Albarracín - Teruel

Más de 100.000 inmigrantes cobran ya el paro, con un aumento del 44% el año pasado

La precariedad en el empleo ocupado por inmigrantes está teniendo efectos devastadores sobre las cuentas públicas. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del Servicio Público Estatal de Empleo -el antiguo INEM- que indican que, al cierre de 2006, un total de 81.779 inmigrantes estaban dados de alta como beneficiarios de alguna prestación económica de carácter contributivo -después de haber cotizado-. La cifra supone un sensible avance de casi el 43% respecto del año anterior. El gasto, en prestaciones económicas, como es lógico, ha crecido de una forma similar -un 44%- hasta una cantidad equivalente a 77,5 millones de euros.

Si en lugar de tener en cuenta únicamente a los beneficiarios del sistema contributivo, se añaden los trabajadores que perciben alguna prestación económica de carácter asistencial -subsidios, renta activa de inserción o eventuales agrarios- el resultado es más elocuente. El año 2006 acabó con 103.252 inmigrantes que percibían una prestación económica al encontrarse sin trabajo, lo que representa el 7,3% del gasto total.

El porcentaje puede parecer pequeño, pero hay que tener en cuenta que supone un avance de casi dos puntos porcentuales respecto del año 2005, En ambos ejercicios la economía española fue capaz de crear más de un millón de empleos, lo que aparentemente choca con el hecho de que el número de beneficiarios de alguna prestación económica a cargo del INEM crezca si parar, y todo ello sin que haya cambiado la legislación.

El año pasado, por ejemplo, acabó con 766.059 beneficiarios de prestaciones de desempleo contributivo, lo que significa 35.000 más que un año antes –incluyendo trabajadores autóctonos e inmigrantes-. Pero, si se tiene en cuenta el resto de prestaciones, las cifras indican que 1,39 millones de trabajadores cobran el paro.


Precariedad laboral

Esta aparente contradicción -baja el paro, pero aumenta el número de beneficiarios de prestaciones económicas- tiene una explicación fundamental. Y está relacionada con la precariedad del mercado laboral español, donde la temporalidad alcanza al 34% de los trabajadores. Esa precariedad se puede visualizar al comprobar la permanente rotación de trabajadores respecto de un mismo empleo, lo que explica el imparable aumento del número de contratos.

Dicho en otros términos, un mismo puesto de trabajo lo puede ocupar a lo largo de un año ocho, diez, doce o incluso más trabajadores, lo que se traduce en que el número de asalariados que entra y sale de las listas del INEM lejos de reducirse -como parecería razonable en un país con tanta capacidad de crear empleo- no deja de crecer. Y, como es lógico, si aumenta el número de trabajadores a los que les vence el contrato, crecen también las prestaciones a cargo del INEM, ya que han cotizado el suficiente tiempo como para tener derecho a una prestación.

La rotación alrededor de un mismo puesto de trabajo –máxima expresión de la precariedad laboral- afecta, sobre todo, a los inmigrantes, y de ahí su irrupción en las listas de beneficiarios del desempleo. Sobre todo como consecuencia de que la mayoría de sus empleos son de baja cualificación -servicios de hostelería o construcción- donde las altas y bajas laborales son más frecuentes. Incluso en periodos de vacaciones.

Baja productividad

Detrás de todo ello está el singular patrón de crecimiento de la economía española, basado en la utilización del factor trabajo como motor del crecimiento –entrada de inmigrantes- lo que perjudica los avances de productividad, al ser escaso el uso de nuevas tecnologías.

El aumento del número de beneficiarios del desempleo es, por lo tanto, inherente a este patrón de crecimiento, lo que podría ser una bomba de relojería en caso de se produjera un frenazo en la actividad económica, ya que entrarían en juego los llamados estabilizadores automáticos, es decir los instrumentos de política social diseñador por el legislador para hacer frente a una situación económica adversa. En este caso, el desempleo. La pregunta que se hacen algunos es si, cuando se crean más de 600.000 empleos -como el año pasado- aumenta el número de beneficiarios de prestaciones económicas, ¿qué pasaría si el mercado laboral sufre una brusca desaceleración?