Tordehumos - Valladolid

Enero de 2002:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado la apertura de juicio oral sobre el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, miembro del Partido Popular y procurador en las Cortes de Castilla y León, acusado de delitos de acoso sexual continuado, coacciones y lesiones, que tuvieron presuntamente como víctima a Nevenka Fernández, ex concejal de Hacienda de Ponferrada.

Como se recordará, Fernández, economista, de 27 años, interpuso el pasado año una querella criminal contra el alcalde de Ponferrada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dado que Ismael Álvarez es diputado autonómico y tiene la condición de aforado. El juez instructor del caso, Antonio César Balmori, ha atendido las peticiones de la acusación particular y de la acción popular, que solicitaban que el alcalde fuera juzgado no sólo por acoso sexual sino también por lesiones y coacciones. La acusación particular pide la inhabilitación especial del alcalde, un año de prisión, multa de 18.030 euros (tres millones de pesetas) por acoso sexual continuado e indemnización de 12.020 euros (dos millones de pesetas) por lesiones psíquicas a la víctima. El escrito de la fiscalía sitúa la pena solicitada en 15 fines de semana de arresto para Ismael Álvarez y 6.010 euros (un millón de pesetas) de indemnización para Nevenka Fernández por los acosos sufridos. La defensa del alcalde de Ponferrada pedirá la libre absolución del acusado. El juicio se celebrará probablemente la próxima primavera. El alcalde de Ponferrada ha insistido públicamente en los últimos días en que tiene interés en que se celebre el juicio, en vez de que se archiven las diligencias. Álvarez había percibido que tanto las acusaciones como el fiscal consideraban necesario un juicio. Sus compañeros de partido en las Cortes autonómicas y en la dirección provincial y regional del Partido insisten en que se espere a la sentencia judicial para pedir la renuncia a los cargos públicos de Álvarez.

En este sentido se pronunció el secretario general del Partido, Javier Arenas que defendió la presunción de inocencia del alcalde. Arenas expresó su 'satisfacción' por que 'vaya a resplandecer la verdad en un caso con dos versiones contradictorias, en un asunto que es de naturaleza privada, puesto que la conducta que se va juzgar no tiene relación con decisiones de carácter público, sino privado'. Añadió que no es lo mismo para la Comisión de Derechos y Garantías del partido decidir sobre un asunto que concierne a la actividad pública que se refiere a 'dos versiones contradictorias de una relación privada'.

Arenas relató que 'hace meses' la dirección nacional encargó al Partido de Castilla y León que estudiara el caso para, en función de sus conclusiones, 'en el supuesto de ser necesario, decidir de forma conjunta posibles iniciativas contra el alcalde de Ponferrada'. A la pregunta de si esa decisión se tomará antes o después de que exista una sentencia, respondió; 'Estamos pendientes de eso, pero mientras no haya sentencia la presunción de inocencia sirve para todos los casos'

Mayo de 2001:

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, admitió en el Congreso que el ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, pudo incumplir la Ley de Incompatibilidades de altos cargos. El ministro relató durante una comparecencia en el Congreso que, tras las denuncias aparecidas en la prensa, la Dirección General de la Inspección analizó el caso y descubrió que Escartín violó el artículo 2.4 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, de 1995. En él se dice: 'Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo'. Como se recordará, Escartín fichó en septiembre de 2000 por ACS como responsable de contratación. Sólo tres meses antes había participado en la adjudicación a una unión temporal de empresas, en la que estaba esa constructora, de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa. Cuando Escartín decidió dejar la administración para pasar a la constructora nadie le puso ninguna objeción, según relató Posada. El incumplimiento del artículo 2 de la Ley 12/1995 es considerado como una falta grave o muy grave si se ha producido 'daño manifiesto' a la Administración.

EL DUEÑO DE HALCÓN VIAJES DENUNCIA UNA TRAMA DEL Partido PARA PERJUDICARLE: Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, grupo empresarial que agrupa entre otras a Air Europa y Halcón Viajes, denunció en Valladolid la existencia de una trama dirigida desde la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, gobernados por el Partido, para que no le fuera concedida la explotación de un casino de esa capital. El Gobierno autónomo adjudicó las licencias de los casinos en León y Salamanca al grupo Comar, del empresario José Collazo Mato, por 'los intereses turísticos, empresariales y de empleo de su oferta', entre otras razones. Hidalgo, cuyo grupo empresarial constituye uno de los principales operadores turísticos europeos y que presentó su oferta junto a la empresa catalana de juego Cirsa, puso nombres a los responsables de la trama que, a su juicio, han evitado que le fuera concedido el casino que, según dijo, le había prometido el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, tras haberle retirado, hace meses, la explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad. Hidalgo señaló además al anterior presidente de la Diputación y actual consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, los propietarios del periódico La Gaceta de Salamanca y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quién según explicó el empresario 'ha dado el beneplácito a la operación'. En este sentido Hidalgo denunció que el grupo Comar (al que pertenece Casino de Salamanca, SA, que obtuvo la licencia) con sede social en A Coruña y que gestiona más de 4.000 tragaperras, siete bingos y diez casinos, tiene fuertes intereses en el grupo empresarial al que pertenece el periódico salmantino, en el que también participan destacados miembros del Partido de Salamanca, como el anterior alcalde y actual diputado Fernando Fernández de Trocóniz. Hidalgo también anunció que recurrirá la decisión de la Junta, ya que la licencia otorgada a Comar a su juicio incumple la ley puesto que el edificio donde prevé ubicar el casino, una antigua fábrica de harinas, está a menos de 100 metros de un colegio (Mayo 2001).


· UN DIRIGENTE DEL Partido ANTICIPÓ A HIDALGO QUE NO LE DARÍAN EL CASINO Y LE ANIMÓ A QUE SE MOVIERA: El presidente de las Cortes de Castilla y León, Manuel Estella, admitió que hace unos días en el palco del estadio Helmántico, fue preguntado por esta adjudicación por el presidente de Globalia: 'Tengo que reconocer que me preguntó por ello y le dije que no estaba muy a su favor, de manera que si quieres, muévete, y nada más', dijo Estella. 'Me limité únicamente a decir 'muévete' y nada más', reiteró Estella para subrayar la 'legalidad y objetividad' de la operación y para descartar que tenga de comparecer el ministro de la Presidencia y ex presidente de la comunidad autónoma, Juan José Lucas, ante el parlamento autónomo para explicar la adjudicación del casino de Salamanca, tal y como ha pedido la oposición (Mayo 2001).

· CASTILLA Y LEÓN PIERDE UN VUELO POR REPRESALIAS: El empresario Juan José Hidalgo, propietario de Air Europa, retirará el próximo 1 de junio el vuelo que une Valladolid y Barcelona, en protesta contra la decisión del Gobierno de Castilla y León de no concederle la explotación del Casino de Salamanca que, según él, le habían prometido altos cargos del Partido (Mayo 2001).

La organización Burgos Acoge ha denunciado ante la Inspección de Trabajo de Burgos a una empresa contratada por la Junta de Castilla y León en Sargentes de Lora, pueblo cercano a Briviesca, por la situación de desamparo económico y laboral en que ha dejado a 40 inmigrantes ecuatorianos, saharauis, kurdos y de países del este europeo a los que empleaba en tareas de repoblación forestal. La denuncia de los trabajadores se presentó en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) de Burgos contra El Ejidillo Viveros Integrales, contratada por el gobierno autónomo, al que Burgos Acoge responsabiliza de la situación de los inmigrantes. En noviembre se incorporaron a esa empresa. Pocas semanas después los trabajadores contactaron con diversas organizaciones para denunciar que no estaban contratados. Según Burgos Acoge, la empresa argumentó que los permisos se presentaron en otra provincia y tras muchas presiones pudieron comprobar que los expedientes, incompletos casi todos, no estaban regularizados a pesar de las facilidades ofrecidas por las autoridades laborales burgalesas. Luego, en marzo la empresa, según Burgos Acoge, dejó de abonar los salarios y abandonó la zona de trabajo en abril ante la pasividad de la administración autonómica (Mayo 2000).

El Juzgado número 4 de Zamora ha calificado al ex alcalde de Corrales del Vino, Casto Lorenzo, de presunto responsable del delito de estafa conocido como Lomas de Valparaíso, y ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto a los otros 14 querellados, entre los que se encuentran el ex presidente de Caja Rural de Zamora José Carlos Martínez Cubells, Eduardo Corrales denunciante del caso y el resto de los socios y directivos de la Rural, que concedió 821 millones en créditos para la urbanización fantasma de Peleas de Arriba. Los exculpados se vieron implicados en diversas operaciones bancarias de naturaleza dudosa, consistentes en la concesión de distintos préstamos hipotecarios. De acuerdo con el juez, en la resolución de esos créditos existieron una serie de irregularidades de funcionamiento, cometidas por los responsables de la entidad bancaria. En palabras del Juzgado número 4 de Zamora su modo de operar fue con «prácticas que no se ajustaron a la normativa de la banca y la legalidad vigente en el mundo financiero, en lo referente a las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria, constituidas por un total de 23 créditos que supusieron un total de 821.500.000 pesetas, genéricamente denominados Lomas de Valparaíso» (Mayo 2000).

LOS CONTRATOS AMIGOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
La consejera de Presidencia de la Junta de Castilla y León, María José Salgueiro, reconoce que su departamento adjudicó proyectos por 29,9 millones de pesetas entre 1999-2000 a la empresa Castilla y León de Servicios Empresariales, de la que es copropietario el dirigente del Partido de Palencia José Antonio Cabria (Septiembre 2000).

Las cuentas del Gobierno de Castilla y León, que preside Juan José Lucas (Partido) en gastos corrientes, desembolsó en 1999 más de 21.000 millones, entre los que se incluyen una factura de 3,7 millones en relojes de una joyería leonesa encargados en noviembre y diciembre de 1999 por la consejera de Economía, Isabel Carrasco, y otra de 385.000 pesetas por 35 cinturones comprados en la misma tienda. Además, hay más de dos millones en vino gastados por Industria, cuyo titular es José Juan Pérez Tabernero; otros 17 de Presidencia, dirigida por Jesús Mañueco, para un estudio de estimación electoral que la oposición no conoce; 200.000 pesetas para un viaje de José Luis González como asesor de Lucas cuando no era consejero de Fomento, y un millón en viajes y comidas para el Día de la Mujer Rural (Mayo-Junio 2000).

UN PROCURADOR POPULAR POR ZAMORA EN LOS TRIBUNALES

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, César Balmori, ha tomado declaración al procurador del Partido por Zamora, Camilo Hernando, a quien la Fiscalía vincula con presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho durante su etapa como secretario municipal en dos consistorios de Zamora. La investigación comenzó tras una denuncia de la Fiscalía sobre duplicidad de cobros de nóminas por ejercer como secretario local.La declaración se llevó a cabo en la sede del Tribunal Superior en Burgos, en donde se instruyen las diligencias desde hace más de siete meses. En las mismas se analiza por parte de este órgano jurisdiccional una supuesta malversación de caudales y un presunto cohecho cometidos en dos pequeños consistorios zamoranos, en donde Camilo Hernando ejerció como secretario suplente (Noviembre 2000).

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID: SE HAN DUPLICADO LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN DESDE QUE GOBIERNA EL Partido

El Ayuntamiento ha duplicado los puestos de libre designación y las adscripciones provisionales desde que el Partido Popular se alzó con el gobierno municipal en Valladolid, en 1995, según los datos conocidos. En este sentido, 27 técnicos del Departamento de Urbanismo han presentado un recurso contra el catálogo de puestos de trabajo del año 2.000, que consagra casi un centenar de designaciones directas y adscripciones provisionales. En la actualidad hay 122 puestos de funcionario sin cubrir y otros cubiertos mediante interinidades. El Alcalde León de la Riva con resignación reconoció que han aumentado los puestos de libre designación (Febrero 2001).

AYUNTAMIENTO POPULAR DE LEÓN: EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESTAPA IRREGULARIDADES EN EL 67% DE LA CONTRATACIÓN. LA AUDITORÍA APUNTA QUE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL Partido VULNERÓ LA LEY


Mario Amilivia, alcalde de León por el Partido, ha recibido un severo varapalo a su gestión por parte del Tribunal de Cuentas. La auditoria de la gestión municipal de León durante 1997, pendiente aún de las alegaciones del Gobierno de Amilivia, apunta que el 67% de la contratación se adjudicó sin cumplir 'los principios legalmente establecidos' y vulnerando los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. Los auditores citan incluso que algún beneficiario de los contratos era pariente de quien seleccionaba las ofertas. El Tribunal de Cuentas desgrana en 90 páginas las supuestas anomalías e irregularidades de la gestión económica de León durante 1997. El alcalde de este municipio se vio envuelto en un escándalo en 1998 debido a que entre sus gastos de representación figuraba la compra de gomina y pasteles. Los auditores públicos denuncian ahora que el Ayuntamiento no le ha facilitado documentos esenciales a pesar de su reiterada reclamación, como justificantes de pagos, contabilidad de costes, relación de transferencias y subvenciones, y relación de deudores. 'En el análisis del 13% de los contratos suscritos, cuyo importe equivale al 67% del total, se ha observado un incumplimiento de los principios legalmente establecidos en la tramitación de los expedientes y en la ejecución de las prestaciones', señala el informe. Los auditores apuntan que en los contratos de obras, 'en la selección de los adjudicatarios se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, e igualdad'. A modo de ejemplo, la pavimentación de la calzada de la avenida de Ordoño II se adjudicó por urgencia y sin publicidad, pero luego se duplicó el plazo de ejecución. En los contratos de suministros, 'la mayoría son objeto de prórrogas, conculcando con ello los más elementales principios de publicidad y concurrencia que deben regir en toda contratación pública. Y cita el caso de que el jardinero mayor formó parte de una mesa de contratación a pesar de que tenía tres parientes en primer grado en la empresa adjudicataria. 'En ninguno de los expedientes de órdenes de pago a justificar analizados', señala el anteproyecto, 'consta el informe del interventor sobre la cuenta justificativa de aquéllas' (Abril 2001).

EL EMPRESARIO MENDEZ POZO, AMIGO DE AZNAR Y CONDENADO POR EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN, TENDRÁ 12 TELEVISIONES LOCALES EN CASTILLA Y LEÓN

La Promotora de Medios de Castilla y León (Promecal), que preside el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, editor de Diario de Burgos,amigo de Aznar y condenado por el llamado caso de la Construcción, controlará una red de 12 emisoras de televisión local en esta comunidad autónoma en el plazo de mes y medio, con la apertura de cinco nuevos canales en Segovia, Ávila, Ponferrada, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

Bajo el nombre de Canal 4, Promecal ya opera en siete de las nueve capitales de provincia, según explicó en Segovia el director de organización de la empresa, Javier Hernández. Mientras, su competencia más próxima, amparada en la sociedad Televisión de Castilla y León, que preside el también constructor José Luis Uribarri, cuenta con 18 emisoras distribuidas por las nueve capitales y los núcleos de población más importantes.

En la actualidad, Méndez Pozo es presidente de Antena 3 TV de Castilla y León, que emite desde el edificio Promecal en Valladolid, donde estarán ubicados la agencia de noticias Ical, Canal 4 y algunas radios, como Cadena Ibérica. Las emisoras de Canal 4 en las provincias ejercen como

UN PARLAMENTARIO REGIONAL CONDENADO POR MALVERSACIÓN FONDOS

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al procurador de las Cortes de Castilla y León Camilo Hernando (Partido Popular) a seis meses de inhabilitación para ejercer como secretario de ayuntamiento por un delito de malversación de caudales públicos. En la sentencia se considera probado que los ayuntamientos de Burganes y Bretocino pagaron al secretario titular de ambas, Santiago Pérez, 125.000 pesetas mensuales durante medio año a partir de marzo de 1997 a cambio de que éste no ocupara su plaza, de manera que Camilo Hernando, elegido procurador regional en la última legislatura, se mantuviera como secretario interino (Junio 2001).