Villanueva del Rey - Cordoba

El pasado 2-2-2011, tuvo lugar el acuerdo sobre la reforma del sistema público de pensiones entre el Gobierno, los sindicatos, CC.OO. y UGT, la Patronal y la CEPYME, cuyo contenido esencial y sin ánimo de ser exhaustivo es el siguiente:

1) La edad de jubilación se eleva de 65 a 67 años de edad, progresivamente a partir del 2013 hasta el 2027 que quedará definitivamente implantado.

2) Los trabajadores que coticen 38,5 años podrán jubilarse a los 65 años.

3) El cálculo par la pensión que actualmente se viene practicando sobre la base de cotización de los últimos 15 años, se amplía hasta los 25 años.

4) Para cobrar íntegramente el 100% de la pensión en la actualidad es necesario cotizar 35 años y jubilarse a los 65 años, este plazo se aumenta hasta los 37 años y 67 años respectivamente a partir del 2027.

5) La juvilación anticipada a los 61 años sólo se contemplará en aquéllos casos de crisis empresarial. A los 63 podrá ser voluntaria. Los coeficientes reductores aún están por determinar (futura regulación).

6) Los jóvenes becarios se les computará hasta dos años (modificable) como vida laboral.

7) Las madres que opten por el cuidado de hijos se les computará como vida laboral, hasta 9 meses por hijo, con un máximo de hasta dos años.

Para tener derecho a la pensión contributiva se mantenienen los actuales 15 años, y dará derecho a cobrar el 50% de la pensión.

El envejecimiento de la población española ha sido el argumento esgrimido hasta la saciedad por el Gobierno para acometer la reforma de las pensiones, amparándose en las previsiones de los analistas más agoreros, según las cuales en pocos años pasará a duplicarse en España el número de juvilados actuales, mientras la población activa difícilmente crecerá en la misma proporción. Sin embargo el motivo fundamental de la reforma no es este, sino las amenzas de los mercados internacionales y del núcleo duro de la UE (especialmente de Alemania), que han empujado al ejecutivo a tomar la más impopular de todas las medidas aplicadas hasta ahora. Los dos sindicatos mayoritarios (únicos sindicatos representativos convocados al festín), fieles al maridaje con el Gobierno y en un acto difícilmente justificable ante la ciudadanía, se han visto obligados también "al trágala" de la reforma de las pensiones, como contrapartida a una profunda reforma del mercado laboral como así demandaban gran parte de los agentes económicos internacionales.

Pero más allá de la crisis económico financiera y, de la inversión de la pirámide demográfica (ancianos/jóvenes), se me antoja una ingenuidad aceptar que el alargamiento de la edad de jubilación sea la panacea para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Muy al contrario, considero que se trata de una medida que va en detrimento de la reducción de la tasa de paro. Una renuncia implícita a la creación de empleo y al aumento de la población activa, única via para el sostenimiento del sistema solidario y público de pensiones español. Y es una renuncia tácita también, a la generación de ingresos por los nuevos cotizantes a la Seg. Social, puesto que al alargar la edad de jubilación de los trabajadores se cierra la entrada de jóvenes al mercado de trabajo para sustituirles.

La solución al problema de las pensiones, pasa por incrementar la población activa, incorporando a la misma a los jóvenes y facilitando el acceso de estos al mercado laboral cuanto antes, contrarimente a lo que desgraciadamente está ocurriendo en la actualidad, situación por otro lado, que frustra las espectativas de millones de ellos. Para la consecución del primer empleo en los jóvenes debería trazarse un plan sobre la base de incentivar, a la vez que obligar a las empresas a contratar a jóvenes en prácticas, al modo alemán.

Por último, se da la paradoja que las medidas acordadas han sido adoptadas por un Partido (PSOE) que se presentó a las elecciones con la propuesta del pleno empleo y, que ahora acuerda propuestas que son totalmente contrarias a aquéllas, lo que supone no sólo una burla a los votantes en particular, sino también y por extensión a la democracia en general.

En definitiva, la solidaridad intergeneracional, a la que aludía Felipe González estos días pasados, nos obliga moralmente a encontrar una fórmula que garantice el sistema público de pensiones "sine die". Sin embargo y sin ánimo de ser pesimista considero que la reforma acordada no resolverá, ni mucho menos garantizará definitivamente las pensiones a las generaciones futuras, único ojetivo pretendido por el Gobierno y los agentes sociales.



Utopia.2
BCN