Torrijos - Toledo

La reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial de Salud debe empezar a despejar las dudas. Después de las sucesivas declaraciones, confirmaciones y desmentidos de miembros del gobierno y de la ejecutiva del PP, será el día para saber si la negativa al copago se ha convertido en otra rectificación del Ejecutivo.

La necesidad de recortar otros 7.000 millones de euros en sanidad por parte de las comunidades, y la presión de estas, puede obligar a la ministra Ana Mato a replantear lo que fueron las promesas electorales.

En un férreo hermetismo, hay representantes de consejerías que se quejan de que van a llegar a ciegas a la reunión. El gasto farmacéutico es el favorito para meter la tijera. Dos son las partidas que parecen más probables: la favorita, como han dicho la ministra Ana Mato y el ministro de Economía, Luis de Guindos, es modificar el copago farmacéutico, y que en vez de haber dos grupos de población (pensionistas, que no pagan, y activos, que sí lo hacen), la división sea en función de la renta. Por cuestiones técnicas, esta medida requeriría cierto tiempo. Habría que conectar las tarjetas sanitarias con Hacienda para ver el nivel de ingresos. Y si hacer que las 17 consejerías de sanidad estén relacionadas informáticamente ha llevado 10 años, ligarlo además a otro ministerio puede complicar la decisión.



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Por otro lado, cabe la posibilidad de extender a toda España la tasa de un euro por receta que ha aprobado Cataluña. Tiene la ventaja de que no es, nominalmente, un copago. Y que el sistema de cobro es fácil porque las oficinas de farmacia ya tienen la infraestructura montada. La recaudación podría ser de unos 970 millones de euros, si se aplica de una manera general, o menos de 250 millones si se dejan fuera a pensionistas y crónicos. Pero el ministerio, aunque el PP no se opuso en Cataluña, no es partidario en principio.