Castroverde de Campos - Zamora

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la supresión de la paga extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público al entender que podría ser ilegal haber tomado esta medida con carácter retroactivo.

La Audiencia Nacional ha considerado hoy que la crisis económica no justificó la decisión del Gobierno de suprimir la paga extra para el personal laboral del sector público con efectos retroactivos, por lo que ha solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre su legalidad.

Esta decisión de la Sala de lo Social de este tribunal, que responde a un recurso planteado por varios sindicatos contra la dirección de la Compañía Española de Tabaco (CETARSA), no afecta al recorte de la extra de diciembre para los funcionarios, ya que esta cuestión se está dirimiendo en el orden contencioso-administrativo.

Los magistrados entienden que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la paga extraordinaria se devenga día a día, por lo que, en este caso, como se pagó el 30 de junio la paga del primer semestre y la norma no entró en vigor hasta el 15 de julio, se generó el derecho a la parte proporcional a dos semanas de trabajo.

Insisten, en este sentido, en que esos 14 días de trabajo ya devengados se incorporaron al “acervo patrimonial” de los trabajadores, por lo que no podía eliminarse su paga de diciembre con efecto retroactivo desde el 1 de julio.

El auto, contra el que no cabe recurso, llega a plantear la posibilidad de que este caso sea una “expropiación legislativa de derechos”, pero mantiene que no se puede aplicar en este pleito porque no existe una compensación o devolución futura de cantidades.

La Sala rechaza los argumentos de la Abogacía del Estado, que trató de excusar el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el interés general dada la situación de crisis económica.

“Vivimos una situación altamente inquietante y de dimensiones extraordinarias, que probablemente justifique medidas restrictivas de derechos como aquellas a las que venimos asistiendo en los últimos tiempos, pero que no abre la puerta, sin más, a que estas restricciones operen de modo retroactivo”, subraya el auto.

De esta forma, la Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del precepto al señalar que suprimir la paga extra con efectos retroactivos pudo contravenir el artículo 9.3 de la Carta Magna porque además, en el caso presente, no se cumplen las “exigencias cualificadas” exigidas por la doctrina del Constitucional que suponga la restricción de derechos fundamentales.

“A nuestro entender la reducción del déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria”, replica la Audiencia Nacional, que añade que es “justamente el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente”.
Por todo ello, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional acuerda por unanimidad elevar al TC una cuestión de constitucionalidad para que establezca si se ha vulnerado el principio de irretroactividad.

Pues a mi me la han quitado la mitad en Julio y la otra mitad ahora. Estamos apañados.

La Junta de Castilla y León devolverá a plazos la paga extra de Navidad de 2012 devengada en función del RD 20/2012 y convocará de nuevo la mesa de negociación sindical. Es la primera comunidad autónoma que la devuelve tras varios fallos judiciales que cuestionan la decisión de quitarla. La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, adelantó ayer a última hora la Junta se ha comprometido a convocar la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para pactar la devolución de la parte devengada de la paga extra de Navidad de 2012. Este reintegro, que afectaría a unos 86.000 empleados públicos, supondría un total de 20 millones de euros. Del Olmo dio la noticia ayer antes de participar en un congreso sobre prevención de riesgos laborales en la administración pública, en la que también se celebró un encuentro por la tarde con los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo sobre la devolución de esa parte de la extra, informa Efe. La Junta de Castilla y León devolverá la paga devengada y no percibida "en plazos", esto es "dividida en partes", para ajustarlo a las posibilidades presupuestarias de la administración. La reunión se producirá "en el plazo más breve posible", señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico. "Con ello se garantizará la validez y extensión del acuerdo a toda la plantilla de la Junta, por cuanto se trata del órgano de mayor representatividad y legitimación". Mesa de negociación urgente En la mesa general de negociación participan los sindicatos que obtengan más de un 10% de los representantes del personal funcionario y laboral en las elecciones celebradas para ello y que, en el caso de Castilla y León, incluye CSI-CSIF, UGT, CCOO y FSES, en función de los resultados de los últimos comicios. Los representantes de Plataforma Sindical en Defensa de los Empleados Públicos de Castilla y León, formada por 17 organizaciones sindicales y entre cuyos integrantes figuran, además de estos sindicatos, ANPE, Stecyl, Satse, SAE y USO, esperan esta convocatoria "de forma urgente", informa Europa Press. Según aseguran, la consejera de Hacienda estaba "de acuerdo" con su posición de abordar "al menos" el abono de la devolución de los 44 días devengados de la extra de Navidad hasta que se anunció el Real Decreto el 12 de julio de 2012. Tras la reunión celebrada ayer entre la consejería de Hacienda y los sindicatos, CSI-F celebró en un comunicado que Castilla y León sea "la primera comunidad autónoma que devuelva la paga extra devengada a los empleados públicos, correspondiente a la Navidad de 2012, después de los diferentes pronunciamientos judiciales que se han producido dando la razón a los trabajadores". Para CSI-F, esta decisión es "muy trascendente", ya que es la primera administración pública que se reconoce "de manera implícita que la retirada de la paga extra de Navidad en 2012 fue una decisión contraria a derecho, puesto que cuando entró en vigor el decreto de recortes los empleados públicos ya habían cotizado por ella". De hecho, así se han pronunciado varias sentencias de tribunales de distinto rango. La última de ellas, la semana pasada y publicada por Expansión.com, la Xunta de Galicia cuestiona la legalidad de la medida contemplada en el Real Decreto Ley 20/2012 mediante el que se anulaba la extra a los trabajadores públicos. Ayer fue la Junta de Extremadura la que anunció que el próximo mes de enero pagará la extra de Navidad de 2013. Medida que roza la ilegalidad La representante de UGT Carmen Ámez ha ido más allá y ha manifestado que espera que la Consejería convoque "rápidamente" la mesa de negociación, incluso "puede que esta semana", en la que se negociarán los matices de esa devolución. Ámez asegura la Junta está dispuesta a aceptar el pago del devengo correspondiente a los 44 días, ya que los tribunales ya lo han reconocido. Los sindicatos señalan que los trabajadores merecen que se les devuelva "al menos" el devengo "que se les ha quitado", pero ha incidido en que los sindicatos no van a "renunciar" a la devolución íntegra de la paga. El objetivo de la plataforma sindical es que "todos cobren a la vez, ya sean personal estatutario, laboral o docente". "Ahora aceptan eso para evitar ir a más juzgados y no gastar más en contenciosos", ha recalcado, y recuerdan que existe una cuestión de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no abonar la paga extra de diciembre de 2012 y, por lo tanto, la Junta esperará a lo que dictamine el Tribunal Constitucional.