Chozas de Canales - Toledo

Francisco Martín Ribagorda, vecino de la localidad, cree que el alcalde actúa de esta manera por la relación laboral que le une a la promotora de los chalés
B. YUSTE
Actualizado 19/07/2003 - 23:52:36
TOLEDO. Francisco Martín Ribagorda, vecino de Chozas de Canales, ha denunciado que el alcalde, el socialista Antonio Antúnez, ha permitido que la promotora «Yaquin Inversora S.L.» reemprenda los trabajos de construcción de más de doscientas viviendas en el lado izquierdo de la entrada al municipio, a pesar de que hace dos meses él mismo dictara una orden de paralización de éstos por no contar la empresa con la preceptiva licencia municipal de obras. Aunque durante los meses de mayo y junio, los operarios de la sociedad promotora dejaran de trabajar en la zona, Martín Ribagorda asegura que el pasado día 7 se reanudó la ejecución de estos chalés adosados, que se han levantado en varias fincas rústicas y, por tanto, sin que se haya aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora (PAU).
Esta situación «ilegal», que ahora se denuncia ante la prensa, se conoció en marzo pasado, cuando el Ayuntamiento comunica a Martín Ribagorda que se iba a tramitar el PAU correspondiente a la zona sobre la que se construyen las viviendas, la cual incluye también unos terrenos propiedad de este vecino. Pese a que el Programa de Actuación Urbanizadora se hizo público en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 19 de abril, la promotora ya había comenzado entonces la ejecución de los chalés adosados, según afirma Martín Ribagorda, quien antes de que saliera esta convocatoria oficial informó a través de un escrito al primer edil del inicio de estas obras, solicitándole en consecuencia que paralizara los trabajos de construcción.
Ante esta petición, Antonio Antúnez dicta una primera resolución para que la empresa paralice la ejecución de las viviendas, orden que, sin embargo, no fue acatada por «Yaquin Inversora», que continua con las obras. Pocos días después, y ante la insistencia del vecino, -que puso el asunto en manos de un abogado-, el alcalde de Chozas vuelve a la carga con una segunda orden de paralización. En este caso, la promotora asume el mandato y suspende los trabajos durante los meses de mayo y junio.
Pero, el pasado 7 de julio y por sorpresa, la empresa retoma la construcción de los chalés, lo que lleva a Martín Ribagorda a denunciar una vez más esta situación ante el alcalde, que a día de hoy, y según el vecino, no ha adoptado las medidas oportunas para que la paralización de estas obras, que hasta ahora se ha limitado a una comunicación escrita, se haga efectiva definitivamente, algo que se viene reclamando desde hace meses.
Según Martín Ribagorda, sólo cabe una explicación en todo este asunto: la relación laboral que Antonio Antúnez mantiene con Felipe Barbarroja, único administrador de «Yaquin Inversora», quien también lo es de otra empresa en la que estuvo trabajando el propio alcalde hasta finales del año 2001 y de una tercera sociedad en la que ahora está dado de alta el primer edil de Chozas. Para el vecino, este vínculo justifica que Antúnez «no haya tomado las medidas necesarias para paralizar de una vez todas esta promoción de viviendas», que además se está ejecutando sin haber realizado previamente las obras de urbanización, consistentes en la dotación de los servicios básicos a esta zona residencial. Una circunstancia que no sólo no se ajusta a la legalidad urbanística, sino que puede traer consecuencias muy negativas en un futuro para los compradores de los chalés.
Ante la gravedad de los hechos, el abogado de Martín Ribagorda ha decidido poner este asunto en conocimiento de un juzgado de Illescas, que ya ha incoado las diligencias previas. Igualmente, se ha remitido una notificación a la Delegación Provincial de Agricultura y a la de Obras Públicas, en orden a que consideren este tema urbanístico de relevante envergadura y tomen las decisiones que se precisen al respecto. De momento, no se ha recibido respuesta alguna.

Una juez inhabilita durante 7 años al alcalde de Chozas de Canales por prevaricación
«Te voy a romper la cara, ya te cogeré cuando te vea solo», espetó el socialistaAntonio Antúnez al letrado Alberto de Lucas delante de dos guardias civiles
Actualizado 11/03/2006 - 03:15:07

MANUEL MORENO

TOLEDO. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Illescas ha condenado a siete años de inhabilitación al alcalde de Chozas de Canales, el socialista Antonio Antúnez Benítez, por un delito de prevaricación (dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria). La juez María José Cáncer afirma en la sentencia que Antúnez, de 52 años, no podrá desempeñar otro cargo análogo durante el tiempo de la condena, que va a compañada de una multa de 300 euros por una falta de injurias y por otra de amenazas.

Los hechos probados arrancan en Chozas de Canales el 19 de mayo de 2004. Según el fallo, contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Toledo, el alcalde se encontró sobre las 13.55 en el exterior del Ayuntamiento con el abogadoAlberto de Lucas Rodríguez. Este letrado había sido contratado por Francisco Martín Ribagorda para representarlo en un proceso contencioso-administrativo que mantenía con el Consistorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por un plan de actuación urbanística.

Quisieron pegarse

El abogado estaba hablando con dos guardias civiles cuando el alcalde se dirigió a los agentes y les dijo: «No le hagáis caso a ese [Alberto de Lucas], que es un mentiroso». El letrado contestó que «yo no hablo con uno que está procesado», a lo que el edil respondió que eso tenía que demostrarlo y que era un «golfo», según se recoge en la sentencia. El cruce de acusaciones desencadenó en una discusión entre ambos que obligó a los dos agentes a intervenir para evitar que se agredieran. Antes de marcharse, el alcalde espetó al abogado: «Te voy a romper la cara, ya te cogeré cuando te vea solo».

El mismo día el alcalde «ordenó» a los funcionarios municipales encargados del Registro de entrada del Ayuntamiento que no se admitiera ningún escrito presentado por el letrado Alberto de Lucas Rodríguez, instrucción que se registró al día siguiente con el número 763.

El secretario del Ayuntamiento, Ángel Ruiz Checa, emitió ese mismo día un informe en el que indicaba que la orden cursada por el alcalde contravenía varios reglamentos, por lo que debía ser revocada. Se lo comunicó a Antonio Antúnez, pero éste no se echó atrás y se reafirmó en su postura. Durante dos días, los funcionarios municipales no recogieron un par de escritos que intentó presentar el abogado y que estaban relacionados con el asunto que enfrentaba a su cliente con el Ayuntamiento. Esos escritos tuvieron entrada finalmente por correo uno o dos días después.

Antúnez, que deberá pagar las costas de este procedimiento, reconoció ante la juez haber dictado la orden con la finalidad de evitar que el abogado continuara presentando documentos en el Registro del Ayuntamiento relacionados con un plan de actuación urbanística.

Piden otros 12 años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Chozas
J.A.J./Toledo - jueves, 07 de febrero de 2013
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El particular que logró la anulación del barrio Z-9 en el Supremo demanda ahora que el exedil sea condenado por prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial cuando se inició, sin licencia, este proyecto de urbanización en 2003
jajuez@diariolatribuna.com

Antonio Antúnez, alcalde de Chozas de Canales por el PSOE durante más de 20 años, tuvo que dejar su puesto en 2007 tras recibir una condena de siete años de prisión por prevaricación. La posibilidad de que vuelva a la vida política, por ejemplo, en las elecciones municipales de 2015 puede quedar frustrada si el Juzgado de lo Penal Número 2 acepta imponerle otra nueva inhabilitación de 12 años por los presuntos delitos de una nueva prevaricación y una desobediencia a la autoridad judicial.
Estos delitos se habrían realizado durante el inicio de la construcción del barrio Z-9 de la localidad sagreña en 2003, sin que hubiera licencia para ello.
Esta urbanización de 340 casas no sólo es noticia por el nuevo juicio a Antúnez, que ayer quedó visto para sentencia. Recientemente, se ha instado el derribo de estas viviendas, junto con su borrado del Registro de la Propiedad, tras una sentencia del Tribunal Supremo en 2011 que confirma la nulidad del proyecto urbanístico debido a su deficiente tramitación por el Ayuntamiento. Fue reclamada por el vecino de Chozas Francisco Martín Ribagorda, el mismo que ahora ha presentado en el juicio la acusación contra Antúnez después de que se le quitarán tierras para el proyecto promovido por el constructor Felipe Barbarroja. El promotor también debía sentarse ayer en el banquillo de los acusados, lo que no ha sido posible tras certificarse ante la juez su fallecimiento.
La reclamación de Ribagorda, presentada por el abogado Manuel Benítez Domínguez, se basa en que Antúnez pudo prevaricar primero al no hacer valer dos decretos de suspensión de obras que emitió en 2003 y no dar curso a una sanción de 2,4 millones de euros al constructor por empezar a edificar sin permiso. La sanción caducó.
En cuanto a la desobediencia judicial, obedece a que el Ayuntamiento no hizo cumplir una orden cautelar del Tribunal Superior de Justicia para precintar las obras. Esta suspensión tuvo que ser ordenada directamente por el TSJ a la Guardia Civil, aunque tuvo que levantarse después de que la constructora reclamase 1,5 millones de euros de fianza a Ribagorda. Por esta desobediencia, se pide al exalcalde unos 146.000 euros de multa. Benítez también logró que se admita como prueba la sentencia del Supremo que anula la aprobación del PAU del Z-9 en 2004, un año después del inicio de obras.
La Fiscalía pidió el sobreseimiento de este asunto, mientras el abogado defensor, Javier Toledo, solicitó la absolución. En su declaración, el exalcalde mantuvo que carecía de medios como una Policía Local para precintar la obra, y que no era su responsabilidad elevar la sanción de 2,4 millones a la Junta para que se ejecutara. Su declaración quedó contradicha por el secretario del Ayuntamiento, que afirmó que le explicó las medidas que podía adoptar para frenar la obra (como cortar la electricidad o acudir a la Guardia Civil) y que dejó el expediente de la multa de los 2,4 millones de euros redactado, a falta sólo del visto bueno del alcalde.
Al termino de una vista en la que se mostró visiblemente alterado, el alcalde reiteró su inocencia afirmando que «si alguien ha mentido, ha sido el secretario».

La justicia vuelve a dar la razón al exalcalde del PP
ABC / TOLEDO
Día 27/01/2011
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La Audiencia Provincial de Toledo ha vuelto a dar la razón al exalcalde de Chozas de Canales, Julián Agudo Santos, del PP, al desestimar el recurso de apelación que presentó el promotor Felipe Barbarroja contra el auto dictado por el Juzgado de Illescas, en el que se acordaba el sobreseimiento de la denuncia presentada contra Agudo porque el Ayuntamiento había parado la construcción de unas viviendas al no tener aprobado el preceptivo Proyecto de Urbanización.
Este asunto se remonta al año 2008, cuando el Ayuntamiento de Chozas de Canales, que en aquellos momentos gobernaba Agudo, paralizó las obras de urbanización llevadas a cabo en el PAU Z-12 (de 551 viviendas), al no encontrarse aprobado el Proyecto de Urbanización, paralización ante la cual el agente urbanizador interpuso una demanda contencioso-administrativa, que ganó el exalcalde.
Esa resolución fue recurrida por Barbarroja, que además presentó una denuncia penal por prevaricación contra Agudo, en calidad de alcalde, que también fue sobreseída en primera instancia en el Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas y recurrida después en la Audiencia Provincial de Toledo por Barbarroja, recurso que es el que ahora se ha desestimado otra vez.
Agudo lamenta que este asunto «esté siendo utilizando políticamente con los vecinos del pueblo y los compradores de las 551 viviendas, que presuntamente han sido estafados por esta empresa, con cantidades que pueden superar los 12 millones de euros, y a los que desde la oficina del agente urbanizador se les está diciendo que si gana las próximas elecciones el PP se olviden de sus viviendas, porque no se van a construir, y el equipo de Gobierno actual no lo desmiente».
Agudo pidió a los responsables socialistas del Ayuntamiento que dejen de mentir a los vecinos de Chozas y de jugar y aprovecharse de la situación que pasan estas familias.

HEMEROTECA > 31/07/2007 >
Destruyen el coche del alcalde de Chozas de Canales con un cóctel molotov
MANUEL MORENOTOLEDO. En el Ayuntamiento de Chozas de Canales están con la mosca detrás de la oreja. La Guardia Civil trata de localizar a los autores de dos sucesos que han convulsionado a los vecinos
Actualizado 31/07/2007 - 03:48:16
MANUEL MORENO
TOLEDO. En el Ayuntamiento de Chozas de Canales están con la mosca detrás de la oreja. La Guardia Civil trata de localizar a los autores de dos sucesos que han convulsionado a los vecinos de este pequeño municipio de 3.500 habitantes censados: el incendio de un coche y el acto de sabotaje en la piscina municipal en tan sólo cuatro días.
En el caso del vehículo, que quedó reducido prácticamente a cenizas, se trata de un Opel Vectra propiedad del alcalde, Julián Agudo Santos, del PP, partido que ha conseguido arrebatar el poder municipal al PSOE después de 24 años de gobierno socialista. El incidente ocurrió pasada la una de la madrugada del 19 de julio, jueves, a la puerta de la casa del edil. Autores desconocidos rompieron un cristal del vehículo e introdujeron en el habitáculo un cóctel molotov que destruyó totalmente el coche. «Se derritió hasta el volante», cuenta Agudo.
Este suceso se produjo cuatro días después de que la piscina fuera contaminada con disolvente durante la madrugada del 15 de julio. Además, esa misma noche los autores lanzaron un cóctel molotov en un pequeño receptáculo donde se almacenaban 60 garrafas de hipoclorito de sodio para purificar el agua de la piscina. Sólo hubo humo, porque el combustible empleado, gasoil, no actuó como acelerante.
La piscina fue clausurada a la mañana siguiente por el Ayuntamiento y ha permanecido cerrada nueve días para limpiar totalmente su interior, además de la depuradora, que también resultó dañada. El Consistorio todavía no ha cuantificado los gastos que ha provocado este sabotaje.
El inspector sorpresa
Mientras los operarios vaciaban la piscina hubo un hecho que llamó la atención del alcalde y de sus compañeros del equipo de Gobierno. Un técnico de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha se personó el día 17 tras recibir una denuncia de un particular en la que se daba a conocer que en la piscina municipal se estaba realizando un vertido contaminante. «En un principio pensé que lo del disolvente en la piscina se trataría de una gamberrada, pero luego sospechamos que la persona que avisó a la Junta podría tener algo que ver con esto, aunque desconocemos su identidad», señala Agudo.
El incendio del coche no fue el único incidente durante la semana del 15 al 22 de julio en el que se vio perjudicado un miembro del equipo de Gobierno. También una huerta propiedad de la edil Ana María Baltasar Triguero fue asaltada y le revolvieron todo lo que había en su interior.
Los tres sucesos han sido denunciados ante la Guardia Civil. El alcalde también ha puesto los hechos en conocimiento del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, a través de una carta que envió la pasada semana. «Le pido al delegado que se pongan los medios para que no vuelva a suceder», explica el edil, que se ha reunido asimismo con la presidenta del PP en la provincia de Toledo, Natalia Tutor, para tratar estos incidentes. «No queremos que esto vaya a más. Lo puse en conocimiento del partido y del delegado del Gobierno porque creo que aquí no tenemos medios para atajarlo», señala Agudo. «Por el momento, la cosa se ha calmado y espero que siga así con la llegada del mes de agosto, que todo se tranquiliza»

Todo eso lo se ahora, yo reserve sobre plano en el 2002 ,estuve tres años hasta que me dieron la casa en el 2005 yendo y viniendo por que yo vivía en madrid y cada vez que venia las obras estaban paradas, me acercaba a la constructora y te decían que era por papeles que faltaban y que estaba todo arreglado, si yo se que estaba todo este entramado ni siquiera me hacerco por el pueblo a comprar una casa, yo caí como todos por falta de información , lo que no entiendo si esto esta desde el 2003 y casi todo el pueblo por no decir todo lo sabia y cuando digo lo del pueblo me refiero a julian agudo por que tengo entendido que tiene familia con casa en el pau, les ha dejado que se compraran una casa sabiendo como estaba lacosa

El Juzgado número 5 de Illescas mantiene la imputación a los denunciados en el caso de Chozas de Canales. La Fiscalía había archivado la investigación
El pasado 10 de diciembre prestaron declaración ante el Juzgado nº 5 de Illescas el constructor Felipe Barbarroja, António Antúnez ex alcalde “bonista” de Chozas de Canales y Tomás Martín Bargueño teniente de alcalde y tesorero del Ayuntamiento de esa localidad. El colectivo “Manos Límpias”, personado como acusación popular, ha solicitado prisión preventiva para los imputados ante el inminente riesgo de fuga.
La denuncia presentada contra los implicados en el caso, acompañada de exhaustiva documentación, hace referencia a hechos que comienzan a producirse en 1998 y que se prolongan hasta la salida de Antúnez del ayuntamiento tras ser condenado en firme por prevaricación e inhabilitado para el ejercicio de cargo público.

El catálogo de los hechos, según la denuncia y según los propios informes de la Secretaría del Ayuntamiento que se acompañan a ella, comprende –tal y como se verá luego en detalle– la aprobación ilegal de PAUs sin que consten los informes y autorizaciones preceptivas y vinculantes de los organismos superiores; liquidación de impuestos por parte de las empresas de Barbarroja mediante pagarés –medio de pago no aceptado por el Reglamento General de Recaudación– que unas veces se pasan a descuento en CCM y otras, simplemente, no consta que se hayan hecho efectivos; usurpación, consumada por las empresas de Barbarroja, de suelos de cesión obligatoria al Ayuntamiento; construcción clandestina de viviendas y naves industriales antes de ninguna aprobación o validación de esas actuaciones urbanísticas; emisión de informes por parte de Antúnez, presuntamente falsos y contrarios a los emitidos por la Intervención del Ayuntamiento, sobre la suficiencia de suministros de agua en las urbanizaciones de Barbarroja; aprobación de planes de reparcelación en los que no se incluyen los suelos de cesión al Ayuntamiento; ignorancia sistemática y consciente de los reparos e informes emitidos por el Secretario-Interventor cuando estos eran contrarios a los intereses de las empresas de Barbarroja, etc. etc.

Y todo ello con el añadido de que a fecha de los hechos, el alcalde Antúnez prestaba servicios laborales para empresas del constructor Barbarroja; y el correlato, según denunció Interviú en su número del pasado 26 de octubre, de “calles y cimientos que se hunden, casas en suelo rústico sin teléfono ni internet, suministro de agua sin garantizar, desagües que se desbordan, escombreras en lugar de zonas verdes, cables tirados por el suelo...” Ni que decir tiene que CCM financió los proyectos de Barbarroja.

No consta, por otra parte, que el PSOE de Toledo, en aplicación de su presunta política de tolerancia cero con la corrupción, haya tomado medida alguna contra Antonio Antúnez.



La postura de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo.
El caso de presunta corrupción de Chozas de Canales (Toledo) comenzó mediante denuncia interpuesta por el actual Alcalde de la localidad, Julián Agudo Santos, ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, el día 27 de mayo de 2008.

El 15 de octubre de ese mismo año, el Ilmo Sr D. José Javier Polo Rodríguez, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, evacuaba decreto de archivo de diligencias justificándolo con la siguiente fundamentación jurídica:

“No se han concretado Actos, Acuerdos o Resoluciones aprobadas por el Ayuntamiento de Chozas de Canales en los que se observe una voluntad manifiesta de apartarse de la legalidad con desprecio absoluto de las normas y procedimientos.

Antes al contrario, lo que se constata por los informes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda es que se han producido irregularidades en ejecución de obras, sancionadas por el propio Ayuntamiento. En todo caso, nos encontramos ante ilícitos administrativos que deben tener su respuesta en dicho ámbito y no en el del Derecho Penal.

Por tanto, a la vista de lo denunciado, el Fiscal Jefe considera que no nos encontramos ante un hecho que revista caracteres de delito ni, por tanto, existe fundamento para ejercitar acción alguna por este Ministerio”.

Sin embargo, este criterio de la Fiscalía, como ya sucedió en su día con el caso del campo de golf de Carranque, no ha sido compartido por el Juzgado Nº 5 de Illescas, que en providencia de fecha 20 de octubre de 2009 citaba como imputados a Antúnez, Barbarroja y Martín Bargueño, imputación que ha mantenido tras la declaración de estos.



La mercantil de Barbarroja FLOS INVERSORA SL y los “Quiñones”.
El 9 de noviembre de 1998 el constructor Barbarroja a través de FLOS INVERSORA, empresa de la que es administrador único, presentó solicitud de licencia para la construcción de 50 adosados. El 11 de noviembre del mismo año, el Secretario de la Corporación emitió un informe en términos inequívocos: la zona para la que se solicitaba licencia no reunía los requisitos del art. 109 de la LOTAU puesto que no estaba aprobada ninguna modificación puntual de normas subsidiarias, ni el planeamiento de desarrollo; no existían los presupuestos de edificación exigidos por el art. 131 de la citada ley y, además, los proyectos presentados ni siquiera tenían el visado del Colegio de Arquitectos competente, al margen de que tampoco existía informe del arquitecto municipal.

En consecuencia, el secretario del Ayuntamiento advierte al alcalde de la imposibilidad de conceder la licencia solicitada, advertencia que Antúnez ignora con voluntad y consciencia, y el 12 de noviembre, mediante un decreto de la alcaldía, se concede a Barbarroja lo que éste había pedido.

Ya en el 2000, el 9 de marzo, la empresa de Barbarroja, la mencionada FLOS INVERSORA, volvió a solicitar licencia para construir otros 21 adosados más en el mismo paraje y, nuevamente, Antúnez mediante decreto de alcaldía en el que queda constancia del informe desfavorable del Secretario-Interventor, es decir, otra vez con conciencia y voluntad, accede a la petición de Barbarroja.

Pero el asunto no termina en la pura ilicitud urbanística que denuncia el secretario del Ayuntamiento. La concesión de las licencias lleva pareja la liquidación del correspondiente impuesto y en este caso Felipe Barbarroja liquidó los aproximadamente tres millones de pesetas mediante un pagaré con vencimiento al 10 de mayo del 2000.

Con ese pagaré, Atúnez abrió una línea de descuento en CCM, cómo no, y cobró anticipadamente la deuda pero con ciertas peculiaridades porque existe una “nota de reparo” del Secretario-Interventor fechada el día 12 de marzo del 2000, según la cual: 1.- El pagaré no es un medio de pago de los previstos en el Reglamento General de Recaudación. 2.- La fecha de vencimiento supone un aplazamiento encubierto del pago de la deuda tributaria. 3.- Que el descuento del pagaré implica que CCM cargaría la cuantía de la deuda sobre el Ayuntamiento si a fecha de vencimiento el librador –Barbarroja– no hace efectivo el pago. 4.- Que al negociar el pagaré con CCM, el Ayuntamiento estaba incurriendo en gastos, comisiones e intereses que “no tenía porqué soportar en forma alguna”.

No termina aquí lo descubierto sobre el periodo de Antúnez al frente del Ayuntamiento de Cozas. El 21 de marzo del 2000, Barbarroja pide una nueva licencia para segregar las 21 parcelas sobre las que ya había obtenido la licencia de edificación. Eso origina otro informe del Secretario según el cual “los terrenos sobre los que se solicita licencia de segregación tienen la clasifiación de suelo rústico, sobre los que se tramita un PAU que no ha sido aprobado ni adjudicado el derecho a urbanizar”. Además, sigue advirtiendo el secretario, “el artículo 90.3 de la LOTAU establece la prohibición de parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Por otra parte, “el alcalde no es competente para otorgar esta licencia, por estar la competencia delegada en la Comisión de Gobierno” y, finalmente, para que no quepan dudas, se añade en ese informe que “la parcelación solicitada es ilegal, y se recomienda a Alcaldía que no otorgue dicha licencia”

Pero es que, a más de todo lo dicho, siempre según el informe del Secretario, Barbarroja ni siquiera había acreditado la propiedad del suelo en cuestión y mucho menos, estar en posesión del derecho a urbanizar, ni había garantizado las cesiones obligatorias, ni había probado la afectación de la finca al cumplimiento de las obligaciones de urbanizar.

En resumen, que la situación, tal y como se desprende de los citados informes, entraba en la más completa, evidente y manifiesta ilegalidad, no obstante, el alcalde Antúnez, que para eso era alcalde, mediante decreto de 3 de abril de 2003 y dejando constancia que se había visto el informe del Secretario, otorga lo pedido a Barbarroja, es decir, a FLOS INVERSORA, por cierto, empresa con la que en esas fechas, “mantenía relación laboral” según los denunciantes.



La mercantil de Barbarroja JOVAFE 13 SL y el PAU “Sector I Industrial”
Una situación similar a la anterior se produce cuando el 25 de mayo de 2005 el Pleno del Ayuntamiento de Chozas, por unanimidad, aprobó un PAU industrial, la correspondiente modificación de las Normas Subsidiarias y su adjudicación a la empresa JOVAFE 13 SL, propiedad también de Felipe Barbarroja.

Esa adjudicación se hizo –siempre según las denuncias presentadas y los informes de Secretaría– careciendo el Ayuntamiento de competencia para la aprobación definitiva del PAU y sin que existieran o sin que constara la existencia, de los informes vinculantes y previos que legalmente son imprescindibles.

Tan es así que el 8 de julio del 2005 la Consejería de Administraciones Públicas requirió al Ayuntamiento para que en el plazo máximo de un mes anulara el anuncio publicado en el correspondiente Diario Oficial y el acuerdo del Pleno citado.

Al mismo tiempo, el Secretario-Interventor advierte a la alcaldía que el PAU carece de la aprobación del informe de impacto ambiental, que la Consejería a requerido la anulación del acuerdo y que el convenio aprobado junto al PAU aceptaba que las cesiones de suelo dotacional se hicieran en los terrenos de un futuro PAU que, ni siquiera estaba presentado.

No se volvió a saber más de esta asunto hasta que el nuevo alcalde de Chozas ordenó a la Policía Local que realice una inspección del lugar “en el que se dice fueron construidas ilegalmente 60 naves industriales”.

En el informe policial consta que se realizó reportaje fotográfico de la zona, que por uno de los caminos del Polígono no se puede circular, por presentar grandes desperfectos, y que “hay montones de plásticos, tuberías, escombros, etc, que han sido esparcidos y tapados en su gran mayoría con tierra”.



La mercantil de Barbarroja YAQUIN INVERSORA SL y el PAU Z-9.
La empresa YANQUIN también es propiedad de Barbarroja o, al menos, él tiene la condición de administrador único de la entidad. El 20 de julio del 2004 esta empresa, por boca de Barbarroja, solicitó al Ayuntamiento presidido por Antúnez, licencia para construir 334 chalés por un lado, y 7 más por otro.

Al respecto, y según consta en la documentación adjunta a la denuncia, el arquitecto municipal advirtió que antes del inicio de las obras deberá presentarse dirección de obra de arquitecto y aparejador y estudio de seguridad y salud, y acreditación de que el proyecto ha sido visado por el correspondiente colegio profesional.

Por su parte el Secretario también previene que no se han cumplido las condiciones exigidas por la Comisión Provincial de Urbanismo, que no consta la aprobación de la modificación de las Normas Subsidiarias que corresponde a la Consejería de Urbanismo, que el PAU no ha sido inscrito en el Registro oportuno, que no se ha publicado la aprobación definitiva del PAU, que no se ha presentado por la promotora la garantía exigida para simultanear las obras de construcción y urbanización y que dichas obras habían comenzado clandestinamente, antes de la solicitud de la licencia.

Y a pesar de todo esto, una vez más, el Ayuntamiento por decreto de alcaldía firmado por el Teniente de Alcalde Tomás Martín Bargueño, concede las licencias pedidas por Barbarroja quien, por otra parte, vuelve a liquidar los impuestos correspondientes, mediante pagaré y al parecer, según los denunciantes, de forma aparentemente incompleta pues no consta el pago íntegro de la liquidación librada por el Ayuntamiento.



La mercantil de Barbarroja MORGUEN INVERSORA y el Sector Z-10.
El 17 de junio de 2003 entró en el Ayuntamiento de Chozas una denuncia firmada por F. Martín, vecino de la localidad en la que se ponía de manifiesto que se estaba edificando en el Sector Z-10. La misma persona solicitó la emisión del certificado oportuno por parte del Ayuntamiento.

A consecuencia de esto, el 18 del mismo mes y año, el Secretario-Interventor acreditó que en ese Sector se tramitaba un PAU a instancias de MORGUEN INVERSORA SL., otra de las empresas de Barbarroja; que ese PAU carecía de aprobación definitiva; que no estaba aprobado el Proyecto de Urbanización y Reparcelación; y que no se había otorgado licencia de edificación en el Sector en cuestión.

Como quiera que además el 16 de junio de 2003 el Ayuntamiento había ordenado la paralización de las obras ilegales, el Secretario emitió un informe advirtiendo al Alcalde de todas estas circunstancias y manifestando la necesidad de hacer efectiva dicha paralización. Sin embargo a día de hoy no consta en la documentación existente en el Ayuntamiento que se haya tomado ninguna medida al respecto o que se iniciara el necesario expediente sancionador.

El 14 de febrero del 2004 el arquitecto municipal informó que en relación con el PAU del Sector Z-10 “no se garantiza el abastecimiento de agua, la presión ni el caudal mínimo”. Contradiciendo esto, Antúnez, dirigiéndose a la Comisión Provincial de Urbanismo, a efectos del informe vinculante que ésta debía emitir en relación con el PAU, aseguró que “según los informes y datos que me constan, existe caudal suficiente de agua para el abastecimiento de las futuras construcciones a desarrollar al amparo del PAU Z-10”.

El día 11 de marzo del 2005, el Ayuntamiento de Chozas aprobó definitivamente el PAU de Barbarroja, sin que estuvieran subsanadas las deficiencias que en su momento señaló la Comisión Provincial de Urbanismo, sin que estuvieran constituidas las garantías previas que fija la ley, sin que existieran los informes técnicos exigidos legalmente para aprobar el proyecto de reparcelación y, por supuesto, con el hecho consumado de las viviendas ya construidas.

En este caso, Barbarroja volvió a liquidar las impuestos correspondientes mediante un pagaré que, a fecha de la denuncia no constaba que se hubiera hecho efectivo.

Ya en diciembre de 2006 hay un nuevo informe del Secretario en el que se vuelve a poner de manifiesto que la empresa de Barbarroja no ha presentado la garantía a la que está obligada; que el Tesorero Municipal admitió como pago por el “aprovechamiento lucrativo” –la parte de suelo que corresponde al Ayuntamiento por participación en las plusvalías– dos pagarés que vencidos, no constaba que hubieran sido presentados al cobro; que el “aprovechamiento lucrativo perteneciente a la Administración se ha usurpado por el Agente Urbanizador”; y que “el Ayuntamiento, no sólo ha consentido esta actuación ilegal, sino que además, no ha iniciado expediente sancionador alguno... una dejación o abandono de las potestades por parte de los órganos municipales, que se han replegado a la conveniencia de los intereses del Agente Urbanizador, en detrimento de los intereses generales”.

A esto, el informe de Intervención de 1 de octubre del 2007 añade que el proyecto de reparcelación del PAU Z-10 incumplía el Convenio correspondiente al haberse inscrito a nombre de MORGEN INVERSORA la finca 1.790 de la cual, al Ayuntamiento, le correspondían 7.560 m2; y que el 10% de la cesión obligatoria se había calculado sobre metros de parcela y no sobre superficie de edificabilidad, ello en beneficio del Agente Urbanizador.



La mercantil de Barbarroja MORGEN INVERSORA y el PAU Z-11
La situación aquí, es similar a lo visto hasta ahora. Según los informes del Secretario-Interventor que constan en el respectivo expediente, no existía informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, se habían edificado viviendas en la zona sin que existiera licencia para ello; el proyecto de reparcelación no incluía la asignación al Ayuntamiento de las parcelas de cesión obligatoria; y el Alcalde había sometido el proyecto a información pública antes de que existieran los informes preceptivos.

El 20 de diciembre, ante la inminente aprobación definitiva del PAU, el Secretario vuelve a insistir que que esta aprobación no es posible porque se infringiría el art. 81 ROF, porque no se ha emitido el informe de Secretaría a que obliga el art. 175 ROF; y porque no existe el informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de Urbanismo sin la cual el Ayuntamiento no podría aprobar el PAU.

Ajeno a tanto inconveniente burocrático, Antúnez y los concejales presentes en el Pleno del 20 de diciembre de 2006, aprobaron el PAU y lo adjudicaron a la mercantil de Barbarroja. A partir de ahí, el resto de la tramitación, al decir del Secretario-Interventor, continuó con los vicios que ya se vienen haciendo familiares.

El 30 de enero del 2007, una diligencia de la Secretaría del Ayuntamiento, advirtió que se había ordenado por el Alcalde la publicación del PAU, lo que no era posible porque éste no estaba inscrito en el correspondiente Registro y que la mercantil MORGEN INVERSORA no había hecho efectiva la garantía necesaria.

Ignorando toda esta tramitación viciada, el 27 de marzo del 2007, Antúnez concedió licencia a la empresa de Barbarroja para la construcción de 304 y18 adosados en el PAU en cuestión.

En ninguno de estos hechos, acreditados mediante documentos oficiales, la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, ha observado “voluntad manifiesta de apartarse de la legalidad con desprecio absoluto de las normas y procedimientos”.

EN 4:05
ETIQUETAS: ANTONIO ANTÚNEZ, CHOZAS DE CANALES, FELIPE BARBARROJA

Hay muchísimas noticias más, las podéis ver en Google. Ah! Y no os dejéis engañar, la culpa de todo la tiene Julian, pero como debe de tener muchos amigos en los periódicos no hay manera de encontrar una noticia en su contra. PORQUE SERA???

Ah! Se comenta que Antunez se va ha presentar en las próximas elecciones municipales y tiene posibilidades de ganarlas, así es que no hay de que preocuparse, quien puede saber mejor la solución que el que ocasiono el problema?

Dicen que una imagen vale mas que 1000 palabras, pero estas dos valen por unos cuantos periódicos.

https://ww.foro-ciudad.com/toledo/chozas-de-canales/fotos/193115-manifestacion-de-los-paus--contra-el-ayuntamiento.html

https://ww.foro-ciudad.com/toledo/chozas-de-canales/fotos/196007-aqui-esta-el-futuro-de-chozas.html

Efectivamente Kedra, y además curiosa la foto, es como la del flautista de Hamelin pero al contrario, en esta la rata dirige a los flautistas. El tiempo pone a cada uno en su lugar.

Lo de flautistas lo digo por los pitos que proporciono Felipe a los manifestantes para que echaran a Julian.
Que cosas tiene Julian, mira que denunciar estas chorradas!

A ver si ahora los que han recibido la carta leen estos post detenidamente y se empapan de como comenzó todo esto.
Y tienen un poco de respeto a Francisco rizador da que lo único que hizo fue defender lo que es suyo. Como quieren hacer ellos ahora.
Y los que le tildan de rencoroso tienen a bien disculparse.

El empezó el proceso mientras se construían y no quería que afectase a ningún vecino. Cosa que a los que regían por esa época les daba igual. Lógico uno era asalariado del promotor y el otro un pobre ignorante concejal. Que con el tiempo llego a ser alcalde hasta la fecha de hoy.

Creo que es momento que Antunez y sus esbirros den la cara. Ahora que se le ve mucho por el pueblo es cuestión de pedirle explicaciones

Tienes toda la razón vamos a explicar para que no haya errores quienes son esos que tu llamas esbirros.
Ignacio pitaluga de Aldana
Isabel
Angel
Otro ya ha fallecido así que dejemos le en paz.
Estos son los que gobernaban con antunez cuando paso todo esto y a día de hoy hay 2 que todavía están en el equipo de gobierno
Pero vamos no esperes muchas explicaciones ya sabemos la canción de yo no sabía. .. soy un ignorante. Etc....

El alcalde ofrece negociar al denunciante, que defenderá «lo que es mío»
J.A.J./Toledo - lunes, 12 de marzo de 2012

Promete reiniciar la legalización del Z-9. Los vecinos avisan que denunciarán a los implicados en la venta de las casas si no hay arreglo
Continúa la incertidumbre en el PAU Z-9 de Chozas de Canales, un barrio de unas 340 viviendas unifamiliares que siete años después de su terminación ha quedado anulado por el Tribunal Supremo. En una reunión promovida por la Asociación de Vecinos, el alcalde de la localidad sagreña, Ignacio Pitaluga, ha ofrecido negociar la ejecución del fallo con el denunciante del proyecto, el vecino Francisco Martín Ribagorda. Así lo ha transmitido tras la asamblea el vicepresidente de la asociación, Magín Tornero.

Sin embargo, esa negociación se prevé difícil. El propio Martín Ribagorda acudía a la asamblea y, según reconocía a este medio, refutó al alcalde cuando entendió que éste intentó desvincularse de toda la responsabilidad en la aprobación irregular en 2004 del proyecto ya convertido en viviendas vendidas por el promotor Felipe Barbarroja Lozano. «Le dije que él fue uno de los concejales que lo aprobó», afirma el denunciante apuntando a Pitaluga como uno de los autores del desaguisado.

De hecho, este vecino de Chozas acusa al Ayuntamiento de la época presidido entonces por el alcalde socialista Antonio Antúnez, y al promotor Felipe Barbarroja, de usurparle parte de una finca de más de 5.000 metros cuadrados que posee en las antiguas eras de la localidad, donde ahora se ubican los PAU Z. Esto ocurrió después de que Martín Ribagorda rechazara por escasa la oferta económica que recibió del constructor por su propiedad. «Yo he defendido, defiendo y defenderé lo que es mío», concreta este agricultor, que recuerda que llego a presentar «más de 100 escritos» al Ayuntamiento por el inicio de las obras del Z-9 sin contar con los permisos pertinentes. Cuando el proyecto se aprobó de manera irregular, fue cuando optó a la Justicia, por lo que pone al Consistorio como único responsable de lo que ocurra.

Manos Limpias pide prisión o fianza contra el ex alcalde y el promotor
J.A.J./Toledo - viernes, 11 de diciembre de 2009
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Tras la declaración de Antonio Antúnez y Felipe Barbarroja, el juez mantiene las imputaciones. El colectivo de funcionarios alega riesgo de fuga para pedir medidas cautelares a la Justicia
El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción 5 de Illescas que dicte la prisión provisional o la imposición de fianza sobre el ex alcalde socialista de Chozas de Canales Antonio Antúnez y el constructor Felipe Barbarroja, como imputados por presuntos delitos relacionados con la tramitación de los polémicos "PAU Z" del municipio sagreño.
Según explicó el responsable de Manos Limpias, Miguel Bernad, esta petición de su colectivo como acusación que ha presentado la querella se ha planteado al resolver el juez mantener las imputaciones tras tomar declaración ayer a los dos acusados. Bernad se basa en el precepto de «riesgo de fuga», ante la magnitud de los presuntos delitos de los que se acusa a Antúnez y Barbarroja, para reclamar que se les imponga la medida cautelar de la prisión o, subsidiariamente, de la fianza «en la cantidad que el juez estime». Esta petición deberá ser resuelta por el juez en una vistilla prevista para la semana próxima.
Las declaraciones del ex alcalde y el promotor se celebraron, tal y como estaba previsto, a lo largo de toda la mañana en la sede del Juzgado illescano. Quien sí faltó a la cita fue el tercer acusado en esta querella, el ex teniente de alcalde Tomás Martín Bargueño. El antiguo "número 2" de Antúnez no hizo llegar ninguna justificación de su ausencia, por lo que el colectivo de funcionarios reclamará al juez su búsqueda y captura para asegurar su comparecencia.
Bernad expresó su satisfacción por el hecho de que el juez haya encontrado indicios suficientes en la querella para mantenerla y continuar con la instrucción a pesar de las «presiones políticas» que pueden generarse en este asunto. «Los mecanismos del Estado de Derecho funcionan», concluyó.
De este modo, continúa su curso una querella en la que se acusa a los ex ediles Antúnez y Martín Bargueño y al constructor Barbarroja de presuntos delitos contra la ordenación del territorio (delito urbanístico), cohecho (soborno a funcionarios públicos a cambio de favores) y malversación de fondos públicos en la tramitación de los PAU Z-9, Z-10 Y Z-11, que suman unas 1.100 viviendas.
Entre las circunstancias denunciadas por Manos Limpias, destaca la falta de informes preceptivos para la aprobación de estos PAU o el posible impago por el constructor de cantidades del impuesto de la construcción en los PAU Z-9 y Z-10, por un importe superior al millón de euros. También se denuncia el uso por Barbarroja del procedimiento del pagaré para abonar sus pagos al Consistorio, al considerarse como una manera irregular de pago aplazado a una administración pública. Uno de estos pagarés, según recoge la querella de Manos Limpias, fue usado para comprar al Ayuntamiento su aprovechamiento urbanístico en el PAU Z-10. Sin embargo, el Consistorio gobernado por Antúnez no habría cobrado este pagaré.
De este modo, según la denuncia que investiga el Juzgado, faltarían en las arcas municipales un total de 1,8 millones de euros que el constructor debía abonar por su actividad constructora en los PAU.

Chozas de Canales
Exigen 1,5 millones al Ayuntamiento por la anulación del PAU Z-9
J.A.J./Toledo - jueves, 26 de julio de 2012

Una veintena de propietarios de viviendas en el llamado PAU Z-9 de Chozas de Canales, que fue anulado por el Tribunal Supremo por diversas irregularidades urbanísticas, exigirán indemnizaciones que superarán el millón de euros al Consistorio sagreño.
Según ha sabido este medio, estos dueños de viviendas recurrirán al procedimiento de reclamación patrimonial, al considerarse perjudicados por la deficiente tramitación hecha por el Ayuntamiento de esta urbanización. Destacan que el resultado de esto ha sido que sus viviendas han quedado en situación de ilegalidad y han perdido su valor.
Estos propietarios tienen previsto en breves fechas reclamar a la Corporación, por una parte, unos 50.000 euros cada uno por lo que ya han pagado en su hipoteca por la compra de una casa que pensaron que cumplía con todos los aspectos legales. A esto, suman la petición de que se les devuelva lo que han pagado en los cinco años que llevan viviendo en sus casas al Consistorio en impuestos urbanos, cuando finalmente las casas han quedado enclavadas en suelo rústico. Esto puede rondar los 400.000 euros.
Los pasos de este grupo de propietarios también irán dirigidos posteriormente a la antigua Caja de Castilla-La Mancha, la entidad que en su día financió la construcción de la urbanización ilegal y facilitó luego las hipotecas para su venta. Así, señalarán a través de sus representantes legales que, dado que el bien que poseen no se corresponde con el que pensaban que iban a comprar, una vivienda legal, deben suspender el pago de sus hipotecas.
Este grupo, por ahora, es una minoría entre los moradores de las más de 340 viviendas afectadas por la anulación judicial. En su sentencia, el Supremo destacó que el PAU no fue aprobado por la mayoría absoluta de la Corporación gobernada por el PSOE, su tamaño de parcela no respeta los mínimos de las Normas Subsidiarias de Chozas y la falta de informes preceptivos sobre el suministro de agua y otras necesidades. Aún así, el PAU se empezó a ocupar en 2005, y siete años después se plantea el problema de cómo ejecutar este sentencia con las casas ya construidas.
Preguntado por la reclamación, el portavoz del PP en Chozas de Canales, Julián Agudo, ha vuelto a criticar la gestión urbanística seguida por el PSOE y el promotor del Z-9 y otras urbanizaciones en el pueblo, por dejar «en la ruina» tanto a los compradores de casas como a las arcas municipales.

Descansa Juli que hoy has tenido muchas emociones. Ya nos contarás más . Descansa