San Esteban del Molar - Zamora

Leonardo Boff
Alai-amlatina

Hoy en día en todos los países y foros se habla de desarrollo-crecimiento como nunca antes. Es una obsesión que nos acompaña por lo menos desde hace tres siglos. Ahora que se ha producido el colapso económico, la idea ha vuelto con renovado vigor, porque la lógica del sistema no permite, sin autonegarse, abandonar esa idea-matriz. ¡Ay de las economías que no consigan rehacer sus niveles de desarrollo-crecimiento! Van a sucumbir junto a una eventual tragedia ecológica y humanitaria.

Pero tenemos que decirlo con todas las letras: retomar esa idea es una trampa en la que está cayendo la mayoría, inclusive Benedicto XVI en su reciente encíclica Caritas in veritate, dedicada al desarrollo. Esto puede verificarse casi de manera unánime en los discursos de los representantes de los 192 pueblos presentes en la reunión de la ONU a finales de junio. La gran excepción, que causó asombro, fue el discurso inicial y final del presidente de la Asamblea General, Miguel d’Escoto, que pensó hacia delante en la lógica de otro paradigma de relación Tierra-Vida-Humanidad, y subordinando el desarrollo al servicio de estas realidades centrales. Del resto no se oía otra cosa: hay que retomar el desarrollo-crecimiento, si no la crisis se perenniza.

¿Por qué digo que es una trampa? Porque para alcanzar los índices mínimos de desarrollo-crecimiento del 2% anual previsto, necesitaríamos dentro de poco dos Tierras iguales a la que tenemos. No lo digo yo, lo dijo el expresidente francés Jacques Chirac cuando el IPCC publicó en Paris el 2 de febrero de 2007 los resultados del calentamiento global. Lo repiten con frecuencia el renombrado biólogo Edgard Wilson y el formulador de la teoría de la Tierra como Gaia, James Lovelock, entre otros. La Tierra está dando señales inequívocas de estrés generalizado. Hay límites que no se pueden sobrepasar.

Recientemente, el Secretario de la ONU, Ban-Ki-Moon advirtió a los pueblos de que solamente tenemos unos diez años para salvar a la civilización humana de una castástrofe ecológica planetaria. En un número reciente de la revista Nature, un prestigioso grupo de científicos publicó un informe sobre «Los límites del planeta» (planetary boundaries) en el que afirmaban que en varios ecosistemas de la Tierra estamos llegando punto de no retorno (tipping point) con referencia a la desertificación, la fusión de los cascos polares y del Himalaya, y a la creciente acidez de los océanos. Cabe aquí citar, en mi opinión, el mejor fundamentado estudio de los autores del legendario Los límites del crecimiento del Club de Roma de 1972: D. Meadows y J. Randers. Su libro de 1991 tiene un título que es una llamada de alerta: Mas allá de los límites: colapso total o un futuro sostenible.

La tesis de estos autores es que la excesiva aceleración del desarrollo-crecimiento de las últimas décadas, del consumo y del desperdicio, nos han hecho conocer los límites ecológicos de la Tierra. No hay técnica ni modelo económico que garantice la sostenibilidad del proyecto actual. El economista Ignacy Sachs, amigo de Brasil, uno de los pocos que propone un ecosociodesarrollo comenta: «No se puede excluir la idea de que, por exceso de aplicación de racionalidad parcial, acabemos en una línea de irracionalidad global suicida» («Forum», junio 2009 p.19). Ya he afirmado en este espacio que la cultura del capital tiene una tendencia autosuicida. Prefiere morir a cambiar, arrastrando a otros consigo.

Los formuladores de la visión sistémica llaman a este fenómeno sobrepasamiento y colapso. Es decir, sobrepasamos los límites y nos dirigimos hacia un colapso.

¿Estaré siendo pesimista? Respondo con José Saramago: «no soy pesimista, la realidad es la que es pésima». Efectivamente: o abandonamos el barco del desarrollo insostenible en dirección a lo que la Carta de la Tierra llama «un modo sostenible de vivir» y los andinos «el bien vivir», o vamos a tener que aceptar el riesgo de ser despedidos de este planeta.

Pero como el universo está hecho de virtualidades todavía no ensayadas, esperamos que surja una que nos salve a todos.

Marcelo, scribe articulos, como el de mias, y no malgastes mensajes, copiando los articulos de revistas....

Las cinco crisis invisibles
BBC Mundo

1.INVISIBILIDAD DEL DESEMPLEO
La OIT calcula que 50 millones de personas se agregarán a las filas de desocupados en 2009:el número total será entre 210 millones y 239 millones.
A pesar de esto, la crisis laboral ha quedado relegada a un segundo plano en la agenda mediática.
Más grave aún, en la agenda gubernamental, está muy por detrás de la salud del sector financiero.
La ayuda directa al empleo es ínfima en comparación, aunque en el mundo desarrollado, hay que tomar en cuenta el seguro social que cubre a los desempleados.

2.INVISIBILIDAD DE LA POBREZA
El desempleo está disparando otro silencioso escándalo: la pobreza mundial.
Según la OIT a fin de año habrá unos 1.422 millones de pobres - casi una cuarta parte de la población mundial.
El empleo no será una garantía de nada. Más de 200 millones de nuevos pobres que ha traído la actual crisis tienen empleo, pero ganan menos de dos dólares diarios.
El crédito fácil fue la manera de sustituir la caída del salario real y sostener el consumo, verdadero motor del crecimiento económico estadounidense.

3.INVISIBILIDAD DEL HAMBRE
Las cifras de la FAO son alarmantes. Según la organización 1.020 millones de personas sufrirán hambre diariamente a consecuencia de la crisis económica: una sexta parte de la población mundial.

4.INVISIBILIDAD DE LOS ACTIVOS TÓXICOS
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos activos tóxicos hay en el sistema bancario.
El Fondo Monetario Internacional ha ido cambiando su evaluación de estas deudas incobrables que tienen los bancos escondidas en la complejísima ingeniería financiera que se montó a partir de la desregulación de los 80.
En su ultima evaluación, el FMI hablaba de 4 millones de millones de dólares, pero otras fuentes han llegado a sumar 16 millones de millones y, en realidad, nadie sabe a ciencia cierta.

5.INVISIBILIDAD DE LOS PARAISOS FISCALES
Una de las razones por las que no se termina de conocer la suma total de las deudas incobrables o activos tóxicos es que se encuentran diseminados en la opacidad de los paraísos fiscales.
Esta opacidad es una red de filiales, sucursales y compañías fantasmas que operan bajo la regulación laxa o nula de esas jurisdicciones.
Los especialistas calculan que los paraísos fiscales mueven unos US$11 millones de millones, equivalente al PIB de Estados Unidos.
El derrumbe de los bancos en los últimos dos años está vinculado a la existencia de los paraísos fiscales.
La caída del Bear Stearns se produjo meses después del hundimiento de dos de sus fondos de alto riesgo (hedge funds) registrados en un buzón de correos en las Islas Caimán.
La mecánica era clásica. Estos fondos de alto riesgo recibían préstamos apalancados (con un endeudamiento muy superior a su capital) para que especularan con títulos y valores vinculados a las hipotecas sub-prime.
Aunque existían gracias al respaldo de la casa matriz, los fondos que movían no figuraban en los balances contables del Bear Stearns porque "pertenecían" a las compañías en los paraísos fiscales.
A falta de una nueva regulación financiera internacional, los bancos pueden hacer - quizá están haciendo - las mismas operaciones que llevaron a la peor crisis económica desde el crack del 29.

SEGÚN EUROSTAT
Los precios bajan un 0,6% en la eurozona, frente al 1,4% de España. La tasa de inflación interanual en los países de la zona del euro continuó su senda descendente en julio y se situó en el -0,6 por ciento, cinco décimas por debajo de la de junio, lo que supone el segundo registro negativo consecutivo de este indicador.

EFE
Así, según el cálculo adelantado difundido hoy por Eurostat, la oficina estadística comunitaria, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en el -0,6% en tasa interanual, tras el -0,1% de junio, lo que supuso el primer registro negativo de la historia de este indicador.

El dato conocido hoy confirma la tendencia a la baja iniciada el mes anterior, cuando se registró por primera vez una tasa de inflación negativa en la zona del euro desde que en 1997 comenzó a elaborarse el índice de precios con un método común en toda la UE.

En España, donde la inflación se sitúa en cifras negativas desde hace meses, el indicador avanzado difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) marcó un nuevo mínimo histórico del -1,4%.

Si se confirman los datos, el diferencial de inflación de España con sus socios del euro se situaría en ocho décimas.

Eurostat publicará el dato definitivo del IPCA correspondiente a julio, con información detallada sobre su composición y por países, el próximo 14 de agosto.

El primer cálculo se efectúa a partir de los datos adelantados en algunos países del área, así como de información preliminar sobre la evolución del precio de la energía.

La oficina estadística, con sede en Luxemburgo, resalta que este método de cálculo es fiable, ya que en los últimos dos años ha coincidido en 18 ocasiones con el dato definitivo y en seis la desviación ha sido de una décima.

EL ARTICULO ANTERIOR SE ME OLVIDABA ES PARA MARCELO....

SALUD O NEGOCIO
Miguel Ángel Llana
20-08-2009

Los derechos esenciales de los ciudadanos han de cumplir tres condiciones: que sean gratuitos, universales y públicos

Ahora parece que la crisis es la responsable de todos los males, como si fuera la causa en sí misma, cuando sólo es la consecuencia de una determinada política económica al servicio de la fortuna de unos pocos -personas y países- y para ruina de muchos. Para la mayoría, la crisis es sólo un escollo más en este proceso y para algunos beneficiados significa que han de buscar otros mercados -nuevas víctimas- en donde de seguir obteniendo plusvalías similares.

Los derechos básicos de los ciudadanos fueron disminuyendo y, sin duda, cuatro millones de parados es el indicador más elocuente. El ritmo de crecimiento y acumulación de la economía era y es una cosa y el de los ciudadanos otra. Pero, ahora resulta que no hay dinero para la Salud, para la Sanidad, y los ciudadanos han de conformarse con menores prestaciones y, resulta también, que como consumen muchos medicamentos, camas, envejecen, etc, se convierten en los responsables de la situación. Queda a salvo, por supuesto, la gestión política y económica de los responsables.

Si la salud es algo fundamental y el Gobierno -después de sanear la banca- comienza a lanzar la duda de que no hay dinero, que los ingresos han bajado y que la Salud puede entrar en quiebra, no queda otra salida más que la privatización. Es decir, volvemos a lo dicho al principio, están sugiriendo que este es el nuevo mercado para que el poder económico pueda seguir manteniendo la plusvalía para tanta acumulación de bienes y dinero, fruto de la crisis.

Los derechos esenciales de los ciudadanos han de cumplir tres condiciones: que sean gratuitos, universales y, por último, que sean públicos. De otro modo no es posible una asistencia efectiva y real, y no importa de qué campo de los servicios sociales estemos hablando, lo dicho vale tanto para la Salud como para la Educación, etc.

Gratuita, para que sea accesible sin que importe el nivel de ingresos y, universal para que nadie quede excluido. Pero, para que estos dos requisitos se cumplan el servicio ha de ser necesariamente Público, única forma de garantizar que el beneficiario sea el ciudadano y no que otros intereses puedan ser prioritarios. Hablamos de Salud y no de empresas que, como tales, como entidades mercantiles, tienen como fin el beneficio y para esto se constituyen (Y no se trata de buenas o de malas intenciones, porque las sociedades mercantiles tienen como único fin legal el lucro, no otra cosa)

Conviene recordar, aunque sea papel mojado, los contenidos de la Constitución Española, en la que en tantos artículos se reconocen derechos pero, en cambio, ninguna responsabilidad ni al Gobierno ni a las autoridades, cuando tales derechos no se satisfacen. El capítulo III habla de los principios rectores de la política social y económica y en el art. 43.2 dice: "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". Y, si esto no es así ¿pasa algo? pues no, los "poderes públicos" seguirán como hasta ahora, con su plutocracia.

Los servicios sociales debidos a la población sufren embestidas que los deterioran cada día más, unas veces de manera abierta y otras indirectamente, pero con el mismo objetivo: privatizar el servicio para hacer de él un negocio. Claro que no se plantea de forma tan abierta, sino que se disimula interponiendo principios tan loables como mejorar la calidad, la eficacia o cualquier otra ocurrencia.

Los servicios sociales representan una parte importante del gasto de los presupuestos públicos y por esta razón son un bocado más que apetecible por los partidarios -es decir, beneficiarios- de la privatización de lo público. Así está sucediendo hace tiempo con la externalización de servicios de hospitales y de ambulatorios, cuando no directamente con su privatización. Mención aparte merecen las multinacionales farmacéuticas y las Mutuas privadas que atienden accidentes laborales, bajas y altas de trabajadores y a funcionarios, compitiendo directamente con la Seguridad Social, en su detrimento, y con el reiterado visto bueno de partidos, sindicatos mayoritarios y Gobierno. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros desviados de la Salud Pública hacia el sector privado.

Ahora, en estos momentos, nadie defiende el sistema que nos ha metido de cabeza en la crisis. El neoliberalismo está proscrito, pero en cambio las recetas que se dispensan para resolver la situación, son las mismas.

Y, aprovechando la crisis, toca ahora poner en cuestión el sistema de Salud, y lo hace el propio Gobierno. Pero como no se trata de resolver ningún problema y cuando tampoco se quiere ir al fondo de la cuestión, se recurre a los tópicos y se carga las culpas al consumo de medicamentos, por ejemplo. Se responsabiliza a médicos y a pacientes, a unos por medicarse y a otros por recetar. El planteamiento del Gobierno queda claro: "río revuelto" y ninguna solución.

www.asturbulla.org

Efectos de la regresividad fiscal
Vicenç Navarro
06-09-2009

Desde el inicio de la época neoliberal, la mayoría de países de la Unión Europea (incluyendo España) han implementado políticas de reducción de impuestos, con un aumento muy notable de su regresividad. Como consecuencia, las rentas del capital y las de los grupos más pudientes de la sociedad han visto reducir sus impuestos de una manera muy marcada, aumentando, así, sustancialmente sus ingresos. Durante la década 1996-2006, los beneficios empresariales aumentaron un 33% en la media de la Unión Europea de los Quince (UE-15) y un 36% en la zona euro. En España, tales incrementos fueron incluso superiores. Las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15).

Este aumento de las rentas de capital tuvo lugar a costa de las rentas del trabajo. La masa salarial (que mide tales rentas) descendió muy marcadamente, pasando de representar el 70% de la renta nacional en la zona euro, en el año 1992, al 62% en el año 2005, descenso que fue, incluso, más acentuado en España, que pasó de representar el 72% de la renta nacional al 61%. Ello fue resultado de que el crecimiento de la riqueza del país no se estaba distribuyendo equitativamente. Mientras los beneficios empresariales crecían exuberantemente, los costes laborales aumentaron sólo un 18,2% durante el periodo 1999-2005 en la zona euro, un crecimiento, incluso, mucho menor en España, donde tales costes laborales subieron sólo un 3,7%, cinco veces menos que en la zona euro.

Este descenso de la masa salarial (que ocurrió independientemente de los ciclos económicos y a pesar del aumento de la población activa) fue una de las mayores causas de la crisis económica, crisis que se debe a la falta de demanda. Las familias de las clases populares (la clase trabajadora y clases medias) intentaron sustituir la reducción de la masa salarial endeudándose (proceso facilitado y estimulado por las empresas financieras), lo cual pudieron hacer gracias al precio de su aval, la vivienda, que fue subiendo. Pero cuando éste colapsó, las familias se quedaron con enormes deudas, que además de no poder pagarlas, tampoco pudieron obtener créditos para liquidarlas.

A este problema de la demanda, consecuencia del descenso de la masa salarial, se añadió la crisis financiera, resultado directo de la exuberancia de las rentas del capital y sectores pudientes de la sociedad, los cuales no invirtieron –a través de la banca- en las empresas productivas, pues la rentabilidad de tales empresas era baja, consecuencia de la falta de demanda. No era rentable invertir en la industria automovilística, por ejemplo, pues había un descenso muy marcado de la demanda de coches, resultado de que la gente no tenía dinero para comprarlos. De ahí que invirtieran en actividades especulativas, tales como el sector inmobiliario, alcanzando unos niveles de beneficios del complejo bancario-inmobiliario-construcción escandalosamente altos, inflándose los precios de la vivienda un 32%. Este complejo fue el motor del crecimiento económico en España y su enorme poder político y mediático es una de las mayores causas del retraso en la recuperación económica en España (ver Navarro, V., “Las rigideces del mercado bancario-inmobiliario” en www.vnavarro.org). Incluso hoy, cuando el precio de la vivienda ha descendido en otros países (como EEUU) hasta un 30%, en España sólo ha descendido un 8%. Si no se da un descenso mucho mayor, no se reavivará el mercado de la vivienda, y con ello la recuperación económica.

La solución de la crisis exige una reversión de esta enorme polarización de las rentas, que ha sido facilitada por unas políticas fiscales regresivas, que han beneficiado las rentas del capital y de las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta situación es particularmente acentuada en España, ya que tiene la menor carga fiscal de la UE-15, y cuyo estado es el menos redistributivo de tal grupo de países. Varios estudios internacionales han mostrado que la intervención del estado español (a través de sus políticas impositivas y de gasto público) es una de las que en la UE-15 altera menos la mala distribución de la renta, con una enorme concentración de la renta en los grupos superiores, siendo uno de los países de tal comunidad con mayores desigualdades sociales.

Estas políticas fiscales y la consiguiente enorme polarización de las rentas, tienen no sólo un coste económico elevado (las economías más eficientes en la Unión Europea incluyen las escandinavas, de tradición socialdemócrata, que tienen una polarización social menor), sino también un gran coste social (tenemos el gasto público, incluyendo el gasto público social per cápita, más bajo de la UE-15) y un coste político elevado (el grado de distanciamiento de las clases populares hacia el estado es de los más elevados de la UE-15), coste que es particularmente acentuado para las izquierdas gobernantes, que han promovido políticas fiscales semejantes a las de los gobiernos de derechas. Estos últimos gobiernos se han beneficiado de tales políticas, pues sus políticas fiscales han conseguido movilizar a sus bases electorales, que han sido beneficiadas con tales políticas regresivas. No así los gobiernos de centroizquierda que han alienado a sus militantes (el partido socialdemócrata alemán perdió la mitad de sus militantes durante el gobierno Schroeder) y a sus bases electorales, estando hoy en una crisis profundísima. De ahí que se requieran cambios muy notables de las políticas fiscales para que estos gobiernos de centroizquierda (incluyendo el español) recuperen el apoyo popular. Para ello tienen que recuperar unas prácticas y una narrativa que enfatice que las clases dominantes (término prácticamente desaparecido del discurso político, dando a entender que no existen) del país son responsables de la crisis y tienen que poner los recursos para resolverla. Presentar el tímido aumento de impuestos de los grupos más pudientes como necesario para cubrir el déficit del estado transmite una visión gestora con escasa capacidad de movilización entre sus bases electorales. Las izquierdas deben recobrar los valores y el lenguaje de izquierdas, subrayando que hay que redefinir la mala distribución de poder económico (que determina también el poder político), revirtiendo unas políticas fiscales liberales que han sido, durante todos estos años, muy exitosas para una minoría a costa del sacrificio de la mayoría de nuestra población.

Asociación de Teólogos Juan XXIII

El sector de izquierda de la Iglesia Católica española emite un duro informe contra el capitalismo y el gobierno de Zapatero.

"Además de la economía y de la política, la fe y la ética también están en crisis". En torno a esta tesis de fondo gira el comunicado final del XXIX Congreso de Teología que se clausura este domingo en Madrid. Una vez hecho el diagnóstico, los 700 participantes, convocados por la progresista Asociación de Teólogos Juan XXIII, denuncian a los culpables: el sistema capitalista, las confesiones religiosas y la política económica del Gobierno socialdemócrata.

A los llamados 'rojos' de la Iglesia católica no les duelen prendas a la hora de criticar al Gobierno de Zatapero, cuya "política económica beneficia a los poderosos", dicen. Por eso, le piden "un cambio urgente de rumbo" y "la puesta en marcha de políticas fiscales y sociales favorables a los sectores más desfavorecidos".

Políticas que tengan en cuenta a la "humanidad doliente, en especial de los sectores excluidos del mercado laboral, desposeídos de todo tipo de derechos sociales". Para estos, el Congreso de Teología suplica "una sociedad más justa y equilibrada, en la que se deje oír la voz y el llanto de los más pobres entre los pobres, los que han sido arrojados fuera del mercado laboral, habiendo sido privados de su sustento y de su dignidad".

El Gobierno no es el único que sale mal parado en el manifiesto del Congreso de Teología. Las religiones le van a la zaga. "Denunciamos la apatía y la falta de compromiso social de las confesiones religiosas, que se preocupan más por cuestiones de poder y por seguir defendiendo situaciones de privilegio en el terreno económico y social que por denunciar las injusticias de un sistema que atenaza a los sectores más necesitados".

El capitalismo, culpable de la crisis

Pero el auténtico culpable de la crisis es, para la izquierda eclesial, "el sistema capitalista, que permite que unos pocos se enriquezcan a costa del empobrecimiento de las mayorías populares". Por eso, según los católicos progresistas, la situación actual es de "injusticia económica excluyente de los más necesitados y vulnerables de la sociedad".

De ahí que soliciten la construcción "de un nuevo orden mundial alternativo al neoliberalismo y capaz de llevar a cabo controles efectivos del actual sistema financiero para evitar los abusos que se producen sistemáticamente".
Por el momento y mientras no se ponga en marcha ese nuevo orden, la crisis es, según los participantes en el Congreso, "una prueba de fuego no sólo para los dirigentes mundiales, sino también para las conciencias de muchos cristianos, al cuestionar su nivel de solidaridad comprometida".

Es la hora, pues, "de solidarizarse con los colectivos más frágiles de la humanidad y recuperar algunos valores cristianos, como la opción preferencial por los pobres, asi como la identificación con los mártires de la tierra, dando respuesta tanto a las demandas del tercer mundo como a las bolsas de pobreza del cuarto mundo".

De ahí que, como ciudadanos y creyentes, se comprometan a "renunciar al consumo irracional e insolidario, viviendo con austeridad, solidarizándose de manera efectiva con las víctimas de la crisis y trabajando por la justicia".
Ésta es la XXIX edición de un Congreso de Teología que se viene celebrando interrumpidamente desde hace casi 30 años. Convocado por la progresista Asociación de Teólogos Juan XXIII, aglutina a los sectores más progresistas de la Iglesia católica y es mirado, desde siempre, con recelo por la jerarquía. De hecho, desde hace ya más de una década, se celebra en la sede de Comisiones Obreras de Madrid, porque los obispos les han vetado cualquier lugar que pertenezca a la Iglesia.

Asociación de Teólogos Juan XXIII