La Muela - Zaragoza

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Carmelo Aured irá al banquillo en junio y acaban las pesquisas por una permuta

Los procesos judiciales a los que se enfrentan fuera de la Operación Molinos algunos de los principales imputados en esa causa --varios de los cuales deberán declarar de nuevo en enero por varios fraudes fiscales que les imputa la Agencia Tributaria-- llegan a su final.

El exalcalde y empresario muelano Carmelo Aured se sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza del 27 al 29 de junio para hacer frente a dos cargos de delito tributario por los que la Fiscalía pide para él tres años y diez meses de cárcel y multas que suman 800.000 euros. Compartirá banquillo con otras cuatro personas, dos de ellas imputadas en la Operación Molinos, acusadas de haber escamoteado a Hacienda 734.000 euros procedentes de dos operaciones urbanísticas efectuadas en La Muela.

Paralelamente, la magistrada del Juzgado número 2 de La Almunia ha concluido la instrucción de la causa en la que la exalcaldesa Mariví Pinilla está imputada por estafa y falsedad documental por la permuta de una finca municipal como pago por la construcción de un colegio. El ayuntamiento entregó a Construcciones Nuevos Hogares un terreno escriturado como solar para después desdecirse y señalar que no es tal al carecer de los servicios básicos, detalle que reduce notablemente sus posibilidades de urbanización y desarrollo. La jueza pasará la causa próximamente a las partes para que formulen cargos o pidan el archivo.

Por otro lado, el constructor R. A. S. S. está citado a declarar como imputado el 14 de febrero en una causa en la que dos vecinos acusan a Pinilla de prevaricación --le reclaman una indemnización de 600.000 euros-- en la segregación de un solar.

La cuarta de las causas penales que tiene abiertas Pinilla, la de la urbanización okupa, tardará unos meses en quedar concluida. Está imputada por la invasión de 50.000 metros cuadrados de monte por una urbanización.

Bien..... bien bien

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¿Se ha personado finalmente el Ayuntamiento como acusación particular en la Operación Molinos?