Sra. Barberá, el estado de derecho no se está pudriendo El Estado de Derecho no se está pudriendo en España, señora alcaldesa de Valencia ¿A qué ni Rajoy ni Cospedal ni Sáenz de Santamaría ni el coro mediático del PP levantan la voz ahora para exigir que los casos de presunta corrupción en los que están imputados el presidente de la Generalitat Valenciana, Camps, y el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, no sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV)? Camps elude hablar de sus relaciones con los jueces y dice que sus "amigos" son los ciudadanos. El presidente del TSJV, íntimo amigo de Camps, investigaría su presunta implicación en la Operación... Ambos minimizan la presunta implicación de Camps y cargan las tintas contra Garzón ¿A qué aquellos que han puesto a caer de un burro al juez Garzón, acusándolo de parcial, socialista y perseguidor del PP, entre otras lindezas infames, les parece bien que el presidente del TSJV, José Luís de la Rúa, intervenga -de modo activo o aparentemente pasivo- en el proceso judicial que se avecina, a pesar de los vínculos de estrecha amistad existentes entre él y Camps? “Íntima y sentida relación” Camps, en un acto oficial celebrado el mes de septiembre de 2008, se dirigió públicamente a De la Rúa y dijo: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. Por su parte, Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se pronunció sobre la Operación Gürtel en estos términos: “El Estado de Derecho se está pudriendo en España” “Árbitro comprado” El citado Ricardo Costa –cuya cuñada obtuvo para su empresa el montaje del Congreso de Valencia, cuando Rajoy subió a los altares-, imputado por Garzón, se permitió referirse al fiscal jefe del TSJV, Ricard Cabedo describiéndolo como un “árbitro comprado del Gobierno Zapatero”. A Cabedo se la tienen jurada Al fiscal Cabedo los populares valencianos se la tienen jurada. En octubre de 2006 llegaron a promover una “comisión para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del TSJV”. Esta especie de peculiar Tribunal del Santo Oficio procuró así deslegitimar las investigaciones de Cabedo en torno al sospechoso Fabra –uno de los iconos más sospechosos del PP-, los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela, así como Terra Mítica, el parque de atracciones impulsado por la Generalitat presidida por Eduardo Zaplana, cuya leyenda no puede ser –en orden a la transparencia empresarial- más negra. Actitud montaraz La actitud de la derecha respecto a la justicia está siendo peligrosamente predemocrática o, simplemente, montaraz. La frase de Barberá –“el Estado de Derecho se está pudriendo en España”- no es digna de una alcaldesa democrática. En España lo que se está pudriendo, según todos los indicios, es este PP, reo de los escándalos y de los negocios que se gestaron –conforme sostiene Garzón en su auto- en la “calle Génova” de Madrid. De acuerdo con la tradición ¿Sirvieron tales negocios para financiar al PP, de acuerdo con la tradición avalada por el caso Naseiro, hace cerca de veinte años? ¿Participó en la trama el mismísimo Aznar? ¿Por qué Rajoy asegura que, a partir de 2004, se cortaron los lazos con el clan Correa -también conocido como clan de Becerril o el clan de Agag-, si los presuntos cerebros siguieron actuando en la Comunidad de Valencia y en la de Madrid, como mínimo? Ahí están, por cierto, las imágenes de la boda imperial de El Escorial y las imágenes de mítines de Rajoy -con Correa bien visible- en las elecciones generales del 9-M. De 2002 a 2009.
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