La Algaba - Sevilla

La juez implica a Griñán en la «concesión ilícita» de subvenciones
Afirma que autorizó las ayudas millonarias siendo consejero de Economía, al igual que Aguayo
MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA
Día 16/11/2011 - 12.35h

JESÚS SPÍNOLA
Griñán y su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo

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Cinco días antes de las elecciones, la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos, señala directamente al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como máximo responsable de la «concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década» y a dos de sus más estrechos colaboradores en su Gobierno. El nuevo auto de la magistrada, que además se hace público sólo unos días después de que el CGPJ saliera en defensa de la juez tras el brutal ataque personal de Alfonso Guerra, es contundente al señalar a Griñán junto a su mano derecha, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a la vez que pide información a otro de sus máximos colaboradores, el titular de Economía, Antonio Ávila. La instructora dice que las ayudas o inversiones que ascendían a más de 1.200.000 euros debían ser autorizadas por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda y recuerda que ese cargo «ha sido desempeñado por José Antonio Griñán y por Carmen Martínez Aguayo».

El escrito, de 51 folios - haga clic aquí para consultarlo -y que solicita numerosa documentación de otras empresas, insiste en requerir a la agencia IDEA (la encargada de tramitar las ayudas ilícitas que están siendo investigadas) que le remita la copia de las autorizaciones en las que conste «la autorización del titular del a Consejería de Economía y Hacienda previas a la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno y relativas a operaciones igual o superiores a 1.200.000 euros» que, según enumera la juez, son al menos 21 empresas. Y también pide que se identifique a todos los que fueron directores generales y secretarios generales de IDEA desde 2007 hasta la actualidad y las resoluciones dictadas por el presidente de ese organismo.

Pero la juez también abunda en su teoría que ya apuntó acerca de que otras empresas pudieron recibir subvenciones de otras carteras de la Junta y por ello apunta a otra consejería. En este caso pide al titular de Economía, Antonio Ávila, que preste «la colaboración necesaria» para investigar «el presunto uso abusivo de fondos públicos». Concretamente la juez desea que la Dirección General de Fondos Europeos le remita información por si existieran «otros grupos empresariales que se hayan aprovechado ilícitamente de esas ayudas». La juez enumera una serie de empresas que recibieron ayudas por encima de los 1.200.000 euros, entre ellas Santana Motor, la Faja Pirítica de Huelva, Altadis, A Novo Comlink, Asociación de Trabajadores de Prensa de Cádiz, Astilleros de Sevilla o Autologística de Andalucía.También Cerámicas Syre, Dhul, Compañia Minera del Marquesado, Cydeplast, Delphi, Ebro Puleva, Fundiciones Caetano, Minas de La Herrería, Pickman, Primayor Promi Froja y Tioxide Europe.

La magistrada da cuenta de que está investigando otro grupo de ayudas concedidas a la Faja Pirítica de Huelva y solicita a la Delegación del Instituto Nacional de Empleo determine el empleo específico para el que fueron contratados 796 trabajadores que detalla en el auto con nombres y apellidos ya que sospecha que en algunos casos se disminuyó la edad de prejubilación.

Para conocer más datos sobre esa investigación, la juez no duda en requerir al PP, «que entonces ostentaba el Gobierno de la nación». Alaya pide a al PP-A que le envíe el plan del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica Andaluza porque, según argumenta, desconoce los datos. Y lo mismo le pide a la Junta de Andalucía. En esa investigación hace piezas separadas de cada empresa investigada.

Pero las nuevas pesquisas de Alaya no acaban ahí ya que llegan hasta Matsa, la empresa en la que trabajó la hija del vicepresidente de Política Territorial. Así la juez, que solicita información sobre el cierre de siete empresas mineras y las ayudas concedidas a otras tres, requiere a la empresa en la que trabajó la hija de Chaves, la vida laboral de la citada empresa y a la Agencia Tributaria que diga los ingresos que esta entidad recibió de la Junta.

Concretamente pide información sobre el cierre de las Minas de Riotinto, de Almagrera, Navan Resources, Filón Sur y Nueva Tharsis, así como las ayudas concedidas por cualquier consejería a Tharsis, Minas de Cala y Mina Las Cruces.

Imputa otro alto cargo

Y también imputa a otro ex alto cargo de la Junta advirtiéndole del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata del ex delegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, quien junto con Antonio Fernández Garzón (no confundir con el ex consejero de la Junta también imputado) se beneficiaron de una póliza concedida a Calderinox en la que el tomador era Comisiones Obreras a pesar de que ninguno de los dos trabajó en dicha empresa.

Una década concediendo ayudas públicas ilícitas
Nuevo imputado. El ex delegado provincial de la Consejería de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés por una póliza de Calderinox.
Investiga a Matsa. Pide la vida laboral, listado de trabajadores y las ayudas oficiales percibidas por Matsa, donde trabajaba una hija de Manuel Chaves.
A Economía. Pide datos a la Dirección de Fondos Europeos y a la Consejería que colabore para investigar el uso abusivo de fondos públicos.
A IDEA. La juez solicita que identifique a sus directores y secretarios generales desde 2007 a la actualidad y de las resoluciones dictadas.
Al PP. Como ocupaba el Gobierno de la nación, le pide que le envíe el Plan para paliar la crisis de la Faja Pirítica en Huelva y Sevilla.
Cierre de empresas. La juez pregunta por el cierre de varias empresas de la Faja Pirítica Andaluza y por las ayudas concedidas a otras.