San Esteban del Molar - Zamora

Le Monde Diplomatique
Nº: 241 Noviembre 2015

Democratizar la democracia
Ignacio Ramonet

En el marco de la globalización económica, el sistema democrático se enfrenta a una paradoja: los ciudadanos se desinteresan de la política, tal y como lo demuestra el incremento de la abstención en muchas elecciones. Pero, por otra parte, esos mismos ciudadanos desean controlar mejor la acción pública y participar más en la elaboración de proyectos que les conciernen directamente. ¿Cómo conciliar estas dos tendencias?

Por primera vez, hay en el planeta más sistemas democráticos y más alternancias democráticas de Gobierno que nunca. Hace cuarenta años, durante la transición en España, había apenas unas 30 democracias. Actualmente, el número de países democráticos –en distintas fases de consolidación– es superior, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a 85. O sea, la democracia se ha convertido en el sistema de Gobierno con mayor legitimidad en el mundo global. Sin embargo, nunca hemos estado tan descontentos con la democracia. Los síntomas de este malestar son cada día más visibles. El número de posibles electores que decide no votar es cada vez mayor. Según una encuesta realizada por Gallup Internacional en 60 países “democráticos”, sólo uno de cada diez encuestados pensaba que “el Gobierno de su país obedecía a la voluntad del pueblo”.

En muchos Estados democráticos se observa también el (re)surgimiento de partidos de tradición antiparlamentaria, en su mayoría de derecha populista o de extrema-derecha. Países de indiscutible tradición democrática –Suiza, Dinamarca, Finlandia– están hoy gobernados por (o gracias al apoyo de) partidos de extrema derecha que cuestionan la legitimidad del funcionamiento democrático actual. Pero también muchos ciudadanos corrientes, brutalmente golpeados por la crisis (véase, en España, el Movimiento 15-M), cuestionan la sumisión del sistema democrático a los nuevos megapoderes financieros y mediáticos. Existe, pues, un rechazo respecto del funcionamiento actual de la democracia. La confianza en los representantes políticos y en los partidos se está erosionando. El sistema representativo parece incapaz de dar respuesta a las nuevas exigencias políticas. Y un sector importante de población ya no se contenta con la emisión de su voto cada tantos años, sino que quiere participación.

En esta situación, resulta cada vez más difícil llevar a cabo reformas o tomar decisiones políticas de cierto alcance. Los intereses de poderosos lobbies o grupos de presión, las campañas mediáticas, pero también la defensa de derechos legítimos adquiridos por parte de determinados grupos de ciudadanos, dificultan los cambios. La política ya no se atreve a tocar ciertos temas y, si lo hace, tiene a veces que enfrentarse a fuertes resistencias; en muchos casos debe dar marcha atrás.
La mayoría de los ciudadanos están convencidos de que la democracia es la mejor fórmula de Gobierno existente pero, por otro lado, en mayoría también, desconfían de sus representantes políticos y de los partidos. Recordemos lo que decía nuestro amigo José Saramago: “Es verdad que podemos votar. Es verdad que podemos, por delegación de la partícula de soberanía que se nos reconoce como ciudadanos con voto y normalmente a través de un partido, escoger a nuestros representantes en el Parlamento. Es cierto, en fin, que de la relevancia numérica de tales representaciones y de las combinaciones políticas que la necesidad de una mayoría impone, siempre resultará un Gobierno. Todo esto es cierto, pero es igualmente cierto que la posibilidad de acción democrática comienza y acaba ahí. El elector podrá quitar del poder a un Gobierno que no le agrade y poner otro en su lugar, pero su voto no ha tenido, no tiene y nunca tendrá un efecto visible sobre la única fuerza real que gobierna el mundo, y por lo tanto, su país y su persona: me refiero, obviamente, al poder económico, en particular a la parte del mismo, siempre en aumento, regida por las empresas multinacionales de acuerdo con estrategias de dominio que nada tienen que ver con aquel bien común al que, por definición, aspira la democracia”.


Es decir, estamos frente a una paradoja dramática: nunca hemos tenido tanta democracia, pero tampoco nunca ha habido tanta desafección y tanta desconfianza con respecto a la democracia representativa. Entre las causas de esa desafección podríamos citar las diez siguientes: 1) Demasiadas desigualdades (ricos cada vez más ricos, pobres más pobres). 2) Crisis del Estado y de lo público, atacados por las teorías neoliberales adictas al “Estado mínimo”. 3) Carencia de una sólida cultura democrática. 4) Nefasto efecto de los casos de corrupción de políticos (tan frecuentes en España). 5) Dificultades en la relación entre los partidos y el resto de la sociedad civil. 6) Subordinación de la actividad política a los poderes fácticos (mediáticos, económicos, financieros). 7) Sumisión de los Gobiernos a las decisiones de organizaciones supranacionales (y no democráticas) como el Banco Central europeo (BCE), el G-20, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC), etc. Incremento de los enfrentamientos entre la sociedad civil y los Gobiernos. 9) Discriminaciones o exclusiones hacia categorías sociales o de género (inmigrantes, homosexuales, sin papeles, mujeres, gitanos, musulmanes, etc.). 10) Dominación ideológica de grupos mediáticos que asumen el papel de oposición, y defienden sus intereses y no los de los ciudadanos.

En muchos países, el crecimiento macroeconómico no se traduce en mejoras en el nivel de vida de la población humilde, lo que crea malestar microsocial. Existe un dato alarmante: una investigación realizada en América Latina por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que el 45% de los latinoamericanos decía preferir someterse a una dictadura que les garantizase empleo y salario suficiente a vivir en una democracia que no los sacara de la miseria...

Esto significa que muchos de los desafíos para la democracia vienen de la pobreza y de la desigualdad. Tocamos ahí el núcleo fundacional del pensamiento democrático moderno. Jean Jacques Rousseau decía, en El Contrato Social, que “el Estado social será ventajoso para los seres humanos sólo cuando todos posean algo y ninguno tenga demasiado”.


Por otra parte, en el marco de la globalización neoliberal, el Estado pierde capacidad reguladora sobre un mercado que, a su vez, deja de ser nacional. Las empresas transnacionales y los mercados financieros dejan de necesitar al Estado como soporte. De esta manera, lo característico hoy es el debilitamiento de los Estados. La era de los Estados nacionales, y sobre todo, la era del Estado democrático, culminó con la aparición de realidades políticas como los partidos de masas, la cultura de masas y el convencimiento colectivo de que los súbditos dejaban de ser súbditos (a los cuales se ordena) para convertirse en ciudadanos (a los cuales hay que convencer).

Hoy, el Estado nacional cede parte de sus poderes a instancias supranacionales (por ejemplo, la Unión Europea) y también a instancias subnacionales (en España, las autonomías), dado que globalización y descentralización se dan, universalmente, como dos procesos coetáneos. La globalización vuelve a la democracia menos relevante pues cada día son menos las decisiones importantes que se toman dentro del ámbito de los Estados nacionales. La “democracia realmente existente” vive, de ese modo, un conjunto de transformaciones que la sitúan muy lejos de sus tres modelos matrices: la reforma parlamentaria británica de 1689, la revolución americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. El elector deja de ser un ciudadano (que hay que convencer) para convertirse en un consumidor (al cual hay que seducir). En este panorama cultural, el ejercicio de la democracia representativa deja de ser una actividad llena de sentido para convertirse, a ojos de los ciudadanos, en un espectáculo interpretado por una “casta” ajena, en el que no participa realmente.

Tenemos así una doble transformación. Por un lado, la globalización ha disminuido el peso del Estado nacional y la relevancia de la vida política democrática. Y, por otro lado, la transformación cultural, que lleva a la “tele-video-política”, ha erosionado la relación entre los ciudadanos y la cosa pública.
Podemos decir que estamos, pues, en una situación en la que los instrumentos de la democracia forjados durante dos siglos dejan de ser eficaces. Y aunque parece que asistimos al triunfo generalizado de la democracia, más bien asistimos al ocaso de sus éxitos. Porque prevalece una marcada exclusión de la mayoría de la población con respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. De manera que el consenso se reduce a minorías (la “casta”) no representativas de la pluralidad de intereses de una sociedad.

Así han emergido las exigencias de una “democracia directa” y de la participación ciudadana en la gestión pública, que pueden verse como las dos caras de la democracia participativa. Después de América Latina, Europa vive hoy un debate entre democracia representativa y democracia participativa. La principal expresión de la democracia participativa es la “participación ciudadana”, un proceso mediante el cual el ciudadano se suma, de forma individual o colectiva, a la toma de decisiones, al control y a la ejecución de las decisiones en los asuntos públicos.

La sociedad civil y algunos movimientos sociales estiman que los partidos son los principales causantes de la desafección ciudadana frente a la democracia. Es un debate, en nuestra opinión, estéril: no hay democracia sin partidos y los males de los partidos son, en parte, los mismos que aquejan a otros sectores de la sociedad. Pero los partidos deben asumir que ellos solos ya no son suficientes para hacer democracia. Tienen que reconstruir su legitimidad a base de transparencia y de democracia interna. Y admitir que a la gente ya no le basta con depositar un voto en las urnas cada cuatro o cinco años... Los ciudadanos ya no aceptan ver su papel en el debate público limitado a eso.

Las Constituciones de Venezuela (1999), de Ecuador (200 y de Bolivia (2009), entre las más avanzadas del mundo en esta materia, hablan de “democracia participativa” y ya no de democracia representativa. Porque se proponen, en efecto, democratizar la democracia. Aunque, en general, hay consenso en torno a la necesidad de conservar la democracia representativa, aparece ahora de forma evidente la necesidad de fortalecer, dentro de ella, los mecanismo de participación para tratar de superar el divorcio entre política y ciudadanía.


Recordemos que la introducción de mecanismos de democracia directa (la iniciativa legislativa popular y la consulta popular mediante plebiscito o referéndum) no debilita a la democracia representativa. Lo demuestra el hecho de que esos mecanismos existen, por ejemplo, en Suiza, en Italia, en Estados Unidos y, cada vez más, en la Unión Europea. Existe también el “mandato revocatorio”, que sólo se ha establecido, a escala nacional, en Venezuela (incluso para el Presidente de la República). Venezuela es el único país del mundo en el que se ha efectuado, en 2005, una consulta popular para revocar el mandato presidencial. Ganada, por cierto, por el Presidente Hugo Chávez. Pero la revocatoria local sí que existe para instancias subnacionales (regionales, municipales) en otros Estados latinoamericanos: Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, etc.

Finalmente, lo que debe quedar claro es que nuestras democracias necesitan nuevos pactos sociales y constitucionales (urgencia, en España, de una nueva Constitución federal) para construir democracias de ciudadanos –y no sólo democracias electorales– en la que no puede haber exclusiones. Además, el modelo representativo no ha dado respuestas satisfactorias a temas tan actuales como los problemas del medio ambiente, las amenazas a la biodiversidad, el calentamiento global, el desempleo, el envejecimiento demográfico de las sociedades europeas, la cibervigilancia masiva, las migraciones, la marginación y la pobreza del mundo.

Si la democracia sigue siendo el modelo que mejor promueve el debate y el diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos sociales, el sistema representativo impide una participación real y eficiente de la ciudadanía. Resulta evidente, por consiguiente, que la defensa del bien común a largo plazo sólo es posible con –y no contra– los movimientos sociales y los ciudadanos. De ahí la urgencia de democratizar la democracia.

Le Monde Diplomatique
Nº: 242 Diciembre 2015

Desafíos del cambio climático
Ignacio Ramonet

Lo que está en juego en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) –que comenzó en París, en su edición 21, el 30 de noviembre 2015 y que durará hasta el 11 de diciembre–, es intentar lograr por vez primera un acuerdo universal y obligatorio que permita combatir eficazmente la crisis del clima e impulsar la transición hacia sociedades no dependientes del petróleo. Un acuerdo global hacia una transición con equidad.

Pero veinte años de fracasos sucesivos en las cumbres climáticas no dejan lugar al optimismo. A pesar de que ya casi nadie niega que la temperatura del planeta ha aumentado y que ello se debe a la actividad industrial humana. Incluso el Papa Francisco, en su reciente Encíclica Laudato Si’, reconoce que “hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático”. Y “numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana”.

El mundo se modifica sin cesar pero nuestro conocimiento no siempre está al día de tantas transformaciones. A pesar de la multiplicidad de las fuentes de información, estamos viviendo en un planeta en buena medida desconocido. No en el sentido en que lo entendían los exploradores de antaño, sino porque no siempre percibimos las relaciones y las interacciones entre fenómenos pertenecientes a distintos ámbitos: por ejemplo, entre la economía y la ecología, entre el medio ambiente y los movimientos sociales o entre nuestro modo de consumir y el cambio climático. Por eso es necesario actualizar periódicamente nuestra visión del planeta. Tal es uno de los objetivos de la COP21.

En pocos años todo ha cambiado. Fin de la era industrial. Informatización generalizada y mundialización de Internet. Conflictos étnicos y religiosos. Terrorismo yihadista planetarizado. Migraciones masivas. Nuevas pandemias. Efecto avasallador de la globalización liberal. Crisis financiera global. Y toma de conciencia colectiva de los peligros del cambio climático.

Tenemos ahora el sentimiento de hallarnos ante un mundo más amenazante. Muchas de nuestras referencias anteriores se han quedado obsoletas. Se han derrumbado nociones políticas y sociológicas que habían estado vigentes durante dos siglos. Las herramientas conceptuales que empleamos durante tanto tiempo para comprender y para explicar la evolución de las cosas, se han vuelto de pronto inadecuadas, desprovistas de eficacia para evaluar los cambios actuales.

La cuestión ecológica, durante tanto tiempo negada o minimizada, ocupa ahora el centro de las preocupaciones de muchos ciudadanos. Es el resultado del extenso e incansable trabajo de alerta de organizaciones ecologistas basado en informes científicos. En especial, la decidida acción de los fundadores de la ecología moderna, agrupados en el Club de Roma, quienes –ya en 1970– publicaron un resonante informe inaugural que despertó las conciencias del planeta.

Después apareció el decisivo “Informe Brundtland”, que publicó en 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo con el título de Nuestro futuro común. Ese informe introdujo la noción de “desarrollo sostenible”, que habría de popularizarse tanto. Luego, con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, se aceleró la toma de conciencia colectiva. En aquella ocasión se supo que la población mundial crece a un ritmo sin precedentes: somos 7.500 millones, cifra que sólo se estabilizará, hacia 2050, en alrededor de 10.000 millones. Ahora bien, tal y como la COP21 lo mostrará, si todo ser humano mantuviera el nivel de consumo de los terrícolas más ricos, el planeta apenas podría satisfacer las necesidades de unos 600 millones de individuos, dado que los recursos no son inagotables.

En medio de una confusión entre crecimiento y desarrollo prosigue la destrucción sistemática de la naturaleza, tanto en el Norte como en el Sur. Se suceden los saqueos de todo tipo infligidos a los suelos, al agua y a la atmósfera. Derroche energético, urbanización galopante, deforestación tropical, contaminación de los acuíferos, de los mares y de los ríos, reducción de la capa de ozono, lluvias ácidas… Todo ello, que los dirigentes mundiales detallarán en esta COP21, pone en peligro el futuro de la humanidad.

Estos datos parecen haber provocado un saludable impacto colectivo en los últimos años. Nadie ignora ya que la acumulación de gases de efecto invernadero podría provocar un aumento de 2 ºC a 4 ºC en la temperatura media del planeta y una elevación de entre 20 y 150 centímetros del nivel de los océanos. El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del efecto invernadero, es responsable en un 65% del calentamiento global. Y, con el nuevo y masivo aporte de Estados-gigantes como China o la India, el CO2 se incrementa en unos 8.000 millones de toneladas cada año…

Tanto la amplitud como la duración futura de los aumentos de temperatura dependerán de la cantidad de gases de efecto invernadero que sigamos emitiendo, ya que las perturbaciones climáticas son más pronunciadas a medida que la temperatura se eleva. Y esto va acompañado de una creciente frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (temporales, diluvios, ciclones, canículas, sequías, desertificación), así como de una progresiva alteración climática que se extiende por todo el planeta. Si no se frenan las emisiones de gases de efecto invernadero, los desastres podrían alcanzar una gravedad excepcional.

Las Conferencias internacionales sobre el Clima en Berlín, Bali, Poznan, Copenhague, Río de Janeiro y Cochabamba subrayaron la idea de que el mercado no está capacitado para dar respuestas a los riesgos globales que pesan sobre el medio ambiente. De ahora en adelante, el imperativo es proteger la biodiversidad, la variedad de la vida, mediante el desarrollo sostenible. Los países ricos –y en especial Estados Unidos, responsable de la mitad del gas carbónico emitido por los países industriales–, están obligados a respetar los compromisos suscritos en la primera Cumbre de la Tierra de Río, en 1992. Si bien la Unión Europea se pronunció a favor de una reducción de los gases de efecto invernadero, el Gobierno estadounidense (de George W. Bush) le dio largas al asunto y se negó a ratificar el Protocolo de Kioto –vigente desde febrero de 2005–, que obligó a los países industrializados a reducir en un 5,2% las emisiones de CO2 hasta 2012, tomando como base los registros de 1990. El presidente Barack Obama se comprometió a hacer de la cuestión ecológica una de las principales líneas de acción de su Gobierno.

El vuelco de la opinión pública, espantada por la multiplicación de catástrofes naturales, está impulsando a todos los Gobiernos, incluso a los más reticentes, a apostar ahora por soluciones energéticas alternativas. Más aún cuando, en la actualidad, el agotamiento de los hidrocarburos parece inevitable y las naciones ricas, por razones políticas y no ecológicas, querrían reducir su dependencia energética con respecto a los grandes países petroleros.

Por lo tanto, el contexto favorece un cambio de modelo energético que los industriales del Norte parecen haber percibido y que, con la perspectiva de formidables beneficios, promete poner en marcha un nuevo ciclo económico: la economía verde. ¿Saldrá ganando el medio ambiente? No es seguro, dado que ya se anuncia la construcción de cientos de nuevas centrales nucleares, que, si bien producen poco CO2, conllevan otros peligros no menos letales.

También la opción por los agrocombustibles, bien acogida al principio, empieza a revelar efectos perversos. En principio, podrían permitir mantener e incluso intensificar, con la conciencia tranquila, el nefasto modelo de “todo automóvil” o “todo camión”, con el pretexto de que los vehículos contaminarán menos. Además, provocarán una especulación desenfrenada con productos alimentarios básicos, como el azúcar o el maíz, utilizados para producir etanol. Tal y como lo demostrarán los diversos conferenciantes de la COP21, cambiar de modelo energético sin modificar el modelo económico significa correr el riesgo de que sólo se desplacen los problemas ecológicos.

Pero ahora la opinión pública está atenta. Y desea disponer de información fiable en todos los terrenos (económico, social, político, cultural, ideológico, militar, ambiental, etc.) para entender mejor la realidad –en muchos casos poco visible– de los cambios mundiales en curso.

El reto de la COP21 es eliminar los obstáculos que han impedido elaborar un acuerdo que logre el consenso general y que evite un fracaso como el de la COP de Copenhague, en 2009, donde no se alcanzó un compromiso y que dejó un mal recuerdo y mucha frustración.

Le Monde Diplomatique
Nº: 245 Marzo 2016
Guerras, memoria, justicia
Ignacio Ramonet

Este año, en julio próximo, se cumplen ochenta años del inicio de la Guerra Civil española (1936-1939). Uno de los conflictos más despiadados del despiadado siglo XX. Que una inclemente dictadura prolongó durante cuarenta larguísimos años más. Y que marcó al rojo vivo la memoria colectiva. Aún hoy, a decenas de miles de españoles les está prohibido desenterrar los restos de sus familiares, dispersos por las cunetas del país, fusilados sin juicio sólo por ser republicanos. Ni siquiera el restablecimiento de la democracia en 1978 sosegó los ánimos como lo acaba de demostrar, en Madrid, el reciente encono en torno a la “desfranquización” de los espacios públicos...

La Ley de la Memoria Histórica (2007), al no reconocer que los crímenes del franquismo fueron cometidos contra toda la sociedad española y contra la humanidad, no permitió cicatrizar las profundas heridas de la guerra. Que siguen sangrando hoy... Recordemos que la Justicia española sancionó hace unos años al juez Baltasar Garzón por haber éste iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones, durante la Guerra Civil española, de más de 100.000 republicanos (cuyos cuerpos yacen en fosas anónimas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).

La decisión administrativa tomada en España en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en aquel momento, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierdas), consistió en no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.

Obviamente, a ocho décadas del inicio del conflicto y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales (aunque Alemania no ha dudado en llevar a los tribunales, hace unas semanas, a un ex sargento de las SS de 94 años de edad, Reinhold Hanning, acusado de complicidad de asesinato por haber trabajado en el campo de concentración de Auschwitz en un momento en el que cientos de miles de judíos húngaros fallecieron allí).

Pero no es sólo un asunto jurídico. Lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en “museos consagrados a la Guerra Civil”, por ejemplo, en los manuales escolares de historia y en días de solemne homenaje colectivo. Así se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.

La Ley de Amnistía española condujo a imponer, sobre la “banalidad del mal” franquista, una suerte de amnesia oficial, un mecanismo de “ceguera inconsciente” (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.

En España no se constituyó nunca ninguna Comisión de la Verdad como las que se han multiplicado por el mundo en nombre del deber de memoria.

“El deber de memoria –dice el filósofo Reyes Mate– nace de Auschwitz porque aquello fue pensado como un proyecto de olvido. No debía quedar ningún resto físico del pueblo judío para que se olvidara su contribución a la historia de la humanidad. El proyecto tuvo lugar, por eso hablamos de ‘crimen contra la humanidad’, pero no se consumó porque Hitler fue vencido y eso nos obliga a recordar aquel genocidio. Honrar la memoria de Auschwitz es entender el alcance del deber de memoria”.

La película Shoah empieza con una secuencia en la que un superviviente camina cabizbajo hasta un punto en el que señala al suelo mientras dice: “Era ahí”. Ahí no hay nada, un poco de césped envuelto por el silencio de un bosque perdido en Polonia. Pero ahí estaba... la cámara de gas. La mirada de la víctima devuelve a la realidad de ese lugar una presencia olvidada. La mirada de la víctima permite conocer una parte de la realidad que sin ella sería inaccesible.

Eso demuestra que la memoria, como lo saben los antropólogos, es también conocimiento y no sólo sentimiento.

Por eso ya se han creado, en más de treinta países, Comisiones de la Verdad. Estos organismos oficiales, temporales, se encargan de investigar un conjunto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos para contribuir a la manifestación de la verdad sobre los crímenes. Casi siempre, esas Comisiones publican un informe final en el que exponen sus conclusiones y sus recomendaciones.

El modelo de estas comisiones es la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (1995) que buscaba la justicia luego del fin del apartheid en Sudáfrica. Sus objetivos fueron: promover la unión nacional, la reconciliación, determinar las causas de la violencia y establecer medidas de reparación. Un anticipo a lo que llamamos hoy “justicia transicional”.

Los testigos que eran identificados como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos eran invitados a brindar testimonio sobre sus experiencias. Muchas de estas víctimas ofrecieron sus testimonios en audiencias públicas. Los victimarios o perpetradores de crímenes violentos podían también dar testimonio y solicitar en ciertos casos una amnistía. Esta comisión estaba encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, quien había establecido como lema de la Comisión que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. La transición democrática en Sudáfrica se vio facilitada por un proceso único de reconciliación y de búsqueda de la verdad.

Este proceso es necesario hoy en otros países, por ejemplo, en Venezuela, donde la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de derechas, intenta imponer contra los derechos de las víctimas una ley de amnistía (como lo hicieron los militares golpistas del Cono Sur) a favor de cabecillas violentos que provocaron guerrillas urbanas (una suerte de “kale borroka” generalizada) en 2014, las cuales causaron decenas de muertos y centenares de heridos. O en México, donde la “guerra del narco” ya ha causado unos 200.000 muertos.

Recientemente, en Colombia, el Gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron, en el marco de los Diálogos de Paz, la creación de una Comisión de la Verdad para “esclarecer” y “explicar” el conflicto que –desde hace más de medio siglo– desgarra ese país sudamericano. Los negociadores explicaron que esa Comisión tendrá tres objetivos: “Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido (...) y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto; promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades individuales y colectivas; y promover la convivencia en los territorios del país, fomentando un ambiente de diálogo”. “Nos urge –añadieron– dar respuesta a los colombianos y, en especial, a las miles de víctimas que reclaman verdad. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo: las víctimas son la razón de ser de este esfuerzo por poner fin al conflicto”.

La reconstrucción de la identidad social es un trabajo colectivo que supone poder realizar un relato fidedigno de los crímenes perpetrados desde el autoritarismo. Ese relato resulta indispensable para las nuevas generaciones que se acercan a conocer su pasado. Para que la memoria no se degrade, es necesario ejercerla en relación con el presente y de cara al futuro.
Para ponerle un punto final a la impunidad y desterrar la posibilidad de que se vuelvan a repetir los crímenes y genocidios, es indispensable rescatar la memoria de las luchas contra la injusticia social, por la soberanía, por las libertades y por los derechos humanos.

También hay que reivindicar los ideales de los luchadores y proponer diferentes acciones: políticas, culturales, mediáticas, etc., para actualizar y revivir hoy la construcción de otra sociedad basada en el paradigma de la solidaridad en oposición al individualismo y a la fragmentación. Igualmente es necesario impulsar la aplicación de las leyes que castigan los crímenes del terrorismo de Estado, denunciar las complicidades e indiferencias que colaboraron en su implementación.

Es indispensable exigir que las autoridades pongan el aparato estatal al servicio del esclarecimiento y de la recopilación de todos y cada uno de los abusos y atropellos contra las víctimas de las dictaduras, del juicio y del castigo efectivo de dichos crímenes.

Es asimismo importante difundir y popularizar el conocimiento de los derechos humanos para que aquellos que son víctimas de hostigamiento y de vulneración de los mismos puedan hacer valer los mecanismos que los protegen del abuso institucional. Finalmente, es determinante promover, de forma activa, la memoria de las luchas populares por la libertad, por la democracia y por la justicia social.

Sin Verdad no hay Justicia. Alejados de la venganza y sin convocar el rencor ni el resentimiento inútil, tenemos el deber de recordar. Hacer memoria para hacer justicia.