La Muela - Zaragoza

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Destaca la minuciosidad de los informes de la Brigada de Blanqueo y la solidez jurídica de los autos del juez.Estima los ´pinchazos´ adecuados para investigar la corrupción urbanística, "con la que hay que terminar".

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dado un espaldarazo a la instrucción del caso la Muela al avalar las intervenciones telefónicas que ordenó el juez de La Almunia para investigar la presunta trama de corrupción urbanística, por la que ya hay más de cuarenta imputados. El tribunal se ha manifestado por primera vez sobre este asunto en el auto por el que la Sección Sexta rechaza la petición de archivo del concejal zaragozano Antonio Becerril y el empresario muelano Carmelo Aured, encartados en el juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, en una pieza separada de la Operación Molinos, por los presuntos delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias.

La defensa del concejal, que fue teniente de alcalde de Infraestructuras y de Participación Ciudadana hasta abril del 2009 --el alcalde Belloch le retiró las competencias al trascender su aparición en las grabaciones a Aured, con el que hablaron de varios negocios que no llegaron a materializarse--, pidió el archivo de la causa alegando que las escuchas de la Operación Molinos debían ser declaradas nulas, y que eso debería conllevar la nulidad de todo el caso Becerril. Sostenía que las órdenes de los pinchazos carecen de fundamentación jurídica, que el juez las prorrogó en autos estereotipados y que los contactos entre el edil y el terrateniente no pueden ser investigados al ser un hallazgo casual de la Policía cuando indagaba otros hechos.

La Audiencia, por el contrario, califica la autorización de las grabaciones de "proporcional para investigar actuaciones hoy extendidas en nuestro país relativas a la corrupción urbanística y con la que es preciso terminar por los cauces legales". El tribunal añade que "de las escuchas se desprende que pudiera existir también" alguna corruptela "en el ámbito en el que se mueve el recurrente Antonio Becerril, cuestión que es la que se trata de investigar".

MOLINOS El auto recuerda que el juez de La Almunia ordenó el 9 de abril del 2008 las primeras intervenciones telefónicas --entre ellas la de Aured-- en unas pesquisas en las que "se ha podido constatar" perjuicios para el Ayuntamiento de La Muela por la enajenación de fincas de su propiedad por debajo del precio de mercado y "se ha podido comprobar cómo personas del núcleo familiar de la alcaldesa", Mariví Pinilla, han realizado "negocios de carácter inmobiliario o urbanístico que les han reportado importantes beneficios económicos, pudiendo estar relacionados con los hechos que se investigan". Durante los siguientes meses, el magistrado decretó las prórrogas y ordenó nuevos pinchazos tras recibir "extensísimos escritos" de "cientos de folios" remitidos por la Brigada de Blanqueo y en los que se incluyen las transcripciones de los pinchazos. El hecho de que los contactos entre Becerril y Aured sean un hallazgo casual "realmente no impide su investigación, pues en base a esos hallazgos es por lo que también se solicitan las prórrogas".

Los informes de la Brigada de Blanqueo, añade la resolución, "explican con un extraordinario lujo de detalles los motivos de la petición de la prórroga, ilustrando al juzgador de una forma que no puede ser más completa y exhaustiva de lo realizado y los indicios, no sospechas, de la realización de actos punibles".

MOTIVACIÓN La Audiencia descarta también que los autos por los que el juez de La Almunia prorrogaba las intervenciones estén poco motivados. El instructor remitía en ellos a los oficios de la Brigada de Blanqueo, "contundentes, claros y (que) no se basan en meras conjeturas, sino en indicios claros", y que indican "las personas presuntamente responsables y los hechos imputables". "Con ellos --añade-- el juzgador y las partes pueden hacerse la más clara idea de cuales son las investigaciones, los hallazgos habidos y los motivos de la solicitud de prórroga y de su concesión".

La Audiencia, cuyos magistrados han revisado el caso Becerril y las pesquisas de la Operación Molinos realizadas en su día bajo secreto, convalida también el control judicial de las escuchas, cuyos autores podrán declarar en el juicio. En él podrán reproducirse, "sentado que se entiende que los autos por las que se acuerdan y prorrogan son válidos".