La Puebla de Montalbán - Toledo

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j.a.j. / toledo

El conflicto de la gravera de La Rinconada, a pesar de su clausura por orden municipal, terminará resolviéndose en los tribunales. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrijos ha admitido a trámite una querella por presunta prevaricación presentada por los dueños de la explotación contra la alcaldesa de La Puebla, municipio del que depende esta pedanía, como responsable de este cierre.
Los propietarios de la compañía denuncian que se haya procedido a su cierre alegando la falta de licencia de actividad y su presencia en una zona de humedal, cuando otras graveras se encuentran en su misma situación. Con la aceptación de la denuncia, el juez ha reclamado al Ayuntamiento pueblano «los expedientes completos de solicitud de licencia municipal de cualquier tipo y concepto» relativos a otras 11 empresas que los querellantes entienden que están en su misma situación y siguen funcionando. También se ha reclamado a la Junta que aporte los expedientes de evaluación ambiental y de autorización de aprovechamiento de estas 11 compañías.

Además, el juez ha pedido a la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo que dé testimonio de su actuación tras recibir una denuncia de vecinos de la pedanía. Los querellantes recuerdan que esta Sección de la Fiscalía les respondió en un escrito que su actuación no instaba al cierre, como mantuvo en su día el Ayuntamiento.

Juan Carlos García-Rivera, uno de los propietarios de la gravera, insiste en que no desea perjudicar la actividad de estas otras empresas pero se considera víctima de un agravio comparativo. Así, recuerda que la apertura de la gravera en 2007 vino precedida de los trámites precisos no sólo ante el Ayuntamiento, sino ante el área de Minas de la Junta, que autorizó en última instancia la explotación. Durante la tramitación del expediente, Minas lo puso en conocimiento de las distintas administraciones con competencias medioambientales, como la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Consistorio, que no dijeron que era ilegal. «Si me lo dicen antes, pues no abro y tan amigos», explica para lamentar que el cierre a posteriori le haya costado los tres millones que él y su socio invirtieron en la empresa y pasar por el trago «de despedir a 40 trabajadores» a los que contrató contando con la legalidad de su actividad.

Los gestores de García-Rivera destacan el certificado suscrito por el antecesor de Ladera, Juan José García Rodríguez, que les permitía la extracción de áridos. Ese documento facilitó la obtención de los permisos de la Junta sin que nadie le pusiera reparos, facilitándole una serie de permisos que no creen que tengan otras graveras en La Puebla.
La compañía mantiene también dos contenciosos contra el Ayuntamiento, por la paralización de la gravera y porque ésta no se incluyó en el procedimiento de legalización municipal de estas instalaciones. Los gestores lamentan que el Municipio no esperara a la resolución de estos contenciosos para resolver el cierre, por lo que pedirán ser compensados.

respuesta de ladera. Ante esta cuestión, la alcaldesa pueblana, Araceli Ladera, asegura que está «tranquila». De manera breve, «para no enturbiar el asunto», la regidora asegura que el asunto está en manos de los abogados municipales y que espera que se archive porque el Consistorio actuó conforme a la ley. «No me preocupa en absoluto, desde el Ayuntamiento tenemos la seguridad de que hemos hecho las cosas como se debían hacer» y que «agravio comparativo, no hay en ningún sitio».
Por otra parte, la alcaldesa recuerda que el Juzgado de Torrijos debe dictar sentencia en un juicio por falta de desobediencia tras una denuncia del Ayuntamiento y el Seprona contra los dueños de la gravera por no acatar el cierre. Ladera destaca el apoyo de la Fiscalía. Por su parte, García-Rivera aclara que este asunto quedó como falta y si hay condena será con una multa, pese a la pretensión del Ayuntamiento de que fuera considerado delito para reclamar un castigo mayor. El dueño mantiene su inocencia señalando que sólo retiró grava acopiada antes del cierre, algo que afirma que Ladera le autorizó verbalmente.