La Coronada - Badajoz

La venta de las primeras viviendas sociales deja unos 14 millones a la Junta.

Este particular mercado ofrece unos 14.000 pisos, que se pueden adquirir en condiciones favorables para los actuales inquilinos.


Se descuentan del precio final de venta los alquileres pagados y las mejoras hechas

Purificación Carretero, de 51 años, se gana la vida como limpiadora. De lunes a viernes, se levanta a las cinco y media para trabajar toda la mañana por edificios públicos y locales de la capital autonómica. Hoy su rutina diaria varía con una firma que le hace especialmente ilusión.

Se acercará a una entidad bancaria para cerrar una hipoteca inmobiliaria. Va a comprar un piso y se le nota alegre. Aunque pueda parecer algo común, su historia es diferente. Esta emeritense va a adquirir la vivienda en la que vive de alquiler desde hace 15 años. Se la compra a la Junta, su propietaria. Purificación vive en una vivienda de promoción pública de la Administración regional, lo que siempre se ha conocido como una vivienda social, y se suma a la iniciativa que han adoptado 974 familias extremeñas en 2010.

Son las que han decidido aceptar la propuesta del Gobierno extremeño de dejar de ser arrendatarias y pasar a ser propietarias. Gracias a esta venta, las primeras viviendas sociales que se han puesto en el mercado, las arcas públicas extremeñas han ingresado una cantidad cercana a los 14 millones de euros. Es una cifra estimada porque la exacta no ha sido ofrecida por la Consejería de Fomento en espera de una comparecencia la próxima semana del titular del departamento, José Luis Quintana, en la Asamblea de Extremadura.

El Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara aprobó en diciembre de 2009 la ley autonómica de enajenación de viviendas, que sustituyó a otra normativa de 1993. Su razón de ser está muy clara. Por un lado, la Junta busca recaudar dinero, aunque el pellizco obtenido no sea extraordinario. La necesidad obliga. De otra parte, y de forma indirecta, el Gobierno extremeño se libra del costoso mantenimiento de las viviendas sociales y del problema de alquiler de cobros que es visible en demasiadas ocasiones.

Un año después de la promulgación de la ley, la realidad evidencia que no ha habido una avalancha de peticiones para comprar viviendas sociales. La Junta, curándose en salud, se fijó un modesto objetivo: 'colocar' 3.000 viviendas en el mercado en dos años, aunque el plan seguirá adelante en años posteriores.

Los efectos directos de la brutal crisis (desempleo, falta de concesión de créditos bancarios y menor poder adquisitivo, a los que se suma un cierto acomodo de los inquilinos, aseguran algunas fuentes) han empujado directamente a que los compradores hayan sido sólo 974 en 2010 cuando son susceptibles de vender unas 14.000 viviendas sociales en la comunidad.

Decisión y números.

A Purificación Carretero, sin embargo, las circunstancias no le han amedrentado. Cuando la Junta explicó los planes de venta de los inmuebles de este tipo enseguida tuvo claro que compraría. «No lo dudé y eso que las cuentas no las tenía cerradas del todo. Pensé que después de 15 años de alquiler había llegado el momento de comprar el piso y tener patrimonio para mí y mis tres hijos en el futuro», explica la mujer.

Además de su voluntad, a esta emeritense le ayudaron otras cosas para decir sí. Básicamente, que se trata de una operación muy asumible. Su piso social, enclavado en la barriada de Bellavista, es uno de los que, en Mérida, se conoce como el de los funcionarios. Se trata de las viviendas que el Gobierno extremeño construyó en la década de 1980 para dar cobijo a los funcionarios estatales que debían poner en marcha la maquinaria administrativa de la Junta. Años después, los funcionarios fueron cambiando de residencia y esos pisos fueron catalogados como sociales para ser entregados a personas de menor nivel de renta.

El de Purificación, que se corresponde con la tipología de la mayoría de ellos, tiene unos 85 metros cuadrados, con tres habitaciones y dos cuartos de baño, además de salón y cocina. Además, dispone de una plaza de garaje.

La Junta se lo vende ahora por algo más de 13.000 euros, incluida la plaza de aparcamiento. Para hacer frente a esa cantidad y gastos de notaría, firma un crédito bancario de 15.000 euros. «Es una buena oportunidad. Un piso como éste y en estas condiciones no lo vamos a encontrar en ningún lado», dice esta mujer que gana 800 euros al mes y que pagará una hipoteca de unos 200 euros. «Con 600 euros tengo para vivir. Además, mis hijos viven fuera y si, en el peor de los casos, me quedara sin trabajo digo que podríamos poner 50 euros cada uno para poder pagarla», añade.

Su caso se corresponde con la media anunciada por la Consejería de Fomento, que estipula que el precio medio de venta de cada vivienda de su propiedad ronda los 16.000 euros. Los hay muy baratos, poco más de 4.000 euros, pero también otros cuya cuantía se acerca a los 30.000 euros.

60.000 euros

La penuria para cuadrar cuentas de la Junta es tanta que utiliza este plan de enajenación de viviendas para, de un lado, recaudar fondos extras y, de otra parte, realizar un artificio contable que, por cierto, ya utilizan otras comunidades autónomas. 3.000 viviendas sociales se han vendido a una empresa cien por cien pública como es Gisvesa (es decir, la Junta se vende a sí mismo) y ésta se las va a pagar hipotecando las propiedades.

Asimismo, el consejero de Fomento, José Luis Quintana, ha informado que el plan de los pisos a 60.000 euros (en realidad, la carestía de la vida ya ha fijado un precio superior a ese) ha propiciado la construcción de 4.000 viviendas en tres años. La iniciativa del Gobierno extremeño preveía 11.000, por lo que están pendientes de hacer otras 7.000. Las primeras se entregaron en Mérida, en la barriada de La Paz junto al complejo administrativo del III Milenio, el 30 de enero de 2008.

Saludos.