Vilallonga/Villalonga - Valencia

Las ocho únicas obligaciones que tienen los ayuntamientos: basura, limpieza vial, luz, agua, alcantarillas, cementerios, calles, control de bebidas y alimentos.

Ni fusiones de ayuntamientos ni supresión de diputaciones. La reforma local que aplicará el Gobierno, para racionalizar costes, evitará procesos traumáticos y se centrará en obligarles a cumplir la legislación. Es decir, a que se ocupen sólo de dar los servicios que marca la ley. Que son ocho y ninguno más.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha lanzado a hablar de reforma agresiva en el sector, pero –según esas fuentes- toca de oído en el tema municipal y provincial, políticamente más complicado de lo que él se cree.

El plan de Beteta

Quien tiene el plan en la cabeza es el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que aplicará la tijera por el procedimiento de poner en marcha una plantilla de austeridad total a municipios y provincias: ni un servicio fuera de los que marca la ley, ni un servicio ‘impropio’, ni un empleado de más, ni un gasto consuntivo de más.

La reforma de las administraciones locales y provinciales consistirá, pues, en aplicar la ley a rajatabla. Esto no es óbice para que el Gobierno saque una norma que imponga requisitos mínimos de población para que se cree un ayuntamiento.

Desaparecerían el 80%

Si se dicta una norma que impida la existencia de ayuntamientos en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, desaparecerán el 80% de los municipios. Pero algo tan drástico no es precisamente fácil.

El problema, según las fuentes consultadas por ECD, es que se necesitaría un cierto consenso con el PSOE, e incluso en el PP el Gobierno no lo tendría fácil porque debería imponer disciplina en sus filas. Se da por descontado que habría mucha resistencia interna.

Así pues, la fusión de municipios, por las bravas está descartada. En todo caso, se tratará de fusiones voluntarias y estas van a ser mínimas, difíciles, cuando no imposibles.

La ley de Régimen Local

Se trata de que no den más servicios que los que les exige la ley, y que son proporcionales en coste y dimensión según tamaño de población, por tramos de 50.000, 20.000 y 5.000 habitantes, y los de más de 250.000 vecinos.

Ocho servicios básicos

El equipo de Administraciones Públicas cree que, si se les obliga a ceñirse a lo que tienen que hacer, ni una sola cosa más, y con costes ajustados, se ha conseguido más de la mitad de la reforma.

“Y si algunos municipios quieren seguir con servicios impropios, que los paguen con más impuestos. Veremos a ver si los vecinos lo admiten”.

Con la ley en la mano, los municipios solo tienen que prestar estos servicios: recogida de basuras, limpieza viaria, alumbrado, agua potable, alcantarillado, cementerios, pavimentación de calles, y control de bebidas y alimentos.

Son 8 servicios básicos, no 15 ni 20, como tienen algunos ayuntamientos, un largo etcétera en el que se va el dinero de muchas corporaciones. La mayor parte de esas competencias ‘impropias’ de los entes locales, son del Estado o de las comunidades autónomas.

Dos herramientas

El Gobierno tiene el mango y la sartén para llevarlos por la vereda. Primero, mediante el dinero de la financiación para pagar deudas, los 35.000 millones de la operación para pagar a proveedores.

Segundo, con planes de estabilidad presupuestaria que impidan que vuelvan a las andadas de gastar más de lo que ingresan, y a dar servicios que no les corresponden y que nadie les ha pedido.

De momento, Hacienda ya les ha dado un serio aviso: ha retenido fondos a 434 ayuntamientos para pagar deudas de los municipios. Después va a tenerlos bajo vigilancia permanente para ver si cumplen los planes de estabilidad.

Controlar el endeudamiento

Beteta querría tener los datos de ejecución presupuestaria mes a mes, pero sabe que eso es muy difícil y se conformará con tenerlos trimestralmente. Con todo, siempre tendrá la llave del grifo de la financiación y las trasferencias.

Con los grandes municipios, el arma definitiva de Hacienda es el control del endeudamiento. Sin autorización no podrán acudir a endeudarse. Con Madrid ya ha tenido sus más y sus menos, ya que su ayuntamiento acumula una deuda superior al 20% de todos los de España.

Que vagen a fer-ho no vol dir que estiga bé! ni tan sols que vaja a funcionar bé...