Albarracín - Teruel

Uno de los argumentos más manidos por los defensores de la inmigración masiva es que los trabajadores extranjeros van a pagar las pensiones de nuestros padres, de esos hombres y mujeres, que durante años, día a día, trabajaron duro para sacar a sus familias adelante.


Y es que, gracias a la inmigración, la acentuada tendencia al envejecimiento de la población española habría sido frenada y aún invertida gracias a la alta tasa de fecundidad de los extranjeros.

Sin embargo, se observa una ligera tendencia alcista en el porcentaje de población inmigrante mayor de 55 años, fenómeno que conlleva diversos efectos lesivos para los jóvenes españoles cuyos padres tanto trabajaron para construirles un futuro mejor.

Así, según estadísticas de la Junta de Andalucía, en 1998 la población extranjera (excluyendo ciudadanos de la UE y Norteamérica), entre 55 y más de 85 años era de 8.162, mientras que en 2005 dicha población ascendía a 16.143 personas.

Por su parte, según el Ayuntamiento de Madrid, la población inmigrante de 45 a más de 65 años suma el 20 % de la población inmigrante, un porcentaje sensiblemente alto.

No en vano, Jaime Caruana, director del Banco de España afirmaba que la población inmigrante "al envejecer, presionará también al alza sobre la tasa de dependencia”, tasa que se define como el porcentaje de población de 65 y mas años sobre la que cuenta entre 16 y 64, es decir, la población en edad de trabajar.

Políticas como la “reagrupación familiar” implican la entrada de familiares mayores de 55 años, padres o abuelos de los inmigrantes, personas mayores que no cotizaron a la Seguridad Social cuando estaban en edad laboral y que, sin embargo, hacen uso de diversas prestaciones sanitarias y sociales que pagaron nuestros padres y abuelos con su trabajo.

Así, las cotizaciones de los trabajadores extranjeros podrían estar asegurando las pensiones, no de nuestros padres, como los partidarios de la inmigración masiva argumentan, sino las de sus propios familiares.

Si a esto unimos el creciente acceso de los inmigrantes a las prestaciones por desempleo, - su número está creciendo significativamente -, la concesión de prestaciones como la Renta Activa de Inserción, - para inmigrantes con problemas económicos y de inserción social -, y de otras prestaciones sociales y sanitarias, tenemos que la indudable aportación de los inmigrantes en la Seguridad Social, no beneficia más que a ellos mismos, sin repercutir positivamente en el conjunto de la ciudadanía española, especialmente los jóvenes, una ciudadanía que no sólo no recibiría nada de la inmigración masiva, sino que además se vería perjudicada en materia salarial, en sus oportunidades laborales, en sus opciones de acceso a vivienda protegida o a plazas de guardería y escolares para sus niños, en la seguridad y calidad de vida de sus barrios y pueblos, etc.

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