Riego de la Vega - Leon

“Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada falta que ha cometido se convierte, tarde o temprano, en un ariete que contribuye a derribarlo”
Concepción Arenal

La manifestación de la plaza de Colón deja a las claras que las fuerzas de seguridad no han cumplido con su deber de proteger al conjunto ciudadano. Si han incumplido con su labor de penalizar a los asistentes que no utilizaban mascarillas por motu proprio de los mandos, o por indicación de la Delegación del Gobierno en Madrid, son cuestiones que deben tener consecuencias en expedientes disciplinarios o en dimisiones. Es inaceptable que no se haya actuado in situ para corregir esa actitud colectiva que pone en riesgo la salud pública. Sería un escándalo que no se tuviese el poder de actuar por parte de las autoridades competentes.

Los teóricos reconocen al Poder como la capacidad de ejercer la Autoridad. Sin él, toda gestión queda sometida casi siempre a intereses ajenos a los fines colectivos. Entonces es el poseedor del Poder el que lo ejerce dirigiendo las decisiones según su finalidad. De esto surge la inquietante cuestión de cuáles son entonces las fuentes del Poder. Porque si estas residen en las estructuras de mandos de las organizaciones y no en el máximo nivel de la gestión política, entonces esta última autoridad se ha vaciado de poder. De allí, quedaríamos a merced de los villarejos de siempre.

En las monarquías, el poder se garantiza por el acuerdo entre el plano religioso de los sacerdotes y el material de las aristocracias reinantes, poseedoras de toda la riqueza. Así, gobiernan y monopolizan la autoridad. En los sistemas autoritarios, el poder surge del control de la fuerza militar, en general también con el apoyo de los representantes eclesiásticos, mientras se le adhieren o se crea una burguesía económica que lo financia. En España es una combinación de ambos. La corrupción impune todo lo permite, porque parece disponer del poder para ello.

En el origen del sistema democrático, en cambio, la autoridad emana del voto ciudadano, a la vez que la división de poderes debe evitar la desviación de este cometido. Por tanto nos queda concluir que, si España no es ni una monarquía absolutista ni un régimen autoritario, ¿por qué se comporta como tales ignorando el interés general? ¿Tal vez sea porque nuestros gobiernos carecen del poder para llevar a cabo sus programas de gobierno emanados de las necesidades de la ciudadanía?

La división de poderes en la democracia española nunca fue apropiada para ejercerse de un modo satisfactorio. Las interferencias entre el poder ejecutivo y el judicial, produciendo a través del legislativo una legalidad “a medida” de intereses corporativos, fueron y son abundantes. Las instancias europeas dejan en evidencia las costuras de nuestras instituciones. Por no hablar de las presiones de la cúpula religiosa, militar o los grupos económicos.

Falacias que responden a justificar intenciones nada claras
Es en los propios discursos políticos donde es posible escuchar falacias que responden a justificar intenciones nada claras, en cuanto a libertades, o el mantenimiento de privilegios, por ejemplo. Tampoco se observa una intención clara de evitar que sigan dándose las denominadas “puertas giratorias”, fuentes de la colusión y del proceso de la corrupción. Hay casos innumerables que ponen en evidencia las anomalías mencionadas. No existe voluntad ni parece haber capacidad de corregir esta distorsión.

Lo cierto es que parece que el sistema democrático, en lugar de contribuir al progreso de sus ciudadanos, sólo incrementa el patrimonio de quienes se valen de él. Según los resultados del informe elaborado por EAPN, European Anti Poverty Network. Sólo en España a 2018, 12,3 millones personas, el 26,1% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. En puertas de los efectos económicos de la pandemia, estos datos deberían preocupar.

Recuérdese que ya en 2014, entonces, primera legislatura del Gobierno Rajoy las personas debieron soportar la reforma laboral, el empobrecimiento energético, los desmantelamientos de la sanidad, la dependencia y la educación públicas. El descenso del “mileurismo” al “seiscientoseurismo”. Todo, mientras las corporaciones del IBEX y sus rémoras, disfrutaban de records de beneficios, colocados en paraísos o a salvo en la inconstitucional amnistía fiscal de Montoro. Todo, por la gran abstención que le dio la mayoría absoluta al PP de la Gürtel.

La ciudadanía debe preguntarse si la situación de esta democracia deja en evidencia que sólo es un instrumento de ese modelo. La inviolabilidad de ciertas instituciones, que se ubican desvergonzadamente fuera del control del sistema democrático, debería ser tema del gobierno de coalición.

Del mismo modo, se debe recuperar el poder de hacer que cumplan la ley todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Sin excepción. Por ello el caso de la manifestación de Colón es grave si no se penalizan de manera ejemplar a esas conductas delictivas. En caso contrario, se habrá verificado que este sistema es una farsa. Una Autoridad sin Poder. Una deslegitimación del sistema.

En conclusión, la ciudadanía debe movilizarse para recuperar el Poder; la ultraderecha lo hace para arrebatarte los derechos que aún te quedan.

Usted tiene la palabra.