Alboraya - Valencia

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«La revisión del PGOU es política territorial de corte autoritario»

EUPV critica que la norma se modifica de espaldas al área metropolitana

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el instrumento de planificación urbanística de una ciudad y su entorno. Una herramienta en manos políticas que el Ayuntamiento de Valencia ha decidido revisar este año y que, entre otras cosas, proyecta 35.000 nuevas viviendas o la recalificación de 270 hectáreas de huerta.
La revisión ha sido contestada por movimientos cívicos, entre otras cosas, porque para su rediseño no se ha recogido la preceptiva opinión ciudadana. El tema está ante el Defensor del Pueblo. La intención es que se reabra el proceso de información pública para incorporar alternativas que no están contempladas: diseños que no sigan primando las carreteras para disminuir el uso del coche privado, el carril bici en condiciones, la rehabilitación en vez de la construcción de viviendas o la protección absoluta de la Dehesa o de la Huerta que queda.
La norma también ha sido contestada por EUPV, que organizaba en el Club Diario Levante un debate para llamar la atención sobre proyectos que se dibujan desde los despachos mientras «hace años se exige un debate ciudadano sobre un modelo de desarrollo sostenible», decía Amadeu Sanchis, coordinador en Valencia de EUPV. Junto a él, Mª José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y los profesores Antoni Montiel y Vicente Torres.
La sociedad que la habita
La charla fue unánime en contra de la revisión del PGOU. Toda un serie de necesidades por contemplar que llevaban a Montiel a señalar que la única solución posible es «que se retire el plan y empecemos de verdad a construir una planificación urbanística contando con la sociedad que la habita».
Uno de los puntos coincidentes era que está diseñado de espaldas al área metropolitana. «Es una decisión antidemocrática de un gobierno que ejerce política territorial de corte autoritario que condiciona el crecimiento armónico de los municipios del entorno», decía Montiel recordando que Barberá ya se ocupó de que no existiera un gobierno metropolitano. «Procuró la disolución del Consell Metropolità de l´Horta cuando vio que no podía controlarlo». «La única dimensión metropolitana de la revisión son los planes de carreteras que entran y salen de Valencia», añadía Torres hablando de «caciquismo de opereta».
Montiel señalaba errores en la revisión «que no da soluciones a la ciudad existente». Entre ellos, que «la redefinición del suelo urbano no es una necesidad ahora; que no plantea adecuadamente la gestión del suelo vacante, de los solares, edificios para rehabilitar...que no hay fiscalidad que grave las viviendas vacías». En su opinión, «la revisión se orienta a la creación de suelo para seguir creciendo en barrios fantasmas que no responden a la demanda social sino a equipamientos de ocio que mejoren la imagen de la ciudad». Además, criticaba que se plantee cuando sigue pendiente el plan de acción territorial del litoral y el de l´Horta que «no paraliza las reclasificaciones de terreno. Puro márketing ambiental», señalaba.
Entre las propuestas, se apuntó la necesidad de primar la proximidad en vez de la movilidad. Pero para eso hace falta que se cumpla la ley. «Que cada vez que se amplien nuevos barrios se hagan las dotaciones necesarias», señalaba Broseta. Sin embargo, criticaba que las constructoras «no compensan las cesiones y consideraba que la revisión tiende a la concentración de suelo dotacional «cuando es mejor la dispersión».
Otra de las críticas de esta revisión es que se hace « de forma simplificada para que las cuestiones menores se revisen después sin participación», afirmaba Montiel. «Esa forma reducida nos oculta algo». Torres también señalaba que la revisión «carece de auditoría ambiental», cuya ausencia «esconde el problema del tráfico y un transporte público congelado con novedades cosméticas. La frecuencia de paso del bus y el metro es la misma desde hace años», señalaba. «Son evidencias que podíamos transformar el derecho a respirar o a que los niños vayan al colegio al lado de casa», decía. Finalmente, Montiel señalaba que la revisión carece de planificación económica. «Se construye a cambio de cesiones de territorio, aumentos de edificabilidad y pérdida de calida de vida».