Riego de la Vega - Leon

El nacionalismo españolista heredero del nacionalismo franquista, que propició el golpe militar, la posterior dictadura y su reforma en la que nos encontramos, considera que “España” es una jaula. Se puede entrar, se puede estar pero no se puede salir.
Para cualquier persona sensata este planteamiento no tiene nada de democrático.
El origen del concepto totalitario actual de esa “España” se encuentra en la mentalidad de considerar “España” como un todo único e indisoluble y no como en realidad es, un estado plurinacional.
Es decir, se basa en la imposición de una idea metafísica y no en una realidad histórica.

El actual régimen español se basa en la constitución de 1978.
Una constitución elaborada hace 35 años en unas circunstancias tremendamente excepcionales.
Con un desequilibrio de fuerzas tremendo entre los reformistas franquistas y las fuerzas de oposición a la dictadura. Las fuerzas franquistas dominaban absolutamente todo el estado e imponían sus condiciones.
Protagonistas de aquellos días, reconocen ya hoy que la monarquía y la negación del derecho de autodeterminación eran condiciones impuestas innegociables.
El propio Felipe Gonzalez acaba de reconocer que ni el Ejército ni la Monarquía hubieran permitido establecer otra forma de estado que el actual. Por lo tanto, la actual constitución de 1978 representa lo que representa, pero no representa la voluntad de la mayoría democrática, ya que se elaboró mediante imposición franquista evidente.

O sea, ante los continuos conflictos políticos de dos naciones históricas como EH y CAT, el nacionalismo españolista nos dice que la ley (elaborada en circunstancias excepcionales y bajo amenaza) está por encima de la democracia real.
Esto en el fondo es lo que el estado respondió ante la demanda democrática del parlamento vascongado a través de Ibarretxe, y esto es lo que contesta ahora mismo ante la demanda democrática de 2/3 del parlamento catalán.
Es decir, se plantea un enfrentamiento entre legalidad y legitimidad.
Porque evidentemente para cualquier demócrata, los dos parlamentos tienen legitimidad democrática.

¿Cómo se resuelve el gravísimo conflicto político de territorialidad del estado?.
Evidentemente convocando cortes constituyentes para la elaboración de una nueva constitución que esta vez sea por lo menos democrática y sin amenazas e imposiciones de fuerzas no democráticas.
O sea, una segunda transición, pero esta vez de verdad, rompiendo con la ideología franquista.
Y por mucho que se den vueltas a la noria, no hay otra salida.
La espera en el tiempo, que tanto gusta a Rajoy, va a acumular desprecios y odios que van a hacer la situación insostenible.
A ver si se asume de una vez que el problema no es de los soberanistas que actúan con razones democráticas, si no que el problema es de unas reglas de juego impuestas por el régimen anterior.