Nava del Rey - Valladolid

El esposo de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cobró del expediente con más irregularidades. Este viernes, el Gobierno socialista andaluz ha insistido en rechazar una comisión de investigación de los cursos de formación financiados por la UE, y que están siendo investigados por la Policía. Entretanto, Díaz critica las "filtraciones" de Interior.


Jose María Moriche, marido de la dirigente socialista, y hoy máxima mandataria andaluza, trabajó en los cursos de formación para parados, gestionados por UGT, vinculados al expediente de las facturas falsas (98/2009/J/217) del sindicato ugetista, y que ahora se encuentra en la Fiscalía Superior de Andalucía, dentro del marco de la Operación Edu.

Esta semana, recuerda el diario El Mundo, el PPA enseñaba en el Parlamento la documentación en la que se demostraba que el marido de Díaz había estado trabajando en 2010 para el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES, dependiente del sindicato UGT), en al menos uno de los cursos formativos recogidos en el citado expediente. Un expediente en el que se justifican hasta ocho millones de euros en ayudas para la formación de desempleados, pero que está trufado de irregularidades presuntamente delictivas.

Ahora, tanto la Fiscalía como el Tribunal de Cuentas sospechan de la laxitud de la Junta que podría dejar prescribir un expediente de reintegro iniciado en mayo de 2012 (por un importe de un cuarto de millón de euros. Precisamente, esta cantidad se corresponde con el dinero abonado por UGT a una auditora, que fue la que avaló todos los gastos endosados por el sindicato al expediente (98/2009/J/217), donde además se incluyen los gastos del pago al marido de Susana Díaz, una labor por la que cobró 240.645, 59 euros, cuando -reproduce El Mundo- por revisiones de expedientes similares UGT había desembolsado una quinta parte: 50.000 euros.


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Ese mismo expediente guarda aún más irregularidades, que se encuentran en las facturas falsas de UGT del pasado, investigadas por los jueces Juan Jesús García Vélez y Mercedes Alaya. Según El Mundo este sistema ha permitido al sindicato de Cándido Méndez sobrefinanciarse gracias al desvío de las ayudas de los desempleados.

Del Alzheimer a la huelga contra Zapatero

Es en el consabido expediente donde sale a relucir el nombre del esposo de Susana Díaz. Así, los anuncios publicados por El País y la Cadena Ser en la campaña Así no, donde se convoca a la huelga general de 2010 contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se cargaron a un curso de formación dirigido a desempleados en el cuidado de enfermos de Alzheimer. También ocurrió algo parecido con la publicidad insertada en los nueve periódicos locales del Grupo Joly.


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Sobornos a tutiplén, licencias falsificadas, informes robados, gente que corrompe y gente que se corrompe, dinero que corroe las estructuras del Estado, pero también las de varias empresas.

Tras siete años, siete caminos de corrupción llegan a su final. La Fiscalía de Madrid ha formulado ya su escrito de acusación contra 34 personas, 19 de ellas funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, para que se les condene a prisión por el caso Guateque, el mayor escándalo de corrupción municipal de la última década, que estalló en noviembre de 2007.

Entre los 34 acusados, peticiones de cárcel de más de 250 años, desde los 31 años para uno de los corruptores, hasta los 10 meses de un funcionario de una Junta de Distrito. El cohecho es común a todos, aderezado con prevaricaciones, tráficos de influencias o falsificaciones de documentos.

La Fiscalía distingue siete tramas de «tráfico ilícito de sobornos y favores», siempre con funcionarios municipales «que utilizaban sus cargos públicos para lucrarse».

El primer apartado que distingue la Fiscalía son las corruptelas de la empresa AB Sanz Escribano Ingenieros y Consultores S.L., a la que achacan el soborno directo. Los funcionarios incluso recomendaban a quien quería una licencia que contratara con Sanz: según la Fiscalía, sabían que se les pagaría el favor.

Un testigo protegido denunció que el acusado Antonio Sanz, administrador único de esa empresa, le pidió dinero para sobornar a Victoriano Ceballos, del Departamento de Evaluación Ambiental. Ceballos, al que piden 14 años de prisión, es uno de los funcionarios más corruptos del caso, siempre según el Ministerio Público.

La acusada Carmen Eulalia, de Gerencia de Urbanismo, emitió en otro caso un informe negativo sobre una sala de fiestas, y Sanz y Ceballos se repartieron un soborno para que el informe acabara siendo positivo.

Sara López, de la Junta de Distrito de San Blas, recomendó a un promotor contratar a Sanz Escribano, que a su vez pagó a López para que mediara a favor de esa licencia. Sara y Sanz también maniobraron para conseguir la apertura de una pizzería en la calle Julián Camarillo, explica la Fiscalía.

En la Junta de Chamberí, el técnico Juan Antonio Montesinos recomendó a un promotor que contratase a Sanz para los trámites de un restaurante en la calle Julián Romea, y luego pagó a Montesinos para que informara a su favor.

La segunda trama que distingue el Ministerio Público es la montada por el gestor Benjamín Valledor, que sobornó de nuevo a Victoriano Ceballos para conseguir la licencia a un restaurante de Hortaleza. El dinero agilizó el expediente. En el distrito de Fuencarral ocurrió lo mismo, aunque en esta ocasión Ceballos se repartió el soborno con su jefa, Ángeles León.

El tercer entramado lo protagoniza la empresa AC 93 Proyectos y Obras S.L., o lo que es lo mismo, la empresa de Santiago Castillo y Carmelo García, para los que se piden sendas condenas de 21 años de cárcel. Los siete casos que se consideran probados incluyen uno fallido, como la petición de 60.000 euros para sobornos al dueño de una tienda de animales, que no pagó y denunció los hechos.

También intentaron que la Clínica Ruber pagara por una licencia de obras. Intentaron sablearle 250.000 euros, a repartirse con el técnico de Gerencia de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón, aunque no se ha probado si se hizo el pago.

Sí se cree probada, en cambio, la relación de Seguros Ocaso con los corruptos, hasta el punto de que la Fiscalía pide siete años a cuatro altos directivos de esta empresa. Para conseguir legalizar obras y usos irregulares en las calles Princesa y Tutor, contrataron a AC 93, que les puso en contacto con el funcionario José Antonio Jodar, al que sobornaron para que robara expedientes negativos de su caso en Gerencia de Urbanismo. También se falsificaron licencias. La Fiscalía acusa al director general, al subdirector general, al director de la División Inmobiliaria y al coordinador de Servicios Generales e Inmuebles de Ocaso.

Pero la Fiscalía tiene más sobre AC 93. El dueño de un restaurante en el distrito Centro les contrató para conseguir la licencia, y ellos sobornaron a dos técnicos de Disciplina Urbanística para que no hicieran inspecciones, y a otros dos del área de licencias de la Junta de Centro.

En las calles Piamonte y Lavapiés, al ser descubiertos con obras ilegales, compraron a Jodar para que robara los expedientes negativos.

Agustino Proyectos

La cuarta red vista por la Fiscalía de Madrid, y la mayor, es la que lideraba Eduardo Agustino, al que pide 31 años y tres meses de cárcel por sus trampas con la empresa Agustino Proyectos e Instalaciones S.L.

El Ministerio Público le achaca 17 casos de corrupción: dos bares cuyos dueños se negaron a pagar sobornos, en las calles Hilera y Ave María; un proyecto para una sauna que jamás se realizó, pero se pagó el soborno a un funcionario del Distrito de Salamanca; otro soborno al mismo funcionario para un bar de la calle Montesa; igualmente para una zapatería de Conde de Peñalver; pagos a dos funcionarios de la Junta de Chamartín por rechazar arbitrariamente las alegaciones vecinales contra un bar de Alberto Alcocer; un soborno en Chamartín por la licencia de una cafetería en Concha Espina y otro local en Costa Rica; siete sobornos más en Chamartín, Carabanchel y la Inspección de Medio Ambiente para agilizar expedientes; pagos a Fernando Ruiz Torrejón, de Gerencia de Urbanismo, para que mediara ante una compañera a favor de su proyecto en el colegio Escolapios; y finalmente el proyecto, se cree que fallido, de montar un restaurante en Centro por parte de los propios responsables de Agustino Proyectos S.L., con pagos al ya famoso Victoriano Ceballos y al jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro.

En Evaluación Ambiental es donde la Fiscalía ve la quinta trama definida, con los trapicheos de los mencionados Fernández de Castro (le piden 11 años) y Carmen Eulalia (nueve y medio) a la cabeza. El Ministerio Público relata nueve casos muy parecidos: un proyecto que necesitaba por ley un informe ambiental se tramitaba sin él. Carmen Eulalia, de Gerencia de Urbanismo, firmaba que no era necesario contra la opinión de los técnicos. Fernández de Castro refrendaba. Hay casos de clínicas dentales, bares, farmacias, ludotecas infantiles, guarderías y tiendas de alimentación. No está probado que recibieran dinero, pero se consideran prevaricación.

La sexta trama son los negocios particulares de Victoriano Ceballos, que consistían en dejarse contratar por un promotor para proyectos que acababan en su despacho o en su área de influencia.

La Fiscalía resume seis casos, casi siempre en connivencia con una arquitecta: proyectos en un bar de copas, un restaurante o un centro de día, por ejemplo. Ella contrataba a Ceballos, y actuaban a veces en connivencia con Fernández de Castro.

El último de los senderos corruptos incluye tres sobornos, dos de ellos protagonizados de nuevo por Ceballos. El último, con víctima televisiva: Aída Nízar, que vivía al lado de un bar al que denunció por ruido. Uno de los corruptos hizo el paripé de ir a su casa para medir decibelios, e informar de que el bar había tomado medidas contra el ruido (era falso). Después le vieron recoger un sobre en el local.

El ladrillo de trasfondo

"La corrupción urbanística es la financiación ilegal de los partidos políticos". Así de directo y claro se expresaba y se expresa Santiago Torres, ex juez que durante el tiempo que estuvo en la magistratura se dedicó a levantar las alfombras del poder: Jesús Gill y Saqueo de Marbella y un largo etcétera que acaba con Guateque (trama de concepción de licencias Ayuntamiento de Madrid). Las presiones, soledad y hastío hicieron que Torres decidiera el pasado mes de julio dejar la judicatura y colocarse la toga de abogado en "Claim Abogados". Hoy, su investigación en la operación Guateque, ha sido refrendada. Hablar de Justicia, con mayúsculas, es hablar de Santiago Torres. / ANTONIO RUBIO