Castroverde de Campos - Zamora

¿Cuántos millones han desaparecido en financiación ilegal de partidos políticos? ¿Y en comisiones pagadas por empresas a políticos para lograr contratos de la Administración? ¿Y en desvíos de fondos públicos hacia paraísos fiscales y en indemnizaciones para los responsables de la quiebra de las antiguas cajas de ahorros? ¿Cuánto dinero se ha gastado en comisiones y concesiones irregulares para construir obras faraónicas? ¿Y en subvenciones públicas para empresas de amigos y familiares?

Afirmar que un maremoto de corrupción ha hundido la economía española no es una novedad a estas alturas. Como tampoco lo es que la subida de impuestos, el crecimiento del desempleo, la bancarrota de las Administraciones Públicas o el fallecimiento de pymes y autónomos es consecuencia de lo anterior. La impagable deuda y el desbocado déficit de España no son consecuencia de la crisis económico-financiera, sino de la institucionalización de la corrupción y el despilfarro de los gestores políticos.

¿A alguien le sorprende que España sea un país de referencia en materia de fraude fiscal y economía sumergida? ¿Es ético y moral que el Gobierno imponga impuestos confiscatorios y exija honestidad fiscal a los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos mientras multitud de gobernantes políticos corruptos (tanto del PP como del PSOE) siguen protegidos por nuestra politizada Justicia?

La lista de defraudadores que prepara el Gobierno debe estar precedida de otra lista, aún mucho más numerosa, integrada por políticos corruptos. Si el Gobierno pretende combatir el fraude fiscal y la economía sumergida debería comenzar por despolitizar completamente la Justicia y dar ejemplo. El PP, el PSOE, CiU y el resto de partidos no pueden seguir tapándose mutuamente los casos de corrupción. El ejemplo por parte de los gobernantes es inexistente y, consecuentemente, multitud de ciudadanos piensan que sus impuestos están gestionados de forma corrupta.

La supuesta prevaricación y las contrataciones irregulares del antiguo presidente de la Diputación de Orense, por citar uno de los últimos casos de corrupción aparecidos en la prensa, supone una fórmula de gestión habitual y extrapolable a otras muchas administraciones públicas españolas. La Administración ha sido secuestrada por los políticos y se ha convertido en una fuente de corrupción. El clientelismo y el nepotismo han sido la única forma de gestión.

Después de un año en el poder, el Gobierno ha creado una comisión para estudiar las deficiencias, duplicidades y triplicidades de la Administración antes de proceder a una pseudoreforma de la misma. Sin duda, se está riendo de las familias, las pymes y los autónomos, que no pueden seguir financiando una insaciable Administración mediante unos impuestos abusivos.

Nuestro sistema democrático está totalmente viciado, las instituciones públicas se encuentran absolutamente desprestigiadas y el desencanto de los ciudadanos con la casta política es creciente e imparable. ¿Es culpable la sociedad, al igual que los políticos, de la degeneración de nuestra democracia? El efecto narcotizante del bienestar y la salud económica de tiempos pasados todavía está presente, puesto que la sociedad sigue en un estado contemplativo de sumisión y soporta todo tipo de corruptelas políticas.

¿Y la clase empresarial, por qué continúa con su prudencia habitual? Las pymes y los autónomos, masacrados por el Gobierno, deben tomar la iniciativa y formar parte de una sociedad civil que hace más falta que nunca. En Cataluña, muchas compañías están molestas por la corrupción y la deriva independentista de CiU y ERC pero no se atreven a manifestarlo en público. ¿Falta de valentía de los empresarios?

La casta política desea mantener el sistema tal como está y, por el contrario, los ciudadanos demandan un cambio radical del mismo. Una sociedad civil unida, madura y solidaria, ni de derechas ni de izquierdas (conceptos obsoletos), debe emerger para cambiar unos usos y constumbres que la casta desea perpetuar porque son su fuente de privilegios. Unos privilegios que están destruyendo la economía española.
Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.

Hay que terminar con la corrupción política en España,pero mientras volvamos la vista a las "corruptelas de los nuestros" no se solucionará nada. Hay que dejar el sectarismo y ser objetivo. Incluso debería dolernos más cuando nos roba uno de los "nuestros", pero a veces tenemos unas orejeras que sólo nos deja ver la alfalfa.
Saludos Eco.

Rosa Díez: PP y PSOE, se comportan como en "un pacto para que los corruptos no vayan a la cárcel"

El PP y el PSOE se comportan como si hubiese "un pacto para que los corruptos no vayan a la cárcel". Así de claro lo tiene Rosa Díez, la líder de UPyD. En una entrevista en esRadio, la diputada de la formación magenta ha subrayado que ni el partido en el gobierno ni el principal grupo de la oposición "han exigido algo a Durán" por el 'caso Pallerols'. De hecho, "se han puesto de perfil porque en el fondo tanto el PP y el PSOE quieren pactar con CiU".


Díez también ha instado al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dar un paso adelante. "¿A qué espera para investigar? Si cree que hay indicios, tiene los instrumentos" para que se inicie una investigación. "El problema de España ?ha concluido- es que las instituciones no funcionan".

En su opinión, "lo que se hunde en España es el modelo bipartidista": "Cuando llega la democracia se piensa que el bipartidismo es la única posibilidad para sacar el país adelante y se hace una ley electoral para evitar que proliferen muchos partidos pequeños". Sin embargo, "ese bipartidismo impide la independencia de los poderes, la separación de poderes y lo controla todo".

De este modo, opina Díez, "no es posible combatir la corrupción política si no hay una Justicia independiente, y en España no la hay porque PP y PSOE no quieren que la haya y se reparten los cargos".

El juez instructor Pablo Ruz ha citado a declarar el próximo jueves a las diez de la mañana a María Victoria Álvarez Martín, expareja del hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Ferrusola. Así se lo había ordenado la sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al estimar un recurso del fiscal. Ruz tomará declaración en calidad de testigo a Álvarez Martín, quien el pasado 12 de diciembre denunció ante la policía que la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña dispone de cuentas en el extranjero. El juez permitirá, en cualquier caso, a Pujol Ferrusola asistir a la declaración acompañado de un representante legal. La citada Sección Tercera, que preside el magistrado Feliz Alfonso Guevara, admite así un recurso de la Fiscalía Anticorrupción que pretrendía que Ruz tomara declaración en sede judicial a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola antes de inhibirse de ese asunto a favor del juzgado de Instrucción 43 de Madrid. El juez Ruz se opuso a tomarle declaración alegando que el testimonio de la expareja sobre sumas de dinero depositadas por la familia Pujol en el extranjero era inconcreta.


La expareja, citada para el jueves 17 de enero a las diez de la mañana, declaró ante la policía en diciembre que acompañó a Pujol Ferrusola a Andorra en numerosas ocasiones y que en el coche este llevaba bolsas con billetes de 500 euros. La fiscalía sostiene que es necesario tomarle declaración en ese órgano judicial, ampliar lo que dijo ante la policía, al entender que existen indicios que, si fueran concretados, permitirían una investigación penal por “presuntos delitos de blanqueo de capitales y/o delitos contra la Hacienda". Señala el tribunal de la Audiencia que solo tras esta declaración será posible determinar si la Audiencia es competente y debe iniciar una investigación contra Jordi Pujol Ferrusola y en su caso si después de ello cabe o no inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid, donde se tramitan una diligencias relacionadas con una denuncia del abogado Javier de la Rosa.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional afirma que "los datos ofrecidos" por la denunciante “son significativos de obvias imputaciones delictivas al Sr. Pujol Ferrusola y a miembros de su familia, de modo que la declaración de esta persona puede determinar tanto la procedencia de la continuación de las diligencias penales incoadas, cuanto el desvanecimiento de la significación penal de los hechos denunciados". No obstante, el tribunal deja al instructor libertad para que, una vez interrogue a esta testigo, decida si el asunto se lo queda él o lo remite al Juzgado 43 de Madrid.

Ese agobiante síndrome de la corrupción que nos invade

Policías, jueces y fiscales son cada vez menos indulgentes con los depredadores de la caja común. Y los españoles en general, no digamos. Es lógico. Queda dicho que las malas prácticas y las conductas poco ejemplares de los servidores públicos y clases dirigentes provocan náuseas en una ciudadanía castigada por los sacrificios impuestos en la lucha contra la crisis económica. El síndrome está arrasando de un tiempo a esta parte. Pone al Rey en riesgo de convertirse en un juguete roto y lleva la corrupción al cuarto puesto de las preocupaciones nacionales. Más dolores de cabeza en la España del paro, la recesión, la desigualdad y la pobreza.

Los nombres de Urdangarín, Pujol, González, Bárcenas, Pallerols, Guerrero (ERE), Baltar, Corinna (amiga del Rey), Güemes, Rato y Aguirre vienen cosidos a una sucesión de episodios cada vez más indigestos. No necesariamente delictivos, eso lo dirán los jueces. En muchos casos las apariencias hacen que el ciudadano ya se ponga en lo peor. Que los hijos de Pujol sean millonarios antes de cumplir los cuarenta, que González luzca ese tren de vida con un sueldo de 4.800 euros al mes, que el virtuosismo contable de Bárcenas sea suficiente para atraer a una cuenta personal en Suiza nada menos que 22 millones de euros ajenos, que Urdangarín aproveche su parentesco con la Casa Real para desviar dinero público a su bolsillo privado (por supuesto, con la cooperación necesaria de los gobernantes), son motivos más que suficientes para encharcar las secciones políticas de los medios de comunicación.

Solo la sensación de impunidad que debía tener Matas explica que se pudieran hacer pagos millonarios por proyectos nunca realizados al Instituto Nóos porque detrás estaba del yerno del ReyLlevamos una temporada bien servida: Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria, Palma Arena… Demasiados nombres para la vergüenza de tenerlos que asumir como datos obstinados de una realidad: la desprotección de los ciudadanos nunca debidamente compensada por las eventuales sentencias judiciales. La víctima siempre es el españolito que busca un puesto de trabajo o, en el mejor de los casos, el que está curtido en las penalidades para llegar a fin de mes.

La corrupción es antigua como la tos, pero ahora nos enteramos. Combatirla debe ser tarea prioritaria de los Gobiernos, al margen de su color político. Los mismos policías, guardias civiles, fiscales y jueces que persiguieron la corrupción bajo mando de un Gobierno socialista siguen haciéndolo con un Gobierno del PP. Buena noticia. También lo es la arquitectura moral de Rajoy y de Rubalcaba, incompatibles con ese tipo de conductas. Ni por omisión deberían permitir las salpicaduras de comportamientos ajenos. Por eso, ayer el PP, al referirse ayer a su extesorero nacional, se debió ahorrar lo de que Luis Bárcenas “no tiene nada que ver con el partido”, en vez de enfatizar su firme compromiso de ir contra quienes aprovechan su paso por la política para asaltar los circuitos por donde circula el dinero de todos. Ahí es donde los ciudadanos esperan ver al PP y al PSOE, estén en el poder institucional o en la oposición.

Sobre todo, si están en el poder. Porque ahí pueden activar los controles administrativos. Al ser los primeros en fallar, acaban reduciendo la eficacia de los controles políticos (Parlamento) y judiciales (tribunales). Solo la sensación de impunidad que debía tener el señor Matas como presidente autonómico de Baleares explica que se pudieran hacer pagos millonarios por proyectos nunca realizados al Instituto Nóos porque detrás estaba del yerno del Rey. Por ejemplo.
Antonio Casado.Elconfidencial.com.

Borrado por Foro-ciudad.com

Borrado por Foro-ciudad.com

La portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, ha exigido al secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, que explique cómo es posible que “mientras Bono y algunos empresarios amigos de José María Barreda amasaban grandes fortunas, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha empobrecía a toda la región y dejaba sin pagar hasta las tiritas de los enfermos”.

La portavoz del PP en Castilla-La Mancha ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de la rueda de prensa que ha ofrecido en Guadalajara en compañía de la Presidenta Provincial, Ana Guarinos, ha informado el PP en nota de prensa.

Riolobos no ha dudado en calificar como “vergonzante y vergonzosa” la actitud Partido Socialista, con su máximo responsable regional a la cabeza, “porque está sembrando alarma entre la población e intenta desprestigiar el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.

TODA LA DEUDA

La portavoz del PP ha recordado toda la deuda que dejó el PSOE tras su paso por el Gobierno de la región y cómo, a pesar de tener que hacer frente a esa deuda que genera unos intereses diarios de más de un millón de euros, “el Gobierno de María Dolores Cospedal está trabajando para mantener la calidad, universalidad y gratuidad de un servicio básico esencial como es el de la Sanidad”.

La portavoz del PP ha subrayado que los ‘populares’ apoyan “punto por punto” las medidas que ha tomado el Gobierno de la región para reorganizar los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha “porque es la única manera de garantizar estos servicios a los 100.000 pacientes que acuden diariamente a las consultas.

“Debemos recordar a todos los ciudadanos que cuando el PP llegó al Gobierno se encontró una Sanidad prácticamente en bancarrota y los recursos ahora son muy limitados. Todo lo que está ocurriendo ahora es fruto de todo ese despilfarro del dinero que realizaron los socialistas cuando gobernaban”, ha argumentado.

CINISMO EN LA “CAMPAÑA”

Riolobos ha destacado también el “cinismo socialista” a la hora de orquestar esta campaña en Castilla-La Mancha “que la único que busca es socavar la imagen de María Dolores Cospedal, Secretaria General del PP”. Así, ha aludido a lo realizado por el PSOE en otras comunidades autónomas en las que gobierna, como en Andalucía, “donde no sólo ha reorganizado los horarios sino que ha cerrado Centros de Salud”.

Riolobos señalaba también que cuando en 2001 se transfirieron las competencias sanitarias a Castilla-La Mancha el coste efectivo de la Sanidad era de 180.000 millones de pesetas al año “pero el Gobierno de José María Aznar hizo una transferencia por un importe superior, exactamente 230.000 millones de pesetas”.

“Es decir, desde el año 2001 el Gobierno transfirió a Castilla-La Mancha 50.000 millones de pesetas más del coste efectivo para que se ampliaran los recursos asistenciales en esta región. Pero en lugar de mejorar la asistencia los gobiernos socialistas, de los que Page formaba parte, se dedicaron a despilfarrar y nos han dejado una deuda monumental”, ha dicho.

Tanto Carmen Riolobos como Ana Guarinos dijeron estar sorprendidas por el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y destacaban “el exceso de celo insólito de este Tribunal”. En este sentido, la presidenta provincial del PP lo ha calificado como “algo insólito” ya que “no ha entrado en el fondo de la cuestión”.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Guarinos, por su parte, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Guadalajara asegurando que “el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a cerrar ningún Punto de Atención Continuada ni ningún Centro de Salud”.

Asimismo, ha criticado la actitud del secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, y sus compañeros socialistas “porque en ningún momento han salido a manifestarse por los cierres de los centros de salud que sí han realizado sus compañeros socialistas en otras comunidades autónomas como Andalucía”.

La presidenta del PP de Guadalajara aseguraba que “la reorganización de los horarios obedece a criterios estrictamente técnicos resultado de un análisis exhaustivo, y que la atención sanitaria de todas las personas de la provincia de Guadalajara está garantizada”.

EN GUADALAJARA

“Esta reestructuración se traduce en el aumento del número de ambulancias existentes en la provincia, pasando de 19 a 21, ya que existe una UVI Móvil más con sede en Azuqueca de Henares —única localidad de Castilla-La Mancha con cerca de 40.000 habitantes que no contaba con este servicio—, además de una ambulancia de Urgencias que tendrá su base en Budia”.

Guarinos ha dicho también que “al existir una UVI móvil más en la provincia, la respuesta ante una situación de urgencia o emergencia sanitaria va a ser más rápida y efectiva”, y recordaba que “desde el PP de Guadalajara denunciamos la alarma que desde al PSOE se está intentando trasladar al ciudadano en un tema de tanta sensibilidad como la salud”.

Periódico LA CERCA.com/ 20/01/2013