Moguer - Huelva

José María Martín Delgado -inculpado en el caso Invercaria en su calidad de ex presidente de la aerolínea ruinosa Ándalus- y el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía -CEA-, Antonio Carrillo, acusado de estafa por el escándalo de las 583 VPO promovidas en Sevilla, fueron designados ayer miembros del nuevo Consejo Económico y Social que preside el socialista Ángel Gallego.

El primero es ex consejero de Cultura de la Junta y el segundo, miembro destacado del clan que dominó la patronal andaluza -CEA- durante una década. Nuevamente, la actitud de Susana Díaz ante la corrupción queda en entredicho.

ESA ES LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y CORRUPCIÓN

PSOE DE ANDALUCIA CORRUPCIÓN AYER HOY Y MAÑANA

DIMISIÓN YA !

Horrach involucra al PP nacional en el fraude del hospital Son Espases

La adjudicación de las obras de Son Espases, el hospital de referencia de Baleares y la obra pública más cara jamás realizada en las islas, ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción abriera investigación y pesquisas policiales para comprobar su legalidad. Más de 30 personas han declarado ante el fiscal y han involucrado al que era president de Baleares entre 2003 y 2007 (hoy preso), Jaume Matas. Nuevos datos hacen pensar que el PP nacional estaba involucrado en la ilegalidad de forma directa, y Fiscalía ha ampliado sus actuaciones iniciales.

Campañas publicitarias
La empresa a la que se le encargó la campaña de promoción del nuevo hospital fue Over Marketing. El afamado juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción investigan, dentro del sumario de Over, si se amañó un contrato público para favorecer a Over Marketing con la redacción del llamado Plan de Comunicación de Son Espases. Over Marketing realizó las campañas electorales del PP de Balears en 2003 y 2007 y, a cambio, consiguió, supuestamente y por mediación de Jaume Matas, suculentos contratos públicos. La empresa madrileña regaló servicios al partido conservador, al que facturó en negro para que éste no superase los límites legales de gastos para las campañas electorales. Por estos hechos declararon como imputados la exconsellera de Salud del PP Aina Castillo (también investigada ahora) y excargos del Govern. Además, a la empresa dirigida por Daniel Mercado se le relaciona con la trama Gürtel.

No había delito
El que fue conseller de Salud entre 2007 y 2011 ha dicho que: “de la información que yo tengo, no teníamos conocimiento de hechos constitutivos de delito, pero es evidente que hubo prácticamente un cambio de adjudicación y si se está investigando, supongo que es que hay más información”. “Si alguien tiene indicios de que la adjudicación no se hizo correctamente, la Justicia ha de investigar”, respondió Thomàs en una rueda de prensa en el Parlament . Thomàs recordó que en ese concurso “había una adjudicación prácticamente hecha y se cambió”, en referencia al proceso que originó que el licitador mejor puntuado inicialmente fuera superado por otro aspirante “Si hay que investigar, que se investigue, y si hay culpables que paguen”. Estas afirmaciones se realizaron el pasado viernes en sede parlamentaria.

Negociando con fiscalía
La que fuera consellera de Sanidad con Matas en la época de la adjudicación, Aina Castillo, se asustó ante el fiscal anticorrupción el pasado mes de abril y “cantó” de plano. No era ni por convicción ni por arrepentimiento. Era por necesidad. Pactando consigue una reducción de la pena y, probablemente, evite de esta forma entrar en prisión. El punto más débil de la cadena y… se rompió. Ante la policía manifestó “la existencia de un procedimiento corrupto para favorecer a OHL primero, y a Dragados después” ordenado por Jaume Matas.

Castro y Horrach atacan de nuevo
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach lleva meses al frente de la compleja investigación, y ha dirigido los interrogatorios de Castillo y otros ex altos cargos del PP en la legislatura de 2003 a 2007, como el exteniente de alcalde de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, o el exdirector general Sergio Bertrán, hombre fuerte de Matas y mano derecha de Castillo en la Conselleria, actualmente gerente de la patronal CAEB.

Llueve sobre mojado
Rodrigo de Santos, recientemente excarcelado por cumplir condena por agresiones sexuales a menores y malversación de caudales públicos, fue teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, antiguo responsable de la Sanidad Pública en Balears y exresponsable de campañas electorales del PP insular en la época investigada ahora. De Santos confesaba ante fiscalía que recibió de Jaume Matas la orden de seleccionar a finales de 2003 la finca de Son Espases Vell como sede del futuro hospital de referencia. El había propuesto cuatro posibles ubicaciones: la base militar General Asensio, Son Puigdorfila, Son Tugores-Son Espases Vell y Son Sardina. Matas ya lo había decidido.

El más caro
La oposición municipal ha afirmado que se llegaron a pagar hasta 27 euros por metro cuadrado por Son Espases. En aquellos días lo que el Govern pagaba por metro cuadrado en expropiaciones de este mismo tipo y en terrenos similares era de seis euros como máximo. Sergio Beltrán, exdirector general del IB Salut y también interrogado por fiscalía y, muy probablemente, habiendo pactado pena el mes pasado, declaró ante la policía que se habían producido unos cambios de criterio muy difíciles de justificar técnicamente, y que “muy probablemente había habido amaño en la adjudicación definitiva por parte del Govern”.

Otro corrupto del PP que va ha entrar en la carcel:

Comunidad Valenciana / Corrupción
La Fiscalía pide el ingreso "inmediato" en prisión de Carlos Fabra
El fiscal anticorrupción se opone a la suspensión del ingreso por "la gravedad de los hechos" y la "trascendencia y alarma social" generada

EFE - Castelló
18/09/2014 - 16:59h
La Fiscalía pide el "inmediato ingreso en prisión" de Carlos Fabra
Carlos Fabra está condenado a 4 años de prisión por fraude fiscal
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de súplica contra el auto de la Audiencia de Castellón que suspendió la ejecución de la sentencia que condena a cuatro años de cárcel al expresidente de la Diputación y del PP provincial Carlos Fabra, y pide su "inmediato ingreso en prisión".

La ejecución se suspendió temporalmente mientras el Gobierno se pronuncia sobre el indulto solicitado por Fabra, aunque el fiscal, en un escrito hecho público hoy, se opone a esta suspensión por la "gravedad de los hechos" y la "trascendencia y alarma social" que ha provocado.

Con fecha de 15 de septiembre, la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó este recurso contra la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón sobre la ejecución de la sentencia que condena a Fabra a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a una multa e indemnización de cerca de 1,4 millones de euros.

El fiscal explica que la Audiencia concedió esta suspensión temporal atendiendo a las razones de la representación legal de Fabra que hacen referencia a las dilaciones indebidas y a la voluntad de pago expresada por Carlos Fabra, así como a su carencia de antecedentes penales.

En su escrito, la Fiscalía argumenta que el derecho a ser juzgado en un proceso sin dilaciones "ya ha sido apreciado en una considerable disminución de la pena impuesta", por lo que este motivo "no puede ser tenido de nuevo en cuenta".

También hace referencia al artículo del Código Penal que regula la suspensión temporal de la pena mientras se resuelve el indulto.

Este artículo, dice el fiscal, es una fórmula pensada para casos con penas breves que pudieran ser cumplidas en su totalidad antes de que se decidiera sobre el propio indulto, lo cual "no es el caso".

En el caso de Carlos Fabra, añade el recurso, "no es previsible que su resolución se demore tanto" por lo que "no procede a la suspensión temporal".

Se hace referencia asimismo a la doctrina del Tribunal Constitucional que considera la suspensión en la ejecución como medida "provisional, excepcional y de aplicación restrictiva, pues de lo contrario se correría el riesgo de instrumentar la institución del indulto como un intento fraudulento y sistemático a utilizar por todos los delincuentes condenados para eludir o rechazar el cumplimiento de la condena".

Además, el TC, añade el fiscal, considera que deben ponderarse otros factores como la gravedad de los hechos enjuiciados, algo que es "indiscutible" en este caso.

También considera "indiscutibles" la "transcendencia y la alarma social" que provoca la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a Carlos Fabra, y "si la causa ya se ha prolongado innecesariamente en el tiempo no se advierten razones de entidad suficiente para no retrasarla levemente durante el tiempo imprescindible para la tramitación del indulto".

Como último argumento, esgrime que según varios autos de la Audiencia Provincial "no parece aconsejable suspender ahora la ejecución de la pena a no ser que la Sala de la Audiencia Provincial prevea que el Tribunal Supremo vaya a emitir un informe favorable al indulto total o parcial por encontrar razones de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia al condenado". Estas razones, según el escrito de la Fiscalía, "no concurren en este caso".

También se opone a la medida porque el resto de los razonamientos jurídicos utilizados por la Audiencia y la carencia de antecedentes penales o la voluntad de pago "no son motivos excepcionales y singulares", por lo que se pide que se estime el recurso y se acuerde el "inmediato ingreso en prisión del condenado".

A la carcel Los corruptos del PP, PSOE, IU, ......