rafecas. El consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, lo apartó de ese cargo nada más trascender que había sido citado a declarar como imputado por tráfico de influencias.

Durante las pesquisas, los dos principales proyectos que trató de desencallar el consistorio que dirigía Mariví Pinilla fueron el desarrollo del sector SR-1 y de la sexta fase del polígono industrial Centrovía. Varios autos del juez indican que, en el caso del polígono, la comisión provincial terminó cambiando de criterio y aprobando la delimitación de esa zona "sin haber variado a priori sustancialmente las circunstancias" con las que "pocos meses" antes la había denegado. En el SR-1, la CPOT pasó de rechazar el plan original --700 viviendas-- a autorizar una versión reducida.

Los autos también relatan que los contactos de varios imputados con miembros de la comisión "se multiplicaron" tras el rechazo a ampliar la zona industrial. La Policía también detectó contactos de encartados con personas que consideraban que podrían ayudar a desencallar sus proyectos por sus relaciones con integrantes de la CPOT.

ÓRGANOS DE DECISIÓN El último informe de la Brigada de Blanqueo señala que, en este escenario, Rafecas "hizo uso de su cargo (como miembro de la ponencia técnica) para solicitar y tratar de influir en Pinilla y el arquitecto municipal, Francisco Núñez Castillo, (...) al objeto de lograr, primero un reconocimiento y posteriormente la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de La Muela y varias promotoras privadas (a una de las cuales le unía un interés personal)". La Policía señala que el exalto cargo habría adoptado esa postura a la vista de que la alcaldesa y el técnico "necesitaban apoyos en los órganos de decisión para lograr la aprobación del SR-1".

Rafecas, un abogado especializado en urbanismo y ligado al PAR desde su fundación, lleva más de tres décadas en la administración autonómica, en la que ha presidido el Consejo Económico y Social y ocupado la gerencia del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón.

El informe policial aporta nuevas vinculaciones presuntamente delictivas con el SR-1, como la imputación de uso de información privilegiada al presidente de Aranade, Julián de Miguel, u otras de tráfico de influencias al empresario Carmelo Aured y al hijo mediano de Mariví, Víctor Embarba. De este último, asegura que tuvo una "indudable participación" en la compra de terrenos en la zona y que participó en reuniones y contactos sobre el plan. Este incluía "el acuerdo de cobro de comisiones" por 1,6 millones de euros para él.