Riogordo - Malaga

Según el Derecho Constitucional, "la Inmunidad Parlamentaria es una institución que protege a los congresistas de no ser procesados por delitos comunes o arrestados (salvo delito flagrante) sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de dejar el cargo".

Así pues, tal derecho no se puede -ni debe- aplicar a los políticos ("que viven de la política") que se creen en un nivel tan superior al de la simple ciudadanía, que pueden hacer lo que se les antoje o les venga en gana; especialmente, si atentan contra todo Derecho Democrático. Y este Derecho, como todos sabemos, está perfectamente recogido en las diferentes leyes y estatutos, tanto a nivel nacional, como autonómicos.
Es decir: dos más dos, suman cuatro. Sin decimales.
Había que decirlo claro; y quienes la hagan, que la paguen. Sean quienes sean.

¿Cabe la Inmunidad Parlamentaria a un golpista sedicioso como "Cocomocho" Puigdemont, huido cobardemente con las agravantes de nocturnidad, alevosía, y en el maletero de un coche, porque "sabía que había ido muchísimo más allá de lo debido, creando casi un problema de guerra civil? (y sin el casi)...

¿Y semejante espantapájaros es el que sigue "partiendo el bacalao" en Cataluña? ¿Pero tanto tonto suelto hay por aquellos cardinales?
Pues parece que así es, en efecto.

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Por otra parte (y aquí está el meollo de la cuestión), qué clase de leyes -y de jueces- hay en Bélgica, que reciben las denuncias del elemento anterior, dándoles más "credibilidad" (y ya hay que andar despistado) que a todo un Estado Derecho como el Español... Por lo visto, aún sigue coleando el fantasma del Duque de Alba por aquellos lares. Y no nos lo pueden personar... ¡Pues que se fastidien!, que lo pasado, pasado está. Y no cabe vuelta de hoja.

¡Si es que ya no se puede con tanta tontería, cerrilismo y gilipollez!