Linares de la Sierra - Huelva

El juzgado investiga si el alcalde usó fondos públicos para la casa de su mujer

Al regidor, Jaime Luis Fernández Ceballo, se le imputan un delito contra la ordenación territorio y posible malversación de fondos· La Fiscalía no tiene constancia de que la detención se hiciera por orden judicial

M. Rosa Font / HUELVA | Actualizado 24.03.2010 - 05:01
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Fachada de la vivienda propiedad de la mujer del alcalde cuya construcción investiga el juzgado.

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La construcción de una casa ilegal propiedad de la mujer del alcalde de Linares de la Sierra, Jaime Luis Fernández Ceballos, en una zona de huertas situada en el cinturón del municipio se ha convertido en el comienzo de una madeja que la autoridad judicial, la Fiscalía y la Guardia Civil han comenzado a deshilar. Un día después de la confusa detención del regidor (el Instituto Armado confirmó el operativo en el pueblo serrano, pero silenció los datos y los cargos que pesaban contra él), este periódico ha podido confirmar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aracena y la acusación pública investigan el posible uso de fondos del Ayuntamiento y la supuesta utilización de trabajadores municipales por parte de Fernández Ceballos para la construcción de la ya polémica casa.

Las investigaciones se abrieron a finales del pasado año a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, después de que llegara a sus manos un informe de la Policía Autonómica sobre la vivienda y el juzgado número 1 de Aracena, que se hizo cargo del caso, ya tomó declaración a la mujer del alcalde en calidad de imputada por un delito contra la ordenación del territorio.

A Fernández Ceballos, que aún no ha pasado por sede judicial, se le imputan en principio un delito contra la ordenación del territorio y posible malversación de fondos públicos.

El hermetismo que rodeó el pasado lunes la detención del alcalde de Linares por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha llegado incluso a la acusación pública, que no tuvo conocimiento directo ni participó en la intervención policial.

Paradójicamente, la Fiscalía solicitó a comienzos de marzo al juzgado instructor que citara a Fernández Ceballos a declarar en calidad de imputado, confirmaron fuentes del Ministerio Público, pero los acontecimientos parecen haberse precipitado y antes de que se produjera la citación, el Instituto Armado practicó la detención y lo interrogó. Fernández Ceballos, acogiéndose a su derecho, se negó a prestar declaración.

La Fiscalía asegura que no sólo no participó en el operativo ni fue informada, sino que además no tiene constancia de que la detención se practicara bajo mandamiento (previo y por escrito) de la autoridad judicial, teniendo en cuenta que hay una investigación en curso desde hace meses. "La situación que se ha producido no es frecuente cuando hay unas diligencias judiciales en marcha", manifestó la Fiscalía.

Por su parte, la Guardia Civil remite a la Subdelegación del Gobierno y el Gobierno afirma que el arresto se hizo por orden judicial.

El Ministerio Público mantiene que la actuación "no estuvo coordinada ni supervisada" por la acusación pública y que conoció la intervención policial por el instructor, que a su vez supo del arresto por los miembros de la Policía Judicial que la practicaron y que tomaron asimismo testimonio a la mujer del alcalde y a la secretaria municipal, además de una decena de personas.

Entre estos testigos que ha prestado declaración ante la Guardia Civil hay un ex empleado municipal que contrató Fernández Ceballos, que de momento quiere guardar en cuarentena su testimonio (posiblemente vinculado a trabajos ajenos al Ayuntamiento a petición del regidor), que afirmó a este diario sentirse "liberado" por haber podido hablar ante los investigadores.

A finales del pasado noviembre se ejecutaron las medidas cautelares solicitadas al instructor, como la paralización de todo movimiento de obras en la finca y el precinto, por orden judicial, de la edificación por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil .

Además, se esperaba la declaración del arquitecto municipal, una inspección urbanística en la finca propiedad de la familia de Fernández Ceballos y un informe del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

No es el único asunto que el Ayuntamiento que gobierna Fernández Ceballos tiene en los tribunales. Una empresa (Proyectos e Inversiones MFJ S.L.) ha llevado al Consistorio de Linares también ante los juzgados por paralizar la construcción de una promoción de viviendas dos meses después de que el alcalde autorizara el cambio de titularidad de la licencia urbanística en favor de la promotora. En la demanda, presentada en marzo de 2009 y en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Huelva, la empresa reclama 281.255 euros por responsabilidad patrimonial al Consistorio y, de forma subsidiaria, a las consejerías de Cultura y Obras Públicas de la Junta.

La dirección provincial del PSOE confirmaba ayer la suspensión cautelar de militancia de Fernández Ceballos, al que se le ha exigido que entregue su acta de concejal. La suspensión se produce cuatro meses después de que el partido le abriera un expediente al alcalde, tras publicar este diario la investigación judicial.

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