La Muela - Zaragoza

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La instrucción por el Juzgado número.5 de Zaragoza entra en la recta final.

La Fiscalía formulará acusación contra el concejal zaragozano Antonio Becerril y el empresario de La Muela Carmelo Aured, imputados por revelación de secretos y tráfico de influencias en una causa separada de la Operación Molinos que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha denegado, en un auto adelantado ayer por EL PERIÓDICO, el archivo de la causa contra ambos en una resolución en la que, además, da un espaldarazo a la instrucción del caso La Muela al declarar válidas las intervenciones telefónicas declaradas por el juez de La Almunia y sus prórrogas, al tiempo que avala las pesquisas de la Brigada de Blanqueo, la minuciosidad de cuyos informes destaca.

Tras esta resolución, que ratifica una anterior del juzgado número 5 y contra la que no caben recursos, la instrucción de la causa entra en su recta final. De hecho, según explicaron fuentes jurídicas, tan solo restaría la práctica de una última batería de pruebas solicitadas por la Fiscalía antes de que el juez traslade el legajo a las partes para que se pronuncien sobre la apertura del juicio oral el sobreseimiento.


JUICIO ORAL La Fiscalía se inclina por la primera opción, según explicaron fuentes del ministerio público. De hecho, el informe con el que opusieron al sobreseimiento sostiene que la investigación ha logrado reunir suficientes indicios de delito como para sentar en el banquillo a los dos imputados.

Otra cosa es lo que digan, consecutivamente, el tribunal que enjuicie la causa o los susceptibles de recibir recursos contra esa decisión, que serán la Audiencia y el Supremo si lo ve un juzgado de lo Penal o el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y el Supremo si finalmente lo dirime un jurado popular.

La Audiencia concluye que "de lo actuado se desprende una cierta relación entre Carmelo Aured y Antonio Becerril que pudiera constituir un delito de tráfico de influencias y de revelación de secretos" al existir conversaciones entre ambos, así como otras "que el primero mantiene con terceros y en las cuales viene a confirmar la ejecución de gestiones ante el segundo para el tráfico de influencias".

El concejal y el empresario hablaban en esas conversaciones, grabadas por la Policía al estar intervenido el teléfono del primero en la Operación Molinos, de contratas municipales que interesaban a varias constructoras con cuyos directivos estaba relacionado Aured. No obstante, esos negocios no llegaron a materializarse.

La Audiencia considera relevante que la Brigada de Blanqueo hallara, al registrar la casa y las oficinas del empresario muelano, documentos remitidos por fax desde el despacho del concejal. La defensa insiste en que se trata de papeles públicos y publicitados antes, lo que impediría la presunta revelación de secretos.