La Solana - Ciudad Real

El Mundo se hace eco de otro presunto escándalo socialista en Castilla-La Mancha.



Los tribunales investigan en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) un caso paradigmático de gestión local irregular, en el que el Ayuntamiento utilizó una empresa pública para realizar todas las obras del municipio, saltándose todas las normas básicas de contratación. En cuatro años (2006-2010), Aguas de Alcázar, creada en su día para gestionar este servicio, adjudicó contratos por 25 millones de euros. El 75% de ellos (18 millones) fueron a parar sistemáticamente a las mismas tres empresas.

El responsable de este curioso modus operandi es el ex alcalde, el socialista José Fernando Sánchez Bódalo, amigo y discípulo del ex presidente de la Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, e imputado como él en la causa que investiga las irregularidades cometidas en esta identidad. En el caso de Sánchez Bódalo, miembro de la comisión ejecutiva y presidente de la comisión de inversiones de CCM, no es su única imputación. El pasado lunes declaró ante la juez a cuenta de su gestión como alcalde -era el presidente de Aguas de Alcázar-, tras la querella presentada hace más de un año por el actual equipo de gobierno (PP y Ciudadanos de Alcázar).

La instrucción ha revelado una total falta de control de las obras realizadas en el municipio a través del subterfugio de la delegación. El 15 de octubre de 2003 el consejo de administración de Aguas de Alcázar, presidido por Sánchez Bódalo, decidió ampliar su objeto social para pasar a ocuparse de todas las obras del municipio, a pesar de carecer de infraestructura y medios personales para ello. Apenas ocho o 10 fontaneros y una retroexcavadora para hacerse cargo de contratos que llegaron a alcanzar los 2,5 millones de euros.


El resultado fue que se contrataba sistemáticamente con terceros, saltándose las normas básicas del procedimiento y eludiendo el mínimo control. La querella que dio origen a la instrucción apunta a posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por todo un rosario de irregularidades: licitaciones de contratos antes de que el Ayuntamiento encargara la obra a Aguas de Alcázar, ausencia de los necesarios informes técnicos y jurídicos, redacción del proyecto por parte de la propia adjudicataria, sobrecostes de las facturas y falsas certificaciones de obra.


Toda esta documentación está siendo analizada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcázar de San Juan. Junto a Sánchez Bódalo está imputado un concejal, Benito Montiel, vicepresidente de la entidad. Con ellos en el Ayuntamiento y, por extensión, al frente de esta empresa, se tomó la decisión de que Aguas de Alcázar asumiera el control del sistema de contratación del municipio.

Presuntas comisiones



También ha sido imputado un alto funcionario a quien, al margen de su sueldo como empleado de la entidad de aguas, se abonaba el 2% del presupuesto de ejecución de cada proyecto, que él mismo redactaba y dirigía. Si lo hacía otro, cobraba un 1%. Según la documentación que acompaña a la querella, en 2008 se le pagó 140.000 euros y en 2009, 124.000.


https://ww.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=157072

¿Qué exalcalde de la región dice una cosa ante el juez y otra ante los medios?.


El concejal de Servicios Jurídicos del ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Mariano Ormeño, ha denunciado el doble discurso del PSOE en relación al tema de Aguas de Alcázar, ya que “dicen una cosa de cara a la opinión pública y otra muy distinta en sede judicial”, en clara referencia a la reciente declaración como imputado del exalcalde alcazareño José Fernando Sánchez Bódado en el caso del agua.


Tras referirse a una información de este sábado de El Mundo sobre las acciones judiciales que pesan sobre el ex alcalde, al utilizar la empresa pública de Aguas para la realización de obras millonarias adjudicadas, según el mecioado diario, siempre a las mismas empresas sin seguir los procedimientos legales de contratación (la información habla de 18 millones de euros a tres empresas), Ormeño ha asegurado que “el PSOE miente cuando dice que lo ha aclarado todo en el juzgado”.



Según Ormeño, en su declaración del pasado día 14 Bódalo dijo que ya conocía la existencia de una deuda millonaria en Aguas de Alcázar en 2009, “mientras que a la opinión pública le dicen una y otra vez que la deuda es un invento del actual equipo de Gobierno”. Además, añade el concejal de Servicios, declaró que para evitar la quiebra tuvo que tomar la decisión de transformar la deuda a largo plazo, una decisión que tomó en solitario como presidente del Consejo de Administración de Aguas de Alcázar, pero que legalmente le correspondía tomar a todo ese Consejo, conformado por la totalidad de los miembros de la Corporación Municipal, al tener el Ayuntamiento el cien por cien del capital social de la empresa: “Esta irregularidad también la reconoció el ex alcalde en su declaración”.


Mariano Ormeño ha puesto como ejemplo de la mala gestión socialista al frente de Aguas las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la zona del mercadillo, unas obras por las que Aguas de Alcázar presentó varias facturas al Ayuntamiento, tras lo que la entonces concejal de Hacienda, Ana Belén Tejado, firmó un decreto de solicitud de subvención a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que el Gobierno regional abonase al Consistorio 169.000 euros por esas obras. Sin embargo, continúa, “cuando vino un inspector de la Junta comprobó que esas obras no se habían realizado. Es decir, Aguas presentó facturas por una obra no realizada por la que después el Ayuntamiento pidió una subvención al Gobierno regional”. Según Ormeño, Bódalo reconoció en el juzgado que se certificó dicha obra sin haberse ejecutado, por lo que el edil de Ciudadanos por Alcázar (CxA) habló de “engaño a la Junta para obtener una subvención, fraude, estafa, mentira; llámenlo como quieran”.


Éste es, a juicio de Ormeño, sólo un ejemplo más de la gestión socialista al frente de Aguas de Alcázar sobre la que el anterior alcalde y Tejado “deberían dar explicaciones a la ciudadanía en lugar de mentir”, en lo que considera “una estrategia”. “Confían en la lentitud de la justicia y en que la sentencia de todo este caso no va a llegar antes de las elecciones municipales”, ha afirmado.


Según la información de El Mundo, había un alto cargo de Aguas que cobraba, además, el dos por ciento del presupuesto de cada proyecto que realizaba Aguas, motivo por el que habría cobrado 140.000 euros extra en 2008 y 124.000 en 2009. Mariano Ormeño considera que tras las declaraciones de Bódalo y del ex concejal Benito Montiel, el próximo 2 de mayo está llamado a declarar también como imputado un técnico. Después, tras los diferentes análisis de la documentación y los interrogatorios, se tendrá que cerrar la instrucción y entonces decidir si el caso se eleva al Juzgado de lo Penal de Ciudad Real.


Y LO BUENO DE ESTA GENTE SOCIALISTA, ESQUE INDUZCAN A SUS GENTES A MANIFESTARSE CONTRA EL ACALDE DEL PP EN FUNCIONES . LAMENTABLE LO DE ESTAS PERSONAS.

https://ww.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_opinion.asp?idarticulo=157362&idfirma=&lugar=&ant=