Villarrubia de Santiago - Toledo

La Comisión Europea señala a España como uno de los países con más corrupción

Cree insuficiente el escaso control a la financiación de los partidos

Alerta sobre la escasa rendición de cuentas de los políticos locales

Elude mencionar las investigaciones que afectan a la monarquía

Cifra en 120.000 millones el impacto en la economía europea de estos
escándalos

La lucha contra la corrupción es un capítulo indispensable en cualquier Tratado de adhesión a la Unión Europea. Los países candidatos deben cumplir con una serie de estándares para adecuarse a los niveles supuestamente ejemplares de los Estados miembros. Y, sin embargo, ha sido la propia Comisión Europea quien desvela hoy que la corrupción dentro de la UE es una práctica altamente extendida que cuesta a la economía 120.000 millones de euros cada año.

Aunque no hay un ranking oficial, el Ejecutivo Comunitario sitúa en este inédito estudio a España como uno de los socios europeos donde más episodios de corrupción se producen. El texto, de 16 páginas, repasa con detalle el marco legal, jurídico e institucional de las administraciones públicas españolas para concluir que las mayores prácticas de corrupción durante las últimas décadas se han producido en el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y en la contratación pública.

Desde los funcionarios locales, hasta los Gobiernos centrales, el informe de la Comisión menciona los principales casos que han sido o están siendo investigados en la actualidad. No hay, sin embargo, ni una sola mención a las presuntas irregularidades que afectan a miembros de la Casa del Rey, como la imputación de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina.

Esta investigación, liderada por la comisaria de Interior, Cecilia Mälmstrom, no tiene ningún carácter vinculante ni obliga a los Estados miembros a tomar determinadas medidas para combatir la corrupción. Pero sí sirve para abrir el debate en la esfera comunitaria y sonrojar a los países que, como España, presentan mayores escándalos.

Una base de datos de fuentes abiertas recogida en este informe revela que entre 1996 y 2009 los medios de comunicación de hicieron eco de 5.144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios.

La principal conclusión es que aunque España ha hecho progresos para atajar este mal endémico, son necesarias más medidas de vigilancia y control. La Comisión pide "proseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación efectiva de las nuevas normas sobre la financiación de los partidos políticos" así como "reforzar los mecanismos de control" sobre las administraciones autonómicas, provinciales y locales, donde se producen la mayor parte de estos escándalos.

Escasa rendición de cuentas
Otro asunto que preocupa a Bruselas es la escasa rendición de cuentas de algunos cargos electos a nivel central y, sobre todo, regional y local. Desde Bruselas también se lamentan de que España no disponga de "normas específicas que protejan a los denunciantes y las formas legislativas previstas no establecen mecanismos de protección oficiales".

Algunos de los principales brotes de corrupción se encuentran en la financiación de los partidos políticos, que tradicionalmente han estado muy expuestos a préstamos bancarios. Según el Tribunal de Cuentas, en 2007 la deuda total ascendía a 227 millones de euros, algo que fue posible, según insinúa la Comisión, por el hecho de que los consejos de administración de las cajas de ahorros estaban llenos de políticos designados por sus partidos.

En 2012 y 2013 se reforzaron las normas sobre financiación, por ejemplo obligando a notificar al Tribunal de Cuentas todas las donaciones superiores a 50.000 euros o que impliquen bienes inmuebles, y prohibiendo las condonaciones de deuda de más de 100.000 euros anuales. Aún así estas medidas no son suficientes para la Comisión, que reclama una mayor supervisión de los préstamos, mejorar los controles financieros internos y reforzar el régimen de sanciones.

Bruselas también detecta que la fuerte descentralización del Estado propicia prácticas corruptas que en ocasiones son difíciles de detectar. Las Comunidades Autónomas gestionan aproximadamente el 35% del gasto público total y los responsables locales un 13%.

"La eficacia global de los controles y equilibrios en relación con el gasto público a nivel regional y local parece ser insuficiente en la medida en que las amplias competencias atribuidas no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada", advierte el Ejecutivo comunitario.

Desarrollo urbanístico, el mayor foco de corrupción
Este capítulo se relaciona de manera muy estrecha con el del desarrollo urbanístico, acaso el mayor foco de corrupción durante las dos últimas décadas. Bruselas señala como primer problema la capacidad de los ayuntamientos y alcaldes de "actuar de manera autónoma" al disponer de "amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana" algo que propicia que los Gobiernos regionales ejerzan sólo un "control limitado".

Sólo en 2011 se incoaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas. Más cifras: según una base de datos periodística y no oficial de la que se hace eco este documento, cerca de 700 municipios se vieron afectados por casos de esta naturaleza entre 2000 y 2010, mientras que en los últimos tres años 19 alcaldes de todos los colores políticos han sido detenidos por cargos de corrupción.

Todos estos datos dibujan un escenario alarmante en Bruselas y dificultan la entrada de inversores para hacer negocios en este país. El último Eurobarómetro sobre la actitud de los europeos en relación a la corrupción revela que el 95% de los españoles (frente al 75% de los europeos) creen que la corrupción está muy extendida en su país. Aproximadamente 1 de 4 europeos considera que se ven afectados por la corrupción en su vida cotidiana. En España esta proporción alcanza el 63%, el más alto de la UE.

En base a este hecho me permito lanzar unas reflexiones a modo de interrogantes y algo más:

Si partimos de la base que el 95% de los españoles creemos que la corrupción campa a sus anchas por toda la geografía de nuestros país es obligado hacerse preguntas tales como: ¿como es posible que los partidos políticos que nos han gobernado y gobiernan hayan seguido teniendo mayorías absolutas o simplemente hayan ganado elecciones, no se puede entender, al menos bajo mi punto de vista, que se sigua produciendo la alternancia de dos partidos con muy altos niveles de corrupción en sus filas, no se puede entender como determinados partidos nacionalistas siguen gobernando en sus feudos a pesar de conocerse graves casos de corrupción en su seno. Tenemos numerosos ejemplos tanto a nivel nacional como autonómico como local que, en mi opinión, hacen sonrojar a cualquiera (Valencia, Andalucía, Madrid Cataluña, Canarias etc, etc,...).

Si a pesar de ser plenamente conscientes de toda esta corrupción seguimos permitiéndola e incluso, bajo unos ideales, justificándola en cierto modo y según quién sean los corruptos ¿no estaremos siendo cómplices de la misma? ¿no estaremos siendo participes junto con los corruptos de ella? ¿no seremos culpables, en de alguna forma, del saqueo de éste nuestro país?

La lucha contra la corrupción es vital para nuestra recuperación y no se puede dejar en manos de los mismos en cuyas filas se da, debemos ser los ciudadanos los que, unidos y dejando aun lado nuestro ideario político, acabemos, de una vez por todas, con esta lacra que cuesta la friolera cantidad de 120.000 millones de euros a Europa de los cuales unos cuantos miles son responsabilidad de la corrupción en España. Hay que romper esquemas, hay que instrumentar herramientas para que a los corruptos les sea sino del todo imposible al menos casi imposible llevar a cabo sus corruptelas, hay que cambiar las leyes de financiación de partidos políticos de financiación de sindicatos, etc, y establecer mecanismos de control exhaustivo mediante organismos totalmente independientes que se ocupen fiscalizar, en tiempo real, cada uno de los euros de dinero público que se gastan, o bien renovando el Tribunal de Cuentas, cambiando su forma de constitución y dotándole de más medios para poder fiscalizar en plazos mucho más bajos o bien eliminándolo y creando otros organismo de control más eficaces e independientes.........