La Muela - Zaragoza

El magistrado del Juzgado número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, ha ratificado la validez jurídica de las intervenciones telefónicas de la Operación Molinos al desestimar el recurso de la defensa del empresario Antonio Fando --a la que se adhirió la del concejal de La Muela Fernando Barba--, que había pedido la nulidad de las escuchas policiales.

El juez ha rechazado la petición en un auto, notificado ayer a las partes, en el que señala que las escuchas no vulneraron ningún derecho constitucional de los investigados y que se efectuaron bajo la supervisión del juzgado que instruye la causa, por lo que su validez jurídica está fuera de duda.

La resolución del juez de La Almunia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, contrasta con la que emitió el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, el instructor de la primera causa desgajada del caso La Muela --en la que el empresario Carmelo Aured y el concejal zaragozano Antonio Becerril están imputados por revelación de secretos y tráfico de influencias--, cuando la defensa del exteniente de alcalde de la capital aragonesa reclamó la nulidad de las escuchas por una serie de presuntos defectos formales. El magistrado Francisco Picazo la desestimó la desestimó sin entrar en el fondo del asunto al considerar que los instructores no pueden pronunciarse sobre una petición de ese tipo, para la que, según su criterio, son competentes los tribunales juzgadores.

La resolución del juez de La Almunia incluye una amonestación al letrado que formuló el recurso, de quien considera que utilizó un lenguaje muy duro y efectuó algunos afirmaciones que exceden los planteamientos críticos admisibles en el ejercicio de la defensa.

El juez de La Almunia ha estado todo el mes de agosto --en el que no ha disfrutado de vacaciones-- trabajando en el caso.

No obstante, salvo novedades, no retomará los interrogatorios hasta el 6 de octubre, fecha para la que ha citado a los empresarios Vicente Rodrigo, Julio Herrero, Manuel Boned y Arturo Beltrán.

El juez y la fiscal quieren interrogar a los tres primeros --Rodrigo y Herrero ya estaban imputados por cohecho y por fraude fiscal-- por el presunto escamoteo a Hacienda de 1.174.950 euros procedentes de transacciones de terrenos en La Muela, así como por "cualquier otra hecho con relevancia penal que se desprenda de las operaciones inmobiliarias de compra y venta que se investigan en las presentes actuaciones", señala la providencia en la que el instructor los cita.

En el caso de Beltrán, dueño de una empresa que hace cuatro años compró parcelas a bajo precio a la Sociedad Urbanística Municipal, el ministerio público solicitó al juez que se le hiciera saber explícitamente "que indiciariamente las citadas compraventas aparecen como irregulares y que su participación en las mismas (...) podrían constituir un delito de cohecho, fraudes y exacciones ilegales y otros".

En la causa hay 36 imputados, cuatro de los cuales, están en libertad bajo fianza: la alcaldesa Mariví Pinilla --800.000 euros--, el concejal Juan Carlos Rodrigo --150.000-- y los empresarios José Carlos Fernández --250.000-- y Julián de Miguel --120.000--.

Ya sabemos leer el periódico. Cuando fusiles una información pon al menos la fuente y/o su autor. En este caso, El Periódico de Aragón.

vaya pena Oroel...hoy te han dejado entrar sin registrar

los de la ciudad sin ley poniendo sus normas

es muy interesante la noticia. pica?

ANIMO SEÑOR JUEZ

Era predecible cuando a quien se recurre es el mismo que lleva la instrucción, eso pasa en todos los organos, para eso existen organismos superiores para seguir recurriendo.