Barcial de la Loma - Valladolid

El déficit presiona a España: hacia la reforma tabú del sector públicoIsabel Acosta Eleconomista .es
Bruselas ha echado un jarro de agua fría sobre España: de momento, no relaja nuestro objetivo de déficit para este año, fijado en el 4,4% del PIB. De modo que, en un contexto de contracción económica, los ajustes en curso se tornan insuficientes para reconducir el desequilibrio, lo que obliga a abordar de una vez y en profundidad el tabú del redimensionamiento del sector público, un duro hueso que ningún Ejecutivo se ha atrevido a roer, pero que lastra nuestras cuentas con alzas sostenidas del gasto en las capas regionales y locales y que se complica con una maraña de entes públicos cuyos desfases podrían sumar 27.000 millones de agujero extraoficial, según un informe de Freemarket.
Además, el cierre de 2011 puede añadir un desajuste extra que implique recortes adicionales por 20.000 millones, al haberse rebasado, según estimaciones, el objetivo de déficit del 6% para el año pasado en dos puntos.
El Gobierno prepara actuaciones que reduzcan capacidad del hipertrofiado sector público estatal. De modo que tiene ahora la oportunidad de limpiar ineficiencias y concurrencias de funciones para evitar una mayor deriva de las cuentas públicas y apuntalar su mejor desempeño futuro. Pero no es una tarea fácil, y quizá sea, por inédita y espinosa, la reforma más dura de las que tiene en agenda. Los expertos consultados por elEconomista recomiendan acciones en materia de transparencia, auditoría y limpieza de funciones reiteradas.
Aunar competencias repetidas
El socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, Cándido Pérez, estima "muy difícil" alcanzar ese objetivo del 4,4% en diciembre y, en consecuencia, llama la atención sobre la necesidad de reformar el sector público y de ajustar gastos en todos los niveles administrativos.

Al margen de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de crucial importancia, Pérez apuesta por depurar ineficiencias y concurrencias entre Administraciones, de modo que se concentren funciones en un mismo nivel administrativo, lo que resume en una "reestructuración del sistema competencial para definir las competencias de cada nivel" porque "lo que ganemos en eficiencia, no tendremos que ajustarlo en cartera de servicios", algo que realmente aún no se ha tocado significativamente pese a los tijeretazos en curso. Por ello, la segunda línea de acción consiste en buscar cómo prestar cada servicio, en el nivel administrativo que sea, del modo más eficiente.
Adiós al comprar y no pagar
El experto no teme en sí el impacto contractivo de los ajustes, porque estima que nada hay más recesivo que el hecho de que los proveedores estén financiando a la Administración, como consecuencia de que ésta no les abona las facturas. "Se tiene que terminar la cultura de no pagar", puntualiza.
Las tareas pendientes son delicadas. Como advierte Pérez, se nos olvidan frentes como el hecho de que mermar déficit per se no mejora la tesorería y que "si la reactivación económica no va a ser inmediata, tampoco lo será la recuperación de las bases fiscales que nos sostienen", en las que están fundamentados los ingresos, con lo cual, mientras el PIB no crezca al 1,5 o al 2% "probablemente los ingresos no evolucionarán de forma que se note en el déficit".
El margen se agota
Así, la cuestión no se reduce a contener gasto y esperar el alza de los ingresos, sino a establecer las bases que adelgacen el sector público y sienten los pilares que impidan el gasto ineficiente o innecesario. En esta línea, el más reciente informe Situación España de BBVA Research destaca que las medidas ya adoptadas son creíbles tanto por el efecto esperado en la recaudación (6.100 millones) como por basarse en una reducción del gasto de 8.900 millones, pero añade que "el tiempo apremia y el margen de maniobra para sortear los ajustes es cada vez más reducido", lo que obliga a que con "celeridad" se concreten las reformas estructurales.
De momento el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en el redimensionamiento estatal, pero le espera la ardua tarea de ir operando cambios de esquema que trasciendan al seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local. Porque el estudio de BBVA indica claramente que "en un entorno que se va a caracterizar por la intensificación de la consolidación fiscal, aquellas comunidades con mayor dependencia del sector público en términos de empleo y actividad probablemente serán más sensibles al ajuste".