La Muela - Zaragoza

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina tomará declaración mañana, jueves 16 de julio, al empresario muelano Carmelo Aured por su presunta implicación en un fraude millonario a la Hacienda pública.

Además de estar imputado por su presunta relación con la red de corrupción urbanística de La Muela, el juez almuniense Alfredo José Lajusticia imputó a Aured, primo de la alcaldesa muelana, María Victoria Pinilla, un delito de fraude a Hacienda, junto con otras seis personas.

El supuesto delito se habría cometido en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a 2003 y 2004.

Según la denuncia formulada por la fiscal del caso La Muela, Carmelo Aured, primo de la alcaldesa María Victoria Pinilla, habría realizado una declaración de IRPF a la Agencia Tributaria que no se correspondería con lo que, según la normativa vigente, debía haber declarado en estos dos años. Aured sería el autor del delito y los restantes seis empresarios serían cooperadores en la comisión de este delito.

El Ministerio Fiscal considera que Aured no declaró a Hacienda más de 700.000 euros en 2003 y, aproximadamente, 1.800.000 euros en 2004, beneficios provenientes de una operación inmobiliaria de compraventa en la que habrían participado representantes de las empresas Ebrogan y Nyesa. Entre los empresarios cooperadores se encontraría Arturo Beltrán.

Además de esta investigación, que más adelante podría derivar en una imputación formal, Carmelo Aured está imputado en el caso La Muela como presunto autor de un delito de tráfico de influencias.

Carmelo Aured está citado a declarar hoy en el Juzgado número 1 de La Almunia.
Foto:CHUS MARCHADOR

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El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de La Muela siguen ausentes en la causa judicial de la Operación Molinos, en la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia ha imputado a 35 personas por su presunta relación con una trama de corrupción urbanística. Ni acusan ni defienden a nadie. A pesar de que el Código Penal contempla la posibilidad de que puedan ser declarados responsables civiles subsidiarios en caso de condena de sus cargos públicos y empleados --en ambos casos hay encartados municipales y autonómicos--. Y con independencia de que los informes de la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía indiquen que ambas instituciones han sufrido quebrantos como consecuencia de las actuaciones de los acusados.

Por el contrario, el abogado del Estado, que defiende los intereses de la Administración central, lleva unos días personado en la causa. Concretamente, desde que tuvo conocimiento de la imputación de siete personas --dos de ellas encartadas con anterioridad-- por su presunta relación con un fraude fiscal de 2,5 millones de euros. En principio, un representante de la Abogacía del Estado participará hoy en el interrogatorio de tres de esas personas en La Almunia.

El artículo 121 del Código Penal establece que las comunidades autónomas y los municipios deben responder de los daños causados por los condenados "cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones" y estos sean "consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieran confiados". La reclamación de esa responsabilidad debe dirigirse específicamente contra la administración, algo que en el caso La Muela no ha ocurrido. No obstante, todavía no ha sido abierta la llamada pieza de responsabilidad civil, en la que se determinan las indemnizaciones y los responsables de cubrirlas.

En el caso de la DGA, está encartado el subdirector de Urbanismo de Zaragoza, Carlos Martín Rafecas. En el del ayuntamiento, además de la alcaldesa, Mariví Pinila, y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, se encuentran en esa situación el exsecretario, Luis Ruiz, y el arquitecto municipal, Francisco Núñez.

Por otro lado, algunos informes de la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía concluyen que el Ayuntamiento de La Muela sufrió un quebranto por la enajenación de parte de su patrimonio de suelo a precios inferiores a los del mercado.

Y, por otra parte, una de las líneas de investigación trata de esclarecer el posible desvío de parte de una subvención de 600.000 euros del Instituto Aragonés del Agua tras justificar su cobro mediante facturas falsas para justificar obras que, en realidad, no se había ejecutado.

El Ayuntamiento de Zaragoza, por el contrario, sí se ha personado en la causa en la que un juzgado investiga la relación entre el concejal Antonio Becerril y el empresario Carmelo Aured.

y quien está despierto a las mil de la mañana para escribir esto?

algún estomaguito despedido

mas despedidos tenía que ver si señor empezando por...

a oroel se le ha olvidado registrarse

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mira una mosca, blablabla


mira otra mosca, blablabla


hablo hasta en sueños. siempre tengo algo que decir