El Carpio de Tajo - Toledo

La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público
a los ingresos debiera formularse afirmando que, más bien, habría que
acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público
en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco.
Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un pro-
medio de ingresos públicos que representaban el 44,1% del PIB. Sin em-
bargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el
36,3% del PIB, es decir, 7,8 puntos de PIB menos que sus socios europeos
Eesto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos
de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB
y, por lo tanto, no habría que efectuar recortes y habría dispuesto de
recursos para estimular la economía.
España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redu-
jo los tipos de Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto
de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa ex-
pansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales
era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobilia
ria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos go-
biernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Euro-
pea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la
hora de dinamitar el incompleto estado de bienestar español.
Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0,2%,
entre 2007 y 2010, el PIB de la UE cayó un 1,3%. Sin embargo, en España
los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4,8 puntos
del PIB, frente a 0,6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su
capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.
Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a
1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9,5% la recaudación
proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 mi-
llones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recauda-
ción proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millo-
nes de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la par-
te empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas
dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una
cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias.
En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas
ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas
no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13%
menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha de-
cidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores
tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secreta-
ria del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnis-
tía fiscal del gobierno de entonces, -socialista-, se trata de algo
"impresentable", "injusto" y "antisocial.
Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los ser-
vicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de re-
caudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados su-
pondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron
de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a
través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros
dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales
adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo
el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto
público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado
del bienestar que estamos sufriendo.
Lo dice una eminencia en su materia, que aunque no comulgo con sus ideas
si, con este escrito último.