San Esteban del Molar - Zamora

LA PAC TOMA TIERRA

España define lo que es actividad agraria y agricultores activos a quienes asignar 35.000 millones de euros.

VIDAL MATÉ
El País, domingo 26 de enero de 2014

Los agricultores serán activos cuando reciban menos del 80% de sus ingresos vía ayudas.

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha constituido, desde la presentación de la primera propuesta en otoño de 2011 por el comisario Dacian Ciolos, el eje de las actividades del Ministerio de Agricultura y la principal preocupación del conjunto del sector agrario.

Más de dos años después del arranque de los debates, por fin, la reforma ha tomado tierra. Agricultura y comunidades autónomas, tras unas negociaciones que se han desarrollado en los últimos seis meses, con las organizaciones agrarias informadas, pero más bien como oyentes, suscribían la pasada semana un acuerdo por el que se define lo que es actividad agraria y agricultor activo y, en definitiva, se ponen nombres y apellidos a los destinatarios de los fondos, superficies, activos y comunidades autónomas.

Sobre el papel, en lo que afecta a los pagos directos, la reforma de la PAC suponía un cambio radical al sustituir el anterior modelo de pagos por derechos históricos a otro basado en las superficies. Sin embargo, en la práctica, con el apoyo de los países que han estado recibiendo las mayores ayudas tradicionalmente, entre ellos España, la reforma ha supuesto una estabilidad en la distribución de los fondos. La novedad más importante ha sido el compromiso de la Comisión Europea de evitar conceder ayudas a superficies abandonadas, así como a personas o empresas no ligadas a la actividad agraria, que han sido motivo de escándalos y que deslegitimaban los pagos de la PAC.

Bruselas hizo una lista negra sobre superficies como campos de golf, aeropuertos, instalaciones ferroviarias o terrenos de empresas constructoras que debían eliminarse de las ayudas, y dejaba la puerta abierta a cada país para incrementar la misma. En España, Agricultura consideró que no era necesario ampliarla y, de acuerdo con la reglamentación comunitaria, negoció con las comunidades autónomas la definición de lo que se debería entender como actividad agraria y como agricultor o ganadero activo, condiciones que se acordaron en la última conferencia sectorial y que han supuesto la cuenta atrás para aplicar la reforma.

En relación con la concesión de las ayudas previstas, que se pagarán en otoño de 2015, el solicitante de las ayudas deberá justificar que desarrolla una actividad agraria. En el caso de la agricultura, mediante declaración de cultivo o de barbecho, pero siempre justificando los gastos realizados en labores o medios de producción de esa actividad. Si se trata de explotaciones ganaderas, deberá justificar su existencia en el registro correspondiente y que las cabañas sean compatibles con la dimensión de la finca, con una carga ganadera mínima de 0,20 unidades de ganado mayor (UGM) por hectárea, es decir, el equivalente a una vaca por cada cinco hectáreas.

Junto a la actividad agraria como condición indispensable para recibir la ayuda, España ha marcado las exigencias para ser considerado agricultor activo y destinatario prioritario de las ayudas. Según el acuerdo adoptado, el agricultor o ganadero cuyos cobros por ayudas supongan más del 80% del total de los ingresos de la explotación no tendrá derecho a considerarse activo. Esta medida afectará a 71.476 productores que dejarán de percibir unos 550 millones de euros, que pasarán a los agricultores activos de las mismas comarcas agrarias.

Agricultura y las comunidades autónomas habían marcado inicialmente ese porcentaje en el 90%. Pero las organizaciones agrarias se opusieron, al creer que se dejaba la puerta abierta para recibir ayudas a personas no profesionales, a los denominados cazaprimas, al tener solamente un 10% de ingresos ligados a la actividad agraria. Esta medida se aplicará igualmente a las empresas que optan por las ayudas directas. COAG y UPA valoran positivamente esas mayores exigencias, aunque las consideran insuficientes si lo que realmente se pretende es que los activos sean los profesionales del campo, unos 300.000, frente a los 900.000 perceptores actuales de ayudas.

Esta exigencia no se aplicará a los agricultores que reciben ayudas inferiores a los 1.250 euros, más de 407.000, calificados como pequeños productores.

Para concentrar los recursos sobre los activos y la actividad agraria, se eliminarán también progresivamente los pagos a quienes perciban menos de 100 euros en 2015; de 200 euros en 2016, y de 300 en 2017, unos 100.000 perceptores.

El acuerdo no prevé la posibilidad de aplicar una modulación superior al 5% para quienes perciban ayudas superiores a 150.000 euros, algo que era optativo en cada Estado miembro y que en España afecta a poco más de 200 solicitantes.

La aplicación de la reforma de la PAC en España para la distribución de los fondos, en realidad ya estaba casi marcada de antemano, tanto desde las instancias comunitarias como por el propio ministro de Agricultura, que había reiterado la necesidad de una reforma que no supusiera un trasvase de fondos entre territorios o sectores para evitar inseguridad en las explotaciones. Bajo este planteamiento acudieron a la Conferencia Sectorial los consejeros de Agricultura regionales para lograr un acuerdo que solo prevé oscilaciones del 0,67 al alza o a la baja en los pagos en relación con los actuales. Por esta razón, COAG entiende que se han tenido más en cuenta los intereses regionales que los de los agricultores activos.

Tras este acuerdo falta la territorialización de España en más de veinte regiones, donde debe producirse una convergencia discreta de ayudas.

Unos apoyados y otros marginados

Junto a las ayudas directas desacopladas previstas en la reforma, España tenía la posibilidad de apartar de los fondos globales hasta un 15% para apoyar a sectores o producciones con dificultades con la concesión de ayudas ligadas a la producción. El Ministerio de Agricultura optó al final por destinar a ese objetivo 585 millones de euros, el 12% de los fondos.

En la distribución de estos recursos se han mantenido las ayudas a los subsectores ganaderos, fundamentalmente al vacuno y al ovino, y se han incorporado otros, como la remolacha para frenar la caída de las superficies de cultivo sufrida tras la reforma de 2008. En el futuro, Agricultura no descarta aplicar este tipo de ayudas a otras producciones, como olivar en pendiente, el trigo duro, la uva pasa o el satsuma en cítricos, con los fondos ese margen de tres puntos que aún se pueden apartar del total de los recursos.

Pero, mientras unos sectores tendrán mayores apoyos, otros seguirán sin este tipo de ayudas, al no haber dispuesto de pagos históricos. Son los casos del porcino extensivo y, sobre todo, del sector de frutas y hortalizas, cuyos productores no generaron derechos con entregas a la industria, o el vino, cuando sus productores no acudieron a la destilación. Para los productores de frutas y hortalizas se trata de una medida injusta y claramente discriminatoria que afecta gravemente a la competitividad del sector en el exterior, teniendo en cuenta que en otros países comunitarios estos sectores disponen ya de pagos directos.

CULTIVAR SIN RED

Los seguros grarios solo cubren el 25% de la producción final

Vidal Maté Madrid 16 FEB 2014
elpais.com

Los seguros agrarios constituyen uno de los ejes de la política agraria. Nacidos a finales de los años setenta con la Administración de UCD, recibieron el mayor impulso con el primer Gobierno socialista. En estas más de tres décadas de funcionamiento, el seguro agrario ha sido una de las políticas mimadas por populares y socialistas, tanto desde la Administración central como desde las comunidades autónomas. En este tiempo ha pasado de ser una medida cuestionada en su día por Bruselas por recibir ayudas nacionales a un modelo a extender a otros países. Hoy, tras un periodo de expansión, el seguro agrario atraviesa un estancamiento, tanto en el número de pólizas como, sobre todo, en el valor de las producciones aseguradas. Se trata de una situación a la que intentan dar salidas las organizaciones agrarias y la propia Administración para que siga siendo un elemento clave para el sostenimiento de las rentas agrarias.

Por unas u otras razones, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando una helada excepcional diezmó olivares en Jaén, cuando las inundaciones en las veras de los ríos se llevaron todo por delante, cuando la sequía agosta los pastos hasta en la cornisa, cuando arde una superficie arbolada o una enfermedad acaba con la muerte masiva de una especie animal.

En la actualidad, a través del casi medio centenar de líneas de seguros, es posible el aseguramiento de todas las producciones agrícolas y las más importantes cabañas ganaderas. A pesar de ello, los niveles de suscripción de pólizas se han mantenido prácticamente estabilizadas entre 485.000 y casi 500.000, en un sector con unos 300.000 agricultores profesionales, pero donde reciben ayudas 900.000 personas y en el que la Administración considera hoy un éxito que se mantenga el número de pólizas.

Este estancamiento en la contratación (e incluso un ligero descenso en las últimas campañas) se ha reflejado en la evolución del capital asegurado. Frente a una producción final agraria en la última década que ha oscilado entre los 40.000 y los 43.000 millones de euros, el valor de las producciones aseguradas se ha sostenido en el entorno de los 11.000 millones.

Si nos atenemos a los niveles de aseguramiento, el seguro agrario tiene un largo camino por recorrer. Mientras en unos casos, como en el plátano, el aseguramiento de las producciones agrícolas es del 100%, en otros cultivos importantes, como el olivar, no pasa del 10%. El seguro de pastos sigue creciendo, pero solo llega al 7% de las superficies posibles, y en lo forestal no se pasa del 1%. Por el contrario, los cultivos herbáceos extensivos, los cereales, se llevan el grueso, con un índice de aseguramiento medio del 65%, y los frutales no cítricos tienen una cobertura superior al 60%.

A esta situación de estancamiento en la política del seguro agrario se añade ahora el ajuste en el montante de las subvenciones a las primas pagadas por el sector, que en los últimos años han supuesto una media superior al 50%. El Ministerio de Agricultura ha rebajado sus aportaciones desde más de 300 millones de euros a los 200 millones de los últimos dos años, a pesar de los ajustes. En el caso de las comunidades autónomas, la rebaja ha ido de unos 120 a 50 millones de euros, aunque los apoyos son diferentes en cada Gobierno.

Agricultura, a través de la Entidad Estatal de los Seguros Agrarios (Enesa), y las organizaciones agrarias coinciden en la necesidad de buscar salidas a esta situación para relanzar el seguro.

José María García, director de Enesa, insiste en la posición permanente de analizar con el sector la situación de cada una de las líneas de cobertura para tratar de presentar la oferta que más interese o implantar otras en función de la demanda. En esta línea se hallan los cambios introducidos en el último año para el seguro de retirada de cadáveres de animales, rebajando las primas, o las modificaciones hechas en el Plan de 2014, con un incremento del 3% al 5% por la renovación de pólizas, o elevar hasta el 65% las subvenciones para las modalidades más contratadas.

Desde Agroseguro, entidad donde se agrupan las empresas aseguradoras, se apuesta en esta dirección. Propone el pago fraccionado, ofrecer un seguro base barato y una gran flexibilidad para incorporar otras opciones, seguros renovables y plurianuales, ofertas más personalizadas en función del solicitante, ajuste de primas o rebaja de las mismas en zonas de baja siniestralidad.

Con el mismo objetivo, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG han puesto en marcha un estudio para analizar las razones por las que sectores como olivar u ovino tienen tan bajos niveles de aseguramiento. Para el responsable de los servicios técnicos de UPA, Javier Alejandre, además del coste de las primas o la oferta de opciones, la contratación de un seguro guarda relación fundamentalmente con la percepción de riesgo que tiene cada agricultor o ganadero respecto a su explotación. En el caso del olivar, esa baja contratación se explica principalmente por ser una producción cada día con más regadío, menos sujeta a la sequía y donde no hay riesgo de pedrisco o de heladas generalizadas. Por el contrario, el aseguramiento masivo en los frutales sería consecuencia de los grandes riesgos climatológicos a que están sujetos estos cultivos.

Además de esa percepción de riesgo, para el técnico de la organización agraria es fundamental que se ofrezca al agricultor o ganadero un modelo básico y a la vez flexible de seguro donde a partir de una oferta barata pueda elegir otras en función de sus intereses. Alejandre estima que la consolidación y viabilidad del seguro pasa por la universalización de la contratación para equilibrar sus resultados.

La CNMV pidió explicaciones a Agroseguro

El funcionamiento de la política de los seguros agrarios no ha escapado del punto de mira de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tras analizar en 2013 el funcionamiento de Agroseguro, no formuló ninguna denuncia, pero elevó tres recomendaciones.

La primera ponía sus reservas sobre la conveniencia de que la política de seguros agrarios funcionara con un sistema de coaseguro, donde solamente operasen en el sector las empresas integradas en el mismo. Desde Agroseguro se alegó que una sola empresa tendría dificultades para asegurar las coberturas. La CNMC sugería la necesidad de no fijar un techo del 25% a una empresa en el cuadro del coaseguro. Agroseguro eliminó ese tope. Finalmente, la Comisión planteaba sus dudas sobre el cálculo de las primas para los seguros agrarios y el peso en las mismas de los gastos de gestión. Agroseguro indicó que los gastos de gestión son de los más bajos en todo el sector asegurador

LA REFORMA AGRARIA PENDIENTE

Vidal Maté/20 ABR 2014
economía.elpais.com

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha supuesto asegurar unos ingresos de 35.700 millones de euros al sector agrario como pagos directos hasta el año 2020. A ellos se suman otros más de 8.000 millones destinados al desarrollo rural. Aunque la reforma de la PAC sigue sin tratar a todos por igual, con los consiguientes agravios comparativos entre agricultores y ganaderos que se dedican a actividades iguales o parecidas, la realidad es que los fondos comunitarios para pagos directos representarán en el futuro entre un 25% y un 28% de las rentas agrarias.

Resuelto ese interrogante, y con la tranquilidad de tener ya asegurados unos ingresos que, en muchos casos, cubren costes de producción, el sector se enfrenta hoy al reto de diseñar un nuevo modelo que garantice su viabilidad a largo plazo.

“Con ese más de 25% de renta asegurada,el sector agrario tienen ahora la obligación de ser más protagonistas de su futuro, con el soporte de las medidas que ya ha puesto y seguirá desarrollando la Administración española. La propia reforma de la PAC, a través de la Organización Común de Mercado Única, ofrece la posibilidad de acometer un proceso de cambio para lograr un sector más competitivo, con los mercados como protagonistas”, señala la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina y una de las personas mejor conocedoras del sector tras haber desempeñado este puesto en la anterior legislatura de los populares y en la actual, siempre como segunda de Arias Cañete.

Un primer paso en la ejecución de esa nueva política agraria arrancaría del desarrollo de estructuras de producción de mayor dimensión. En las últimas dos décadas, a iniciativa de los propios agricultores y ganaderos o forzados por las circunstancias de los mercados, ya se ha realizado un profundo ajuste en la dimensión de las estructuras de las explotaciones ganaderas, donde destacan sectores como el vacuno de leche, que ha pasado de 140.000 a 20.000 granjas y de 1,2 millones de animales a 850.000, pero aumentando su producción. El porcino bajó de unas 200.000 a menos de 60.000 explotaciones, y del vacuno de carne solo han quedado 20.000. En las explotaciones agrícolas se ha producido un profundo proceso de concentración de tierras, especialmente en los secanos.

Para Isabel García Tejerina, aunque la dimensión es muy importante, no se puede dejar a un lado el desarrollo de otras explotaciones más reducidas desde la eficiencia y con una oferta de productos de calidad. Pero, en su opinión, el problema y, en consecuencia, el reto más importante el sector, además de las estructuras de producción, son disponer de una mejor organización, tanto para adquirir medios de producción como para la comercialización de las producciones, logrando un mayor valor añadido para ellas.

En ese escenario hay dos nuevas leyes que pueden y deben ser claves para la defensa de la rentabilidad agraria después de la reforma, en opinión de la secretaria general. Una ha sido la Ley de la Cadena Alimentaria, puesta en marcha este año con el objetivo de clarificar el recorrido de un producto desde que sale de origen hasta su llegada a los lineales de alimentación, y donde cada vez era menos la importancia del precio cobrado en origen sobre el precio final pagado por los consumidores. El reto es lograr más transparencia en la distribución en su estrategia de tirar los precios de algunos productos para mantener barata la cesta de la compra.

Otra disposición importante tras la reforma ha sido la Ley de Integración Cooperativa para constituir entidades prioritarias. Sobre el papel existen cerca de 4.000 cooperativas con una facturación de unos 19.000 millones de euros. Sin embargo, ese volumen de ventas, no se corresponde con el poder negociador real de la mayor parte de las mismas frente a la distribución o grandes industrias. De cara a los mercados, la reforma abre también nuevas posibilidades para el desarrollo de las organizaciones de productores y de las interprofesionales.

García Tejerina entiende que el sector agrario ha hecho grandes logros en todo lo que afecta a la eficiencia productiva, pero que es indispensable avanzar en esa dirección, ya que ahí radica una parte muy importante de su posición de competitividad y, en definitiva, de hacer crecer su rentabilidad. En ese objetivo, para la secretaria general es muy importante avanzar en la transferencia del conocimiento, llevar la formación y la información a pie de campo. Con una buena información, a tiempo y a pie de las explotaciones agrarias, entiende que agricultores y ganaderos podrían hacer más correcta la elección del desarrollo de su actividad de cara a producir más, con mayor calidad y, además, ahorro de gastos.

En esa estrategia, reforzada con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, se hallaría el revivir de estructuras similares a las viejas Agencias de Extensión Agraria, a pie de campo, donde, junto a técnicos de las Administraciones, podrían estar empresas proveedoras de medios de producción y las propias organizaciones agrarias para apoyar al agricultor o ganadero en cada zona a la hora de hacer su elección: adquirir la semilla más adecuada a las condiciones del terreno, al momento de la siembra y las demandas de los mercados; comprar el abono justo para las necesidades de cada tierra y cultivo, con análisis de suelos, no abonar “como siempre”; tener la maquinaria justa, aplicar correctamente los productos fitosanitarios y zoosanitarios, de cara a ahorrar unos gastos que ya son entre el 40% y el 50% del valor de la producción final.

“La política agraria después de la reforma se quedaría coja si además no se aborda el relevo generacional y una política para sostener un medio rural atractivo para vivir”, sostiene García Tejerina.

Innovación, información y calidad

La innovación como instrumento para desarrollar una política de calidad a fin de consolidar y abrir nuevos mercados para los productos agrarios y alimentarios y la mejora en la eficiencia desde la producción a los procesos de comercialización y distribución constituyen dos herramientas sobre las que está trabajando el Ministerio de Agricultura para lograr un sector agrario más competitivo.

Como punto de partida, desde la secretaría general, uno de los primeros objetivos ha sido el desarrollo de una política de información sobre las actividades que se están llevando a cabo actualmente en España en estas materias, desde las iniciativas de agricultores, de empresas, centros tecnológicos privados, universidades y centros de investigación públicos autonómicos y el propio INIA. En esta búsqueda se han detectado trabajos de más de 800 departamentos cuyas actividades se pretende sean conocidas para lograr una mayor coordinación y que no haya duplicidad de estudios sobre una misma cuestión.

De las investigaciones llevadas a cabo por Agricultura en los últimos meses, se han clasificado un total de 1.750 necesidades de innovación e investigación que se han agrupado en 70 líneas con ocho medidas estratégicas.

Para la aplicación de estas políticas, la Unión Europea ha puesto en marcha el programa Asociación Europea de Innovación (EIP), la apuesta por la innovación que cuenta con más de 14.000 millones de euros hasta 2020, de los que 3.851 corresponden a temas puramente agrarios, 3.081 a materias primas y medio ambiente, 516 millones a biotecnología y otros 7.000 millones para diferentes temas como salud, empleo, demografía y medio rural.

INTERMEDIARIOS NO, GRACIAS

La venta directa de productor a consumidor gana peso en el sector alimentario

Vidal Maté Madrid 27 ABR 2014
economia.elpais.com

Mercados de proximidad, tiendas de venta directa, ventas en las propias explotaciones, envíos a domicilio, ventas online, plataformas, paginas web... Los canales cortos en su conjunto constituyen hoy la principal respuesta del sector agrario y de las industrias alimentarias, generalmente de carácter local y con producciones artesanales, para acercar su oferta a los consumidores.

Dados los mecanismos utilizados para su comercialización, al margen de las estadísticas oficiales sobre producciones o facturas de venta, no hay cifras sobre el volumen que suponen los mismos. El panel de consumo de los productos alimentarios en 2013, basado en 12.000 encuestas, presentado recientemente por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, señala que las ventas en Internet suponían ya en 2013 el 10% sobre el total de los gastos alimentarios frente al 4% de hace una década. De lo que se comercializa por los demás sistemas no hay datos, ni tampoco se atreven a hacer una estimación oficialmente.

Al margen de los problemas añadidos que se hayan podido derivar de la crisis económica general, las ventas por la vía de los canales cortos son hoy un fenómeno en una clara línea de expansión ante el claro interés que tienen ambas partes en el funcionamiento de los mismos. Los productores, interesados en romper los tradicionales canales marcados por el peso de los intermediarios. Los consumidores, interesados también, a su vez, en pagar un precio justo por la cesta de la compra.

Los canales cortos, por no tener no tienen ni una definición única. Un estudio del Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura y de la empresa Tragsatec los define como el sistema de comercialización donde el número de intermediarios es igual o menor a uno. Un reciente informe de la Comisión Europea los describe como aquellos donde las ventas de los agricultores a los consumidores se realizan con un reducido número de intermediarios.

De acuerdo con estas definiciones existe una amplia gama de posibilidades para trasladar los productos agrarios y alimentarios desde el punto de origen de producción hasta el consumidor.

El sistema más viejo lo siguen representando los mercadillos locales o de proximidad. Se trata de ferias caracterizadas por la afluencia de productores de la zona para la oferta de productos, en la mayor parte de los casos cultivados directamente en sus explotaciones. Su presencia se halla fuertemente implantada en cabeceras de comarcas netamente rurales o en capitales de provincia, siempre en una fecha y en un lugar señalado. Un caso reseñable fuera de esos ámbitos sería el de Madrid donde la Cámara Agraria ha institucionalizado en sus instalaciones en la Casa de Campo un mercado agrario el primer sábado de cada mes y donde hay colas para comprar y colas también de agricultores para vender.

Sacando el producto de la explotación, ha proliferado la venta de productos agrarios casi directamente al consumidor a través de su distribución en pequeños establecimientos ubicados en el mismo medio rural. Especialmente desde grupos organizados de producción como cooperativas o sociedades agrarias de transformación han proliferado las tiendas propias de venta directa tanto en el medio rural como en las grandes ciudades. En la misma linea se halla la venta directa en la propia explotación.

Un sistema importante de canal corto, por el volumen con el que opera, lo constituyen las ventas directas desde las explotaciones a grupos de gran demanda como cooperativas de consumidores o grandes colectivos, como colegios y hospitales e incluso la venta directa a grandes grupos de la distribución.

La comercialización de los productos agrarios por Internet supone ya finalmente una realidad, bien a través de plataformas como por medio de las páginas web que posibilitan la compra directa y los envíos a domicilio de los pedidos donde destacan las ventas de vino, aceite, frutas y hortalizas, leche o productos transformados.

En el conjunto de los canales cortos de comercialización de los productos agrarios, y muy especialmente en los mercados de proximidad, hay una serie de factores que diferencian este tipo de comercio del resto.

En líneas generales, se trata de productos de cercanía obtenidos en lugares no lejanos del punto de venta. El consumidor que opta por este tipo de oferta valora los mismos por su frescura, sabiendo que han sido recolectados en las explotaciones de la zona poco tiempo antes de su comercialización y hasta conoce las tierras y las aguas utilizadas para su riego. Aunque hay un porcentaje en aumento de productos ecológicos o diferenciados en este tipo de comercio, el grueso de las ventas corresponde a productos obtenidos con sistemas de producción convencionales. Estos mercados funcionan por la confianza entre productor y consumidor.

En la casi totalidad de los casos se trata de producciones muy cortas que ese agricultor o ganadero no podría comercializar por otras vías. En los productos elaborados, también se trata de ofertas de escaso volumen y, en líneas generales, obtenidas con sistemas artesanales.

Por todas esas razones, cercanía, frescura, confianza mutua, calidad y elaboración artesanal en los productos elaborados, además del precio, diferentes estudios comunitarios coinciden en un futuro positivo con un fuerte incremento de la demanda, tanto para la agricultura local como su comercialización con la venta directa.

Según una encuesta realizada por Eurostat sobre la estructura de las explotaciones agrarias, como media el 15% de las mismas vende más del 50% de sus producciones directamente a los consumidores. Sin embargo, hay grandes diferencias entre países. En Grecia ese porcentaje llega al 25%, pero en España el mismo era solo del 0,1%. Otros estudios sobre los hábitos de compra de los consumidores comunitarios señalan que el 70% de los británicos y franceses apuestan por la compra de productos locales. En España ese porcentaje baja hasta el 47%. Por eso es preciso recorrer un camino que ya han hecho antes otros países.

Una normativa que no acaba de llegar

El desarrollo de la agricultura local y la potenciación de los canales cortos o las ventas directas de los productos agrarios son una política clave en el marco comunitario para la defensa de las rentas de agricultores y ganaderos y para el sostenimiento del medio rural. Para su regulación, Bruselas ha elaborado en los últimos años diferentes directivas y reglamentos sobre aspectos básicos como la protección de los consumidores, los sistemas de información y, sobre todo, las exigencias sobre higiene y seguridad de los alimentos.

En la actualidad, aún quedan pendientes de regulación otros aspectos como los sistemas de etiquetado.

Tomando como base esa legislación comunitaria, cada país tiene la posibilidad y la obligación de proceder a una adaptación de sus disposiciones a las mismas, algo que ya han llevado a cabo otros países como Italia, Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Austria, Polonia o Eslovenia.

En el caso de España, según el estudio del Observatorio de Precios de los Alimentos, del Ministerio de Agricultura, la legislación no contempla aún ninguna normativa específica referida a los canales cortos de comercialización de los productos agroalimentarios más allá de lo dispuesto en la normativa comunitaria. En el “paquete higiene”, cada país tiene la posibilidad de hacer su propia adaptación a la normativa comunitaria, pero la misma tampoco se ha hecho en España, algo en lo que están trabajando Sanidad y Agricultura. El desarrollo de esta normativa sí se ha hecho en Andalucía, Cataluña y Navarra; hay proyectos en otras como Aragón, La Rioja y Extremadura, mientras que en Murcia se han editado guías de higiene para este tipo de canales.

Se cuecen habas

UNA POLÍTICA AL SERVICIO DEL AGRONEGOCIO

Esther Vivas
publico.es

En el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hay cambios sin cambios. Miguel Arias Cañete se va e Isabel García Tejerina, su mano derecha, ocupa el cargo. La sumisión del ministerio a los intereses empresariales continua, con una nueva ministra que, como su antecesor, se debe al sector privado. Si Cañete venía de la Petrolífera Dúcar, García Tejerina lo hace del Grupo Fertiberia. La dinámica de puertas giratorias se repite una vez más.

Isabel García Tejerina es parte del mobiliario del departamento de agricultura con el PP, con diez años rondando por sus dependencias. De 1996 al 2000, fue asesora ejecutiva del ministerio, y del 2000 al 2004, secretaria general. Después, con la victoria del PSOE, regresaría al sector privado como directora de planificación estratégica de la empresa de fertilizantes y productos químicos Fertiberia, donde permanecería hasta el 2012. Entonces, sería llamada de nuevo al ministerio de agricultura para ocupar otra vez su secretaría general.

De lo público a lo privado y de lo privado a lo público, gira la puerta y vuelta a empezar. La nueva ministra de agricultura cumple el guión. En el transcurso de ocho años, fue unas de las principales directivas del Grupo Fertiberia, empresa líder del sector de fertilizantes y abonos agrarios, uno de los principales operadores mundiales en el mercado del amoniaco. Y no sólo eso, dicha empresa fue condenada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por delito ambiental por sus vertidos de fosfoyeso en la ría de Huelva. El conflicto de intereses es claro y está servido.

Fertiberia, además, es propiedad del marqués de Villar Mir, actualmente imputado en el Caso Bárcenas por donaciones ilegales al Partido Popular, y una de las firmas clave de su conglomerado empresarial Grupo Villar Mir. La nueva Ley de Costas, aprobada por Cañete y a la que Tejerina dará total continuidad, beneficia de pleno a las empresas del Grupo y les permite mantenerse en las inmediaciones de la costa, gracias a la reforma de la normativa. ¿A quién servirán las políticas agrarias y medioambientales de la nueva ministra? A aquellos pocos que siempre se benefician de lo público, en detrimento de la mayoría y del ecosistema.

Sin embargo, las puertas giratorias no son excepción sino norma, lo hemos visto en el Gobierno del PP y en el del PSOE, y en múltiples administraciones y carteras. Se trata de un síntoma claro del secuestro de la política y la democracia. Ante el saqueo de lo público, denuncia y rebeldía. No callaremos.

Tendra que hacer cumplir una sentencia dictada contra su antigua empresa

LA NUEVA MINISTRA DE "MEDIO AMBIENTE" PRESIDIÓ UNA EMPRESA "ANTI ECOLOGICA"

Irene Castro
diario.es

La nueva ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, estuvo integrada en la cúpula directiva de una empresa condenada por un desastre ecológico en Huelva.

Las organizaciones ecologistas Greenpeace y WWF subrayaron al conocer el nombramiento de la nueva titular de Medio Ambiente, que el "pasado" de Tejerina en la empresa Fertiberia, propiedad de Juan Miguel Villar Mir, condenada a recuperar el desastre ecológico generado por una de sus balsas de almacenamiento de fosfoyesos en Huelva, no permite hacer un buen diagnostico de lo que va a suceder en el futuro con el medio ambiente en España

"El nombramiento Tejerina no es una buena noticia para el medio ambiente" han avisado los ecologistas españoles . La nueva titular del ministerio tendrá que hacer cumplir una sentencia del Supremo contra su antigua empresa por un delito ambiental.

De acuerdo con aquella sentencia , las prácticas de la empresa Fertiberia destruyeron el entorno natural de una marisma situada en las inmediaciones de Riotinto, en Huelva. Al frente del Ministerio, Tejerina estará obligada a hacer cumplir una sentencia del Supremo contra esa compañía. El alto tribunal estimó una resolución de la Audiencia Nacional y obligó a la empresa de Villar Mir a devolver la concesión que había ostentado desde los años 60, debido a los incumplimientos en los términos del contrato.

En cualquier caso el nombramiento de Isabel García Tejerina como ministra está muy lejos de convencer a los ecologistas, que consideran que el medio ambiente seguirá sin tener la representación que corresponde en el Consejo de Ministros.

Greenpeace ve en la recién nombrada "poco perfil político" para la defensa del medio ambiente y WWF advierte de la "línea de continuidad" respecto a Miguel Arias Cañete, "que le concedió más peso a los temas de agricultura".

Greenpeace manifestó que la designación de Tejerina "no permite albergar esperanzas respecto al medio ambiente" no solo por su "relación pasada con una empresa de dudoso compromiso ambiental" sino porque Tejerina "no apuesta por un sistema agrario alternativo ecológico, sino que defiende los transgénicos".