Riego de la Vega - Leon

Los socialistas no ocultamos nuestra preferencia republicana, en palabras de Luis Gómez Llorente "la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos".

Soy socialista y demócrata, ya que a mi juicio Socialismo y Democracia son las dos caras de una misma moneda y sólo desde la defensa de la Igualdad que propugna el socialismo podemos alcanzar la Libertad que hace posible la verdadera democracia a la que aspiramos los socialistas.

Como consecuencia de mi condición de socialista y demócrata me proclamo republicano, sin embargo, nuevamente en palabras de Luis Gómez Llorente “hay sobrados ejemplos de que el socialismo, en la oposición y en el poder, no es incompatible con la Monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aún trasformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o económico”

Desde los años 60, el Partido Socialista junto a la Unión de Fuerzas Democráticas que reunía a republicanos, liberales, democristianos y nacionalistas, aceptó la Monarquía Constitucional como salida a la dictadura franquista, en tanto en cuanto se hicieran compatibles Corona y Democracia.

En la transición, tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Comunista de España, que nuclea hoy IU, renunciaron en aras del consenso constitucional a reivindicaciones históricas como la República, aceptando como forma de Estado la Monarquía Parlamentaria, y todo ello en pos de una Constitución que posibilitara no sólo la democracia política, la democracia burguesa, sino también la democracia económica.

Sobre las bases de este consenso, la Constitución de 1978 fue aprobada por mayoría en las Cortes en sesión de 31 de octubre. Sólo se abstuvieron o votaron en contra los diputados del Partido Nacionalista Vasco, algunos de Alianza Popular (hoy Partido Popular), de la minoría catalana y grupo mixto y uno de Euskadiko Ezkerra.
En el referéndum posterior participó el 67,1% del electorado. El Sí obtuvo el 87,9% de los votos y el No el 7,8%. Cabe destacar los resultados en el País Vasco donde la participación sólo fue del 44, 7%, siendo los votos afirmativos el 69,7% y los negativos el 23,5%.

En mi opinión, la derecha política y económica proveniente del Régimen nunca entró de buen grado en el consenso constitucional, así lo ha evidenciado oponiéndose a todos los avances que en materia de derechos sociales y libertades civiles ha supuesto el desarrollo legislativo de la Carta Magna.

La derecha nostálgica no ha dudado en contribuir con entusiasmo al desprestigio de las instituciones fundamentales de nuestra democracia, a la vez que ha emprendido, siempre que le ha sido posible, contrarreformas en todos los ámbitos, provocando un autentico vaciamiento de innumerables derechos constitucionales.

La lista de contrarreformas desarrolladas por la derecha es inagotable: derecho laboral, sanidad, educación, justicia, libertades civiles, libertad sexual y reproductiva, dependencia, pensiones.

Como socialista y demócrata me son propios los valores republicanos de Libertad, Igualdad y Fraternidad y sin embargo mis urgencias políticas no se centran aquí y ahora en el debate sobre la forma de Estado, mis urgencias no son republicanas.

Los historiadores explican el fracaso de la II Republica española en buena medida por las turbulencias del momento histórico de su advenimiento. La inestabilidad social derivada de la Gran Depresión de 1929, el ascenso del fascismo en Europa y las tensiones territoriales provocadas por los nacionalismos independentistas condicionaron el éxito de la II Republica, una republica que fue derrotada por las armas que contra ella alzaron en 1936, mediante el Golpe de Estado de 18 de julio, las élites nacionales aliadas con el fascismo europeo.

En una Europa que gira de la derecha a la ultraderecha y en un país gobernado por el Partido Popular con mayoría absolutísima y atormentado socialmente por la situación de 5.933.300 ciudadanos en paro, que se ha convertido por obra de la austeridad a ultranza de la derecha española y europea, en el segundo país de la UE con mayor índice de pobreza infantil, sólo superado por Rumania.

En una nación en la que 40.000 familias al año son desahuciadas de sus casas como consecuencia de la crisis y de un procedimiento ejecutivo hipotecario injusto, en una nación que expulsa a los hijos de los trabajadores de la Universidad mediante una brutal subida de tasas académicas, acompañada, de un no menos brutal recorte de becas, en una España que expulsa también a los ya graduados, negándoles toda perspectiva de futuro, mis urgencias no son republicanas.

En este país en el que se nos descose el modelo autonómico, ante la apatía y la indiferencia del Gobierno de la Nación, mientras el reloj continua avanzando “tic–tac” inexorable hacía el 9 de noviembre, fecha fijada para el referéndum sobre la independencia de Cataluña y en el que ahora a la difícil resolución de la cuestión territorial se añade tras el 25 de mayo, el fraccionamiento de la izquierda, en este contexto histórico, mis urgencias no son republicanas.

Mis urgencias si pasan por el contrario, por un cambio radical de política económica que posibilite la creación de empleo, por un nuevo pacto territorial capaz de articular un modelo federal que sirva para asegurar un futuro de pacífica convivencia entre todos los españoles así como por la recuperación y afianzamiento constitucional de los derechos perdidos a manos de la derecha y por la articulación eficaz de otros que han quedado como meramente cosméticos en nuestra Ley de leyes.

Como el derecho al trabajo que el artículo 35 consagra para todos los españoles o el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Mis urgencias pasan por la articulación legislativa de la dación en pago como instrumento de defensa de los ciudadanos frente a la oligarquía financiera o la puesta en valor de los principios de igualdad y progresividad fiscal consagrados en el artículo 31.1, que establece la obligación de Todos a contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo”.

Para la consecución de estos objetivos, que a mi juicio son los prioritarios para una ciudadanía asfixiada por la crisis, para la que la urgente necesidad es respirar, nada aporta el debate al que bajo condiciones de urgencia pretende llevarnos una parte de la “Gauche Divine”, con el regocijo y beneplácito de una derecha que seguirá a lo suyo, es decir al expolio de las clases medias y trabajadoras de este país.

En mi opinión, para la consecución de estos objetivos lo verdaderamente imprescindible es articular una mayoría política de izquierdas que desarrolle un programa de gobierno que atienda a las verdaderas y urgentes necesidades de los ciudadanos, una mayoría progresista comprometida con la elaboración de una nueva Constitución capaz de obtener un amplio respaldo ciudadano en las urnas.

Tras las elecciones europeas, al hilo de la abdicación del Monarca, reaparecen las urgencias republicanas a la izquierda de la izquierda, urgencias que toman la forma de solicitud al Gobierno de España de convocatoria de un referéndum consultivo para que "el pueblo decida si quiere Monarquía o República".

Se trata sin duda de un debate legitimo en democracia, especialmente cuando más del 60% de los españoles de hoy no votó la Constitución de 1978.

Sin embargo no resulta menos legitimo preguntarse si la propuesta de Referéndum que abandera IU es una propuesta táctica, motivada por su imperiosa necesidad de defender su espacio electoral frente a Podemos o como elemento de diferenciación frente al PSOE que se verá de este modo forzado a elegir entre apoyar la propuesta de Referéndum que abandera IU o la gobernabilidad del país.

Puede por el contrario que la propuesta de Referéndum constituya un objetivo estratégico para IU, sin vuelta atrás, es decir, sin vuelta a la posición del PCE de 1978 y por lo tanto la consecución de la Tercera Republica representaría, a partir de ahora, un objetivo político irrenunciable para IU que vendría a condicionar todas sus alianzas en gobiernos locales y autonómicos con una derecha refractaria a toda reforma constitucional.

Sólo el tiempo dirá si la tradicional resistencia de la derecha española al progreso democrático y la no menos tradicional tendencia a la división de la izquierda española hacen imposible profundizar en los próximos años en nuestra insuficiente democracia por medio de una hipotética y deseable reforma consensuada de la Carta Magna.

Perdonen las molestias, esta es solo opinión, nada me gustaría más que estar equivocado.
FLORENTINO ROGERO