La Muela - Zaragoza

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La supuesta trama podría terminar siendo juzgada por un jurado popular si la instrucción concluye que el delito principal es de su competencia y no hay cargos por prevaricación.

¿Podrían acabar los imputados de la Operación Molinos en el banquillo ante un tribunal popular? Pues sí. Incluso por grupos. Aunque quizás eso no ocurra, claro. Dependerá de cómo evolucione la aplicación del acuerdo que el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Supremo tomó el 20 de enero para determinar cuáles son las competencias del jurado. Y, también y básicamente, de si la Fiscalía, el Abogado del Estado o algún letrado acusa de prevaricación a alguno de los cargos públicos encartados. En ese caso, el juicio se celebrará ante un tribunal de magistrados profesionales de la Audiencia de Zaragoza.

En las diligencias del Caso la Muela hay imputadas 35 personas por una retahíla de delitos entre los que se incluyen cinco cuyo enjuiciamiento corresponde al jurado --fraudes y exacciones ilegales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios-- y otros que no lo son, como la tenencia ilícita de armas, el fraude fiscal, la falsedad documental, el blanqueo de dinero la revelación de secretos y el uso de información privilegiada.

La nueva "regla general" del Supremo indica que los delitos de jurado y los que no lo son deben juzgados por separado "siempre que no lo impida la continencia de la causa", es decir, salvo en los casos en los que la separación suponga trocear un objeto procesal único. Y, para cuando se da esa situación, da esta receta: lo enjuiciarán jueces o jurados según quién ostente la competencia para juzgar el "objetivo principal" que tuviera el imputado.

Algunos de los abogados que defienden a los imputados llevan unas semanas valorando si piden que la causa principal sea troceada para sacar de ella a sus clientes y si el asunto debe ser enjuiciado por un tribunal popular. Esa decisión no solo afecta a la forma de celebrar el juicio, sino también a la manera de la que debe ser instruida la causa.

Fuentes de la Fiscalía, por su parte, explicaron que la principal dificultad que entraña el Caso La Muela para decidir si debe juzgarlo un tribunal popular o uno de jueces profesionales es determinar el "delito principal". "En la causa aparecen indicios de varias conductas delictivas, pero resultaría muy difícil, por no decir imposible, determinar si el delito principal es el cohecho, la malversación u otro", señalaron. "La infracción reina en este tipo de casos es el llevárselas, y para eso se cometen una multitud de delitos", añadieron.

El ministerio público, por su parte, viene sosteniendo desde el inicio de la investigación que la causa es un asunto único, lo que deja vislumbrar su oposición a la separación de los delitos periféricos al considerar que deben ventilarse todos juntos.

Por cierto, la única pieza separada de la Operación Molinos, el Caso Becerril --en el que el Ayuntamiento de Zaragoza ya no ejerce la acusación-- sí terminaría ante un jurado si el juez no lo archiva y considera que el principal de los delitos imputados al concejal y al empresario Carmelo Aured es el tráfico de influencias y no la revelación de secretos.

En cualquier caso, lo que sí parece ya seguro es que Alfredo Lajusticia cerrará la instrucción del caso, ya que permanecerá en La Almunia tras haber obtenido el ascenso a magistrado. Esta semana retoma los interrogatorios.

los que tenemos un coeficiente superior deberíamos ser jurado popular