Tordehumos - Valladolid

- Prueba 1. En el registro del piso de Seguridad de la red corrupta se halló un ordenador que almacenaba documentación encriptada. Eran archivos informáticos con pagos de comisiones a dirigentes del PP; fichajes de altos cargos para conseguir contratos y documentos con apuntes estratégicos: "Temas Valencia. Pedro quiere ser director de la televisión de Valencia, que Álvaro se vaya para allá".

- Prueba 2. En una caja de seguridad que Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, tenía en una sucursal de un banco en Pontevedra se hallaron documentos de la facturación al PP entre 1996 y 1999 (parte de ella en dinero negro) por unos 6 millones de euros.

- Prueba 3. En la documentación incautada en la sede central de la red, calle de Serrano, 40, se halló la contabilidad B donde aparecían pagos al alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Las empresas del grupo lograron contratos del Ayuntamiento de Majadahonda que están en el sumario.

- Prueba 4. Al menos tres operaciones de suelo, una en Arganda del Rey (que generó unas plusvalías de decenas de millones de euros), otra en Boadilla del Monte (con tres millones de beneficio) y una obra pública en Castilla y León, aparecen documentadas en los registros de la trama y en diversas grabaciones que acreditan el pago de comisiones millonarias por parte de las constructoras beneficiadas gracias a la supuesta mediación de Correa.

- Prueba 5. El informe del Tribunal de Cuentas Valenciano de 2006 sobre el contrato adjudicado a Orange Market para el pabellón de Fitur señala: "La fórmula que la Agencia Valenciana de Turismo utiliza para ponderar la proposición económica no se adecua a los principios constitucionales de eficiencia y economía, porque la valoración de la oferta no alcanza la ponderación que en principio se establece en la licitación del contrato (50 o 60 puntos sobre 100)".

- Prueba 6. Informe remitido por la Generalitat Valenciana al Tribunal Superior de Valencia sobre contratos adjudicados a Orange Market entre 2005 y 2008, casi todos sin concurso público.

- Prueba 7. Declaración del sastre José Tomás ante la Fiscalía Anticorrupción y ante los jueces Garzón y Flors (este, último del Tribunal Superior de Valencia). Todos le dieron credibilidad y así lo expusieron en sus autos.

- Prueba 8. La documentación incautada a la trama corrupta acredita pagos de viajes al tesorero del PP, Luis Bárcenas; al diputado autonómico madrileño, Benjamin Martín Vasco, y a otros. Una de las directivas de la trama, Isabel Jordán, declaró al juez que regaló trajes al alcalde de Boadilla, que le adjudicaba contratos. La trama, en grabaciones judiciales, se jacta de haber regalado un coche al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y televisiones de plasma a otros cargos municipales.

- Prueba 9. La documentación solicitada a las tiendas Milano y Forever Young ratifica los encargos de trajes para Francisco Camps.

- Prueba 10. El pago de los trajes de Camps en la tienda Forever Young se hizo mediante transferencias o cheques de tres empresas de la trama corrupta: Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. El director de ventas de la tienda declaró que los directivos de la trama pagaban los trajes de Camps.

- Prueba 11. Declaraciones ante el juez de los altos cargos del PP que se beneficiaron de los regalos de Álvaro Pérez, el Bigotes.

- Prueba 12. Documentos incautados en la sede de Orange Market en Valencia y en poder del contable de esta empresa, Cándido Herrero. En la contabilidad había un apartado para los "ingresos en Alicante", en referencia a dinero justificado con facturas con IVA, y otro apartado para ingresos en "Barcelona", en referencia a dinero negro no declarado.

- Prueba 13. Registro de la sede principal de la red en la calle de Serrano. En su contabilidad B figuraban ingresos de Orange Market, que coincidían con el dinero negro que esta empresa valenciana consignaba en sus propias cuentas opacas.

- Prueba 14. Correos electrónicos encontrados en la sede de Orange Market probaban que se cambiaban facturas por actos del PP por otras de constructoras, de lo que se deduce un circuito de financiación ilegal de esa formación política. Un ejemplo: "Factura 118 del 1/04/2008 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 31.784. Factura 121 estaba como cliente PPCV cambiar a cliente Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SA el importe sigue siendo 84.100".

- Prueba 15. Conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial entre Álvaro Pérez (jefe de Orange Market), Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García (tesorera). Ricardo Costa a Álvaro Pérez: "Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente no lo sepa, y entonces que le digas que éste (en referencia a Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat) es un hijo de p*ta". David Serra a Álvaro Pérez: "El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, ya fetén. Lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura, igual que la otra".

- Prueba 16. Conversaciones grabadas con autorización judicial entre Álvaro Pérez y su contable, Cándido Herrero, donde le comunica que está comprando regalos de lujo para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la ex consejera de Turismo. Conversación entre Álvaro Pérez y Francisco Camps, presidente valenciano, grabada con autorización judicial el 7 de enero de 2009, un día después de la fiesta de Reyes Magos. Álvaro Pérez ha enviado regalos a toda la familia Camps, algunos de alto valor:

Camps. Muchísimas gracias, ¿eh?

Álvaro Pérez. Bueno, escucha, tu... ¿Has leído mi tarjetón?

C. Sí, sí, sí...

Á. Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...

C. No, no, nada.

Á. Sí, sí, sí.

C. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.

La conversación continúa con la mujer de Camps, que le reprocha que le haya hecho un regalo tan caro y le comunica que se lo va a devolver

www.elpais.es 04.10.09

El PP intenta implicar en la trama de corrupción catalana al PSPV - La reacción socialista deja en evidencia la actitud de los populares
"¿Por qué cuando un gobierno del PP hace una adjudicación a una empresa investigada, o denunciada, es corrupción y cuando lo hace el PSOE no lo es?". Éste es uno de los lamentos que, desde hace meses, expresan en voz alta varios dirigentes del PP.

La respuesta está en los autos judiciales y en los informes policiales del caso Gürtel. Documentos que ofrecen numerosos indicios acerca de la supuesta financiación irregular del PP y de la estrecha relación que existía entre Álvaro Pérez El Bigotes y la cúpula popular, incluido el propio Francisco Camps.

Sin embargo, guiado por esa supuesta injusticia, el PP ha decidido importar esta semana el caso Pretoria -en el que están implicados cargos socialistas y de CiU relacionados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet- a la Comunidad Valenciana.

El martes, la dirección popular denunció que el Ayuntamiento de Gandia, gobernado por el socialista José Manuel Orengo, había adjudicado una piscina y una residencia estudiantil a constructoras vinculadas con la trama de corrupción pretoriana. El asunto se empezó a convertir en humo cuando el PP reconoció que había votado en pleno a favor de las adjudicaciones. Aún así, los populares pidieron una comisión de investigación municipal y el alcalde socialista ha decidido aceptarla. El ejemplo ha puesto de relieve la distinta forma en que socialistas y populares han abordado el fenómeno de la corrupción.

Camps, desde que asumió la presidencia de la Generalitat en 2003, no ha articulado ninguna medida adicional contra la corrupción.

Es más, el jefe del Consell no ha tenido ningún reparo en arropar públicamente al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por delito fiscal y contra las Administraciones públicas. Un apoyo que también ha hecho extensivo a otros cargos públicos del PP imputados, sobre todo alcaldes.

Tras el estallido del caso Gürtel el pasado febrero, el PP ha rechazado todas las iniciativas de la oposición -pese a que ha recibido un varapalo del Constitucional por entorpecer la labor parlamentaria- para mejorar la transparencia y facilitar toda la documentación relacionada con las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta. La única víctima política del caso Gürtel ha sido el ex secretario general del PP Ricardo Costa, suspendido temporalmente de militancia, y apartado del cargo de portavoz parlamentario. Curiosamente, Costa es el único cargo popular que pidió excusas públicamente por su comportamiento y que en las primeras semanas del escándalo anunció un nuevo decálogo ético de contratación en la dirección regional del PP. El resto de cargos salpicados por el caso siguen en sus puestos.

El PP tan sólo ha aceptado crear una comisión de investigación en las Cortes acerca de la financiación de todos los partidos con representación parlamentaria. Una "tomadura de pelo" que ha sido ignorada por la oposición.

Por contra, en Cataluña los efectos del caso Pretoria han sido bien distintos. A la semana, el presidente catalán, José Montilla, había pedido disculpas públicamente por lo sucedido con los implicados ya suspendidos de militancia. A los 15 días, el Gobierno catalán anunciaba la puesta en marcha de un plan anticorrupción para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Un plan que incluye nuevas medidas de control y de transparencia.

Globos sin aire y desvaríos económicos
La decisión de contrarrestar el caso Gürtel con supuestos casos de corrupción que involucren a los socialistas no es nueva. La medida ya había sido puesta en marcha hace meses por los populares. Sin embargo, la remozada dirección regional del PP ha decidido esta semana ratificar la estrategia de embarrar todo el terreno de juego en vez de limpiar los trapos sucios.

"Iremos contra ellos [los socialistas] con las mismas armas y con más", afirmó Alfonso Rus, presidente provincial del PP de Valencia. "Tenemos información de que hay muchos más casos de corrupción en importantes ayuntamientos gobernados por el PSPV", ratificó el nuevo secretario general del PP, Antonio Clemente.

Sin embargo, los globos lanzados hasta ahora por el PP han acabado todos pinchados. A continuación, se detallan algunas de las últimas denuncias de los populares.

- La grúa de Alarte. Los populares denunciaron al Ayuntamiento de Alfafar por dar trato de favor a la empresa concesionaria del servicio de grúa, propiedad de la familia del secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La denuncia se presentó el pasado mes de abril, al declararse el Tribunal Superior de Justicia competente para investigar los regalos a Camps y otros tres cargos de la Generalitat. Se archivó en septiembre.

- La abogada de Alaquàs. El PP cuestionó la contratación por parte del Ayuntamiento de Alaquàs, que presidía Alarte, de una abogada que desde el año 2000 presta defensa gratuita a las víctimas del maltrato. La Fiscalía rechazó todas las consideraciones hechas por el PP en julio.

- Los contratos de Quart. A la alcaldesa de este municipio y secretaria provincial del PSPV, Carmen Martínez, le cuestionan la adjudicación de varios contratos a personas vinculadas al partido. De muestra, un botón: el gasto de 2.400 euros en bocadillos para los integrantes de las mesas electorales de los comicios de 2007. El bar que hizo los bocadillos era de una persona que, al parecer, había sido militante socialista.

- El apocalipsis empresarial. El último anuncio es el de una querella por falsedad contra la denuncia del PSPV por supuesta financiación irregular del PP. La denuncia socialista incluye a 5 empresas que supuestamente realizaron pagos. Para el PP, si la querella del PSPV prospera, los socialistas serán responsables del despido de 32.000 empleados y la pérdida de 2.200 millones.


Los efectos del 'caso Pretoria' en Cataluña
- Disculpas públicas. José Montilla, presidente de la Generalitat catalana, pidió disculpas públicamente a los ciudadanos y a los votantes del PSC tan sólo una semana después de estallar el escándalo.

- Suspendidos de militancia. El PSC mantiene suspendidos de militancia a los socialistas implicados en la trama.

- Cambios legislativos. El Gobierno catalán se compromete a cambiar la legislación de la Sindicatura de Comptes y del Protectorado de Fundaciones. El objetivo es reforzar la fiscalización externa y evitar que las fundaciones que reciben subvenciones puedan desviar dinero a terceros.

- Más publicidad y transparencia. Se elaborará un registro público de convenios urbanísticos, se dará más visibilidad a los cambios de nombre de los terrenos y se cambiará la ley para que el beneficio de las recalificaciones recaiga también sobre los municipios y no sólo en los promotores.

- Ricardo Costa: El ex secretario general del PP es el único suspendido de militancia por el escándalo. Paradójicamente es el único cargo popular que ha pedido disculpas por los errores cometidos.

- Comisión de investigación: El PP ha propuesto una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La negativa de la oposición a participar en una comisión desvirtuada se ha traducido en el bloqueo a la elección de Leire Pajín como senadora territorial

www.elpais.es 15.11.09