Martiago - Salamanca

Mientras el Gobierno trata de controlar la cantidad de potencia de energías renovables que entra en el sistema y las retribuciones que cobran, las comunidades autónomas, con competencia para otorgar licencias en cuanto a la instalación de parques eólicos y plantas de renovables, han seguido sacando concursos para la colocación de potencia en sus territorios. En concreto, respecto de la energía eólica, seis autonomías tienen estos procesos de adjudicación cerrados, adjudicados o en marcha, licitando un total de 5.935 megavatios (MW) eólicos. Sólo en los parques, la inversión necesaria estaría entre los 7.100 y los 8.900 millones, según cálculos sectoriales.

Si bien fuentes empresariales reconocen que "estos concursos son creadores de riqueza y empleo para las zonas", las contrapartidas, la descoordinación e incluso ciertos escándalos políticos han provocado desconfianza en los procesos. Sobre todo en estas últimas comunidades, que cuentan con el lastre de que las empresas ya han desarrollado fábricas en otras autonomías que licitaron más pronto sus megavatios.

Además, más allá de la capacidad de las comunidades para autorizar megavatios en sus territorios, el Ministerio de Industria es el que tiene la última palabra al respecto. Cada parque ha de quedar inscrito en el registro de preasignación de retribución para cobrar la prima que le corresponde. De momento, hasta el año 2013 no hay posibilidad de inscribir ni un solo megavatio más y el Gobierno aún no ha decidido qué retribución cobrarán los que se inscriban a partir de entonces.

Un escenario complicado e impredecible para los actuales licitadores que, aun así, preparan sus mejores ofertas para cada zona.

La planificación eólica en Extremadura, donde aún no se ha instalado ni un solo aerogenerador, tiene una larga historia de tentativas frustradas y aplazamientos. La primera normativa al efecto se remonta a 2005, con requisitos como la creación de tres puestos de trabajo por megavatio instalado o la negativa de construcción en 30 zonas consideradas de alto valor medioambiental. La admisión de solicitudes se postergó hasta mediados de 2006, frente a las críticas de la oposición por las dificultades para presentarse al concurso. En todo caso, se presentaron un alto número de candidatos y la Junta llegó a ampliar por dos veces el plazo, ante la complejidad de los expedientes. Un año después, rechazó los 116 proyectos en liza por incumplimiento del decreto autonómico de 2005. Creado el revuelo, la Junta tuvo que defender en varias ocasiones su interés por la eólica.

La segunda convocatoria apareció a finales de 2007 y se resolvió en verano del año siguiente. Se licitaron 470 MW, que, tras otro aplazamiento, ascendieron a 501 MW al admitir cuatro recursos presentados por las empresas aspirantes. En total, 22 parques correspondientes a 10 promotores que suponían la creación de 1.896 empleos. Sin embargo, ninguno fue autorizado en el registro de preasignación del Gobierno central y fueron de nuevo rechazados.

Recientemente se han publicado las bases para el tercer concurso, tampoco exentas de crítica. El Ejecutivo exige la creación de tres "empleos estables y directos en proyectos empresariales promovidos en el área de influencia, con ocasión de la instalación de los parques". De lo contrario, se conmutará por una aportación mínima del 8% de la facturación generada por el parque, a retribuir al ayuntamiento y a la mancomunidad durante un plazo mínimo de 25 años.

Floren,tu te crees que los foreros van a leer toda la parrafada que nos pones?
Deberias de resumir un poco y asi nos enterariamos todos mejor de lo que quieres decir con tanta palabreria.
(Te lo digo sin animo de ofenderte)