San Esteban del Molar - Zamora

Ahora, el asalto a las pensiones


9 septiembre 2013
Xavier Caño Tamayo. ATTAC Madrid

En el supermercado donde compro, a menudo coincido en la cola para pagar con personas mayores, pensionistas. Con frecuencia he visto como una anciana hurga en el monedero para completar la cantidad que le indica la cajera por su modesta compra; a veces, la mujer no tiene las monedas que esperaba y, suspirando, indica a la cajera que deje alguno de los alimentos que ha comprado para que le alcance el dinero. No es un cuento ni hecho excepcional.

En España, más de la mitad de 9 millones de pensionistas cobran menos de 800 euros mensuales y la pensión de más de tres millones de ellos es inferior a 600 euros, 500, 400… Viva usted sin apuros con esas cantidades en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao… Pese a ello la bajada de pensiones es una exigencia de la Unión Europea a los países “rescatados”. Ahora toca el asalto a las pensiones en España.

Olli Rehn, responsable económico de la Comisión Europea, insiste una y otra vez desde hace meses que España ha de rebajar ya (perdón, “reformar”) sus pensiones públicas. Para facilitarlo, el gobierno creó un comité de doce “expertos” que propusiera cómo asegurar la “sostenibilidad” de las pensiones. Ese fue elpretexto. Y ese comité ha propuesto retrasar ya la jubilación a los 67 años, así como calcular pensiones y su actualización sin tener en cuenta la evolución de los precios, pero confusamente ligadas al crecimiento económico. Las pensiones pueden congelarse indefinidamente e incluso disminuir.

En Grecia, se rebajó un 20% las pensiones de 1.200 euros mensuales; en Irlanda, 10% menos para las nuevas pensiones y las que superaban 1.000 euros al mes, y en Portugal se rebajó entre 5 y 10% todas las pensiones. En España, el Gobierno quiere evitar incendios políticos y una huelga general; por eso aplaza de momento la recomendación de aplicar en 2014 la rebajadora contrarreforma y pospone aspectos provocadores a 2019. Pero no renuncia. Las pensiones serán rebajadas. De momento amenazan con aumentos de las pensiones del ¡0,25%! Un derroche.

Con tanto mensaje disuasorio y alarmista cabe preguntarse, ¿tan cruda es la situación de las pensiones? No. Y, además, no hay que creer ni una palabra a los presuntos “expertos” del informe de “sostenibilidad”. Nueve de los doce han cobrado o cobran de la banca, grandes empresas y aseguradoras. Bancos y compañías de seguros que obtendrán cuantiosos beneficios si las pensiones públicas son muy insuficientes y la gente contrata pensiones privadas. Como denuncia reiteradamente Miren Etxezarreta y ya ha ocurrido en Gran Bretaña, por ejemplo.

Según el único “experto” del equipo perpetrador del informe sobre sostenibilidad de las pensiones que no ha vendido su alma al diablo, el profesor Santos M. Ruesga, vinculado al sindicato UGT, “el gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato”. Y, como escribe el abogado sindicalista Sabino Cuadra, en España el dinero para pensiones públicas es inferior al de Francia, Italia, Alemania o Portugal. El profesor Nacho Álvarez a su vez recuerda que “según Eurostat (agencia estadística de la Unión Europea), el sistema español de pensiones es de los más baratos de Europa. El gasto español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (10,7% del PIB). Muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio de la Unión Europea (13% del PIB), 3.658 de Francia (14,4% del PIB), 3.421 de Alemania (12,8% del PIB) o 3.295 de Italia (16% del PIB)”. En los últimos años, insiste Cuadra por su parte, en España el fondo de pensiones ha disminuido un 25% y el gobierno se propone reducirlo otro 25% más. A ese pillaje denominan “sostenibilidad”.

Lo cierto es que la nefasta política de austeridad y recortes gubernamentales han expulsado a más de tres millones y medio de cotizantes de la Seguridad Social por el aumento millonario del paro. Ese sí, insostenible.

La cuestión no es económica ni presupuestaria sino de derechos. Derechos de los trabajadores que se retiran de la vida laboral. Y con los derechos humanos no se juega: hay que ser inflexible. Por eso, las pensiones podrían financiarse a cargo de los presupuestos del Estado sin depender del volumen de cotizantes. Quienes han de ser sostenibles son los pensionistas con una pensión mínima que asegure una vida digna. Lo indiscutible es que hasta la crisis-saqueo, la austeridad y los recortes no hubo problema con las pensiones públicas. Había superávit. El sistema de pensiones no es insostenible; lo que es insostenible es este gobierno al servicio de la banca y grandes empresas.

Para garantizar las pensiones públicas, otros servicios esenciales y los derechos hay un camino: acabar con el fraude fiscal (más de 80.000 millones de euros anuales) y establecer impuestos justos, progresivos y suficientes por los que pague más quien más tiene y más gana.


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EL IMPUESTO MÁS INJUSTO

Juan Fco. Martín Seco
República.com

Entre los acuerdos alcanzados en el marco del Pacto de Toledo se encontraba el compromiso asumido por todos los firmantes de actualizar las pensiones anualmente por el índice de precios al consumo. Aun cuando todas las formaciones políticas presentaron ante la opinión pública esta medida como muy positiva para los pensionistas y se vanagloriaron de ella, lo cierto es que resultaba un poco cicatera, porque lo único que garantizaba es que los jubilados no iban a perder poder adquisitivo, pero se les negaba cualquier mejora derivada de la participación en la productividad y en el crecimiento económico, a la que sin duda tienen derecho en la misma medida que los asalariados y los empresarios. Al fin y al cabo, la renta se incrementa por los trabajadores y por los empresarios, sin duda, pero también por los hoy jubilados que en su día pagaron impuestos con los que se han financiado los gastos en educación, en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas que han colaborado a que la productividad vaya creciendo año tras año.

Pero esta actitud adoptada por los firmantes del Pacto Toledo que hemos calificado de cicatera se torna carroñera y expoliadora cuando se pretende, como en la reforma prevista, que las pensiones ni siquiera mantengan su poder adquisitivo. La medida de no actualizar la prestación por el índice de precios es una confiscación y un atropello equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensión (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal sino porque va a aumentar el tipo anualmente). En la hipótesis de que la inflación sea del 2% anual, el impuesto será del 2% el primer año, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco años y del 20% a los diez años.

Hace años en los libros de texto se solía afirmar que la inflación era en definitiva un impuesto, y de los más injustos porque se suponía que su coste recaía sobre los más humildes. Esta aseveración se suele repetir aún hoy en día y con bastante ligereza en los medios de comunicación social. La proposición tiene algo de verdad y mucho de mentira. Se asienta sobre distintas suposiciones todas ellas muy discutibles y, desde luego, en el momento actual falsas. Presupone que la inflación está causada por la actuación del Estado al financiar su déficit con la emisión de moneda. Pero hoy la creación del dinero pertenece en primer lugar al Banco Central y, en segundo lugar pero en mayor cuantía a las entidades financieras, y la financiación del déficit público no tiene por qué ser -y la mayoría de las veces no lo es- inflacionaria.

De hecho, ante el fenómeno de la inflación no tendría por qué haber perdedores o ganadores si todos los precios y rentas (incluyendo salarios y tipos de interés) se incrementasen en la misma cuantía. No obstante, esta teórica neutralidad casi nunca se da en la realidad, con lo que los distintos agentes económicos ganarán o perderán en el reparto de la renta nacional según hayan evolucionado sus ingresos y sus activos y sus pasivos respecto a los incrementos de precios.

La inflación perjudicará a los acreedores y beneficiará a los deudores, a no ser que en la determinación del tipo de interés se haya tenido en cuenta la tasa de inflación prevista; y la remuneración de los trabajadores reducirá su participación en la renta nacional en beneficio del excedente empresarial siempre que los costes salariales unitarios crezcan menos que los precios. En todos estos casos no podemos hablar de la inflación como un impuesto, sino más bien como un factor que traslada rentas de unos colectivos a otros.

Cosa muy distinta es el efecto sobre la retribución de los empleados públicos y las pensiones. Aquí siempre que no se actualizan por la tasa de inflación podemos hablar claramente de un impuesto, ya que en términos reales hay una transferencia de renta de estos colectivos a la hacienda pública.

Existe una especie de ilusión monetaria referente a la inflación y al presupuesto. Durante los años en los que en noviembre era obligatorio actualizar las pensiones por la desviación de la tasa de inflación se podían leer en la prensa titulares de este tenor: "La desviación del IPC costará más de x millones de euros en pensiones a las arcas públicas". Subliminalmente se vertía la tesis de que la actualización de las pensiones crea problemas en el presupuesto. Se ocultaba que si una inflación mayor que la prevista incrementa el gasto público en pensiones, incrementa también y, seguramente en mayor medida, los impuestos, entre ellos las cotizaciones sociales, al ser el PIB nominal también mayor. Luego la desviación en la tasas de inflación no incide negativamente en el déficit publico sino todo los contrario.

Por la misma razón, si en el futuro no se produce tal actualización, el Estado obtendrá un beneficio a costa de los pensionistas. La recaudación fiscal se actualiza automáticamente de acuerdo con la subida de los precios. ¿Por qué no incrementar las prestaciones de los jubilados en la misma cuantía? La pretensión actual del Gobierno, y aplaudida por los expertos gubernamentales, de no actualizar las pensiones de acuerdo con el índice del coste de la vida constituye un verdadero expolio. ¿No es este el gravamen más injusto que puede aprobarse? ¿A quiénes se quiere destinar el trozo de tarta (renta) que se pretende quitar a los pensionistas?

En la actualidad, la sociedad se ha vuelto hipersensible en materia impositiva. Existe una repulsa generalizada y muchas veces injustificada a cualquier tipo de imposición. El Gobierno no se cansa de prometer que, en cuanto pueda, bajará los impuestos, en la creencia de que la medida será bien recibida por los electores, pero al mismo tiempo se plantea crear el tributo más inicuo que se pueda imaginar puesto que incide sobre el colectivo más débil, los pensionistas, y es de tal magnitud que promete condenar a medio plazo a la pobreza extrema a la mayor parte de este colectivo.

Economistas de izquierdas presentan una alternativa "a la falacia de los expertos" sobre las pensiones

En 17 puntos desmontan los mitos que el Gobierno ha ido extendiendo para convencer a la población de que el gasto de la Seguridad Social es un despilfarro. La coyuntura económica no puede ser la coartada para esconder las verdaderas carencias del sistema: políticas de empleo, falta de ingresos y un sistema fiscal desigual

Infórmate

El manifiesto completo, titulado En defensa del sistema público de pensiones se puede leer en la web documentopensiones.org.