Godelleta - Valencia

PUBLICADO EN LEVANTE:
La construcción de una calle obliga a 2 ancianos de Vinalesa a dejar su casa y pagar 10.000 euros
21.01.2014 | 23:30

voro contreras vinalesa: María y Vicente tendrán que dejar su vivienda de Vinalesa dentro de dos semanas para que se construya en su lugar una calle y una plaza. Así lo establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1990 y la posterior reforma del plan de 2005 que incluyó una unidad de ejecución (UE) en pleno casco urbano y así lo ha permitido el ayuntamiento y una resolución judicial. Sólo la posibilidad de que el consistorio les permita habitar el tercio de vivienda que quedará en pie impedirá que este matrimonio de ancianos tenga que abandonar Vinalesa ya que, sin la casa en la que han vivido durante los últimos 55 años y dónde han criado a su familia, no tienen dónde ir.
Por si Vicente y María no tuvieran bastante con perder su casa, el agente urbanizador les obliga a pagar 10.000 euros. Según explica su familia, pese a ser la única casa habitada de la UE, estar en perfectas condiciones y levantarse sobre un solar de mil metros, la vivienda ha sido valorada en 80.000 euros y se les compensa con 40.000 euros el solar que se cede al municipio para construir la plaza pública. Pero, por otra parte, las cargas de urbanización rondan los 130.000 euros. Así pues, al final les tocará pagar.

tambien publicado en levante:
El TSJCV anula el PGOU con 40.000 casas de San Miguel de Salinas
El fallo del tribunal alega que no se ha sometido al preceptivo proceso de Evaluación Ambiental Estratégica
22.01.2014 | 15:44

EFE | levante-emv.com El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Miguel de Salinas, al sur de Alicante, con el argumento de que no se ha sometido al preceptivo proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

La anulación llega por un recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2009 por la asociación vecinal "San Miguel Arcángel" y el colectivo "Amigos de Sierra Escalona" y, según han recordado estas organizaciones, el PGOU incluía 40.000 nuevas viviendas que habrían supuesto 100.000 habitantes más en un municipio que ahora tiene unos 7.000.

El alto tribunal desestima la pretensión del ayuntamiento y la Generalitat Valenciana sobre que el PGOU sea considerado "conforme a derecho" y sostiene que para la aprobación definitiva del documento "el EAE no puede ser suplido por una simple declaración de impacto ambiental".

Apunta que la Ley 9/2006 establece la obligatoriedad de aplicar la citada evaluación ambiental estratégica a todos los planes que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Para los colectivos que recurrieron, el PGOU era "un plan insostenible, especulativo e irracional".

Creen que ahora se abre una "nueva oportunidad" para proyectar un "desarrollo sostenible y racional" compatible con la preservación del entorno una vez superado el "delirio inmobiliario propiciado por la reciente burbuja del ladrillo".

Los vecinos de "San Miguel Arcángel" han añadido que el PGOU derogado suponía una "clarísima agresión" a los valores ambientales y paisajísticos de la sierra de Escalona, un espacio natural protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la UE.

Ese espacio sigue esperando su declaración como parque natural de la Comunitat Valenciana, proceso iniciado por la Generalitat hace más de siete años, según la asociación "Amigos de la Sierra de Escalona".

TODO POR UNA LICENCIA ILEGAL OTORGADA ( PUBLICADO EN EL MUNDO):
Orpesa teme el perjuicio «mediático y económico» de derribar los 127 apartamentos
El ayuntamiento quiere compensar a los demandantes del edificio Bernat y que no se ejecute la sentencia El coste, según dicen, llegaría a los cinco millones Compromís quiere que paguen los responsables de la licencia
21.01.2014 | 23:08
El edificio Bernat, con una sentencia de derribo.
El edificio Bernat, con una sentencia de derribo. álvaro sales

álvaro sales orpesa El equipo de gobierno de Orpesa confía en que el TSJ de la Comunitat Valenciana acepte el convenio que alcanzó el consistorio con los demandantes y los propietarios del edificio Bernat para homologar la sentencia que obliga a derribarlo y poder mantenerlo en pie. Esta posibilidad supondría el final de varias décadas de procesos judiciales que han mantenido en vilo a los vecinos. De no ser así, se deberá derribar la finca, cuyo coste no estaría «ni cuantificado».
Para ello, el PP llevó una propuesta al pleno de anteayer, que contó con el apoyo del GIO, para dar cobertura presupuestaria con 1,5 millones de euros al acuerdo suscrito entre las tres partes afectadas. Según el edil de Urbanismo, Tomás Fabregat, era la opción «que causaría un daño menor a todos los implicados». Y es que, según reconoció, esta cantidad «no es ni la tercera parte de lo que habría que poner inicialmente para ejecutar el derribo».
El concejal explicó que, además del derribo, se debería asumir los daños morales de los afectados, procesos judiciales o el perjuicio mediático para el municipio. «El precio total no estaría ni cuantificado», dijo. Por ello, instó a todos los grupos municipales a apoyar el proceso para que llegue con el mayor consenso posible al TSJ, que deberá decidir el futuro de la finca. El próximo paso será que el pleno apruebe el convenio.
Que no paguen los vecinos
El Bloc de Orpesa, que votó en contra de la modificación de 1'5 millones de euros al «desconocer» el contenido del convenio, propuso iniciar un expediente de responsabilidad contra los miembros de la corporación que votaron a favor de la licencia de obras del Bernat y «reclamar responsabilidades al arquitecto que posibilitó el acuerdo». Para su portavoz, Josep Lluís Romero, «el coste de salvar el edificio lo deben pagar únicamente los responsables de esta chapuza, no toda la ciudadanía».
Sobre el consenso que reclamó el PP, Romero dijo que si lo que querían era «lograr un acuerdo mayoritario se debería haber facilitado el texto del convenio a la oposición, porque sabemos fehacientemente que lo tienen redactado». Del mismo modo, el concejal del Bloc lamentó que se toque la partida del plan de empleo, que el PP se comprometió a reponer antes del verano, «pocas semanas de haber aprobado el presupuesto. Es un error político».

Error: la anterior noticia publicada en levante

PUBLICADO EN LEVANTE:
Territorio ve «insostenible» el PGOU y exige a Peñíscola rebajar su crecimiento un 300 %
Pese a que el concejal de Urbanismo aseguró que el Consell no entraba «en el fondo» del documento, lo cierto es que el informe enviado al consistorio bloquea buena parte de los desarrollos ya que todavía hay suelo pendiente por edificar
18.01.2014 | 00:07
Vista aérea del municipio de Peñíscola.
Vista aérea del municipio de Peñíscola. Levante-EMV

jordi maura peñíscola El Documento de Referencia enviado por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA) supone una desautorización a la manera en la que se ha tramitado la revisión del PGOU de Peñíscola y cuestiona gran parte de su contenido. A pesar que el edil de Urbanismo, Romualdo Forner, minimizó los efectos del mismo y declaró que la conselleria «no se mojaba» respecto de las propuestas urbanísticas, el texto proyecta una serie de recomendaciones de obligado cumplimiento que suponen un terremoto sobre sus planteamientos.
La versión preliminar del PGOU y el Informe de Sostenibilidad Ambiental que ahora el consistorio está obligado a redactar, tendrá que adaptarse a la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana del año 2011 respecto a sus crecimientos de suelo. Esto supone que Peñíscola deberá prescindir de gran parte de los desarrollos propuestos ya que este documento prevé para Peñíscola un crecimiento máximo residencial del 37,9 %, equivalente a 320.295 m2 y un 63,66 % del suelo destinado a actividades económicas, lo que supone 269.982 m2 pese a que la propuesta aprobada en pleno en 2010 propone crecimientos del 380 % de suelo residencial y del 354 % del industrial.
La comunicación es especialmente exigente en este aspecto, en la justificación de la reclasificación de suelo realizada desde el ayuntamiento, y le exige un estudio de demanda de suelo residencial e industrial. La conselleria le recuerda que hay ámbitos que cuentan todavía con un alto porcentaje de suelo vacante por desarrollar con una elevada capacidad de acogida para usos residenciales «sin necesidad de incrementar el consumo de suelo».
«Propuesta no viable»
Así, en un contexto como el actual, la propuesta de 2010 propone crecimientos del 380 % de suelo residencial y del 354 % del industrial, cuando las directrices del gobierno autonómico postulan un crecimiento máximo del 37,9 % y 63,66 % respectivamente, por lo que le señalan que «a priori no se considera viable la alternativa presentada que fija un techo poblacional de 192.811 habitantes entre residentes y plazas turísticas, con una ordenación propuesta no coherente con los objetivos generales definidos para el PGOU».
El documento censura, de una forma clara, los sectores urbanizables residenciales extensivos «turístico-golf» de l'Alt del Fardatxo y Peñíscola Hills, al estar «completamente aisladas respecto al núcleo de población». Estas propuestas en les Talaies d'Alcalà son «contrarias al crecimiento sostenible preconizado en la Ley de Ordenación y Protección del Paisaje (LOTPP)». También incide en que «teniendo en cuenta el grado de desarrollo de los actuales suelos con aprobación definitiva, no queda justificada la clasificación de suelo urbanizable residencial».
También pone en el objetivo la ocupación de la playa sur, que forma parte del Paisaje de Relevancia Regional Serra d'Irta y Peñíscola y donde aumentarían los problemas de movilidad existentes. Así, la conselleria sugiere que el suelo residencial se proponga continuando los suelos existentes, hacia el noroeste y en el entorno de la carretera de acceso a la población CV-141 o en la playa norte hacia el interior evitando la conurbación con Benicarló.
También le señala la necesidad de incorporar las limitaciones que supone el Corredor de Infraestructuras y el contenido de la Planificación Hidrológica, por la limitación de recursos.
Protección en zonas naturales
Además les señala que, a diferencia del modelo inicialmente aprobado por el consistorio en julio de 2010, el informe ambiental deberá contener una selección razonada de alternativas incluyendo lo dispuesto en el PORN y PRUG de la Serra d'Irta, un estudio de las afecciones sobre la Red Natura 2000 y sus hábitats de interés y le propone corredores verdes e, incluso, desclasificaciones de suelo urbano y urbanizable a no urbanizable en los suelos colindantes o incluidos en las zonas naturales protegidas como el Parque Natural, Marjal o zonas forestales.
En el marjal exigen una franja perimetral de protección con zonas agrícolas para evitar su colmatación y degradación. En este sentido alertan del problema de contaminación por vertidos de la acequia Sangonera y le piden soluciones. Por otro lado analiza el sistema de asentamientos propuestos en el litoral y recuerda el carácter estratégico de la franja de 500 metros litoral.

PUBLICADO EN EL MUNDO ( TODO POR UNA LICENCIA ILEGAL )
Oropesa aprueba 1 millón de euros para evitar el derribo de un edificio

El TSJ había ordenado el derribo de este inmueble de 127 viviendas en el año 2010
El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los denunciantes para evitar su demolición

EL MUNDO Oropesa del Mar
Actualizado: 20/01/2014 19:11 horas

Un millón de euros es la cantidad que el pleno de Oropesa del Mar, convocado con carácter extraordinario urgente, ha modificado este lunes con el objetivo de intentar evitar por todos los medios la demolición del edificio Bernat. Esta cantidad, sumada a los 500.000 euros reservados ya en los presupuestos de 2014 para este fin, servirán para ultimar un acuerdo marco que supone la última posibilidad que le queda al consistorio de salvar la construcción, pues, según palabras del concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, "existen sentencias de homologación cuando hay acuerdo de todas las partes".

Para ello, ha explicado Fabregat, el equipo de Gobierno ha estado trabajando durante dos años y medio para conseguir llegar a "un consenso entre todas las partes", demandantes y demandados, siendo esta la opción, ha dicho, "menos lesiva" de resolver la situación, porque, de llegar a derribarse la edificación, el coste económico sería mucho mayor, llegando a "multiplicarse por tres", además de "el daño moral fuerte que causaría a las familias".

El objetivo es, pues, "habilitar este dinero" para que, en cuanto se haga efectiva la modificación, se pueda "pasar por pleno", pudiendo llevar el acuerdo marco al TSJ de la Comunidad Valenciana "cuanto antes". A partir de ahí, ha dejado claro Fabregat, solo hay que esperar y "tener suerte", pues no hay "garantías de que la sala homologue y ratifique el convenio". En este sentido, el edil ha instado a todos los partidos políticos a que apoyen el acuerdo, pues "un apoyo político municipal unánime sería un argumento de peso de cara a la sala", y ha añadido que, en cuanto este ultimado el convenio "podemos reunirnos para verlo y analizarlo, antes de traerlo al pleno".

En cuanto a de dónde se obtendrá el millón de euros que ha centrado el único punto de la orden del día, éste se modifica de la partida de acción social, pues, tal y como ha apuntado el alcalde, Rafael Albert, es "la menos urgente", pues "hasta el próximo verano" no está previsto que se incorporen los peones beneficiarios del próximo Plan de Empleo. En este punto, el primer edil ha dejado claro que éste "no se verá afectado", pues "la cantidad se volverá a consignar" a través del remanente, "tanto con informes favorables como desfavorables".

publicado en Levante:
Godella ofrece pagar 200.000 ? a las monjas durante 62 años por la condena del Supremo
Elabora un plan financiero para afrontar la expropiación que incluye la entrega de bienes por 3,5 millones
21.01.2014 | 22:56

cèsar garcia godella El gobierno tripartito de Godella (EU, PSPV y Bloc-Compromís), ha elaborado un Plan Económico Financiero que establece el pago anual de 200.000 euros durante 62,5 años, así como la entrega de un inmueble y parcelas urbanizables con un valor total de 3,5 millones de euros, a la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús para cumplir la sentencia firme del Tribunal Supremo que condenó al ayuntamiento de l'Horta al abono de más de 11,7 millones (más los intereses hasta el pago se elevarán a más de 16) en concepto del justiprecio por la expropiación del parque público de la Devesa, que se halla en el colegio concertado de las monjas.
Este plan de pagos fue presentado ayer tarde por el gobierno municipal a más de 100 vecinos en una convocatoria pública en el salón de actos del edificio Villa Teresita. El alcalde de EU, Josep Manel San Fèlix, presidió la reunión acompañado por la concejal de Urbanismo, Lola Sánchez, la portavoz de Compromís, Eva Sanchis, y el exalcalde socialista Salvador Soler.
El alcalde aseguró que el plan será llevado al pleno ordinario de este mes para que sea ratificado por la corporación y luego trasladarlo a la juez, que dictó una providencia a finales de 2013 instando al ayuntamiento a elaborar un plan financiero para ejecutar el pago fraccionado de la deuda.
La concejala socialista de Urbanismo explicó que se ha llegado a esta situación después de que las religiosas propietarias de la zona verde del colegio Sánchez aclaró que ya constaba esa calificación dotacional desde 1946 rechazaran, tal como informó Levante-EMV, una primera propuesta del pago en especie con recalificaciones y compensaciones urbanísticas del justiprecio contemplado en la sentencia. «Pero la Congregación, que nunca ha querido negociar, no aceptó nuestras propuestas», apuntó la regidora Sánchez, que añadió que las monjas instaron la expropiación «en plena burbuja inmobiliaria» fruto de la Ley del Suelo y Valoraciones de 1998. Y así el jurado provincial de expropiación aplicó el valor del mercado inmobiliario a los 26.000 metros cuadrados a expropiar, lo que calificó de «despropósito».

Endeudados hasta las cejas, pero.........
Publicado hoy en El Pais:

Gandia abre la puerta a urbanizar su última playa virgen
El Ayuntamiento presenta 11 proyectos de un concurso de ideas
Vecinos y oposición critican la intención urbanizadora del Consistorio
Pilar Almenar Valencia 22 ENE 2014 - 22:12 CET86



Dunas, terrenos de marjal y pequeños huertos convertidos en campos de golf, adosados, piscinas con isletas de palmeras o espectaculares hoteles de hormigón y madera que simulan ser enormes nidos de gaviotas. Estas son algunas de las propuestas que concurren al concurso de ideas para la urbanización de la playa de L'Auir en Gandia (Valencia), el último tramo de costa virgen que queda en el municipio y sobre el que planea la intención urbanística del Ayuntamiento. Los partidos de la oposición y algunos colectivos ciudadanos ya han mostrado su rechazo al proyecto, tras el cual sospechan que hay otros intereses ocultos.

"La playa de L'Auir es la joya de la corona", decía ayer el alcalde de Gandia, Arturo Torró, desde la Feria de Turismo (Fitur) donde mostró los 11 proyectos que se han presentado al concurso. La playa de L'Auir es la zona litoral más septentrional del municipio, entre Xeraco y el inicio de la playa de Gandia. Con más de millón y medio de metros cuadrados, se ha salvado de la vorágine urbanizadora de los sesenta, los setenta y la última burbuja inmobiliaria convertido el espacio de playa, cordón dunar y uso agrícola. El vigente Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en la etapa del anterior Gobierno socialista, califica el espacio como residencial de baja densidad.



Durante la burbuja, la escasa edificabilidad del espacio, un 0,14%, hizo que se salvara del cemento pero el Gobierno municipal del Partido Popular planea ahora darle un uso turístico con la construcción de hoteles y zonas residenciales para un turista de alto poder adquisitivo.

El pasado mes de noviembre, el equipo de Arturo Torró publicó las condiciones del concurso de ideas que repartirá 54.000 euros en cinco premios. Entre los requisitos del proyecto está el diseño de "dos o tres complejos hoteleros" cerca del límite sur de la playa y "otro complejo" en las inmediaciones del río de Xeraco, al norte del espacio proyectado. La edificabilidad restante podrá utilizarse para la construcción de unifamiliares, restaurantes o complejos lúdicos.

La oposición municipal rechaza de plano el proyecto. "Nosotros exigíamos que el Ayuntamiento mantuviera la alternativa cero que es la que contempla que este espacio se mantenga como está y eso, según las bases propuestas, no es posible", se quejaba ayer Lorena Milvaques, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Gandia. El atractivo de un tramo de costa virgen entre playas saturadas de edificios es irresistible. "Para el alcalde es la joya de la corona en el sentido urbanizador y para nosotros en el sentido ambiental", apostillaba Milvaques.

"Nosotros proponemos la regeneración dunar y el mantenimiento de la zona pero el Ayuntamiento habla de bungalós de alto standing", se quejaba Vicent Mascarell, concejal del PSPV en Gandia.



Aunque el Ayuntamiento explica que este es un concurso de ideas y la decisión final de implementar o no el proyecto la tomarán los ciudadanos, hay quien ve en esta propuesta algo más que un proyecto turístico.

El propietario de la mayor parte de los terrenos urbanizables es una empresa local, Rústica, SA. "Esta es una empresa muy potente, afincada en Madrid con vinculaciones en Valencia, y que durante muchos años ha puesto y quitado candidatos en el Partido Popular en Gandia con el objetivo de que alguien recalificara y consiguiera lo que la izquierda hemos evitado durante muchos años", explicaba Mascarell.

Preguntado al respecto, el alcalde de Gandia, Arturo Torró prefiere no hablar de esta empresa y asegura que su Ayuntamiento hará lo que sea mejor para los ciudadanos. "Nosotros no beneficiamos a nadie en concreto. Ni el Gobierno ni yo tenemos ningún interés en ningún proyecto", aseguró. "Este es un concurso exclusivamente técnico. Los proyectos los valorarán los técnicos del Ayuntamiento, de la Universidad Politécnica y de la Generalitat. Elegirán el que más guste y una vez elegido el ganador lo presentaremos a la ciudadanía para ver qué opina la gente y si se hace o no se hace", detalló Torró.

"Esto es una trampa para convencer a la ciudadanía que en un momento de crisis habrá trabajo para todos y nos sacará de pobres", se quejaba el socialista Mascarell. La oposición a las aspiraciones urbanizadoras municipales procede también de la ciudadanía que ya ha empezado a mostrar su rechazo en Internet.

La plataforma online Change.org, recoge ya más de 8.700 firmas (Gandia tiene 78.543 habitantes) en una petición que propone la calificación de la playa como espacio natural protegido. Los ciudadanos ya han organizado en las redes sociales grupos como Salvem L'Auir porque dicen no comprender por qué ha de urbanizarse el único espacio libre virgen que queda si los turistas tienen varios kilómetros de playa llenos de hoteles y apartamentos.

El concejal socialista Vicent Mascarell cree que la oposición vecinal será mayor de lo que el Ayuntamiento espera: "No será un tema pacífico. Si el señor Torró quiere urbanizar L'Auir, este será el Gamonal de Gandia".

Hoy en el diario Informacion:
La Generalitat tumba otro plan general con 11.000 viviendas más en Almoradí
La Conselleria de Territorio dice en su informe que no está justificada la viabilidad del crecimiento poblacional y mantiene el suelo como no urbanizable - El Ayuntamiento ve frustrada la recalificación de más de 4,3 millones de metros cuadrados
m. a. rives 29.01.2014 | 10:56

La Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana ha sido contundente al rechazar las pretensiones del Ayuntamiento de Almoradí de recalificar más de 4,3 millones de metros cuadrados de suelo para construir cerca de 11.000 viviendas en tres sectores urbanísticos ubicados en plena huerta del municipio y en otros dos emplazamientos más cercanos al casco urbano. El citado organismo ha elaborado un informe en el que emplaza a la administración local a dejarlos fuera del proceso urbanizador previsto en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por no estar justificada la viabilidad de ese crecimiento ni ajustarse a la demanda de vivienda. La ciudad cuenta hoy con casi 20.000 residentes y este proyecto preveía acoger a 50.000 habitantes más.

En concreto, el documento evalúa la Memoria Ambiental del Plan General -todavía en fase de desarrollo- y determina que en los sectores de huerta situados al sur del término municipal (SUZTRA-2; SUZTRA-3; y SUSTRA-4), emplazados a más de cuatro kilómetros del casco urbano y al sur del río Segura, no se ha justificado la viabilidad de su crecimiento, la repercusión que tendrían sobre el consumo de recursos, ni los efectos de la construcción de infraestructuras como carreteras. Tampoco el impacto que supondría transformar estos terrenos agrícolas en urbanizables, por lo que «su desarrollo no se incluirá en el Plan General propuesto» debiendo «mantenerlos como suelo no urbanizable» de acuerdo con la Unidad Ambiental en la que se insertan. Los tres sectores ocupan 3.037.000 metros cuadrados en los que estaba prevista la construcción de 8.200 viviendas y un campo de golf.

De igual modo, señala que los sectores SUZRBD-1B y SUZRBD-3B -situado el primero de ellos en la partida de El Gabato y el segundo entre Cruz de Galindo, Camino Moñino y El Saladar-, «también se excluirán del proceso urbanizador». Estos comprenden 1.015.000 metros cuadrados y preveían acoger otras 2.738 viviendas, pero se deniegan porque «no se considera justificado el elevado crecimiento que suponen, ni en base a la demanda real de vivienda, ni de acuerdo con la evolución demográfica de los últimos años» de esta localidad.
Inundación:

La tercera zona propuesta para urbanizar y que tampoco ha recibido el visto bueno de la Generalitat es la ubicada en la pedanía de El Saladar (sector SUZTRBE-1). La Dirección general de Evaluación Ambiental y Territorial, en base a un informe del Plan de prevención de riesgo de inundaciones (Patricova) estima que de los 411.245 metros cuadrados que ocupa hay que excluir las tres cuartas partes por ser incompatible con el riesgo de inundación. En este área se había proyectado la construcción de otras 1.028 viviendas, un hotel y un centro comercial que no se podrán levantar tal y como estaba previsto porque habría que compactarlo todo en poco más de 100.000 metros cuadrados, teniendo en cuenta que en esta zona ya se encuentra la primera fase de la Ciudad deportiva. La superficie restante solo se podría utilizar como zona verde no urbanizable.

En Julio de 2010 se presento la siguiente alegacion al PGOU, que de forma resumida decia:
ALEGACIÓN N°16.
REGISTRO DE ENTRADA N° 1602
FECHA: 11/05/2010
DON/A:
CONTENIDO:
Expone:
Que en la memoria Justificativa, en la página nº 8, se dice que las zonas industriales
se evitara su extensión hacia áreas residenciales y se creará una amplia banda de
separación con las zonas residenciales mas próximas.
Esto no ocurre en La Fuentecica, porque le adosan una zona Industrial en sus lindes, y
además este suelo industrial linda a SNUPE, lo que significa contaminación.
Por ningún lado se ve la banda de separación siendo el momento de hacer la reserva
de terrenos.
Solicita:
-Que se de por presentada esta Alegación
-Que se retire este nuevo PG por no ajustarse a la legalidad vigente e incumplir
incluso lo que el propio Ayuntamiento dicta en la Memoria.
-Que se notifique resolución


Esa misma alegacion fue tambien presentada por otros 22 ciudadanos.
La respuesta del Ayuntamiento a las 23 alegaciones fue:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
En el sector industrial junto a la zona residencial de la Fuentecica, en su ficha de
Planeamiento y Gestión, en las condiciones de desarrollo, se prevé la ubicación de los
espacios libres y jardines, tanto en la proximidad del barranco como a modo de
colchón frente a las áreas residenciales. Las dotaciones de la red secundaria, en suelo
urbanizable no pormenorizado, no quedan identificadas gráficamente en plano hasta la
redacción del planeamiento parcial.
Por lo manifestado se propone la desestimación de todo lo alegado, en lo particular y en lo general

Tres años mas tarde, la Conselleria, en su famoso informe, dice, refiriendose a la misma zona a la que se referian las alegaciones:

Respecto a los usos industriales, no resulta admisible el sector SUB-Ind SI-2. El sector SUB-Ind SI-3 se redelimitará respetando las afecciones de carreteras y cauces, ajustando su superficie a la
demanda existente y a los indices de la ETCV, y LIBERANDO LA ZONA ESTE PARA EVITAR EL CONTACTO CON EL NUCLEO RESIDENCIAL "FUENTECICA"


Queda claro que la respuesta del Ayuntamiento fue una broma. ESTABAN DE CACHONDEO.

Esto queda solucionado montando entre el polígono y la urba otra pista de PADEL y problema solucionado (VES QUE FÁCIL CHE)...................Y COMO SIEMPRE A NO ENFADARSE

Igualmente, y en las mismas condiciones, 22 firmas mas, se presento la siguiente:

ALEGACIÓN N°8.
REGISTRO DE ENTRADA N° 1594
FECHA: 11/05/2010
DON/A:
CONTENIDO:
Expone:
Que en las Normas Urbanísticas se dice que antes de realizar cualquier actuación urbanística será necesario demostrar la disponibilidad de agua. Según el único documento aportado por el Ayuntamiento respecto al abastecimiento de agua por parte de la Confederación Hidrográfica, no hay disponibilidad de agua para las necesidades de este PG.
Además es absurdo que se diga en la pagina 23 de la Memoria informativa que para verificar la capacidad de abastecimiento a las ampliaciones urbanas pretendidas, se dispone de concesión por la Confederación Hidrográfica. Si ya esta verificado porque se tiene que demostrar documentalmente esta disponibilidad.
Solicita:
-Que se de por presentada esta Alegación
-Que se retire este nuevo PG ya que sus previsiones superan con mucho los recursos disponibles.
-Que se anule de pleno derecho por ir contra lo establecido por leyes de rango superior.
-Que se notifique resolución


La respuesta fue la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Se acompaña al Plan General documento justificativo del estudio de disponibilidad y suficiencia de caudales de abastecimiento de agua para las previsiones poblacionales del mismo. Esto no exime a las futuras actuaciones la demostración de la disponibilidad concreta de este recurso, en el momento de la gestión, conforme a las previsiones de la vigente L.O.T.P.P.
Se propone desestimar lo alegado, así como desestimar la retirada del Plan General y la anulación del documento.


Ahora, tres años mas tarde, la Coselleria dice:

10.- Se deberá recabar los siguientes informes, para verificar la adecuación del plan a informes previos,o bien porque se requiere informe definitivo:
Informe, emitido por la Dirección General del Patrimonio Cultural, sobre la conformidad con la normativa de protección del Patrimonio Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
INFORME, REGULADO EN EL ARTICULO 19.2 DE LA LEY 4/2004, DE 30 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT, DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y PROTACCION DEL PAISAJE, QUE SERÁ EVACUADO POR EL ORGANISMO DE CUENCA COMPETENTE (Confederación Hidrográfica), CON EL FIN DE ACREDITAR LA DISPOSICION DE RECURSOS HIDRICOS NECESARIOS PARA LOS USOS PREVISTOS.
Informe sobre cumplimiento de las determinaciones del PORN de l'Albufera, emitido por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Informes en materias forestal y de vías pecuarias, emitidos por la Sección Forestal y la Unidad de Vías Pecuarias de la Dirección Territorial de Valencia, respectivamente.


El unico documento que se aportaba en el PGOU demostraba mas que fehacientemente que no habia recursos hidricos suficientes.
Esta visto que la respuesta del Ayuntamiento seguia siendo una broma.

Si esto solo pudiese pasar en Benissano:
Un PAI de Benissanó de hace 8 años alcanza un sobrecoste del 42%
Publicado por Crónica el miércoles, 5 de marzo de 2014 categ. benissano , destacat | Facebook
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Se trata del PAI ' La Llometa' y en él sólo se ha construido 1 de las 300 viviendas previstas.

El PSPV de Benissanó ha denunciado el "fiasco absoluto" que ha supuesto el PAI "La Llometa" impulsado por el ayuntamiento a través de una gestión directa ya que en los 8 años desde su aprobación se ha construido sólo 1 vivienda de las 300 previstas al tiempo que las obras de urbanización han tenido un sobrecoste del 42% al pasar de los 3'1 millones de euros iniciales a los 4'4 millones finales.

El grupo socialista ha añadido que este plan urbanístico fue "un despropósito" desde su fase inicial ya que se impulsó a pesar de que no existía demanda suficiente al existir otras áreas donde se venía gestando un crecimiento incipiente. Así, en los 8 años desde su puesta en marcha sólo se ha construido una vivienda sobre un total de 300 previstas y las zonas verdes incluidas en el proyecto original se han improvisado.

El PSPV recuerda que fue en un pleno de diciembre de 2005 cuando PP y UV aprobaron el proyecto de urbanización del residencial "La Llometa" de los 117.452 metros cuadrados de extensión con el objetivo de que en su interior se pudiesen construir hasta 300 viviendas. El acuerdo preveía que el ayuntamiento sería el promotor principal como gestor directo. Los gastos quedaban establecidos, según el proyecto técnico, en 120 euros el metro cuadrados con un coste total de 3'1 millones.

Los socialistas de Benissanó consideran que la crisis urbanística e inmobiliaria actual "impide su desarrollo y, por tanto, merma las depauperadas arcas municipales lastradas por una deuda acuciante que se sitúa en más de 4 millones de euros y una tasa de paro cercana al 10% ya que actualmente hay más de 250 personas paradas sobre una población de 2.300 habitante".

Además, se preveía un mega-parque en el que se incluía un lago artificial en el centro, un embarcadero, una espectacular pirámide y un mirador, con una extensión de 13.000 metros cuadrados, según la propuesta aprobada en junio de 2007. También se fijaba un coste de ejecución de 2'2 millones de euros a terminar en seis meses.
A día de hoy, los 117.452 metros cuadrados están urbanizados pero absolutamente vacíos de contenido. Sólo se ha construido una vivienda unifamiliar mientras el resto ha quedado en el olvido. Además, los costes de urbanización han aumentado para los propietarios considerablemente ya que se han realizado varias modificaciones al proyecto inicial, según el equipo de gobierno, para mejorar las condiciones de la propia urbanización del plan urbanístico.

En marzo de 2007 se aprobó un modificado de 623.274 euros al que siguió un segundo de 613.297 euros en diciembre del mismo año, en total 1'2 millones. Además, se justificaba estos aumentos de los costes "por el hallazgo de roca sobre el terreno que encarecía los trabajos de urbanización del proyecto". Además, se tuvo que construir una nueva acequia por un valor de 204.216 euros, lo que dejó el global en 4'4 millones de euros en total.

El PSPV censura que, finalmente, los propietarios han tenido que pagar el metro cuadrado a 170 euros, en lugar de los 120 fijados inicialmente. Al margen de ello, el proyecto del mega-parque "ha quedado en el olvido ya que se descartó por completo y ha quedado reducido a un mini parque compuesto por una pista de juegos tradicionales -incluida en el programa electoral del PSPV- y un parque infantil, financiado todo ello con el plan Confianza, todo ello ejecutado bajo criterios de improvisación".

Publicado en Levante:
Investigación
Teulada investigará al gobierno que presidió Císcar por permitir el supermercado sobre un barranco
La oposición exige acciones «administrativas, civiles o penales» contra quienes cometieron una ilegalidad El consistorio ya se enfrenta a un pleito de 800.000 euros
15.03.2014 | 19:21
El supermercado y el barranco.
El supermercado y el barranco. a. p. f.

A. P. F. | Teulada El Ayuntamiento de Teulada «señalará» a los técnicos, funcionarios y políticos que autorizaron que se construyera un supermercado en una parcela de suelo residencial y atravesada de punta a punta por un barranco. Y no sólo eso. Determinará la «responsabilidad administrativa, civil o penal»de quienes intervinieron en un expediente que salió adelante cuando el actual vicepresidente del Consell, José Císcar, era alcalde. Los tribunales han anulado todas las licencias y han dejado el supermercado fuera de ordenación. El ayuntamiento, de hecho, ya ha emitido una orden de clausura.

La oposición (PSPV, ULC y Bloc) exigió ayer en el pleno que se tomaran las medidas antes citadas. Su moción, que incidía en que las actuaciones del ayuntamiento han resultado «demostradamente ilegales», se quedó sobre la mesa. El actual alcalde, Antoni Joan Bertomeu, del PP, advirtió de que podría perjudicar al ayuntamiento explicitar el perjuicio que se le ha causado a la empresa (su nave podría demolerse) y a la mercantil, Pepe La Sal, que es la que inició los pleitos y que reclama ahora en los juzgados al consistorio una indemnización por el lucro cesante de 800.000 euros. Pero Bertomeu dejó claro que el actual equipo de gobierno también quiere que se depuren responsabilidades. «No voy a defender lo que es indefendible», dijo. Bertomeu apuntó que si la oposición aceptaba dejar sobre la mesa su moción, el lunes, a primera hora, se reuniría con los portavoces para consensuar un nuevo texto. Afirmó estar «totalmente a favor» de encargar a un gabinete jurídico que investigue el expediente e identifique a los responsables.



Al pleno de ayer no asistieron Silvia Tatnell ni Chantal Girón, las dos concejalas que formaron parte del equipo de gobierno de Císcar y siguen en la corporación. Girón, a la que Bertomeu dejó hace meses sin delegaciones y que es afín al vicepresidente del Consell, ya es el tercer pleno seguido que hace novillos.

La oposición no citó expresamente a Císcar, pero colocó claramente a su gobierno en la diana. El portavoz de la ULC, Anthony Tatnell, leyó parte de los dos informes en los que el arquitecto municipal avisaba de que era «inviable» conceder la licencia de obras para este supermercado. Esos informes desfavorables se basaban, entre otras, en que la parcela estaba dividida por una franja de suelo no urbanizable de protección de ramblas. Los tribunales (las sentencias que anulan la licencia de obras y la ambiental son ya firmes) han acabado dando la razón a este técnico. Tatnell sostuvo que, al final, este fiasco puede costarle al ayuntamiento «muchos millones de euros». «No es justo que los ciudadanos paguen una gestión mala y supuestamente interesada», afirmó, y exigió al alcalde que depure responsabilidades.
Mientras, el portavoz del PSPV, Jordi Martínez, recordó que Císcar firmó con la mercantil del supermercado un convenio en 2004 para que esta parcela tuviera también uso terciario. El PGOU se aprobó meses después y no recogió ese compromiso.
Pero el entonces equipo de gobierno concedió las licencias y obvió las deficiencias no subsanables detectadas por el arquitecto municipal. Martínez lamentó que esa forma de actuar crea «inseguridad jurídica. «El PP de Teulada tiene legitimidad para gobernar, pero no para administrar este pueblo como un bancal de calabazas», denunció.

De nuevo una prueba mas de las bromas pesadas a que nos someten algunos. En Cabuchuelos se esta pagando a 140 euros el m2. En Valencia capital a 145 euros. Todo un dislate. Publicado en Levante:
El precio del suelo urbano de Valencia se hundió en 2013
Un informe de Fomento sitúa el metro cuadrado en la capital del Turia en 145,9 euros, el segundo más barato de España tras el de León (143)
18.03.2014 | 09:37
La crisis del ladrillo ha desplomado el precio del suelo en Valencia.
La crisis del ladrillo ha desplomado el precio del suelo en Valencia. fernando bustamante

e. p. madrid/valencia El precio medio del suelo cayó un 21% durante 2013, de forma que concluyó el año en 147,9 euros por metro cuadrado y se mantiene en niveles mínimos históricos, a pesar del leve aumento del 0,2% que registró en el cuarto trimestre del año en comparación a los tres meses precedentes, según datos del Ministerio de Fomento. De esta forma, a la conclusión del pasado ejercicio, el precio de los terrenos urbanos acumulaba una contracción del 48,1% en comparación con el máximo de 285 euros por metro cuadrado que alcanzó a mediados de 2007, antes de la crisis y de que se pinchara la burbuja inmobiliaria.
La Comunitat Valenciana es una de las que salen peor paradas de la crisis del ladrillo. Un ejemplo de ello es Valencia, donde el precio del metro cuadrado de suelo urbano se situó el año pasado en los 145,9 euros, lo que la coloca a la cola de las ciudades españolas, solo superada por León, donde se paga aún menos: 143 euros. En el polo opuesto, es decir, las urbes más caras para comprar un terreno, están Barcelona, donde el metro cuadrado se pagaba a 487,9 euros, Granada (442,6 euros) y Madrid (391 euros).
La caída del precio durante el año pasado fue ligeramente superior en las ciudades de mayor tamaño. En concreto, en los municipios de más de 50.000 habitantes, el metro cuadrado de suelo urbano se abarató un 22,3% y cerró el año en 284,6 euros.
El descenso de los precios ha podido provocar que durante el cuarto trimestre del pasado año el número de operaciones de compraventa creciera un 23,4% respecto a los tres meses precedentes, hasta sumar 4.378 transacciones, 517 de las cuales se firmaron en la Comunitat Valenciana. A pesar de ello, en el conjunto de 2013 el número de operaciones de suelo urbano cerradas se redujo un 2,4%, hasta suponer 14.555.
El número de compraventa de solares creció más en los municipios de menor tamaño que en las grandes ciudades. En las poblaciones de más de 50.000 habitantes se transaccionaron 794 terrenos en el cuatro trimestre, un 1,6% menos que en igual periodo de 2012, mientras que en los de menos de 1.000 habitantes el número de compraventas de terrenos se disparó un 44,2%. El valor de las operaciones cerradas durante el pasado ejercicio se situó en 2.391 millones de euros, lo que arroja una disminución del 7,8% respecto a 2012.

Alla por el año 2006, este señor, Eugenio Burriel, ya dijo que el nuevo PGOU de Godelleta era una barbaridad, insostenible. Hace 1 año, la Conselleria vino a decir lo mismo. Hace nueve meses estuvimos conversando, y me pregunto si se habia corregido algo en el PGOU, le comente lo de la Conselleria, y se echo las manos a la cabeza. Hoy publican esto esto en El Pais.:

El suelo urbanizable actual cubre la demanda de viviendas para 30 años
El catedrático Eugenio Burriel estima el efecto del ‘boom’ inmobiliario
Cristina Vázquez Valencia 10 ABR 2014 - 22:19 CET



El mercado inmobiliario sigue sin pulso siete años después del estallido de la crisis. Y nadie, salvo la Generalitat, dispone con precisión de datos sobre la cantidad de suelo rústico reclasificado en la conocida como década prodigiosa, la de la fiebre inmobiliaria. El catedrático de Geografía de la Universitat de València Eugenio Burriel ha hecho una estimación sobre la reserva de suelo para edificar y el resultado es que, a un ritmo normal de construcción, el stock no se agotaría en al menos tres décadas.

“Es enorme la cantidad de suelo (urbanizable y urbano no consolidado) cuyo desarrollo ha quedado paralizado por la crisis”, apunta Burriel en su estudio El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus efectos en el territorio. El stock o reserva de suelo actualizada a fecha de 2013 (con datos de base del Siose —sistema de información sobre ocupación de suelo en España— ascendería a 52.000 hectáreas de terreno, de las que 43.500 permanecerían en estado rústico y otras 8.500 se han quedado a medio ejecutar con la crisis y parecen “desiertos urbanizados”. Estos suelos incluyen desde solares dispersos por los cascos urbanos a grandes desarrollos urbanísticos aprobados que no han visto la luz. Todo no se ha generado en los años del boom inmobiliario, pero sí en su mayor parte, matiza el académico.

Según Burriel, hay suelo suficiente para atender una demanda normal de vivienda durante más de tres décadas. “El potencial edificatorio sería de 1,35 millones de viviendas, de las que 215.000 se podrían construir enseguida. Casi la mitad se concentraría en la provincia de Alicante y otro 22% en la de Castellón, muy por encima del peso poblacional y territorial de ambas”, expone Burriel. Se atenderían las necesidades de vivienda por espacio de 38 años, a razón de 35.000 anuales (la demanda natural es de 4 o 5 residencias por cada 1.000 habitantes).

La Generalitat no ha facilitado datos precisos de los planes en cola. Preguntado por su proliferación masiva durante la década prodigiosa, el director general de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner, respondió este jueves que “muchos, tal vez no, pero sí [se gestó todo] muy deprisa”. Insistió en la intensidad y concentración del proceso inmobiliario.

Lo que sí ha propiciado la Administración autonómica tras el estallido de la burbuja es que muchos de los programas que quedaron en el limbo con la recesión no caduquen para evitar perjuicios a las promotoras, pero hasta que el mercado remonte será complejo saber los que salen adelante y los que se declaran fallidos. Lo cierto, y en ese coincide tanto Burriel como otros urbanistas, es que la ejecución del planeamiento vigente llevaría casi a duplicar la superficie actual de suelo urbano.

Tanto los años de bonanza como el batacazo posterior no tiene precedentes. Las estadísticas sobre construcción residencial en España —no es solo un fenómeno de la Comunidad Valenciana—, “muestran una crisis inmobiliaria sin precedentes por la intensidad y rapidez de la caída y por la bajísima producción actual de viviendas”. El ritmo actual [en España] no es solo muy inferior al que había antes de la burbuja, sino que “es la cifra más baja desde 1960”. Los mayores descensos, explica el catedrático, se registran en Castellón, Las Palmas, Murcia, Málaga, Almería y Alicante.

Burriel añade a este drama el de las viviendas edificadas que siguen sin venderse. Madrid, Barcelona y Valencia reunían el 20,4% de toda la reserva de España en 2012. “Esta situación de miles de viviendas construidas y no vendidas ha llevado a que no pocas urbanizaciones se hayan convertido en auténticas ciudades fantasma”. El profesor pone como ejemplo Seseña, municipio castellano-manchego situado a 36 kilómetros de Madrid, donde el promotor construyó 13.000 pisos.

me tome la licencia de colarme en este monográfico tuyo, haber si me puedes aclarar una duda.
ALGARROBICO, ¿son o no son urbanizables los terrenos donde se encuentra?, el mismo tribunal, el mismo, a sentenciado una cosa y la contraria, ¿como se come eso?
menos llevarse las manos a la cabeza y mas pensar en lo que es el beneficio para un pueblo, que no tiene mucho donde elegir, esto se puede extrapolar a otros sitios también.

La duda es facil de resolver. Partes de un error. No ha sido el mismo tribunal el que ha dictado sentencias en un sentido y en otro. Segun la tematica del contencioso, el caso se asigna a una sala o a otra. hasta ahora todo habia ido a la sala que por ley le corresponde, y hay algo asi como 10 sentencias de la misma sala diciendo que es ilegal ese planeamiento. Misteriosamente este ultimo contencioso fue sacado sin las justificaciones que marca la ley de su sala "natural", y se llevo a la que ha dictado la polemica sentencia, que es totalmente contraria a las 10 u 11 anteriores. A esta sala si le corresponde otro contencioso referente a la licencia de obra, y lo que ha hecho ha sido prepararse el camino. No obstante, creo que esta recurrida.En la locura conejil de esa sala ha estado hasta dictar sentancia sobre unos terrenos que para nada estaban en el contencioso, vamos, algo asi como un contenciosos de Godelleta y va la sala y dice que los terrenos x de La Coruña tambien son urbanizables.
Muy interesante lo que dices del beneficio para un pueblo. Ahora solo te falta aclarar si ese beneficio es para el pueblo o para alguien muy determinado del pueblo, que no es lo mismo.
Efectivamente no hay mucho donde elegir, pero una cosa es eso y otra cosa elegir mal. Ayer, por ejemplo, se debatio, se te echo de menos, una mocion del PP sobre lo mal que esta la agricultura con la escasez de agua. Si no hay agua para la agricultura, tampoco la hay para el consumo humano. ¿ a que vienen pues proyectar mas suelo urbanizable? Luego no se podra desarrollar,y vendran las madresmias.
Creo que no hay que irse muy lejos para comprobar la veracidad del ultimo articulo de Burriel. La mitad del suelo urbano de las urbanizaciones esta sin desarrollar, las parcelas estan abandonadas, tenemos lo de Calicanto A muerto de risa, a medio construir y lo que esta construido abandonado, mogollon de chalets en venta, etc. etc. ¿ Por que ese empeño del alcalde en recalificar todos los terrenos que pretende? Despues del PGOU hay vida, nada impide recalificar en la medida que se vaya necesitando posterior al PGOU.
Hablando de sentencias, se que estaras muy preocupado por el tema de Monsec, pensando que ahora estaran obligados a urbanizar. Nada mas lejos del contenido de la sentencia. Ya te lo dije, te precipitaste al hacer valoracioes. Textualmente la sentencia dice: a) Que el ayuntamiento realice cuantas actuaciones sean necesarias a fin de obligar a los propietarios al corecto mantenimiento de las parcelas mediante su limpieza y conservacion, y llegado el caso, a ejecutar subsidiariamente las obras y actuaciones precisas a tal fin en aplicacion de lo dispuesto en el art. 212 de la LUV.
b) Que ello se realice en relacion,como minimo, de las parcelas que se identifican en los terminos siguientes: xxx,xxxxx,xxxxx,xxxxx,xxxx.
Como veras, algo que se le ha estado diciendo continuamente al alcalde, que se limito a mandar una cartita. Ayer mismo volvio a repetir que eso solo afectaba a suelo urbano. Ya se le ha dicho varias veces, la ley tambien preve lo mismo para suelo rustico, aunque el diga lo contrario.

En Laredcomarcal:
Plataforma SAB: "El juzgado embarga al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber por 700.000 € por una retasación urbanística ilegal"
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REDACCIÓN

Esta plataforma asegura que el pasado viernes 22 de mayo personal del Juzgado se personó en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber "para ejecutar el Auto de la sentencia del TSJ CV de 2012, de la Sala de lo Contencioso Administrativo que condena al Ayuntamiento por una retasación urbanística ilegal y anula el acuerdo de Pleno que la suscribió". En un comunicado afirman que el Ayuntamiento "pidió 10 días para facilitar el listado de bienes" embargables.
En un comunicado enviado a esta redacción, la Plataforma San Antonio de Benagéber, ha asegurado que la primera sentencia condenatoria al Ayuntamiento de SAB de 2008, "fue recurrida por el servicio jurídico municipal. En diciembre de 2012 el TSJ desestimó el recurso y condenó al Ayuntamiento a la devolución de las cuotas de urbanización del sector T1 y el pago de intereses y costas".

Continúan asegurando que desde ese momento, "nuestro grupo ha presentado en Pleno cuatro mociones pidiendo explicaciones y que se proceda inmediatamente contra el agente urbanizador causante del sobrecoste de retasación. Todos los concejales del Partido Popular siempre han votado en contra de dar explicaciones y no se ha acreditado haber actuado contra el urbanizador, beneficiario de la retasación".

Señalan: "En enero de 2014 el juzgado dicta un Auto de ejecución y un Decreto instando al pago inmediato de la sentencia a favor del demandante, la mercantil Rutima SL". Mientras tanto, esta plataforma señala que el Alcalde Popular, "se ha escudado en diversas ocasiones en que no ha tenido conocimiento de la sentencia ni el auto por registro de entrada por lo que no debía hacer nada, sino esperar. Pero el pasado viernes se personó personal del juzgado para embargar bienes municipales por valor de 700.000 €, a falta de los intereses y costas que supondrán cantidades mucho mayores".

Por ello, "nuestro grupo Plataforma SAB presentó ayer en Pleno la última moción, la cuarta, pidiendo que se den las explicaciones oportunas a la ciudadanía y grupos de la oposición, que se proceda inmediatamente contra el urbanizador causante de la retasación y que se rescinda el acuerdo con el abogado municipal, Sr. Sancho Sempere, a la vista de los resultados de sus gestiones jurídicas. Todos los concejales del partido Popular impidieron el debate de la Moción. El Alcalde se limitó a decir que, de tener que pagar, se hará con terrenos municipales y que eso no cuesta dinero a los vecinos. Pero eso es incierto ya que perder terrenos es perder patrimonio municipal. Además afectará al desarrollo de los barrios que pierdan ese terreno público y a su posible uso dotacional futuro".

Finalizan el comunicado afirmando que resulta incomprensible que, a estas alturas, "el Ayuntamiento no haya procedido, o no lo acredite, contra el urbanizador, Masasesicas, ya que las sentencias condenatorias al Ayuntamiento son de 2008, la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Valencia y de 2012 la de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la CV".