Albarracín - Teruel

La aportación de mano de obra inmigrante suele presentarse como la solución para mantener el nivel de cotizaciones necesario para hacer sobrevivir el sistema de pensiones y Seguridad Social. Pero no se tiene en cuenta que los inmigrantes no vienen a trabajar y cotizar para mantener a los demás, sino que ellos mismos serán también, lógica y justamente, beneficiarios de ese mismo sistema al que vienen a incorporarse. Por ello, no puede imaginarse que los inmigrantes vengan a ejercer de mano de obra esclava para mantener a los jubilados europeos, sino que sus aportaciones irán en gran medida a soportar, con toda justicia, sus propios gastos sanitarios y sus propias pensiones de jubilación. Quien cotiza no lo hace solamente para que otros que cotizaron menos tiempo o en menor cantidad puedan disfrutar de prestaciones similares, sino que, y fundamentalmente, lo hace para disponer en el futuro de unos recursos para sí mismo y para sus viudas o huérfanos.

Gran parte del volumen de ingresos de los inmigrantes va a parar a sus países de origen, fenómeno comprensible puesto que el mantenimiento de sus familias es una de las causas principales de la emigración. Sin embargo, este hecho acarrea consecuencias negativas para la economía española, ya que supone una constante salida de dinero del flujo circular de la renta y por tanto una ralentización en el crecimiento de la economía nacional. Servicios no contributivos: cientos de miles de inmigrantes no cotizan a la Seguridad Social, ni pagan sus impuestos a Hacienda. Sin embargo todos ellos tienen acceso a prestaciones sociales de todo tipo.

A causa de la inmigración ilegal y de la no existencia de contratos previos -incluso en el caso de la inmigración legal- que garanticen un puesto de trabajo para muchos inmigrantes, éstos se ven obligados en demasiadas ocasiones a vivir como vendedores ambulantes para sobrevivir: esto crea situaciones de economía sumergida, que perjudican tanto al Estado -el cual no recauda impuestos por estas actividades- como a los comerciantes que actúan respetando la ley, quienes se ven afectados por esta situación de competencia desleal. Esta situación contribuye asimismo a la proliferación de mafias y redes ilegales de comercialización de productos falsos, lo que repercute en la vulneración de los derechos de los propietarios de las marcas. Reintroducción en Europa, por parte de la inmigración incontrolada, de graves enfermedades desaparecidas hace décadas de suelo europeo. Esto supone nuevos gastos para la Seguridad Social.

Gastos policiales, judiciales y penitenciarios de la población inmigrante delincuente. Sin entrar en valoraciones criminológicas, se constata el hecho de que la población inmigrante acapara un porcentaje desmesurado de los delitos cometidos. Como declaró en junio de 2001 el Director General de la Policía, Juan Cotino, "los extranjeros cometen al menos la mitad de los delitos en España". Si tenemos en cuenta que la cifra total de población inmigrante no supera el 3%, ello evidencia su predisposición a delinquir diecisiete veces mayor que la de la población autóctona. Como consecuencia de esto, los inmigrantes tienen también una representación desproporcionada en las cárceles españolas: dicho 3% de inmigrantes representa el 20% de la población reclusa, un 700% más de lo normal. Además, los informes de la administración penitenciaria constatan un ritmo de crecimiento anual catorce veces superior al de la media. La inmensa mayoría de los casos son debidos a delitos de tráfico de drogas y robo. Aparte de la conflictividad social de la que esto es muestra, no pueden olvidarse los enormes gastos policiales, judiciales y penitenciarios que comporta.