Tordehumos - Valladolid

Si algo queda claro de la respuesta política que el PP está dando a toda la maraña judicial del caso Gürtel es que lo que vale para los afiliados del partido en Valencia no sirve para los de Madrid, y viceversa. En los dos focos geográficos principales del escándalo, el PP no ha exhibido el mismo criterio.

En esta ocasión, para muchos en el partido, es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que sale ganando. Primero, porque cuando se conoció la vinculación con la trama de su ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, le destituyó. Lo mismo hizo con los alcaldes madrileños imputados: suspensión de militancia y pérdida del cargo. Y además porque, dos días después del levantamiento parcial del secreto de sumario, obligó a sus ya ex diputados López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco a abandonar el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. De los tres ex alcades, dos cedieron su acta y el otro fue expulsado.

Frente a este panorama, la primera dimisión en la Comunidad Valenciana se ha producido hace sólo una semana, la de Ricardo Costa. Y en el partido causó perplejidad la forma en que se manejó: Rajoy exigió su caída, la mano derecha de Francisco Camps se negó y este tuvo que anunciar su cese bajo fuertes presiones de la sede nacional del PP.

El capítulo puso de manifiesto el poder que en el PP ejercen algunos barones territoriales. "Lo lógico es que si Mariano Rajoy justifica la marcha de Costa porque este ejercía un puesto de alta responsabilidad, tome alguna medida con Camps por tener una responsabilidad política mayor. Pero no", se lamenta un diputado. En un sentido similar, un alto dirigente regional señala que "Rajoy no ha sabido parar los tics de algunos de sus barones autonómicos, que siempre se escudan en la cantidad de votos que aportan al partido".

Pero no sólo lo que se hace en Madrid no es extrapolable a Valencia, sino que lo que sirve para una dirección regional no sirve para la cúpula nacional. Rajoy, por ahora, no baraja la posibilidad de que Luis Bárcenas, ex tesorero y senador, y Jesús Merino, diputado, abandonen el Grupo Popular. Ambos están imputados en el escándalo e investigados por el Supremo. "Nuestro líder está como loco por apagar el incendio desde lo más bajo posible", explica un dirigente regional.