Terrer - Zaragoza

Hoy sabemos que solo dos comunidades autónomas, Madrid y Aragón, apostaron por planes de saneamiento sobredimensionados y tecnologías tan inadecuadas como caras en pequeños municipios, desde la expectativa de diluir los sobrecostes en Madrid y Zaragoza. De hecho, han sido las dos únicas comunidades que han vetado, durante años, la información a sus ayuntamientos sobre opciones de depuración extensiva ( verde o ecológica), recomendadas explícitamente por los demás gobiernos autónomos y confederaciones hidrográficas como la del Duero, además de por el propio Gobierno central, para poblaciones de menos de 2000 habitantes.

Depuradoras como las de Ayerbe y Mequinenza, que funcionan al 19% de su capacidad; Terrer, que lo hace al 14%; Zuera, que funciona al 11%; o el hecho de que se proyecten depuradoras para núcleos del Pirineo donde ya no vive nadie, deberían motivar una investigación de oficio de la Fiscalía Anticorrupción. Sobre todo cuando esas irregularidades se extienden por Aragón de forma sistemática.

ES SIGNIFICATIVO

el ejemplo de Fabara, que se negó a ceder sus competencias al Instituto Aragonés del Agua (IAA) y encomendó a la Politécnica de Madrid una depuradora biológica, en base a "aneas en flotación". Mientras la depuradora convencional proyectada por el IAA estaba presupuestada en 2.400.000 euros, la que se construyó costó tan solo 235.000 € (10 veces menos). Y lo que es más importante, mientras la gestión de la depuradora convencional hubiera costado 300.000 €/año (incluida la gestión de lodos), la actual depuradora funciona con 13.000 €/año (23 veces menos).

El resultado económico global toma perfiles tan injustificables como ingobernables: un coste medio, reconocido por la DGA, de 1,3 € por metro cúbico depurado, mientras en La Rioja el coste medio es de 0,14 €/m3 (casi 10 veces menos). En Zaragoza, que no ha entrado en este turbio negocio hasta ahora, los vecinos venimos pagando por el servicio de la depuradora de La Cartuja, privatizada durante los últimos 20 años, 0,37 €/m3; y por el servicio no privatizado de la depuradora de La Almozara tan solo 0,15 €/m3 (a pesar de ser 10 veces menor que La Cartuja). En Jaca, que ya tenía la depuradora construida cuando firmó la cesión de sus competencias, los vecinos pagan por canon de saneamiento 2,5 millones €/año, siendo que, según datos del propio ayuntamiento, gestionar su depuradora cuesta tan solo 400.000 euros.

El hecho de que comarcas enteras, o toda una ciudad como Utebo, con depuradoras licitadas y sin construir, estén pagando desde hace 4 años canon de saneamiento y tengan además que pagar a la confederación hidrográfica los más altos niveles de canon de vertido, siendo que la responsabilidad de que no se depure es de la DGA; el que los ayuntamientos que no han firmado la cesión competencias se vean sometidos a amenazas y bloqueo de fondos; y el hecho de que la DGA haya venido mintiendo, lisa y llanamente, sobre sus reuniones con el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y la obtención inminente de financiación para desbloquear el plan, extremos desmentidos categóricamente por el propio BEI, perfilan una situación insostenible.

Los contundentes datos y argumentos del memorándum presentado recientemente por la Red Agua Pública de Aragón (RAPA) al BEI (con el apoyo de sindicatos, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, asociaciones de consumidores y de afectados, fundaciones...), junto a la queja europea, promovida inicialmente por Adelpa y posteriormente por ayuntamientos afectados, han puesto en guardia al BEI que dificilmente financiará este plan. Sería bueno recordar, en circunstancias similares, el bloqueo que se consiguió de los fondos europeos para el trasvase y su desbloqueo cuando los proyectos a financiar fueron razonables.

Hoy se puede afirmar que este plan ha fracasado. Pero además emergen sombras que exigen una auditoría sobre el oscuro proceso de privatización llevado a cabo por el IAA, encubierto por una DGA que se niega a dar información transparente.

Las últimas rebajas en el canon para los pueblos que se sienten, y con razón, estafados, parecen maniobras dilatorias que apuntan a prolongar la crisis y dejar para el siguiente Gobierno un bonito paquete. Está por ver si la oposición aceptará el regalo, desde su expectativa de gobernar en un futuro; y si los alcaldes están dispuestos a aceptar que les corten una mano en lugar del brazo, y firmar con la otra.

Profesor emérito del departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía de la Universidad de Zaragoza

El diseño, desarrollo y financiación del PLAN DE SANEAMIENTO de Aragón está originando una amplia gama de problemas e injusticias. El plan, basado en concesiones a empresas privadas y financiado mediante el impuesto llamado “canon de saneamiento”, está sobredimensionado y es caro. Desde la RAPA (Red del Agua Pública de Aragón) se pretende involucrar al Justicia de Aragón en la defensa del ciudadano frente a dicho PLAN.Más información en https://areaazuldearagon.blogspot.com.es/

Las personas y Ayuntamientos firmantes consideramos:
1- Injusto, y por tanto ilegítimo, el cobro, por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA), del Canon de Saneamiento en los pueblos donde no se ha construido la correspondiente depuradora comprometida.
2- Injusto el bloqueo de fondos por parte de la DGA, como castigo a los pueblos que no han firmado la cesión de sus competencias en materia de saneamiento.
3- Inaceptable las amenazas sobre Ayuntamientos que demandan la rescisión o revisión de los contratos de cesión de competencias por incumplimiento por parte del IAA
4- Injusto que el IAA se niegue a devolver los fondos indebidamente recaudados en esos pueblos para que los Ayuntamientos puedan destinarlos a construir sus depuradoras.
5- Injusto que los pueblos que han pagado el Canon de Saneamiento y aún así no les han construido la depuradora prometida por el IAA, deban pagar el Canon de vertidos a la CHE, ya que la responsabilidad de la no construcción de esas depuradoras es del IAA
6- Antidemocrático que la DGA y el IAA ignoren a los Ayuntamientos, directos representantes de la ciudadanía, a la hora de decidir el tipo de saneamiento a instalar en cada municipio, y los marginen en la gestión del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón, rompiendo así el principio de autonomía municipal en servicios tan esenciales como los del agua y saneamiento que son competencia municipal.
Por todo ello, SOLICITAMOS
La intervención del Justicia de Aragón en este caso al entender que puede contribuir a que se haga justicia, a que se respete el principio de autonomía municipal y a que se resuelva la diaria transgresión de las leyes europeas en materia de saneamiento urbano derivada de la oscura y errónea gestión de sus obligaciones en esta materia por parte del Instituto Aragonés del Agua y de la Diputación General de Aragón.
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