Moraleja del Vino - Zamora

PRESENTAREMOS LAS SIGUIENTES MOCIONES PARA QUE SEAN VOTADAS Y ESPERAMOS APROBADAS
SR. ALCALDE
DEL
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DEL VINO

D, Francisco Martín Domínguez, Portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Moraleja del Vino ,en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la Ley 7/ 1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986,de 29 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ,Art. 97.3., eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
MOCION DE RECHAZO AL ANUNCIO DEL GOBIERNO CONTRA LAS PENSIONES
Las graves dificultades económicas y de paro que vive nuestro país y el desmesurado déficit, obligan a adoptar medidas extraordinarias, también exigidas por nuestra pertenencia a la zona euro, que a su vez atraviesa un periodo de inestabilidad al que es preciso dar soluciones coordinadas. En este contexto el Presidente del Gobierno anuncia decisiones que de adoptarse, lesionaría injusta e injustificadamente a más de 5 millones de pensionistas, rompiendo de paso uno de los logros mayores de nuestra democracia: El Pacto de Toledo.
Conviene recordar que dicho pacto de Estado se alcanzó el 1995 entre todos los grupos parlamentarios y mereció el respaldo de los sindicatos en 1996 mediante el acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de pensiones.
Estos acuerdos, fruto de un amplio y responsable dialogo político y social, sacaron a nuestra seguridad social de la incertidumbre económica y garantizaron un sólido compromiso de todos para hacer visible y sostenible nuestra seguridad social.
500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las pensiones e incertidumbre de los pensionistas para mantener su poder adquisitivo fueron, entre otras, razones para que todos los partidos asumieran el Pacto de Toledo y sus recomendaciones.
La Ley 24/1997 de 16 de julio de consolidación y racionalización de la Seguridad Social, fue resultado directo del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se quiso garantizar con la participación de todos los Grupos parlamentarios, constituyendo al efecto una Comisión en el Congreso.
El anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas, principalmente en el derecho a la revalorización en función del IPC, viene a romper el Pacto De Toledo. Estos recortes privan de derechos a más de 5 millones de pensionistas y nos hace retroceder a los tiempos en los que el gobierno según criterios de oportunidad y de conveniencia política, daba o negaba la revalorización de las pensiones y, por tanto, daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas economías de los pensionistas.
Se producirán otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento para los pensionistas al bloquear “sine die” la base sobre la que se actualizarían las pensiones tras el bloqueo de su cuantía por el gobierno.
La experiencia indica que este tipo de medidas, combinadas con la elevación de impuestos, en especial el IVA, generan problemas añadidos en el consumo y el empleo, cuya evolución si no se corrige con reformas adecuadas, pondrá en peligro los ingresos por cotizaciones, que son esenciales para mantener nuestro sistema de Seguridad Social.
Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida, eleva al pleno para su consideración la siguiente
MOCION
1º.- Instar al Gobierno de la Nación a que elimine las medidas que suprimen la revalorización de las pensiones contributivas
2º.-Solicitar a que de modo urgente se acuerden por todos los grupos las reformas para que se garantice la viabilidad y futuro de nuestro sistema de Seguridad Social.

Moraleja del Vino a 4 de Abril de 2013
Fdo. Francisco Martin Domínguez


SR. ALCALDE
DEL
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DEL VINO



D. Francisco Martin Domínguez, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Excmo. Ayuntamiento de Moraleja del Vino, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en el Art. 97.2 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, eleva al Pleno, para su debate y aprobación la siguiente
MOCION.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrían producido cerca de 300.000 ejecuciones, y entorno a los 400.000 en los últimos 4 años, batiéndose récords cada trimestre y con la llegada de la remesa de personas que aplazaron el pago de sus hipotecas.
Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice:
“Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”, pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión).
Así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. Es por ello que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano.
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.
Considerando que tras la admisión a trámite de la ILP contra los desahucios se producirá la reforma de la Ley Hipotecaria por la vía de urgencia en el Congreso de los Diputados.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU somete para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Pedir a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales a través de la ILP admitida a trámite en el Congreso, que aprueben la modificación de la regulación hipotecaria que incluya los siguientes aspectos fundamentales:
1. La figura de la dación en pago retroactiva, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
2. La moratoria y paralización inmediata de los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria.
3. La puesta en marcha como medida de urgencia del alquiler social a todos los ejecutados por un desahucio mediante el derecho a seguir residiendo en la vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de la renta familiar disponible por un periodo de 5 años.


Segundo.- Más allá de las medidas de competencia estatal o autonómica, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas. En todo caso, llevará un seguimiento y control del número y tipo de ejecuciones hipotecarias en el municipio.

Tercero.- El Ayuntamiento de Moraleja del Vino se compromete a estudiar para aquellas personas en situación de desempleo de larga duración la bonificación en las tasas e impuestos municipales o incluso la exención de dicha tributación, así como dejar de trabajar con aquellas entidades que procedan a los desahucios

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,….

En Moraleja del Vino a 4 de Abril de 2013
Fdo. Francisco Martin Dominguez



SR. ALCALDE
DEL
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DEL VINO

D. Francisco Martin Domínguez, portavoz del Grupo Municipal de IU en el Excmo. Ayuntamiento de Moraleja del Vino, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en el Art. 97.2 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, eleva al Pleno, para su debate y aprobación la siguiente
MOCION. SOBRE LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).

La inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros en estos últimos años y en 2015 el PP se ha comprometido a recortarla hasta el 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 situándonos a la cola de la OCDE y la UE.

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una reforma que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

Es una reforma IMPUESTA: sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y de espaldas a la comunidad educativa. Se plantea SIN RECURSOS: en medio de brutales recortes que degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad. Tiene un marcado enfoque MERCANTILISTA: supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las necesidades de los mercados a la formación integral, suprimiendo materias y contenidos poco “útiles” para el mercado. Es una reforma PRIVATIZADORA: incluye a las empresas como parte del Sistema Educativo, permite crear centros privados con recursos públicos y otorga un papel subsidiario a la escuela pública. Es una reforma SEGREGADORA: restaura itinerarios segregadores desde los 13 años, devalúa la FP y convierte la educación en carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes.

Es una reforma ANTIDEMOCRÁTICA: suprime competencias de la comunidad educativa en la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la administración. Es una reforma COMPETITIVA: promueve la competitividad entre los centros y su especialización, estableciendo clasificaciones según resultados o ranking, que servirán para obtener mayor financiación. Es una reforma ADOCTRINADORA: potencia la enseñanza de la religión e impone una alternativa “dura y evaluable” al gusto de la jerarquía católica. Es una reforma SEXISTA: permite la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a centros que la practican. Es una reforma RECENTRALIZADORA: menosprecia la diversidad lingüística y cultural de las CCAA, impone la mayor parte de los contenidos curriculares, menosprecia y desconfía del profesorado.

Los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con dinero público, pero dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos como red asistencial, dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, con capacidad para seleccionar a su alumnado.

IZQUIERDA UNIDA considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.

Para ello, es preciso una educación PÚBLICA, de titularidad y gestión pública, que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxito escolar de todo el alumnado. Una educación LAICA que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Ello exige derogar los acuerdos con el Vaticano y otras religiones, sacar YA la religión del horario lectivo y suprimir la simbología religiosa de los centros escolares. Una educación PERSONALIZADA, INTEGRAL E INCLUSIVA, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo. Una educación en IGUALDAD que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural. Una educación DEMOCRÁTICA que potencie la participación de toda la comunidad educativa en la gestión y funcionamiento de los centros y distritos escolares. Una educación que MOTIVE AL PROFESORADO, reconociendo y confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y permanente. Una educación con FINANCIACIÓN pública suficiente, garantizada por Ley, que se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la enseñanza obligatoria.

Por ello IZQUIERDA UNIDA une su voz a la gran mayoría de la comunidad educativa para EXIGIR la RETIRADA del proyecto de LOMCE, que se promueva un amplio DEBATE PÚBLICO, con participación de expertos y de todos los sectores del ámbito escolar, para alcanzar un DIAGNÓSTICO COMPARTIDO sobre las causas de los principales problemas de nuestro sistema educativo y plantear MEDIDAS CONCRETAS con RECURSOS SUFICIENTES que sirvan para extender y mejorar nuestra EDUCACIÓN PÚBLICA.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU somete para su aprobación los siguientes
ACUERDOS


1. Exigir la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor
2. Exigir que el Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de recortar en educación, destinen un “rescate” similar a la educación como el que están destinando a rescatar a los bancos y grandes grupos financieros, aumentando los Presupuestos para Educación Pública en los PGE y en los Presupuestos Autonómicos a la media europea, el 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
3. Exigir la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
4. Exigir al gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas que aporten su formación en la construcción de un mundo más justo y mejor.
5. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.