Dos Hermanas - Sevilla

Mercasevilla contrata a la empresa familiar de una directiva prejubilada e imputada

Pilar Giraldo, encausada por la venta de suelos y el delito societario, se acogió al ERE de 2007 y cobra 4.600 euros al mes; en su domicilio tiene la sede Camón Asesores, a la que la lonja abona «asesoramiento externo»

eduardo barba / sevilla

Día 29/11/2010 - 07.33h

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GOGO LOBATO


Una empresa familiar de la ex directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo —imputada por la adjudicación «fraudulenta» del derecho de superficie del mercado a Sando y por el presunto delito societrio en el mercado— ha facturado importantes cantidades a la compañía pública donde ella fue alto cargo una vez que la ex responsable de las finanzas de la misma abandonó la lonja acogiéndose al expediente de regulación de empleo (ERE) del año 2007. Está prejubilada de Mercasevilla desde hace varios años, pero esa sociedad civil a la que está vinculada ha cobrado del mercado central de abastos por una labor similar a la que Giraldo venía haciendo dentro de la empresa, ahora externalizada a tenor de estos pagos hechos por la compañía.
Dicha facturación consta en la documentación de la empresa controlada por el Ayuntamiento de Sevilla, a la que ha tenido acceso ABC. Puede apreciarse, por ejemplo, que en la contabilidad del ejercicio 2008, ya con Giraldo fuera de la compañía, aparece un pago en la primera página del capítulo de «operaciones con terceros» de 30.000 euros a Camón Asesores Sociedad Civil. Junto al nombre de esta sociedad se indica «asesoramiento externo». Mercasevilla, por tanto, ha pagado por informes supuestamente similares a los que antes eran responsabilidad de Giraldo a una empresa ligada a la propia encausada una vez ésta se ha desvinculado de la empresa pública. De alguna manera siguió pagando a Giraldo pese a estar cobrando la prejubilación pactada. De hecho, Camón Asesores tiene su sede social en el domicilio de la ex directora, junto al Parque Amate y muy cerca de las instalaciones del merca. En dicha vivienda tienen su domicilio, según se aprecia en el buzón de correos, ella y Fernando Camón, que, evidentemente, ha dado nombre a la sociedad de asesoramiento. Desde el entorno de la propia Giraldo se ha indicado que se trata del que fuera su marido, ya fallecido. En 2008, de hecho, ella ya era viuda.
La fórmula escogida, la de sociedad civil, tiene varios detalles que apuntar fundamentales. De una parte, no puede ser unipersonal, con lo que, al menos, en la empresa deberían estar Camón y alguien más. Además, este tipo de sociedades no tienen por qué inscribirse en el Registro Mercantil, bastando con el alta como autónomo de uno de los componentes de la empresa. Y, por otro lado, la empresa pública de abastos sí puede contratar servicios externos de sociedades, no así de trabajadores por cuenta ajena, con lo que la maniobra evitaría la incompatibilidad y la ilegalidad. Si se le está pagando a Giraldo por hacer el mismo trabajo que antes de prejubilarse hacía en Mercasevilla, puede reprobarse moralmente, pero legalmente es viable.
Esta sociedad ubicada en el domicilio de Giraldo se dedica precisamente a la misma labor que la ex directora realizaba dentro de la compañía pública (contabilidad, fiscalidad, informes económicos...). Surge, por tanto, la duda de si la directiva imputada está cobrando de la empresa por dos vías distintas mientras sigue haciendo el mismo trabajo que antes, pero desde casa. Fuentes de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla apuntan, en este sentido, que Giraldo podría haberse llevado de la compañía documentación contable útil y hasta el ordenador que usaba en la lonja. La Justicia, de hecho, investiga si existía una contabilidad «B», paralela y oculta, en la empresa presidida por el propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. Las auditorías han revelado irregularidades contables flagrantes y un agujero financiero de consideración.
Entretanto, Giraldo está cobrando una prejubilación de 4.597 euros al mes merced al ERE de 2007, año en que ella cumplió los 50, en el que fue incluida junto al director adjunto del mercado central, Daniel Ponce. Esa alta prestación está motivada por su sueldo de directora en la empresa. Fue ascendida varios años antes de su salida y eso le ha permitido ser incluida en el grupo de cotización 1, el que aporta mayor ganancia. A la par, la sociedad de asesoramiento radicada en su casa y denominada con el apellido de su pareja está facturando a su antigua empresa.
Ya declaró
Giraldo está imputada, de una parte, en la rama del caso que analiza la adjudicación del derecho de superficie del mercado a la promotora Sanma, filial de Sando, asunto por el que prestó declaración ante la juez Mercedes Alaya el pasado mes de febrero. En esa ocasión, la ex directora económico-financiera se agarró a su derecho constitucional a no declarar y entregó un escrito, en el que aseguró que todos los miembros que participaron en la mesa de contratación para la adjudicación del derecho de opción de compra sobre los suelos del merca —adjudicados finalmente a Sando a pesar de la superior oferta de Noga— aceptaron «sin solicitar aclaración ni puntualización alguna» las conclusiones realizadas al respecto por la técnico de Urbanismo Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés, añadiendo que los miembros de esta mesa no vieron nada «oscuro, turbio o fraudulento» en el procedimiento de adjudicación. Giraldo explicó sus funciones dentro de Mercasevilla se limitaban «única y exclusivamente» al área contable, por lo que «nunca» ha participado, «por ausencia absoluta de conocimientos, en ningún aspecto relacionado con el área jurídica y de contratación», añadiendo que desconoce «absolutamente» cualquier extremo relacionado con las relaciones de Sando o cualquiera de sus filiales con el merca.
Dice que no intervino
Al hilo de ello, indicó que, por no ser de su competencia, «ni intervino ni se le pidió opinión, ni tan siquiera conoció» los aspectos relacionados con la elaboración del pliego de condiciones para la adjudicación de los terrenos, ya que el primer conocimiento que tuvo de ello fue cuando, unos días antes de la constitución de la mesa de contratación, el que fuera director general del merca, Fernando Mellet, le dijo que «tenía» que formar parte de esta mesa, a lo que respondió que ella «nunca había formado parte de una mesa de contratación, que no tenía conocimientos sobre contratación pública ni sobre derecho administrativo, y que poco podría aportar». Sin embargo, añadió Giraldo en su escrito, Mellet le respondió que «no tenía que tener conocimientos de clase alguno, dado que la mesa sería asistida por dos técnicos que serían los que harían las tareas valorativas de las ofertas, por lo que lo único que necesitaba es que estuviera presente sin más en su calidad de representante del Área Contable». Agregó que el primer conocimiento que tuvo del pliego fue un día antes de la constitución de la referida mesa, cuando «por responsabilidad personal» pidió una copia del mismo, pero tras leerlo «no comprendió la mayoría de los aspectos técnicos incluidos, aunque no apreció ninguna cláusula que le hiciera sospechar algo parecido a un concurso amañado o predeterminado».
Giraldo está imputada también en la última rama abierta del caso, que investiga un delito societario en la gestión económica de la empresa y en la que están imputados sus ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y la propia Giraldo por presunta falsedad de cuentas, manipulación contable y ocultación de informes.

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