Mancha Real - Jaen

El domingo conmemoró el octavo aniversario de los atentados que se llevaron por delante la vida de su hijo. Cuando después de los actos miró su correo electrónico, se encontró con decenas de mensajes en los que, dice, se le proferían insultos. Una protección contra esas agresiones es lo que reclama Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el terrorismo (la mayoritaria) del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en lugar de alentar bulos conspiranoicos. Y no porque le sea moralmente exigible, sino porque la ley le obliga a ello. El artículo 578 del Código Penal, recuerda Manjón, castiga con hasta dos años de cárcel al que menosprecie o humille a las víctimas del terrorismo. Y no cabe duda de que ella lo es.

“Que deje en paz el 11-M y que me proteja cuando me insulten”, exigió ayer Manjón tras conocer que Torres-Dulce consideraba la sentencia de los atentados “la verdad jurídica” y sus hechos probados “incontestables”. Lo hizo diez días después de encargar una investigación basada en las teorías de la conspiración.

“No debió estar allí”, dijo la presidenta de la asociación sobre la presencia del fiscal general en el acto organizado por la AVT en el bosque de los ausentes del Retiro. Torres-Dulce, sin embargo, no acudió al acto que su asociación, la que más víctimas del 11-M agrupa, había convocado en la estación de Atocha horas antes.

Todas estas cosas son las que Manjón diría al fiscal general en ese encuentro que ahora él le ofrece. Ella solo espera que Torres-Dulce la llame. “Que me convoque”, zanja.

Vergonzoso lo que se está haciendo con estas víctimas, simplemente por opinar que este caso está juzgado. Tenemos en este país víctimas de primera o de segunda, según sus opiniones. Es patético escuchar al Tea party nacional como insultan y menosprecian a esta mujer. Que nadie olvide que son víctimas del terrorismo.