La Muela - Zaragoza

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La Audiencia Provincial de Zaragoza deberá decidir si la doctrina Pumpido sobre delitos fiscales, de reciente repercusión mediática por su aplicación en la causa abierta por presunta corrupción al presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, es procedente en la Operación Molinos.

Su uso conllevaría el sobreseimiento de varias de las imputaciones por delitos tributarios que constan en la voluminosa causa, tal y como ha ocurrido con tres de las cuatro infracciones penales de este tipo por las que iba a sentarse en el banquillo en presidente de la Diputación Provincial de Castellón. Sin embargo, el juez instructor, el magistrado del juzgado número 1 de La Almunia, ha rechazado su aplicación en la única ocasión en la que se le ha propuesto.

El letrado de M. B. A., presunto testaferro en una de las operaciones inmobiliarias bajo investigación, planteó que su cliente no podía ser perseguido por ese delito ya que, aunque fue imputado antes de que transcurrieran los cinco años necesarios para que prescriba la infracción penal, la Agencia Tributaria dejó pasar más de cuatro años desde el momento en el que podía perseguirlo por la vía administrativa hasta que calculó la cuota. El letrado, Carlos Moreno, sostiene que, en aplicación de la línea jurisprudencial adoptada por el Supremo tras una histórica sentencia de la que fue ponente el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al caducar el plazo para la persecución administrativa se da una falta de procedibilidad que impide combatirlo a la penal.

El letrado recurrirá ante la Audiencia el reciente auto por el que el juez desestima su petición de sobreseimiento, ya que no entra en el fondo de la cuestión. El instructor se limita a señalar que existen en la causa indicios de que M. B. A. defraudó a Hacienda más de 120.000 euros en un ejercicio --la cuota punible es hoy de 150.000-- y que no han transcurrido los cinco años que exige la prescripción penal.