Castroverde de Campos - Zamora

Echániz ha afirmado que el informe "es demoledor" para el PSOE porque pone en evidencia "la mala gestión y la descoordinación".

Alrededor de 30.000 fallecidos figuraban como beneficiarios de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según un informe preliminar del Tribunal de Cuentas elaborado a partir del cruce de datos de las comunidades autónomas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Ya en junio de 2011, era el diario El País quien publicaba que el Gobierno manejaba dicha información y denunciaba que más de 30.000 muertos estaban cobrando las ayudas de dependencia, debido a supuestos errores en la aplicación de la ayuda en cada Comunidad Autónoma. En esta ocasión ha sido el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, del PP, quien lo ha denunciado a la entrada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, a la que asisten los consejeros autonómicos del ramo y preside la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. Así, el incumplimiento de la normativa podría haberse prolongado a lo largo del tiempo y dichos muertos haber continuado cobrando las ayudas a la dependencia.

Echániz ha afirmado que el informe "es demoledor" para el PSOE porque pone en evidencia no solo "la mala gestión" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sino la "descoordinación" en las prestaciones.

"En el cruce de los datos formulados entre el Imserso y las comunidades autónomas hay hasta 30.000 fallecidos", ha subrayado el consejero castellanomanchego sobre el informe que se estudiará esta tarde en el consejo territorial.
En Castilla-La Mancha, el número de fallecidos que estaban en el sistema era de mil, según el consejero. Echániz ha señalado que el Ejecutivo junto a las CCAA pondrá en orden un sistema que, en su opinión, se creó de una forma "deslavazada" y "desordenada", "con poco rigor y está dando más problemas que satisfacciones", según ha dicho.

Por su parte, el consejero extremeño de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández, también del PP, ha valorado la reforma de la ley de dependencia que ha aprobado el Ejecutivo y ha acusado al PSOE de usar "intereses políticos y demagógicos".

A su juicio, todos los políticos a la hora de tomar decisiones tienen que priorizar, y la disminución presupuestaria la están sufriendo todas las autonomías, en respuesta a los consejeros de las autonomías gobernadas por el PSOE, que han criticado que el Gobierno desmantele el sistema de la dependencia con la excusa de la crisis.

Hernández ha destacado que en el caso de Extremadura se han tomado decisiones "para priorizar la dependencia" y por eso las partidas presupuestarias dedicadas a ella han aumentado más de un 6 por ciento y "es una buena muestra de lo que podían hacer otros", ha añadido.

Sobre el Consejo Territorial ha dicho que se va a establecer un nuevo sistema "para que pesen más a la hora de la financiación de la dependencia las prestaciones de servicio que generan empleo frente a las prestaciones económicas".

Extremadura, según este consejero, tiene "la ventaja" de tener más prestaciones de servicios -el 58 por ciento- frente a las prestaciones económicas que son inferiores.

En cuanto al catálogo de servicios sociales que viene a unificar las prestaciones sociales para todas las comunidades autónomas y que también abordarán en la reunión, el consejero extremeño ha opinado que "viene a realzar el papel de los servicios sociales y a potenciar los préstamos que en algunas ocasiones han crecido de forma desigual".
LM/Agencias 2013-01-16.Libremercado.com

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las CCAA para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios, según un informe del Tribunal de Cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, la ministra Ana Mato ha explicado que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo ha planteado una "mayor transparencia del sistema", después de tratar, entre otros asuntos, dicho informe del Tribunal de Cuentas.

El informe, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que nos les correspondían.

El Tribunal de Cuentas indica que ha habido "falta de comunicación" de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una "financiación indebida".

El Tribunal apunta a una "ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización".

Un total de 4.105 fallecidos figuraban como beneficiarios de la Ley de Dependencia en Castilla y León, que han supuesto 19.377.223 euros que recibió la comunidad del ministerio sin que le correspondieran entre los años 2007 y 2011, según un informe del Tribunal de Cuentas. Castilla y León es la segunda Comunidad con más beneficiarios fallecidos de la Ley por detrás de Andalucía, que figura con 4.194. Para evitar que ocurra el Gobierno elevará las exigencias del sistema de transparencia, algo con lo que se muestra de acuerdo la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos, aunque ayer pidió a la ministra Ana Mato que este nuevo sistema no suponga ralentizar las ayudas de la Comunidad. «Todos estamos implicados en mejorar la transparencia», apuntó Marcos, aunque abogó por «aunar» y compatibilizar transparencia y agilidad.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, valoró que el Ministerio de Sanidad atienda por primera «una demanda histórica» de la Comunidad a la hora de primar los servicios profesionales frente a los cuidados familiares en la Atención a la Dependencia. Según detalló la máxima responsable en la materia, Castilla y León recibirá por ello un 5 por ciento más del Estado, «alrededor de tres millones de euros».


Castilla y León recibirá 3 millones más del Estado por primar los cuidados profesionales

En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia celebrado en Madrid Gobierno y comunidades debatieron los criterios para distribuir las subvenciones del nivel mínimo de la dependencia de los Presupuestos Generales del Estado, que ascienden a 1.405 millones de euros y de los que Castilla y León ha venido recibiendo alrededor de cien millones al año. En este sentido, la consejera señaló que continuará reclamando ese 50 por ciento que plantea la ley que debe aportar la Administración central, aunque entendió que «después de seis años de no haberlo conseguido quizá tampoco sea ahora la demanda más adecuada».

Gobierno y autonomías evaluaron también la propuesta de crear un catálogo común de prestaciones mínimo, algo que valoró positivamente la titular de Familia porque garantizará la igualdad entre las comunidades. Asimismo, Marcos aclaró que este catalogo no interferirá con las prestaciones que otorga Castilla y León, donde recordó que están reconocidas por ley como un derecho.

Por último, apreció el hecho que desde el Ministerio se comience a hablar de medidas en materia de inclusión social, un tema «importante» porque, en su opinión, «uno de los grandes retos de las administraciones es dar respuesta a las actuales necesidades de las familias». Para ello Castilla y León se ha ofrecido a trabajar en un grupo de trabajo donde expondrá experiencias como la renta garantizada de ciudadanía o el programa de atención a las familias con riesgo de desahucio.

A todo esto hay que dejar bien claro algunas cosas que no todos quieren ver.
La Ley de Dependencia la aplican las comunidades autónomas, y reciben éstas fondos del Estado para poder aplicarla. Y es el Estado quien paga, según el informe de cada comunidad. Y si se ha muerto el dependiente, pues... se lo queda la comunidad (indebidamente, claro).
En Castilla y León somos 2.550.466 habitante, y parece ser, que lo será, que son 4.105 los fallecidos por los que el estado ha seguido pagando a la comunidad, por dependientes que no existian, y el dinero se lo quedaban los de la Junta, y esperemos que en La Junta.
Antes de entrar en valoraciones, en Andalucía, por ejemplo, con una población que triplica y un poco más a la de Castilla y León (8.424.102 habitantes los andaluces) han cobrado también indebidamente por 4195 dependientes, ya fallecidos.
Los números de los fallecidos por los que las comunidades han cobrado indebidamente son muy parecidos en Andalucía y en CyL, pero las poblaciones totales de las dos comunidades se ve claro que son muy diferentes.
Por lo tanto, la Junta de Castilla y León se lleva el premio de cobros ilegales al estado sobre dependientes que ya no existen porque se han muerto.
Y hay que recordar (jolines con la herencia recibida que nos escupen a la cara permanentemente los amigos de Bárcenas, ese de los 20 millones de euros que ha guindado) que desde principios de los 80 en nuestra comunidad ha gobernado el PP. Y éstos son los responsables de este desaguisado. Son los que no actualizaban las listas de dependientes y a cobrar del Estado, y a quedárselo.
Y después, los males actuales son culpa de la herencia recibida. ¡Que se vayan a la mie_rda!
El PP hacía las listas de los dependientes desde que salió la Ley, el estado pagaba y paga a la comunidad lo que les corresponde a los dependientes, y la comunidad, pues se lo queda si han muerto...
Esta es la herencia que estamos recibiendo.
No tienen vergüenza, y llevan más de 25 años gobernando la junta. Menos mal que la Ley de Dependencia es relativamente reciente, por lo tanto, el saqueo podría haber sido mayor si se hubiera aprobado mucho antes.
Esta es la herencia, que la que los del PP no hablan.
Se les está viendo venir. Ya lo pagarán en las siguientes elecciones. Esperemos.

¿Por qué se tiene que ver todo desde el prisma del sectarismo?. No lo entiendo. Nadie ha exculpadp a las CC.AA. del PP. Se ha traido un tema que nos afecta a todos por el mal gobierno y descontrol de todo el sistema.