El Soto - Valladolid

Ecologistas lleva a la Fiscalía los intereses familiares de concejales de PP y PSOE en la Ciudad de la Salud de Metrovacesa en Aldeamayor

Pese a los informes desfavorables y el posible conflicto de intereses, cuatro concejales afectados votaron a favor de la aprobación del plan urbanístico especulativo
Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la fiscalía denuncia contra los concejales del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín que han procedido a la aprobación provisional de la Modificación Puntual del PGOU con ordenación detallada SUR 17 «Ciudad del Bienestar y la Salud» y el Secretario municipal que ha informado favorablemente dicha aprobación provisional. La documentación que forma parte de la denuncia incorpora la relación de propietarios de la Modificación del PGOU entre los que se encuentran , diversos familiares directos del Alcalde y cuatro concejales de la Corporación de Aldeamayor de San Martín que no se abstuvieron a la hora de aprobar inicialmente el plan.

En concreto, se señala a Jacob Bermejo de la Cal, portavoz del Partido Popular, vinculado a cuatro fincas con 9,7 hectáreas, Ana Belén Blanco Gallo, concejala no adscrita, con familiares dueños de tres fincas con 8,1 hectáreas, Juan Carlos Olmedo Zarapuz, concejal del Partido Socialista relacionado con una finca con de 1,6 hectáreas, Fernando de la Cal Bueno, alcalde por el Partido Socialista con vínculos a una finca con 0,7 hectáreas y Abilio Ojero Vivas, concejal del Partido Popular con una finca con 0,1 hectáreas.

La relación de propietarios de la Modificación del PGOU, no incorporada al expediente hasta el 1 de junio de 2018, refleja en total 180 fincas catastrales con una superficie total según el Catastro de Rústica de 329 hectáreas (el exceso sobre las 290 hectáreas de la propuesta obedece a fincas que tienen parte de su superficie fuera del ámbito del Sector SUD 17). Los propietarios mayoritarios son las sociedades Metrovacesa e Inversiones Cerviguera, S.L., con respectivamente 118 y 78 hectáreas.

Según explican los ecologistas, los informes urbanísticos desfavorables de los servicios técnicos municipales y de la Diputación de Valladolid, así como el posible conflicto de intereses de varios miembros de la Corporación Municipal, no impidieron que el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 4 de junio de 2018 adoptase el acuerdo de aprobación provisional, ratificado en sesión extraordinaria celebrada el 26 de julio de 2018, con informes del Secretario municipal favorables a la justificación de la Modificación y la votación de los corporativos con intereses familiares: el alcalde y los dos concejales del Partido Socialista y los tres concejales del Partido Popular, incluidos los señores De la Cal Bueno, Olmedo Zarapuz, Bermejo de la Cal y Ojero Vivas. Se hace constar que abandonó el Pleno la concejala Blanco Gallo.

Ecologistas en Acción, que recuerda que el próximo 19 de octubre, el área de Suelo Urbanizable No Delimitado objeto de la Modificación del PGOU «Ciudad del Bienestar y la Salud» quedará clasificada de forma automática como suelo rústico común, en el caso de que su ordenación detallada no haya sido aprobada definitivamente, asegura que “esta circunstancia está influyendo de manera decisiva no sólo en la actuación del promotor, sino también en la de la Administración municipal, cuyo Pleno de 26 de julio de 2018 fue convocado por el trámite de urgencia para subsanar las deficiencias señaladas en el informe del Servicio Territorial de Fomento de 24 de julio de 2018, justo la noche anterior a la convocatoria de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid donde se pretendía obtener la aprobación definitiva”. “Como resultado de la precipitación de la actuación municipal, no pudieron asistir al Pleno tres concejales que en el celebrado el 4 de junio de 2018 votaron contra la aprobación provisional”, apunta Ecologistas.

El colectivo entiende que los concejales afectados por los intereses de familiares propietarios del suelo afectado por la modificación, así como el secretario de la corporación podrían haber cometido un presunto delito de prevaricación urbanística.

Aunque no está incluida en la denuncia, fuentes del colectivo consultadas por últimoCero apuntan que la familia política de la teniente de alcalde y diputada provincial socialista Virginia Almanza (su pareja es primo del portavoz del PP) tiene otros 97.000 metros cuadrados también afectados por la recalificación.

La denuncia, que fue presentada en la Fiscalía la semana pasada, relata que durante su tramitación, la propuesta recibe los informes urbanísticos desfavorables del arquitecto municipal (en dos ocasiones) y la Diputación Provincial de Valladolid, confirmados por el informe desfavorable de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, emitido el 23 de agosto de 2018 en respuesta a la formulación de un voto particular por uno de los vocales de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid celebrada el 2 de agosto anterior, que concluye señalando “que no considera justificada la existencia de una demanda suficiente de suelo para el ámbito y el uso propuesto, en los términos que exigen los artículos 13.1.a) y 34.1 de la LUCyL [Ley de Urbanismo de Castilla y León], de acuerdo con los criterios señalados por la jurisprudencia, por lo que no procede su aprobación definitiva” .

El informe de la Diputación de Valladolid de 21 de marzo de 2017 concluye que “la Modificación Puntual del Plan General de Aldeamayor que se analiza no constituye [...] sino un ejercicio de planeamiento que en modo alguno acredita, con el rigor y la credibilidad debidos, (es decir, sin inventar ciudades fantásticas de ninguna clase, respecto a las cuales Aldeamayor no constituye centro de referencia para ningún instrumento de ordenación del territorio o de planeamiento de ámbito supramunicipal vigentes) la ‘conveniencia’ y el ‘interés público’ exigidos por el artículo 169.3.b.1o del Reglamento de Urbanismo. Y que propone clasificar como suelo urbanizable un paquete de terrenos tan innecesarios, tan carentes de justificación y tan huérfanos de encaje legal hoy como el día en que el Tribunal Superior de Justicia decretó la anulación del Plan Parcial Camino de Santa María”.

Por su lado, el informe del arquitecto municipal de 21 de noviembre de 2017 señala que “la delimitación del sector, su uso y su intensidad de uso no se han justificado desde una necesidad acreditada sino para la creación de oportunidades de inversión que apoyadas en las coartadas de la asistencia social, la salud y el bienestar, permitan cuantas dotaciones privadas sean posibles y sus alojamientos asociados”. En su informe de 16 de mayo de 2018, el técnico municipal añade que “no se han acreditado la necesidad real de nuevos suelos para atender las demandas de plazas asistenciales y sanitarias que no puedan ser cubiertas por las edificaciones vacantes, los solares y los suelos urbanizables existentes en el Alfoz de Valladolid”.

Con este plan se prevén 1.334.336 metros cuadrados edificables distribuidos entre 1.441 viviendas y 12.000 plazas asistenciales repartidas entre diversos apartamentos tutelados, residencias de mayores, clínicas especializadas e instalaciones hoteleras, destinadas al turismo sanitario nacional e internacional, sobre una superficie total de 290 hectáreas.


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