San Esteban del Molar - Zamora

La Junta de Andalucía pide la nulidad de la causa de Mercedes Alaya en el fraude de formación.


Entiende que se ha vulnerado "el principio de juez natural" por lo que reclama que le sea retirado el caso.

Recurre también el auto de la instructora en el que le da 10 días para entregar las actas de los 'consejillos'.

La instructora pide más documentación de decisiones tomadas ya con Susana Díaz de presidenta.

Europa Press

27/10/2014

Alaya pregunta a Anticorrupción si la Junta debe ser "expulsada" del caso ERE como parte perjudicada.

La Fiscalía Anticorrupción considera a Mercedes Alaya competente para investigar la formación y pide a la Junta andaluza las actas de las reuniones de los viceconsejeros.

Mercedes Alaya ordena a la policía que cese "de inmediato" su investigación de los cursos.

Los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía han dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que lidera Mercedes Alaya, en el que esgrimen la "nulidad de competencias" de la magistrada en la causa porque puede existir "vulneración del principio de juez natural".

Este recurso se produce después de que la magistrada decidiese el pasado viernes librar oficio al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, para que este cuerpo cese "de inmediato" su investigación en torno a las irregularidades en cursos entregue en el juzgado todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto para que sea en exclusiva la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que indague.

Precisamente, el Gobierno de Andalucía también ha recurrido el auto dictado por la jueza el pasado viernes en el que le da 10 días para entregar las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros -los denominados consejillos- desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012 en el marco de la investigación sobre el caso ERE que investiga esta jueza.

Este lunes se ha conocido también otro auto en el que reclama a la Junta de Andalucía distinta documentación sobre la disolución de los consorcios escuela, con Susana Díaz ya de presidenta porque se ha decidido la pasada semana, y ha requerido además al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aporte el organigrama en el que se establezca la estructura de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe) desde su inicio en 2003 hasta la fecha. En su auto, la magistrada pone de manifiesto que "para la correcta investigación de los hechos objetos del presente procedimiento y de acuerdo con los últimos testimonios, tanto en sede policial como judicial, es procedente abrir diferentes líneas de investigación".

Mercedes Alaya pregunta a Teodoro Montes si el PSOE se autofinanciaba" a través de la Faffe.

Alaya pregunta a Anticorrupción si la Junta debe ser "expulsada" del caso ERE como parte perjudicada.

Elpidio Silva: "Las tarjetas black son el 0,001% de la basura en Caja Madrid"

CRISTINA S. BABARROJA Madrid 27/10/2014

El juez Elpidio José Silva, condenado a 17,5 años de inhabilitación por prevaricación al encarcelar a Blesa.El caso Blesa se dio la vuelta y se convirtió en el caso Silva.

Al controvertido Elpidio José Silva le ocurrió algo parecido a lo que le ocurrió a Garzón con la Gürtel. Enviar dos veces a Miguel Blesa a Soto del Real terminó en una condena por prevaricación de 17 años y medio de inhabilitación, dictada hace apenas un mes con el voto discrepante del presidente del tribunal que pidió su absolución.

Imagino que se lo llevarían los demonios cuando saltó el escándalo de las visas black. ¿Cómo se le quedó el cuerpo?

Ya sabíamos lo de las tarjetas black. Los correos corporativos estaban intervenidos desde hace dos años y la Fiscalía no hizo nada.

¿Por qué?

No tengo ni idea. Que conteste la Fiscalía. Aunque la pregunta es por qué ahora sí; eso es lo que tendría que explicar.

¿Qué respuesta intuye Elpidio J. Silva?

Debe ser un criterio no jurídico a la fuerza. Si no hizo nada, teniendo conocimiento de las tarjetas, pudo cometer un delito del 408 del Código Penal.

Es decir: el delito de no perseguir delito.

Según la información que manejó usted ¿cuánta basura de Caja Madrid nos falta por conocer?

Todo. Las tarjetas black son el 0,001%.

¿Qué hay en el 99,999?

Las tarjetas son sólo una biopsia de la metástasis cancerígena que había en Caja Madrid... Y lo que quede en Bankia, que habrá que investigar.

Si pudiera dar marcha atrás... ¿qué cambiaría de su instrucción del caso Blesa?

Nada.

¿Volvería a mandarlo a prisión?

Sin duda, claro!

Pero algo haría mal para que lo castigase el TSJM...

El castigo del TSJM no se entiende. Un magistrado absuelve en todos los términos y dos condenan.

Imagine que están delante de un vaso de agua. Uno dice que hay vino tinto y otro que hay agua. ¡Ya me contarás!

¿Quién es el responsable último de su inhabilitación?

El fiscal que acusa indebidamente; el magistrado Jesús Gavilán que montó una instrucción que nos pareció prevaricadora como denunciamos...

...dos magistrados que condenan sin leer el voto absolutorio del único especialista que había en el tribunal...

Hay mucha gente que tiene que responder y poco a poco irá saliendo todo, como ha salido lo de las tarjetas.

Esperanza Aguirre dice que le duele "lo de Rato". A usted Aguirre y Aznar, los mentores de la pareja black, le... (complete)

Aguirre falta a la verdad sistemáticamente.

Aznar tendrá que explicar determinados elementos indiciarios y de sospecha que aparecen en los correos corporativos.

¿Le veremos algún día en el banquillo?

Dependerá del margen de libertad con el que trabajen los jueces y de que consigamos de una vez por todas cambiar el régimen corrupto.

Es decir que si Montesquieu levantara la cabeza...

La separación radical de poderes no es posible. Se trata de conseguir un equilibrio en el que cada uno pueda trabajar con un mínimo de autonomía.

En España ni hay equilibrio, ni un sistema proyectado para perseguir la criminalidad. Por eso vivimos en el reino de la impunidad.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cree que la ley está hecha para "robagallinas" y no para encarcelar al corrupto...

Es mentira. Es un invento para no trabajar y no impulsar los procedimientos contra la corrupción.

La ley no es la mejor de las posibles, pero no podemos aceptar que no sirva.

Yo estaba trabajando contra la corrupción con un equipo con el que podríamos haber llegado muy lejos.

Lo que tiene que explicar Lesmes es su frase de que en España los jueces se controlan con el palo y la zanahoria.

Que explique qué es la zanahoria porque es muy grave.

¿Qué falla pues, si no es la ley?

La voluntad de acabar con la corrupción. La voluntad de los jueces, que están dando una imagen grotesca.

La Justicia no está a la altura y merece una purga interna porque los jueces no tienen capacidad... Y hay miedo y cobardía.

El CGPJ no apoya; la Fiscalía persigue, no tiene una mínima autonomía. Y esto es lo que no está llevando al desastre y al ridículo.

Mariano Rajoy dijo el viernes que el Ejecutivo está trabajando "para ayudar a la Justicia"...

Rajoy es un personaje que padece desrealización. Está fuera de la realidad, desfasado.

Organiza un viaje a China y empieza por Shangai en vez de empezar por Pekín.

El miércoles Acebes se sienta en el banquillo. En el caso Bárcenas, ¿tendrá más suerte Ruz de la que tuvo Garzón con Gürtel?

Ruz es un juez que trabaja a velocidades muy cómodas; nada que ver con el trabajo que hacía yo: rápido para coger desprevenido al presunto criminal.

El de Ruz es un trabajo a medida, lento, que no creo que preocupe a nadie.

Operación 'Púnica' contra la corrupción política

Detenidos el exnúmero dos de Aguirre, Francisco Granados, y otras 50 personas por presunta corrupción

51 detenciones, 259 registros y 400 requerimientos a bancos en la operación contra la trama por defraudar 250 millones en adjudicaciones públicas.

Francisco Granados Lerena, uno de los "hombres fuertes" de Esperanza Aguirre en su etapa como presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, abandonó la política después de 15 años el pasado mes de febrero, precisamente salpicado por una cuenta bancaria en Suiza que hoy ha llevado a su detención.

Horas después de una semana en la que el Partido Popular haya vivido la imputación del ex secretario general del partido, Ángel Acebes, por la utilización de la caja negra del partido para la compra de acciones de un grupo mediático, y del escándalo del ex vicepresidente del Gobierno, Rodriga Rato, en el caso de las tarjetas opacas, y de que el Presidente del Gobierno declarase que esos son sólo, algunas “pocas cosas”, de los casos de corrupción que afectan al PP, se ha producido, la mayor redada anticorrupción de los últimos veinte años.

Una redada, de proporciones desconocidas hasta ahora, y en la que han sido detenidos Alcaldes, un Presidente de Diputación y, sobre todo, el consejero de la Comunidad de Madrid, y ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, un hombre de la total confianza de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanzas Aguirre.

Hay indudablemente una dimensión moral y ética en la corrupción, pero también hay una vertiente económica que puede ser muy nociva para los intereses generales del país. Se ha dicho que el coste de la corrupción en España ronda los 10.000 millones de euros anuales. Algunas estimaciones han llegado a cifrar este coste entre 10000 y 30.000 millones de euros anuales.

Lo más dramático es que con estas sumas millonarias no habrían sido necesarios los recortes y no habría retrocedido el estado del bienestar.

Más grave aún es el fraude fiscal, el 70% corresponde a las mayores fortunas y las grandes corporaciones, del orden de 70.000 millones de euros anuales. No hubiera sido necesario pedir prestado a los mercados financieros, nuestra economía estaría sanada y no existirían las penurias actuales.

Los consejeros de las 'tarjetas black': 28 del PP, 15 del PSOE, 4 de IU y 10 de sindicatos.

◾Un total de 83 miembros de la cúpula de Caja Madrid —de 86— gastó, supuestamente, 15,2 millones de euros entre 1999 y 2012 con tarjetas opacas.
◾28 fueron nombrados a propuesta del PP, 15 por iniciativa del PSOE, cuatro por IU, seis por Comisiones Obreras y otros cuatro por UGT.

Un total de 83 miembros de la cúpula de Caja Madrid —de 86— gastó, supuestamente, 15,2 millones de euros entre 1999 y 2012 con tarjetas opacas.

De ellos, 28 fueron nombrados a propuesta del PP, 15 por iniciativa del PSOE, cuatro por IU, seis por Comisiones Obreras y otros cuatro por UGT. En la lista hay dos exministros: Rodrigo Rato (PP) y Virgilio Zapatero (PSOE).

La lista de representantes del PP está liderada por los expresidentes de Caja Madrid y de Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, ambos pertenecientes a la dirección de las entidades y que supuestamente movieron 436.700 euros el primero y 44.200 euros el segundo.

Solo tres consejeros no hicieron uso de la tarjeta de crédito pese a disponer de ella. Son Félix Manuel Sánchez Acal, de UGT, y los directivos Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera.

QUE LA EJECUTIVA TOCHISTA SE META LA CE POR LA O.

Muchos afiliados de Comisiones Obreras hartos y cansados de corrupción, acuerdos amañados en contra de los trabajadores, consensos mezquinos y desmovilización, que han hecho perder a los trabajadores derechos y conquistas sociales, le dicen al TOCHO Y SUS SECUACES que se metan la CE por la O.

En Canarias algunos COCOS se han parrandeado una huelga general con las extranjeras del Círculo Polar, mientras otros compañeros iban a los piquetes informativos.

Los indignados contra la lacerante lacra de los TOCHOS han creado una corriente denominada "Ganemos CCOO" para plantarle la mosca a los inmovilistas, corruptos y pervertidos dirigentes sindicales pidiendo la dimisión de toda la ejecutiva TOCHISTA.

Ganemos CCOO quiere la expulsión del sindicato de todos los trepas, arribistas y gaznápiros, para dar paso a un sindicalismo de clase, combativo, digno y democrático.

Se va a celebrar el primer encuentro estatal de Ganemos CCOO en la primera semana de diciembre.

Los portavoces de Ganemos CCOO denuncian que los seis consejeros de CCOO en CajaMadrid se han mamado 800.000 euros en pocos años.

Los afiliados indignados expresan en un comunicado que es un insulto a la inteligencia de los trabajadores que la EJECUTIVA TOCHISTA alegue desconocimiento a lo ocurrido en CajaMadrid y en Bankia”.

Hacen constar que los casos de corrupción en CCOO no son más que la expresión inevitable de la política de “paz social y consensos, de desmovilización, de firmar acuerdos, que nos hacen perder derechos y conquistas sociales”.

Vasta ya de mangoneos sindicales, cuando todo sindicato es un instrumento de clase para la defensa del mundo del trabajo y la dignidad de los asalariados.

Hay que acabar con el mandato del TOCHO y los TOCHISTAS.


Marcelo Rodríguez Santiago

A la cárcel el militante del PSOE y Alcalde de Parla (Madrid) por "mordida


El alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), recibió "una donación" por parte de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, a cambio de la adjudicación a esta compañía de un contrato de eficiencia energética por valor de 54,6 millones de euros, según consta en un auto dictado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

La resolución judicial detalla que el regidor, en prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros, participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y seleccionó como empresa auditora a la empresa Ruta Energética, vinculada al empresario y 'conseguidor' David Marjaliza, con el fin de encubrir "el pago de una comisión pactada".

El opulento Javier Nart, eurodiputado de "Ciudadanos" también tiene cuenta en Suiza.

Un total de 435.916 dólares. Es decir, unos 57 millonesde las antiguas pesetas. Esta es la suculenta cantidad que, según ha descubierto la Policía Nacional, poseen Miguel Zerolo de Coalición Canaria y el expresidente de la Autoridad Portuaria Luis Suárez Trenor, en cuentas albergadas en las Islas Bermudas (...).

Aznar pactó una comisión con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi.

Befesa, filial del grupo Abengoa, contrató al expresidente del Gobierno para interceder con el Gobierno de Gadafi y conseguir adjudicaciones de cuatro nuevas desaladoras en Libia.

Se eleva a 15,3 millones la cifra pagada por las facturas falsas que presentó UGT-Andalucía.

Buque-Escuela de la Armada

Detenidos por tráfico de drogas otro dos tripulantes del 'Juan Sebastián Elcano'

Los arrestados transportaron cocaína oculta entre su ropa entre Colombia y Estados Unidos.

30 detenidos y registros en 6 provincias.

La Guardia civil desmantela la mayor red de tráfico ilícito de fármacos

Solo en las farmacias investigadas de Aragón se ha detectado la venta ilícita de más de 123.000 envases, con una facturación superior a 1.460.000 euros.

Este delito podría suponer un riesgo para la salud pública, ya que, los medicamentos deben contar con una cuantía fijada por las autoridades sanitarias en el mercado español. “Si una parte de estas dotaciones se exporta de manera irregular existen riesgos de desabastecimiento en España, provocando que los pacientes no puedan acceder a su medicación y poniendo en riesgo su salud”, han informado desde la Guardia Civil en una nota de prensa..

Además se ponen en riesgo la salud de los consumidores de los medicamentos operados, puesto que no pasan las medidas de conservación y seguridad adecuadas.

Los perjuicios para la Hacienda Pública son la evasión de impuestos, fraudes de IVA, delito fiscal y blanqueo de capitales. La mayoría de estas tramas operan en dinero negro sustrayendo al fisco los impuestos correspondientes, ya que habitualmente no existen facturas para evitar dejar constancia del comercio irregular.

Escándalo del PSOE en Alcalá de Guadaíra (Sevilla): viajes, regalos y una operación quirúrgica a costa de las arcas públicas.

Según el informe elaborado por el equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil.

Las Palmas de Gran Canaria.

Pleno municipal Las deudas del municipio

La ciudad paga medio millón para tapar un ´agujero´ que dejó Saavedra en 2009

El PSOE convocó un concurso de ideas para ordenar el litoral y endosó la factura a la empresa Geursa P Entre los gastos figuran 13.795 euros en viajes y comidas.

30.10.2014 |

El pleno municipal aprobó ayer una modificación de crédito para pagar a Geursa una factura de 537.701 euros, correspondiente al concurso de ideas que celebró el anterior alcalde Jerónimo Saavedra en 2009 para ordenar el litoral de la capital grancanaria. El gobierno socialista optó por endosar la factura a la empresa municipal Geursa, pues el concurso se organizó sin cobertura presupuestaria ni informe de fiscalización.

Las ideas propuestas por los ganadores del concurso siguen guardadas en un cajón, pero la ciudad tiene que pagar ahora, cinco años después de su celebración, 324.000 euros que costó el pago de los premios y 213.101 euros, correspondientes a los gastos de la organización y celebración del certamen. Entre los gastos de celebración figuran 6.959 euros para los viajes de los miembros del jurado, que cobraron por su labor 26.500 euros; 29.332 euros en gastos de seguridad; 122.000 euros por la exposición de los trabajos en el edificio Miller; 6.836 euros en comidas y 19.000 euros en publicidad.

Para salvar el pacto y retener el poder.

IU vota 'no' por tercera vez la investigación de los cursos de formación en Andalucía


Leer más: IU vota no por tercera vez la investigación de los cursos de formación en Andalucía.

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Un magistrado del Constitucional acudía a las cacerías de Granados con la red corrupta:el ultraconservador García-Calvo.

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Roberto García-Calvo, que fue magistrado del Tribunal Constitucional hasta su fallecimiento en 2008, solía frecuentar las fastuosas cacerías organizadas por varios de los empresarios implicados en la trama corrupta destapada por la Operación Púnica.

Dos de los fijos en esas monterías, animadas con comida gourmet, vinos gran reserva y partidas de póker hasta altas horas de la madrugada, eran Francisco Granados, entonces mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP y la Comunidad de Madrid, y David Marjaliza, uno de los presuntos cerebros de la red desmantelada el pasado lunes en la macrorredada dirigida por Velasco.

Granados se valió de un amigo del rey Felipe VI para hacer negocios con Indra.

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La operación Púnica se ha incrustado en los huesos de Indra, empresa controlada por el Estado y presidida por Javier Monzón desde hace más de veinte años. Según fuentes conocedoras de la investigación, Alejandro de Pedro Llorca, la mano derecha de Francisco Granados, ha estado haciendo negocios con la compañía de defensa y tecnologías de la información gracias a la intermediación de Javier López Madrid, empresario amigo del rey Felipe VI.

La trama de Granados abría cuentas suizas y movía el dinero simulando exportaciones.

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El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su amigo David Marjaliza tenían una auténtica estructura criminal organizada. Disponían de varias cuentas en Suiza, dos de ellas con sus mujeres, a las que desviaban el dinero obtenido por “conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y a la contratación administrativa”.

Desde sus cuentas en el país helvético, realizaban numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas y transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares.

ADEMÁS DE LAS TARJETAS 'BLACK' ENTRE 2008 Y 2010

Blesa, Rato, Santín y Rodríguez-Ponga cobraron 400.000 euros al año en dietas.

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Los cargos a las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia no eran los únicos emolumentos que se embolsaban sus consejeros. La mayoría también cobraba dietas de asistencia a los consejos de la entidad y de varias participadas, por importes muy superiores a los gastados con las famosas tarjetas. Los que más percibían eran Miguel Blesa, José Antonio Moral Santín (IU) y Estanislao Rodríguez-Ponga (PP), por encima de 400.000 euros anuales. Rodrigo Rato cobró más de 350.000 euros en su primer año, y en torno a los 300.000 se situaban Antonio Romero (PSOE), Alberto Recarte, Francisco Baquero (CCOO), Pedro Bedia (CCOO), Ignacio de Navasqües y Mercedes de la Merced (PP).

IU mantiene como directivo al protagonista de un gran escándalo de corrupción.

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Manuel Ollero fue imputado, procesado, y luego absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2006 tras anular el Tribunal Constitucional los pinchazos telefónicos que le incriminaban como presunto intermediario en comisiones..

Este ingeniero de Caminos, de 68 años, era director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, nombrado por Manuel Chaves, cuando su hermano (Jorge Ollero) fue sorprendido en julio de 1992 con un maletín con 22 millones de pesetas que, según la Policía, procedían del pago de comisiones a una constructora que ejecutaba la autovía Las Pedrizas-Salinas, al norte de la provincia de Málaga.

Ollero asumió en 2004 la responsabilidad del área de dominio público y portuario. Desempeña el mismo puesto en la actualidad. Desde mayo de 2012 Izquierda Unida controla la consejería que pilota Elena Cortés.

La Junta de Andalucía se personó como acusación particular contra Ollero nada más que empezar el caso, pero Chaves le rescató como directivo de la Junta.

Nadal, el que fuera Alcalde de Girona durante 23 años por el PSC-PSOE, también imputado por corrupto.

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Joaquim Nadal, exconsejero de la Generalitat durante la época del tripartito, ha sido imputado por un presunto delito de estafa en relación a la recalificación irregular de unos terrenos en Solius (Gerona).

La increíble impunidad del presidente Feijóo y de la conselleira Mosquera

Luisa Lores | Miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica
nuevatribuna.es | 29 Octubre 2014

El gobierno gallego adjudicó la ampliación del Hospital del Salnés y la construcción de 15 Centros de Salud a la multinacional Cofely, empresa imputada en la operación Púnica.

En el año 2009, con la crisis económica establecida, Feijóo gana las elecciones en Galicia. Una de sus primeras decisiones fue transformar el proyecto existente de construcción de un nuevo hospital público en Vigo en otro de gestión privada (PFI), que adjudica a una UTE de la que forman parte la Bankia de Rato y la empresa del conselleiro de obras públicas, Agustín Hernández.

Con el fin de mantener el concierto singular del hospital Povisa, del mismo grupo empresarial al que pertenecía la conselleira Mosquera, el proyecto del nuevo hospital (NHV) pierde tantas camas como contiene el hospital privado y se queda sin servicios de referencia y sin laboratorio central, que Feijóo cede a Capio, empresa ya imputada en el proceso de privatización de la sanidad madrileña.

Tras sucesivas demoras e incumplimientos del contrato, la UTE del NHV se muestra insolvente e incapaz de llevar a cabo el proyecto, así que el gobierno popular consigue “dinero público” para financiar el hospital de “financiación privada”, que sin embargo mantiene el canon acordado de 73M/año, a los que hay que añadir 75 M /año para el concierto singular con Povisa y 15 M/ año para fármacos y otros servicios de referencia que se mantienen en el hospital privado. Una hipoteca de 3260M de euros a pagar en 20 años, frente al proyecto anterior de 1440 camas y un coste total de 458M de euros.

La Xunta de Feijóo cede las 50 residencias sociosanitarias públicas, con su dotación correspondiente, al fondo de inversión Magnum, por el módico precio de 45 M de euros. Su gestión recae en Eulen, empresa en la que figuraba como apoderada la hermana del presidente gallego.

En unos momentos de gran preocupación por la excesiva dosis de radiación impartida a los pacientes, tanto en Europa como en EEUU, Feijóo cede las decisiones sobre la compra de aparatos de alta tecnología, su ubicación, su gestión y el control de calidad dosimétrica, a las mismas multinacionales que fabrican y comercializan los equipos, de forma que se auditan a sí mismas.

La investigación biomédica de los hospitales públicos del SERGAS es gestionada en “colaboración” con la farmacéutica estadounidense Jonhson & Jonhson, con lo que conlleva de desprotección de los datos clínicos y de inseguridad para los pacientes.

La Xunta de Feijóo cede el teléfono de cita previa en Atención Primaria y el teléfono informativo 012 al fondo de inversión Netaccede, constituido por exaltos cargos del gobierno gallego, y con ello toda la información sensible de la población.

Feijóo y Mosquera deciden abrir la Historia Clínica Electrónica (gestionada por Indra, empresa pública privatizada por Aznar y Rato) a los centros sanitarios privados. Sin embargo, impiden a los médicos de los centros públicos el acceso a los datos clínicos y a las exploraciones de sus pacientes, si estas han sido realizadas en determinados centros privados.

Con la nueva “ley de Racionalización del sector público” aprobada recientemente por Feijóo, se crean diversas agencias para la gestión privada de la oficina de trasplantes, los bancos de tejidos, el centro de trasfusiones de Galicia, la evaluación de tecnologías y la formación de los profesionales del SERGAS.

Recientemente el gobierno gallego adjudicó la ampliación del Hospital del Salnés y la construcción de 15 Centros de Salud a la multinacional Cofely, a pesar de los incumplimientos en los plazos acordados (poniendo en peligro los fondos FEDER comprometidos, que representan el 80% de la financiación). Cofely es la empresa imputada en la operación Púnica, la trama de corrupción destapada estos días, que consiste en la adjudicación de contratos y obras públicas a esta multinacional francesa, a cambio de comisiones ilegales, con 51 afectados, algunos ya encarcelados.

Puede que las adjudicaciones de la Xunta a Cofely representen una excepción y se encuentren limpias de polvo y paja, ya veremos. En todo caso, podemos afirmar que el gobierno de Feijóo, con la connivencia de la Conselleira Mosquera, ha fragmentado, desmantelado, privatizado y endeudado el sistema sanitario público de Galicia con total descaro e impunidad, para beneficio de las empresas privadas vinculadas.

Nunca lo podremos perdonar.